El
apagón analógico obliga a los telespectadores a lanzar a la calle millones de
televisores convertidos falsamente en basura
x Andrés Barreda y
Raymundo Espinoza
La Haine
20/12/2015
México
La COP 21 ha felicitado al Estado mexicano
por sus nuevas leyes ambientales de transición energética ante el cambio
climático. Dicho acto forma parte de una vieja tradición de lavado de imagen.
En una próxima oportunidad quizá podrían verse felicitaciones explícitas por
los reiterados escándalos ambientales locales: derrames de lixiviados,
devastación inminente por fracking,
empleo masivo de agroquímicos, sobrexplotación hídrica y laboral en los centros
agroexportadores, contaminación transgénica en cultivos de maíz y soya, así
como depredación y contaminación hídrica, en virtud de la desregulación
ambiental que acompaña el escalamiento de las industrias automotriz y
aeroespacial de exportación.
Una
felicitación adicional se podría dar por la construcción de decenas de
megaproyectos faraónicos en la ciudad y el estado de México (con gobiernos tan
afines al federal), por los ascendentes despojos privatizadores del agua que
los acompañan, por la contaminación general de la industria alimentaria con
maíz y soya transgénicos o por el modo en que el apagón analógico obliga a los
telespectadores a lanzar a la calle millones de televisores convertidos
falsamente en basura.
En un
lapso brevísimo podrían ser liberadas al ambiente miles de toneladas de
tóxicos, básicamente óxido plomo y retardantes de flama bromados. El Estado
mexicano ha actuado negligentemente al no prever acciones apropiadas para el
manejo de tales residuos ni afrontar el potencial envenenamiento masivo con
plomo y compuestos orgánicos persistentes. Se trata de una emergencia ambiental
de primer orden que amerita acciones sociales y jurídicas.
El
interés de los medios está acaparado por las diferencias que existen entre los
grupos gobernantes y empresariales en torno a la fecha del apagón. Sin embargo,
los verdaderos beneficiados son los grandes productores de las nuevas pantallas
planas y aparatos de transmisión televisiva (México ya es el primer productor
mundial en el rubro); los emisores de programas de alta definición, que
ampliarán sus ofertas y audiencias mediáticas (en un momento de crisis por la
sobreacumulación de programas basura y cambios en los patrones técnicos), y el
partido gobernante que usa el apagón no sólo para fomentar el sector
exportador, sino también para abrir nuevas formas de desvío de poder e inéditos
programas de dotación de aparatos para una potencial clientela surgida de entre
la población pobre que el PRI manipulará en futuros procesos electorales.
Con
suspicacia dolosa se podría pensar que los grupos de ciudadanos que impugnan el
apagón analógico están amañados tras bambalinas con los monopolios interesados
en postergar la conclusión de la señal analógica. Sin embargo, hay suficientes
indicios para discernir que el problema responde a otras lógicas que escapan de
ese nudo de intereses mezquinos. El nuevo boquete ambiental no se llenará
cuando las actuales empresas descontentas terminen de acomodarse dentro del
inminente apagón. En este momento, las peores consecuencias ecológicas apenas
comienzan a ocurrir y quizás sean irreversibles.
El
verdadero problema radica en la complicidad antiambiental entre el gobierno y
las empresas. Las televisoras no informarán sobre el carácter venenoso de los
televisores desechados ni sobre los nuevos problemas tóxicos que acarrearán
millones de pantallas planas. Al gobierno y a las televisoras les viene bien el
sobreconsumo de aparatos y programas de televisión basura. Alegando el derecho
humano a la información, se ampliarán los telespectadores entre la población
excluida, mismos que se podrán contraponer a los crecientes sectores sociales
descontentos que ya se han articulado mediante redes de información
electrónica, y que golpean cada vez más severa y eficazmente el prestigio
informativo de los odiados monopolios mediáticos. El espejo prístino de esta
complicidad son los basureros que se inundan con millones de cinescopios rotos
cargados con plomo.
A las
televisoras, los productores de aparatos planos y de difusión digital y a los
grupos en el poder, les preocupa perder sus inmensas clientelas, y en este
brete los intereses particulares no siempre coinciden. No obstante, a pesar de
los desacuerdos pasajeros, se fraguan intereses comunes, tales como
desincentivar la venta de adaptadores baratos que permitirían utilizar por más
años decenas de millones de televisores con cinescopios de vidrio.
Urge
exigirle al Estado que decrete una moratoria
para el apagón analógico hasta que consolide una política convincente de manejo
para este peligroso residuo, así como un presupuesto que garantice la
adopción de las medidas necesarias. Es necesario que las televisoras, medios
radiofónicos y prensa escrita informen ampliamente y con claridad sobre la
nocividad potencial que implica la transformación absurda de decenas de
millones de televisores en basura, la peligrosa extracción del cobre de los
cinescopios, el consumo masivo de pantallas planas y el despilfarro de todo
tipo de aparatos electrónicos sin ton ni son. A través de la socialización de
esta información podría alentarse un debate auténtico que permita discernir la
complejidad de intereses que se mueven en torno del apagón analógico y que en
todo caso operan sin beneficiar a la sociedad.
Ante el
vacío informativo, la sociedad civil ha tenido que asumir tal tarea. Una
emergencia más dentro del océano de problemas y crisis que caracterizan el
momento actual. Sin embargo, no es posible relativizar, banalizar o neutralizar
el asunto, pues la mayor parte de los ciudadanos habitamos en lugares que se
están envenenando y necesitamos a toda prisa organizarnos para defendernos y
proteger a nuestros niños de la intoxicación con plomo, dioxinas y furanos.
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