Colaboración/16 diciembre,
2015/
Por Alejandra N. Rodríguez
Agencia SubVersiones
Familiares de los normalistas Jorge Alexis Herrera Pino y
Gabriel Echeverría de Jesús, asesinados en un operativo policiaco para
desalojar a los estudiantes de Ayotzinapa de la Autopista del Sol el 12 de
diciembre del 2011, así como Gerardo Torres Pérez, víctima de tortura,
solicitaron este 15 de diciembre, que la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) intervenga para iniciar un proceso contra el Estado mexicano por
los hechos cometidos durante el desalojo. A cuatro años de los hechos los
agraviados piden castigo a los responsables y garantías de no repetición, cabe
señalar que a la fecha no hay ningún procesado por el caso.
Los peticionarios
solicitan que la CIDH declare la admisibilidad de esta petición y
responsabilice al Estado mexicano por la violación del derecho a la vida, a la
integridad y libertad personal, al derecho a no ser sometido a torturas, ni a
tratos crueles, inhumanos y degradantes y al derecho a las garantías judiciales
y a la protección judicial.
Elizabeth Pino, Jorge
Herrera, María de Jesús, Gabriel Echeverría y Martha Echeverría, padres y
hermana de los estudiantes asesinados, expresaron su inconformidad al
manifestar que a cuatro años de los hechos no hay justicia al no detener a los
culpables. El caso está archivado y en total impunidad, no hay actores
intelectuales del hecho que estén presos. Y la defensa ha determinado que las
instancias nacionales están agotadas.
Los abogados de los
agraviados, Vidulfo Rosales, Abel Barrera Hernández, del Centro de Derechos
Humanos de la Montaña Tlachinollan; Manuel Olivares, del Centro de Derechos
Humanos José María Morelos, y Luis Carlos Buob, del Centro por la Justicia y el
Derecho Internacional (CEJIL), señalaron que nunca se cumplió la recomendación
1VG72012, que determinó que en los actos de represión de ese día contra
estudiantes de la Escuela Normal «Raúl
Isidro Burgos» de Ayotzinapa, Guerrero, se registraron graves violaciones a
los derechos humanos.
Rosales Sierra expresó, en
conferencia de prensa en el Centro de Comunicación Social (CENCOS), que hay 4
expedientes judiciales por el caso, uno por homicidio en el caso de Alexis y
Gabriel, otro por tortura en agravio de Gerardo Torres, y dos por tortura en el
fuero común y el federal contra seis estudiantes. «En el expediente está debidamente acreditado que el día de los hechos
del 12 de diciembre del 2011 participaron al menos 90 elementos de la
policíacos entre estatales, ministeriales y federales; y dispararon por lo
menos 60 armas. Sin embargo solo fueron procesados 2 ministeriales. Y hoy ya
están en libertad».
En cuanto a las
deficiencias en las investigaciones del caso, está que en su debido momento no
se resguardó la escena del crimen y las pruebas de radizonato de sodio para
encontrar rastros de pólvora en los inculpados se realizó dos días después de
los hechos y nunca se efectuaron los exámenes de balística para determinar el
origen y trayectoria de las balas.
«El Tribunal Colegiado, resolvió que no había pruebas en su
proceso, metieron un amparo y lograron su libertad. La Procuraduría del estado
de Guerrero los volvió a recontratar a Ismael Matadamas Salinas y Rey David Cortés Flores»,
señaló el abogado.
Los funcionarios públicos
que fueron sancionados –el entonces procurador Alberto López Rosas y el ex
subprocurador de procedimientos penales, Alejandro Paz– «no fueron procesados por las agresiones a los normalistas, sino por el
delito de evasión de presos, porque pusieron en libertad a los normalistas que
fueron detenidos sin enviar un desglose a la Procuraduría General de la
República (PGR) para que determinara
si se cometieron otros delitos, como ataques a las vías de comunicación»
denunció Rosales Sierra. En ningún momento se ha sancionado a algún funcionario
por el asesinato de Alexis y Gabriel.
En lo que se refiere al
caso de tortura a Gerardo Torres, no se ha recabado la prueba técnica conforme
al protocolo de Estambul, para determinar la tortura pese a que el estudiante
lo solicitó en su denuncia, pero hasta marzo del 2013, la CNDH envió el estudio
que se le practicó al normalista y demuestra su calidad de víctima.
Carlos Boub, integrante
del CEJIL mencionó que el uso excesivo de fuerza en el operativo del 2011, así
como los hechos de Iguala, el 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014, «son casos distintos pero forman parte de un
mismo contexto y de agresiones contra un mismo grupo de estudiantes de la Rural
de Ayotzinapa».
Asimismo, el integrante
del CEJIL enunció los motivos de enviar el caso a instancias internacionales:
«la falta de diligencias y de un retardo injustificado del Estado para dar
respuesta, con las debidas garantías del debido proceso, a los familiares de Jorge,
Gabriel y Gerardo, una respuesta efectiva de lo que pasó, determinar lo que
llamamos una verdad histórica y eventualmente una sanción de los responsables
de las violaciones a derechos humanos».
Por último, Vidulfo
enfatizó que al enviar el caso ante la CIDH se pretende «generar un análisis» sobre el trato que el Estado mexicano da a
los estudiantes de las escuelas rurales y que tiene su máxima expresión en el
caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos y asesinados, desde el
2011 a la fecha.
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