Criminalización
de Integrantes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE)
Front Line Defenders
Sección 22 CNTE
jueves, 5 de noviembre
de 2015
En la noche entre el 28 y 29 de octubre,
cuatro defensores de derechos humanos, Juan Carlos Orozco Matus, Othón
Nazariega Segura, Efraín Picasso Pérez y Roberto Abel Jiménez García fueron
detenidos y tres de ellos acusados de delitos federales, incluyendo secuestro y robo agravado. Si son declarados culpables, pueden enfrentarse a
hasta 40 años de prisión.
Los
cuatro defensores de derechos humanos son miembros de la Sección 22 del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación-SNTE. La Sección 22 es un
sindicato de maestros que ha estado activo desde 1980. Entre sus actividades,
la Sección ha organizado varias marchas y manifestaciones en diferentes partes
de México con el fin de protestar contra la reforma
educativa aprobada en 2013 sobre la base de que había sido aprobada sin
consulta previa. La Sección 22 también es activa en el apoyo de los presos
políticos en México, entre otras cuestiones de derechos humanos.
En la
noche entre el 28 y el 29 de octubre de 2015, los cuatro defensores fueron
detenidos en Oaxaca, México. Aunque la policía tenía órdenes de aprehensión,
según se informa, estas no fueron presentadas a los defensores de derechos
humanos. Jiménez García fue detenido por agentes armados no uniformados y que
no portaban ningún tipo de identificación visible. Picaso Pérez fue detenido
cuando viajaba en un vehículo privado, lo que indica que estaba siendo seguido.
Los cuatro defensores de derechos humanos fueron llevados de Oaxaca a la Ciudad
de México para ser presentados ante la Procuraduría General de la República
(PGR). Todos se encuentran actualmente detenidos en la prisión de Almoloya, que
es una prisión de máxima seguridad cerca de la ciudad de México, a pesar de que
sus casos están siendo investigados por Juzgados ubicados en la ciudad de
Oaxaca.
Tras la
detención, y en violación del procedimiento requerido por ley, los defensores
de derechos humanos han estado sin comunicación con sus abogados y sin acceso a
atención médica. Se presentó una acción de amparo el 29 de octubre, la cual ha
sido parcialmente concedida, por lo que se espera que los defensores tengan
acceso a su medicación. Sin embargo, hasta el 3 de noviembre, los
representantes no habían logrado comunicarse directamente con los defensores
detenidos y, en base a la poca información disponible, creen que los defensores
mismos aún no conocen los cargos a los que se enfrentan. Los representantes
también han presentado una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos
Humanos.
Los
defensores de derechos humanos se enfrentan a acusaciones de robo agravado, disturbios, daños a la
propiedad, crímenes en contra de la
riqueza nacional, entre otros, en razón de una serie de manifestaciones
pacíficas y actividades que tuvieron lugar en julio de 2014, agosto 2014 y
junio de 2015, en diferentes lugares del estado de Oaxaca.
En
México se ha incrementado el uso indebido del sistema penal para criminalizar
la defensa de los derechos humanos, especialmente en el contexto de la protesta
social. Por ejemplo, la aplicación de tipos penales abiertos, vagos y ambiguos
que criminalizan y restringen el trabajo de las y los defensores de derechos
humanos, entre ellos los delitos de "privación
de libertad", "ataques a
las redes de comunicación" y "los
crimenes contra la riqueza nacional". Por otra parte, en México se
hace uso indiscriminado de la prisión preventiva contra las personas que llevan
a cabo actividades pacíficas en defensa de los derechos humanos.
Front
Line Defenders manifiesta su preocupación por la criminalización y falta de
debido proceso en las detenciones de Juan Carlos Orozco Matus, Othón Nazariega
Segura, Efraín Picasso Pérez y Roberto Abel Jiménez García, y teme por su
integridad física y psicológica y su seguridad, así como de las dirigentes
sindicales de la Sección 22, en un contexto de reciente hostigamiento y persecución
judicial contra ellas.
Front
Line Defenders considera que la detención y los cargos presentados contra los
cuatro defensores de derechos humanos están destinados a disuadirlos de llevar
a cabo sus actividades pacíficas y legítimas en defensa de los derechos humanos
en México, en particular los derechos a la educación y la libertad de reunión y
asociación.
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