jueves, 22 de octubre de 2015

Sale la Seido del caso Ayotzinapa y entra otro equipo, se relanza la investigación atendiendo recomendaciones de GIEI

 Por Blanche Petrich
21 octubre 2015
El gobierno federal y el grupo de expertos de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el Caso Ayotzinapa acordaron el martes, en Washington, “sacar la investigación de la Seido de forma inmediata” y poner “toda la información existente” en manos de un nuevo equipo de investigadores al mando del subsecretario de derechos humanos de la PGR Eber Omar Betanzos.
Durante la audiencia pública en la 158 plenaria de la CIDH, que se llevó a cabo en presencia de la plana mayor de la comisión interamericana, los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y los defensores de las familias de los desaparecidos y asesinados de la Normal Rural, Betanzos reconoció que un nuevo equipo de investigadores bajo su mando se hará cargo de la averiguación.
Dijo que en este “relanzamiento” de la investigación se tomarán en cuenta todas las recomendaciones del GIEI –son más de 200—incluyendo la aplicación del Protocolo de Estambul para los presuntos perpetradores presos que acusan lesiones corporales, posibles rastros de tortura  durante los interrogatorios para condicionar sus respuestas y configurar una hipótesis del caso predeterminada.
Esta transferencia del controvertido expediente del Caso Ayotzinapa del ámbito de la Seido a la de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, según recalcó minutos más tarde, en rueda de prensa, la ex fiscal colombiana Ángela Buitrago, del GIEI, tendrá una virtud importante: “Habrá nuevos ojos para conducir las investigaciones. No  estamos partiendo de cero, pero sí va a permitir que las nuevas personas, con un perfil de especialización de derechos humanos y en desaparición forzada” conduzcan la búsqueda y la investigación, lo que permitirá encontrar “respuestas a las muchas dudas” que aún persisten.
Una audiencia inusual
En una apretada serie de audiencias previas a la 158 sesión plenaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Caso Ayotzinapa mereció algunos rasgos que la presidenta de la institución, Rose Marie Antoine, de Trinidad y Tobago, llamó “inusuales”. En primer término, fue una audiencia tripartita, con la comparecencia del Estado mexicano (el subsecretario de Gobernación Roberto Campa, el de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas y el subprocurador Eber Betanzos), la defensa legal de las víctimas (Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan y de “Miguel Agustín Pro” y el GIEI, un mecanismo de coadyuvancia técnica novedoso en el sistema interamericano).
Otro rasgo sin precedentes fue que se permitieran dos –y no una, como lo dicta la norma—la ronda de preguntas. Finalmente, la sesión duró casi hora y media, y no los estrictos 60 minutos que se destinan a cada uno de los temas de las maratónicas audiencias.
En la sesión se abordó el tema pendiente sobre el acceso del GIEI a una lista de 16 soldados que la noche del 26 de septiembre de 2014 fueron observadores y testigos del ataque al convoy de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, el asesinato de tres de ellos y la desaparición de 43.
Hasta la fecha, la negativa de la Secretaría de la Defensa Nacional ha sido contundente.
También se abordó la temporalidad del mandato del GIEI en México, cuya oficialización sigue pendiente.
Sedena: ¿sí o no?
El comisionado James Cavallaro, relator para los casos relacionados con México, y la presidenta de la CIDH, Rose Marie Antoine, pidieron precisiones a los representantes del Estado mexicano sobre la reiterada negativa a la petición del GIEI de entrevistarse con 16 soldados que el 26 de septiembre de 2014 estaban destacados en el 27 Batallón de Infantería y que fueron enviados a patrullar y observar los escenarios donde se dio la agresión contra el convoy de estudiantes de la Normal Rural.
Cavallaro preguntó: Sobre las declaraciones del general Salvador Cienfuegos, cito: “No puedo permitir que interroguen a mis soldados, que los traten como criminales”. ¿Depende la Sedena y el secretario del presidente y de la autoridad civil? ¿El jefe de la Sedena puede decidir quién sí o no va a colaborar con una investigación que cuenta con el apoyo del presidente?
El subsecretario de Gobernación para los Derechos Humanos Roberto Campa Cifrián respondió aclarando que el presidente de la República es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y que el acceso de los expertos de la CIDH para interrogar directamente a la lista de soldados “no es parte del acuerdo” que se suscribió ayer entre el GIEI y la PGR.
Insistió que en el expediente del caso Ayotzinapa se incluye el interrogatorio a casi 50 integrantes del 27 Batallón.  Y si se quieren ampliar estos cuestionamientos “se atenderá el marco legal”.
La presidenta de la CIDH Rose Marie Antoine quiso saber: ¿Esto es un sí o un no (a la petición del GIEI)? Y replicó Campa: “Nos habremos de sujetar exclusivamente a los 10 puntos acordados con la PGR”.
Ante esta respuesta intervino otra de las integrantes del GIEI, Ángela Buitrago, quien lamentó que a seis peticiones presentadas para entrevistar directamente a los soldados, “la respuesta ha sido evasiva”. Añadió que el 16 de agosto –casi 11 meses después del ataque a los normalistas—la PGR integró al expediente declaraciones de los 16 soldados “sin que siquiera se comentara al grupo”.
Aclaró que el interés del grupo por interrogar a los militares “no es un juicio de responsabilidad; es la necesidad de verificar informaciones que nosotros le hicimos presentes a la PGR y que nunca había sido evidenciada”.
Le aclaró Campa “con el mayor de los respetos”, que los 10 puntos acordados el lunes sí contemplan esta posibilidad que el GIEI considera esencial para la búsqueda de los 43 estudiantes.  Más tarde, en una conferencia de prensa, comentó que, en efecto, “se abrió una compuerta” para esta posibilidad.
Ahí, otra integrante del grupo de expertos, la ex fiscal general de Guatemala Claudia Paz y Paz insistió que “para cumplir el mandato del  GIEI, es importante estar presentes y dirigir preguntas a los 16 militares que enumeramos en una lista”. Dejó abierto un resquicio de solución: si no se realiza una diligencia específica entre el GIEI y los militares citados, “solicitamos  nuestra presencia durante interrogatorio del Ministerio Público, con nuestra presencia y posibilidad de hacer preguntas, como ya ha ocurrido en otras diligencias judiciales anteriores”.
Desahogado el punto, Antoine pidió al GIEI precisar: ¿Siguen con la expectativa de que sí podrán entrevistar a los soldados? Respondió Carlos Beristain: “El Estado sabe la importancia tiene para nosotros. En los acuerdos –firmados el lunes, con la PGR, para redireccionar la investigación judicial- hay un punto clave, el de la observancia y participación del grupo conjunto de diligencias”.
Respecto a las negativas públicas de la Sedena y otras instancias a esta petición, respondió: “No consideramos una respuesta declaraciones hechas ante los medios de comunicación sino a través de los canales establecidos”.
 Tortura
De acuerdo a lo dicho por el brasileño James Cavallaro, comisionado y relator para México, el 77 por ciento de los detenidos y procesados como presuntos ejecutores de los estudiantes registran este tipo de lesiones corporales, propias de lo que llamó “por lo menos, apremios físicos”.
Betanzos, nuevo responsable del expediente Ayotzinapa, aseguró que por instrucciones de la procuradora Arely Gómez, los presuntos perpetradores detenidos podrán solicitar que se les aplique el Protocolo de Estambul (método internacionalmente reconocido para determinar si hubo en el afectado aplicación de tortura o trato inhumano). Él mismo, aseguró, dará seguimiento al tema “de la mano” con la Comisión Nacional de Derechos Humano (CNDH).
Temporalidad
Otro punto de fricción durante la audiencia fue sobre la petición del colectivo de víctimas y sus defensores de ampliar el plazo del mandato del GIEI por tiempo indefinido.  En su calidad de coadyuvante, el Centro de Derechos “Miguel Agustín Pro” presentó un video en donde varios de los padres de los 43 desaparecidos piden “que el grupo se quede entre nosotros hasta saber la verdad”.
El subsecretario Campa respondió que el Estado mexicano solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) una respuesta urgente a su petición de firmar un adendum para la ampliación del plazo por seis meses más y “no se ha recibido notificación”.  Urgió: “No hay razón por la cual la CIDH sigua retrasando su respuesta”.  Este plazo vencería a fin del mes de octubre.
Sobre este particular, Mario Patrón intervino para puntualizar que la cláusula 10 del convenio de asistencia técnica en el caso Ayotzinapa que suscribió el Estado mexicano para la creación del GIEI está expresada la facultad de ampliar el mandato “sin necesidad de firmar un adendum que signifique una mayor carga procesal”.
Pendientes
Como representantes legales de los familiares de las víctimas de la Normal Rural de Ayotzinapa (43 desaparecidos y tres ejecutados), los dirigentes del Centro “Miguel Agustín Pro” Mario Patrón y Santiago Aguirre y de Tlachinollan Abel Barrera reclamaron ante la CIDH que el Estado mexicano no ha emprendido una investigación contra los funcionarios públicos que, según evidenció el GIEI, obstaculizaron e intentaron desviar la averiguación en torno al caso.  Tampoco ha respondido a la exigencia de las víctimas de asignar una nueva unidad de investigación de los hechos.
Dijo Abel Barrera, de Tlachinollan: “La voluntad del Estado por avanzar no solo no se ha materializado con la contundencia necesaria sino que han realizado acciones incompatibles con un auténtico compromiso con la verdad y la justicia”. Y citó los intentos del director de la Agencia de Investigaciones Criminales Tomás Zerón de tachar la labor del GIEI como “ilícita”.
Santiago Arriaga, del Centro Prodh por su parte reclamó que, aunque desde el inicio de las investigaciones se pidió a la PGR que aplicara tecnología punta para la búsqueda de desaparecidos, tanto de los 43 de Ayotzinapa como los llamados “los otros” de Iguala (más de 200 casos), esto no se ha concretado.
Betanzos respondió que próximamente la PGR pondrá a disposición de la búsqueda nuevos instrumentos.  Citó recursos satelitales capaces de detectar “oquedades” bajo tierra (posibles fosas) y añadió que recientemente se compraron drones acuáticos y aéreos, “pero no había quién los supiera operar y montar el software. Pronto los empezaremos a usar”.
Estos son algunos de los puntos acordados el lunes entre el gobierno federal y el GIEI:
-Sacar la investigación de la SEIDO de forma inmediata, proporcionando toda la información existente a un nuevo equipo de investigación en la Subprocuraduría de Derechos Humanos. Con esta medida, el director de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón ya no tendrá injerencia en el Caso Ayotzinapa, tal y como demandaban los familiares de las víctimas y sus representantes legales.
-Realizar un nuevo estudio sobre la dinámica del fuego del basurero de Cocula decidiendo de manera conjunta los objetivos, la conformación del equipo de peritos y la forma como se realizará el estudio.
-Establecer de manera conjunta el mecanismo de futuras diligencias, con la observancia o participación del GIEI en las cuestiones que estime relevantes.