Sale la Seido del caso Ayotzinapa y entra otro equipo, se relanza la investigación atendiendo recomendaciones de GIEI
Por Blanche Petrich
21 octubre 2015
El gobierno federal y el grupo de expertos
de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el Caso Ayotzinapa
acordaron el martes, en Washington, “sacar
la investigación de la Seido de forma inmediata” y poner “toda la información existente” en manos
de un nuevo equipo de investigadores al mando del subsecretario de derechos
humanos de la PGR Eber Omar Betanzos.
Durante
la audiencia pública en la 158 plenaria de la CIDH, que se llevó a cabo en
presencia de la plana mayor de la comisión interamericana, los integrantes del
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y los defensores de las
familias de los desaparecidos y asesinados de la Normal Rural, Betanzos reconoció
que un nuevo equipo de investigadores bajo su mando se hará cargo de la
averiguación.
Dijo
que en este “relanzamiento” de la
investigación se tomarán en cuenta todas las recomendaciones del GIEI –son más
de 200—incluyendo la aplicación del Protocolo de Estambul para los presuntos
perpetradores presos que acusan lesiones corporales, posibles rastros de
tortura durante los interrogatorios para
condicionar sus respuestas y configurar una hipótesis del caso predeterminada.
Esta
transferencia del controvertido expediente del Caso Ayotzinapa del ámbito de la
Seido a la de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, según recalcó minutos más
tarde, en rueda de prensa, la ex fiscal colombiana Ángela Buitrago, del GIEI,
tendrá una virtud importante: “Habrá
nuevos ojos para conducir las investigaciones. No estamos partiendo de cero, pero sí va a
permitir que las nuevas personas, con un perfil de especialización de derechos
humanos y en desaparición forzada” conduzcan la búsqueda y la
investigación, lo que permitirá encontrar “respuestas
a las muchas dudas” que aún persisten.
Una
audiencia inusual
En una apretada serie de audiencias previas
a la 158 sesión plenaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), el Caso Ayotzinapa mereció algunos rasgos que la presidenta de la
institución, Rose Marie Antoine, de Trinidad y Tobago, llamó “inusuales”. En primer término, fue una
audiencia tripartita, con la comparecencia del Estado mexicano (el
subsecretario de Gobernación Roberto Campa, el de Relaciones Exteriores, Miguel
Ruiz Cabañas y el subprocurador Eber Betanzos), la defensa legal de las
víctimas (Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan y de “Miguel Agustín Pro” y el GIEI, un
mecanismo de coadyuvancia técnica novedoso en el sistema interamericano).
Otro
rasgo sin precedentes fue que se permitieran dos –y no una, como lo dicta la
norma—la ronda de preguntas. Finalmente, la sesión duró casi hora y media, y no
los estrictos 60 minutos que se destinan a cada uno de los temas de las
maratónicas audiencias.
En la
sesión se abordó el tema pendiente sobre el acceso del GIEI a una lista de 16
soldados que la noche del 26 de septiembre de 2014 fueron observadores y
testigos del ataque al convoy de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa,
el asesinato de tres de ellos y la desaparición de 43.
Hasta
la fecha, la negativa de la Secretaría de la Defensa Nacional ha sido
contundente.
También
se abordó la temporalidad del mandato del GIEI en México, cuya oficialización
sigue pendiente.
Sedena:
¿sí o no?
El comisionado James Cavallaro, relator
para los casos relacionados con México, y la presidenta de la CIDH, Rose Marie
Antoine, pidieron precisiones a los representantes del Estado mexicano sobre la
reiterada negativa a la petición del GIEI de entrevistarse con 16 soldados que
el 26 de septiembre de 2014 estaban destacados en el 27 Batallón de Infantería
y que fueron enviados a patrullar y observar los escenarios donde se dio la
agresión contra el convoy de estudiantes de la Normal Rural.
Cavallaro
preguntó: Sobre las declaraciones del general Salvador Cienfuegos, cito: “No puedo permitir que interroguen a mis
soldados, que los traten como criminales”. ¿Depende la Sedena y el
secretario del presidente y de la autoridad civil? ¿El jefe de la Sedena puede
decidir quién sí o no va a colaborar con una investigación que cuenta con el
apoyo del presidente?
El
subsecretario de Gobernación para los Derechos Humanos Roberto Campa Cifrián
respondió aclarando que el presidente de la República es el comandante supremo
de las Fuerzas Armadas y que el acceso de los expertos de la CIDH para
interrogar directamente a la lista de soldados “no es parte del acuerdo” que se suscribió ayer entre el GIEI y la
PGR.
Insistió
que en el expediente del caso Ayotzinapa se incluye el interrogatorio a casi 50
integrantes del 27 Batallón. Y si se
quieren ampliar estos cuestionamientos “se
atenderá el marco legal”.
La
presidenta de la CIDH Rose Marie Antoine quiso saber: ¿Esto es un sí o un no (a la petición del GIEI)? Y replicó Campa: “Nos
habremos de sujetar exclusivamente a los 10 puntos acordados con la PGR”.
Ante
esta respuesta intervino otra de las integrantes del GIEI, Ángela Buitrago,
quien lamentó que a seis peticiones presentadas para entrevistar directamente a
los soldados, “la respuesta ha sido
evasiva”. Añadió que el 16 de agosto –casi 11 meses después del ataque a
los normalistas—la PGR integró al expediente declaraciones de los 16 soldados “sin que siquiera se comentara al grupo”.
Aclaró
que el interés del grupo por interrogar a los militares “no es un juicio de responsabilidad; es la necesidad de verificar
informaciones que nosotros le hicimos presentes a la PGR y que nunca había sido
evidenciada”.
Le
aclaró Campa “con el mayor de los
respetos”, que los 10 puntos acordados el lunes sí contemplan esta
posibilidad que el GIEI considera esencial para la búsqueda de los 43
estudiantes. Más tarde, en una
conferencia de prensa, comentó que, en efecto, “se abrió una compuerta” para esta posibilidad.
Ahí,
otra integrante del grupo de expertos, la ex fiscal general de Guatemala
Claudia Paz y Paz insistió que “para
cumplir el mandato del GIEI, es
importante estar presentes y dirigir preguntas a los 16 militares que
enumeramos en una lista”. Dejó abierto un resquicio de solución: si no se
realiza una diligencia específica entre el GIEI y los militares citados, “solicitamos
nuestra presencia durante interrogatorio del Ministerio Público, con
nuestra presencia y posibilidad de hacer preguntas, como ya ha ocurrido en
otras diligencias judiciales anteriores”.
Desahogado
el punto, Antoine pidió al GIEI precisar: ¿Siguen con la expectativa de que sí
podrán entrevistar a los soldados? Respondió Carlos Beristain: “El Estado sabe la importancia tiene para
nosotros. En los acuerdos –firmados el lunes, con la PGR, para redireccionar
la investigación judicial- hay un punto
clave, el de la observancia y participación del grupo conjunto de diligencias”.
Respecto
a las negativas públicas de la Sedena y otras instancias a esta petición,
respondió: “No consideramos una respuesta
declaraciones hechas ante los medios de comunicación sino a través de los
canales establecidos”.
Tortura
De acuerdo a lo dicho por el brasileño
James Cavallaro, comisionado y relator para México, el 77 por ciento de los
detenidos y procesados como presuntos ejecutores de los estudiantes registran
este tipo de lesiones corporales, propias de lo que llamó “por lo menos, apremios físicos”.
Betanzos,
nuevo responsable del expediente Ayotzinapa, aseguró que por instrucciones de
la procuradora Arely Gómez, los presuntos perpetradores detenidos podrán
solicitar que se les aplique el Protocolo de Estambul (método
internacionalmente reconocido para determinar si hubo en el afectado aplicación
de tortura o trato inhumano). Él mismo, aseguró, dará seguimiento al tema “de la mano” con la Comisión Nacional de
Derechos Humano (CNDH).
Temporalidad
Otro punto de fricción durante la audiencia
fue sobre la petición del colectivo de víctimas y sus defensores de ampliar el
plazo del mandato del GIEI por tiempo indefinido. En su calidad de coadyuvante, el Centro de
Derechos “Miguel Agustín Pro”
presentó un video en donde varios de los padres de los 43 desaparecidos piden “que el grupo se quede entre nosotros hasta saber
la verdad”.
El
subsecretario Campa respondió que el Estado mexicano solicitó a la Organización
de Estados Americanos (OEA) una respuesta urgente a su petición de firmar un
adendum para la ampliación del plazo por seis meses más y “no se ha recibido notificación”.
Urgió: “No hay razón por la cual
la CIDH sigua retrasando su respuesta”.
Este plazo vencería a fin del mes de octubre.
Sobre
este particular, Mario Patrón intervino para puntualizar que la cláusula 10 del
convenio de asistencia técnica en el caso Ayotzinapa que suscribió el Estado
mexicano para la creación del GIEI está expresada la facultad de ampliar el
mandato “sin necesidad de firmar un
adendum que signifique una mayor carga procesal”.
Pendientes
Como representantes legales de los familiares
de las víctimas de la Normal Rural de Ayotzinapa (43 desaparecidos y tres
ejecutados), los dirigentes del Centro “Miguel
Agustín Pro” Mario Patrón y Santiago Aguirre y de Tlachinollan Abel Barrera
reclamaron ante la CIDH que el Estado mexicano no ha emprendido una
investigación contra los funcionarios públicos que, según evidenció el GIEI,
obstaculizaron e intentaron desviar la averiguación en torno al caso. Tampoco ha respondido a la exigencia de las
víctimas de asignar una nueva unidad de investigación de los hechos.
Dijo
Abel Barrera, de Tlachinollan: “La
voluntad del Estado por avanzar no solo no se ha materializado con la
contundencia necesaria sino que han realizado acciones incompatibles con un
auténtico compromiso con la verdad y la justicia”. Y citó los intentos del
director de la Agencia de Investigaciones Criminales Tomás Zerón de tachar la
labor del GIEI como “ilícita”.
Santiago
Arriaga, del Centro Prodh por su parte reclamó que, aunque desde el inicio de
las investigaciones se pidió a la PGR que aplicara tecnología punta para la
búsqueda de desaparecidos, tanto de los 43 de Ayotzinapa como los llamados “los otros” de Iguala (más de 200
casos), esto no se ha concretado.
Betanzos
respondió que próximamente la PGR pondrá a disposición de la búsqueda nuevos
instrumentos. Citó recursos satelitales
capaces de detectar “oquedades” bajo
tierra (posibles fosas) y añadió que recientemente se compraron drones
acuáticos y aéreos, “pero no había quién
los supiera operar y montar el software. Pronto los empezaremos a usar”.
Estos
son algunos de los puntos acordados el lunes entre el gobierno federal y el
GIEI:
-Sacar
la investigación de la SEIDO de forma inmediata, proporcionando toda la
información existente a un nuevo equipo de investigación en la Subprocuraduría
de Derechos Humanos. Con esta medida, el director de la Agencia de
Investigación Criminal Tomás Zerón ya no tendrá injerencia en el Caso
Ayotzinapa, tal y como demandaban los familiares de las víctimas y sus
representantes legales.
-Realizar
un nuevo estudio sobre la dinámica del fuego del basurero de Cocula decidiendo
de manera conjunta los objetivos, la conformación del equipo de peritos y la
forma como se realizará el estudio.
-Establecer
de manera conjunta el mecanismo de futuras diligencias, con la observancia o
participación del GIEI en las cuestiones que estime relevantes.
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