viernes, 23 de octubre de 2015

Expertos internacionales instan a Peña Nieto a esforzarse por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa

Centro de Medios Libres
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15 de octubre, 2015
Washington, D.C.

Expertos en derechos humanos instan al Presidente de México, Enrique Peña Nieto, a incrementar los esfuerzos y el compromiso con el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos forzadamente y cuya investigación ha generado serias preocupaciones
En una carta abierta dirigida al Presidente de México Enrique Peña Nieto, Robert F. Kennedy Human Rights junto a expertos en derechos humanos hacen un llamado al gobierno mexicano a realizar el máximo esfuerzo en la determinación del paradero de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, quienes fueron desparecidos forzadamente el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Guerrero, México.
Un reciente informe realizado por un panel independiente de expertos internacionales, nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de un acuerdo entre el gobierno de México y las familias y representantes de los estudiantes, expuso graves errores en el proceso de investigación sobre el caso adelantado por el gobierno, incluyendo el mal manejo de evidencia y la omisión de testimonios. Los hallazgos del grupo desvirtúan las conclusiones de la Oficina del Procurador General de la República sobre el motivo o los métodos de los crímenes; por el contrario, los expertos independientes concluyeron que los aspectos cruciales de la hipótesis oficial eran científicamente imposibles.
Considerando los preocupantes hallazgos reflejados en el referido informe, esta carta insta al Presidente Peña Nieto a implementar todas las recomendaciones de los expertos sobre el caso. Más específicamente, la carta exhorta al gobierno mexicano a determinar el paradero de los estudiantes, abrir nuevas líneas de investigación, entrevistar a miembros del ejército mexicano que puedan haber participado en los crímenes, garantizar la atención adecuada y sostenida a las víctimas y resolver el problema de desapariciones forzadas en México de manera más amplia.
La carta también apoya el llamado de los familiares de las víctimas a extender el mandato del grupo de expertos independientes el tiempo que sea necesario, teniendo en cuenta que la obligación del gobierno es aclarar lo sucedido a los estudiantes desaparecidos y determinar dónde se encuentran, una tarea en la cual la participación del grupo de expertos resulta crucial.
Robert F. Kennedy Human Rights y los firmantes continuarán monitoreando el caso de los alumnos de Ayotzinapa.
 Texto íntegro de la carta:
15 de octubre, 2015
Presidente Enrique Peña Nieto
Oficina de la Presidencia de la República
Residencia Oficial de Los Pinos
Estados Unidos Mexicanos
Distinguido Señor Presidente:
Escribimos la presente para expresar nuestra profunda preocupación sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, e instar a su gobierno a disponer el mayor esfuerzo y compromiso para determinar su paradero y proporcionar verdad y justicia a las víctimas, sus familiares y al pueblo de México en este atroz acontecimiento.
Elogiamos el informe recientemente publicado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en acuerdo con las familias de los estudiantes y su gobierno para investigar el caso de Ayotzinapa. Asimismo, valoramos positivamente el consentimiento de su gobierno para extender el mandato del grupo. Apoyamos el llamado de las familias para que el mandato del GIEI se extienda el tiempo que sea necesario, teniendo en cuenta que la obligación del gobierno es aclarar lo sucedido a los estudiantes desaparecidos y descubrir dónde se encuentran, una tarea en la cual la participación e investigación del GIEI resulta crucial.
Como usted sabe por el informe presentado a su gobierno, el GIEI descubrió múltiples y preocupantes errores en la investigación de los hechos, incluyendo el mal manejo de evidencia y la omisión de testimonios. Los hallazgos del GIEI no coinciden con las conclusiones de la Procuraduría General de la República sobre el motivo o los métodos en que se perpetraron los crímenes; por el contrario, el GIEI determinó que varios aspectos cruciales de la hipótesis oficial eran científicamente imposibles. El GIEI no encontró ninguna evidencia contundente que sostuviera la teoría principal del gobierno de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula. Además, el GIEI dejó claro que hay otras líneas de investigación y otros actores cuya participación tienen que ser totalmente aclaradas, incluyendo miembros del ejército mexicano y otras instituciones federales. Aún más, el informe encontró que tanto policías estatales y federales, como también miembros del ejército mexicano, tuvieron conocimiento y estaban presentes en varias escenas del crimen caracterizadas por el brutal uso de la fuerza, sus largas horas de duración y la coordinación del ataque hacia los estudiantes, sin interceder para proteger la vida de sus conciudadanos.
Entendemos que la Procuraduría General de la República se encuentra analizando el informe para determinar cómo incorporar sus hallazgos en la investigación del gobierno. Es por eso que instamos de la manera más atenta a la Oficina del Procurador General de la República a incluir todos los aspectos del estudio del GIEI e implementar todas las recomendaciones de los expertos. Especialmente instamos al gobierno a tomar las siguientes acciones:
-Continuar la búsqueda de los estudiantes. Con base en la evidencia disponible, el GIEI no pudo determinar el paradero de los estudiantes. Mientras que los estudiantes permanezcan desaparecidos, el caso debe ser considerado como una investigación abierta de desapariciones forzadas.
-Reorientar las líneas de investigación. Para empezar, es necesario que una nueva unidad de investigación sea asignada al caso. Es fundamental que se realice una revisión del motivo de los crímenes, incluyendo una posible conexión con un quinto autobús que al parecer pudo haber estado involucrado en el transporte de drogas ilícitas. Tanto instalaciones privadas como de gobierno donde los estudiantes pudieron haber sido llevados deben ser investigadas.
-Permitir que al GIEI entrevistar a todas las autoridades. Se necesita de manera urgente el testimonio de todas las autoridades que estuvieron presentes durante los incidentes, incluyendo el ejército mexicano y la policía federal. Por ejemplo, al GIEI se le debe permitir entrevistar de forma directa a los miembros del 27vo Batallón de Infantería del Ejército mexicano, quienes pudieron haber desempeñado un papel de suma relevancia en los acontecimientos de esa noche.
-Garantizar la atención adecuada a las víctimas. Implementar el acuerdo de asistencia jurídica, social, psicológica y médica a las familias. Consolidar mecanismos de comunicación con las familias. Fortalecer los mecanismos de protección a los testigos.
-Resolver el problema de desapariciones forzadas en México. Crear un registro nacional de las personas desaparecidas integrado con el registro del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y estandarizar la información sobre los restos mortales no identificados. Implementar protocolos efectivos y unificados tanto para búsquedas inmediatas como para las investigaciones penales en todos los casos de posible desaparición forzada. La nueva Ley General sobre Desapariciones debe incorporar los aportes de la sociedad civil y los grupos de víctimas.
A más de un año de sus desapariciones, el paradero de los estudiantes sigue sin conocerse, pese a la declaración prematura de la Procuraduría General de la República de que la “verdad histórica” sobre el caso ya se había resuelto. Para el inmenso pesar y desesperanza de las familias de los estudiantes, sus seres queridos aún no regresan a casa.
Cabe mencionar que durante la investigación y búsqueda de los estudiantes en el último año, casi 300 casos adicionales de desapariciones en la zona de Iguala han salido a la luz. Aún más, el registro nacional de personas desaparecidas contiene actualmente más de 25.000 casos de personas que desaparecieron entre 2007 y julio de 2015.
Si bien valoramos la reunión que sostuvo con los familiares de las víctimas el pasado 24 de septiembre, le urgimos a aumentar los esfuerzos de su gobierno respecto al caso. Es imperativo que el gobierno despliegue el mayor esfuerzo, recursos, responsabilidad, cuidado y compromiso, no sólo para encontrar a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sino también para poner fin a la crisis de las desapariciones forzadas y la impunidad de estos crímenes en México.
Nosotros continuaremos monitoreando el caso de los estudiantes de Ayotzinapa y los informes que indican el elevado número de desapariciones forzadas en México.
Agradecemos de antemano su atención brindada hacia la resolución de este grave asunto.
Sinceramente:
Walter Albán Profesor Principal de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP
Juan Pablo Albán Director del Consultorio Jurídico, Profesor de Derecho Internacional y Derechos Humanos, Facultad de Derecho, Universidad San Francisco de Quito
Raquel Aldana Decana Asociada, Profesora de Derecho, Universidad del Pacífico, Escuela de Derecho McGeorge
Philip G. Alston Profesor de Derecho ‘John Norton Pomeroy’, Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York
Roxanna Altholz Profesora Clínica Asistente, Escuela de Derecho de Berkeley, Universidad de California
Thomas Antkowiak Profesor Asociado de Derecho; Director, Clínica Internacional de Derechos Humanos; Director, Programa para América Latina, Facultad de Derecho de la Universidad de Seattle
Arturo Arias Profesor ‘Tomas Rivera Regent’ en Literatura Latinoamericana, Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Texas en Austin
David Baluarte Profesor Clínico Asistente de Derecho, Director de la Clínica de Derechos de los Inmigrantes, Escuela de Derecho de la Universidad de Washington y Lee
Daniel M. Brinks Co- Director, Centro de Derechos Humanos y Justicia Bernard y Audre Rapoport de la Universidad de Texas en Austin
Tito Bracamonte Secretario Ejecutivo, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú Laurence Burgorgue-Larsen Profesora de Derecho, Universidad de Paris Panthéon-Sorbonne
Santiago A. Canton Director Ejecutivo, Partners for Human Rights, Robert F. Kennedy Human Rights
Lauren Carasik, Esq. Profesora Clínica de Derecho, Directora, Clínica Internacional de Derechos Humanos, Facultad de Derecho de la Universidad de Western New England
Jessica Carvalho Morris Directora Ejecutiva, Conectas
Carlos Castresana Fernández Fiscal del Tribunal Supremo de España (en licencia)
Gaston Chillier Director Ejecutivo, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Ernesto de la Jara Basombrío Director Fundador, Instituto de Defensa Legal (IDL), Perú
Connie de la Vega Profesora de Derecho y Directora Académica de Programas Internacionales de la Universidad de San Francisco, Escuela de Derecho
Todd Eisenstadt Profesor, Departamento de Gobierno, American University
Dr. Mark Ellis Director Ejecutivo, Asociación internacional de Abogados
Karen Engle Co-Directora, Centro de Derechos Humanos y Justicia Bernard y Audre Rapoport de la Universidad de Texas en Austin
Dra. Silvia Figueroa Profesora, Departamento de Derecho y Relaciones Internacionales, Tecnológico de Monterrey, México
Martin Flaherty Profesor de Derecho Internacional de los Derechos Humanos ‘Familia Leitner’ y Co-Director fundador del Centro Leitner de Derecho Internacional y Justicia de la Facultad de Derecho de Fordham; Profesor invitado de la Escuela Woodrow Wilson de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Princeton
Alejandro M. Garro Profesor de Derecho, Facultad de Derecho de Columbia, Universidad de Columbia
Alejandra Gonza Directora, Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Washington
Dr. Eduardo González Velázquez Profesor-Investigador, Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales, Tecnológico de Monterrey, México
Lisa Haugaard Directora Ejecutiva, Grupo de Trabajo para América Latina
John Heffernan Director Ejecutivo, Speak Truth to Power, Robert F. Kennedy Human Rights
Shin Imai Profesor Asociado de la Facultad de Derecho de Osgoode Hall; Director del Proyecto de Justicia y Responsabilidad Corporativa de la Universidad de York
Kerry Kennedy Presidenta, Robert F. Kennedy Human Rights
Viviana Krsticevic Directora Ejecutiva, Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Frank La Rue Director, Robert F. Kennedy Human Rights – Europa
Karim Lahidji Presidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
Dr. Lucas Lixinski Profesor Titular de Derecho, Universidad de Nueva Gales del Sur, Australia
David Lovatón Palacios Profesor Titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Católica del Perú
Helen Mack Presidente, Fundación Myrna Mack
Annette Martínez-Orabona Directora Ejecutiva, Instituto Caribeño de Derechos Humanos (ICADH)
Ruth W. Messinger Presidenta, American Jewish World Service (AJWS)
Jennifer Moore Miembro del Comité Nacional de Abogados de Derechos Humanos, Brigadas Internacionales de Paz – EE.UU.
Lucia Nader Fellow, Open Society Foundations (OSF) Aryeh Neier Presidente Emérito, Open Society Foundations (OSF)
Joy Olson Directora Ejecutiva, Oficina para América Latina en Washington (WOLA)
John Packer Director, Centro de Investigación y Educación para los Derechos Humanos, Universidad de Ottawa
Amelia Parker Directora Ejecutiva de Brigadas Internacionales de Paz – EE.UU
Francisco J. Rivera Juaristi Director, Clínica Internacional de Derechos Humanos, Profesor Clínico Asistente de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santa Clara
César Rodríguez Garavito Director Ejecutivo, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (“DeJusticia”)
Naomi Roht-Arriaza Profesora Distinguida de Derecho, Facultad de Derecho de Hastings, Universidad de California
Eric Rosenthal Director Ejecutivo, Disability Rights International (DRI)
Macarena Saez Directora de Facultad, Centro de Derechos Humanos y Derecho Humanitario, Facultad de derecho de American University
Katya Salazar Directora Ejecutiva, Fundación para el Debido Proceso Legal
Violeta Sandoval Directora de Formación y Emprendimiento Social, Tecnológico de Monterrey, México
Miguel Sarre Profesor, Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
James Silk Profesor Clínico de Derecho, Clínica Internacional de Derechos Humanos Allard K. Lowenstein. Director, Centro para los Derechos Humanos Internacionales Orville H. Schell , Jr., Facultad de Derecho de Yale
Gwynne Skinner Directora, Clínica Internacional de Derechos Humanos y Refugiados; Profesora Asociada de Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Willamette
Gerald Staberock Secretario General de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
David Tolbert Presidente, Centro Internacional para la Justicia Transicional
Rodrigo Uprimny Yepes Investigador y Miembro Fundador, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (“DeJusticia”); Profesor de Derecho, Universidad Nacional de Colombia
José Miguel Vivanco Director de la División para las Américas, Human Rights Watch (HRW)

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