Alejandro Rojas
Alfonsa Martínez
El Camarón, Yautepec,
Oaxaca
Octubre, 2015
Al
pueblo de México:
Año de 2010, tras la construcción de 6
estanques para la crianza de mojarras, las cuales tendrían una producción de
cuatro toneladas por estanque del producto en un lapso de seis meses, nosotros
dos indígenas de origen zapoteco y chontal Alejandro Rojas Arrazola y su esposa
Alfonsa Martínez Martínez fuimos detenidos por acusaciones falsas al ser
señalados como responsables del daño a un sembradío de papayales en producción
de esa comunidad.
El
agente del Ministerio Público en San Carlos Yautepec, inició las averiguaciones
previas 43/2009 y 44/2009 por el delito de daños y los cuales al ser
consignados, dieron origen a las órdenes de aprehensión por el delito de daños
en agravio de tres vecinos de la misma comunidad.
Fueron
2 años 5 meses el tiempo que purgamos injustamente en el reclusorio de
Tanivet, Tlacolula, bajo acusaciones sin
sustento, por lo cual salimos en liberta con sentencia absolutoria al no poder
comprobarnos delito alguno. El juez mixto de primera instancia de San Carlos
Yautepec, luego de analizar las constancias, el 18 de junio del 2012 ordenó que
quedáramos en libertad.
La
sentencia absolutoria fue apelada por el agente del ministerio público, pero la
tercera sala penal, el 25 de octubre del 2012, confirmo la resolución de
libertad absolutoria.
La
realidad de los hechos es que estuvimos presos bajo consigna política, por
haber hecho pública nuestra simpatía con el movimiento magisterial y popular de
la APPO en el 2006, motivo mencionado varias veces en nuestros expedientes.
Tras
ser liberados lo perdimos todo, además de no poder volver a nuestro hogar
porque este fue quemado y es imposible que regresemos “bajo
las amenazas de muerte” que hemos recibido. Motivo por el cual
acudimos a la Defensoría de los Derechos
Humanos del Pueblo de Oaxaca, donde se inició la queja DDHPO/419 (01)OAX/2013,
la cual determinó que hubo violación de nuestros derechos humanos y nuestra
detención fue arbitraria.
Con
dicha resolución, recurrimos al gobierno del estado para que nos fuera pagada
la reparación del daño por la injusta detención según la Ley reglamentaria del
artículo 4º de la Constitución Política del Estado de Oaxaca, en materia de
Justa Reparación del Daño en derechos humanos. En la misma, se precisa que si
alguien es detenido y se comprueba que fue injustamente, el gobierno del estado
le deberá pagar los daños ocasionados, desde el momento en que fue privado de
su libertad como son el salario que percibía y las afectaciones de la misma.
Pero, a
pesar de que la ley lo marca, hasta el momento ni la Comisión de derechos
humanos, ni el gobierno de Oaxaca han solucionado nuestras peticiones y
derechos, jugando con nuestra integridad física dado que somos de la tercera
edad, trayéndonos de lado a lado, echándose la bolita ya que cada uno indica
que el otro es el responsable.
Nos
encontramos desde hace 8 meses acampando en las afueras de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos exigiendo
que simple y sencillamente se cumplan nuestros derechos y demandas, nuestras
edades no son un factor para dejar de pelear por ellos, sólo pedimos lo que la
ley manda.
¡Exigimos
la reparación total de los daños a la
fecha ascienden a más de 10 millones de pesos!
¡Exigimos
atención médica para los involucrados ya que el ajetreo causado por la
indiferencia de las instituciones involucradas, mi señora esposa Alfonsa
Martínez, actualmente sufre complicaciones en la cadera!
¡Exigimos
el castigo a los involucrados, tanto de nuestras detenciones arbitrarias, como
en la indiferencia a nosotros!
Cualquier ayuda o
donativo, favor de depositarlo a la cuenta de Bancopel con número de cuenta 10139374849 a nombre de Alejo Rojas.
Alejandro
Rojas Arrazola
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