x Carlos Fazio
12/10/2015: México
La Haine
Rebelión
La Secretaria de la
Defensa Nacional se lava las manos
Beatriz Torres Abelaira es una ciudadana chilena que llegó a
México hace casi 40 años huyendo de la dictadura militar del general Augusto
Pinochet. Bettina Gómez Oliver es historiadora y documentalista, y tiene una
hija, María Fernanda, que acaba de terminar la preparatoria. María Diajym
Palencia Morales es una trabajadora administrativa. Las tres mujeres tienen una
cosa en común: son parte del exiguo personal del Centro Académico de la Memoria
de Nuestra América (CAMeNA), de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México
(UACM), cuyo rector es Hugo Aboites.
El 11 de septiembre de
2015, el día del 42 aniversario del golpe de Estado que derrocó al gobierno
constitucional del socialista Salvador Allende en Chile, María Diajym Palencia
atendió una llamada en el CAMeNA de alguien que afirmó llamarse Armando Llop,
quien se identificó como “teniente de la
Policía Federal”. Llop dijo que buscaba a Beatriz Torres para que ayudara a
localizar a un tal Jaime Porfirio Vuelvas Arias, presunto trabajador de la
UACM.
Palencia contestó a Llop
que Beatriz Torres no se encontraba y el presunto policía dejó su número
celular para que ésta se comunicara con él. Enterada del hecho, Torres,
militante en los años 60 de la Unidad Popular en Chile, exiliada primero en
Cuba y después en México, su actual país de residencia −donde fue secuestrada
por razones políticas en 1982−, instruyó a Palencia se comunicara con el
abogado general de la UACM, Federico Anaya.
Anaya llamó al número
celular de marras y respondió Llop, quien se ostentó con el grado de teniente
de la “PGR” y “militar retirado” graduado en el Colegio Militar y el Colegio del
Aire de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Llop dijo que tenía una “compañía privada de seguridad” y que
Vuelvas le había quedado a deber dos millones de pesos por un “servicio de escoltas”. Anaya le
respondió que lo conducente para saber si Vuelvas laboraba en la UACM era
entrar a la página web de la institución y hacer una solicitud de información
pública. No obstante, Anaya accedió a que Llop le enviara la documentación de
su caso “legítimo” a su dirección de
correo electrónico. Pero no mandó nada.
El 16 de septiembre
Anaya buscó a Llop y le dijo que no había recibido la documentación ofrecida.
Hacia las 19:30 Llop le envió 12 mensajes electrónicos con 14 adjuntos, donde
reiteraba tener una compañía de seguridad privada y contar con permisos
vigentes de la Sedena para brindar servicios de seguridad a sus clientes “con personal armado con arma corta y larga”.
Según los documentos, la compañía se denomina “Israel Martínez González Seguridad Privada”, con marca y leyenda “Iron Shield. Corporación de Alta Seguridad”.
El contrato de la empresa con Vuelvas estaba firmado por el “capitán Israel Martínez González”,
presuntamente acreditado ante las secretarías de Hacienda, Gobernación y la
Defensa Nacional. La empresa tiene como objeto social prestar servicios de
seguridad mediante “elementos humanos y
equipos electrónicos”. En el primero de los correos el remitente volvía a
exhibirse con el grado de teniente.
Las mujeres del CAMeNA y
la oficina del abogado general de la UACM encontraron “falta de consistencia” en la historia de Llop: Vuelvas Arias no
era trabajador de la institución, Beatriz Torres no le conocía y la ruta para
encontrar al presunto defraudador no había sido la adecuada. Además, Llop se
había identificado indistintamente como militar retirado, teniente de la
Policía Federal y de la PGR y en su página de Internet y Twitter
(@comandantellop) aparecía posando frente a un helicóptero de la Fuerza Aérea
Mexicana empuñando lo que parecía ser un fusil ametralladora AK-47 con culata
retráctil. El hecho de que su empresa usara “equipos
electrónicos” despertó más sospecha, dado que son los que se utilizan para
realizar labores de vigilancia, seguimiento y recolección de información de
inteligencia para tareas encubiertas, muchas veces en combinación o al servicio
de las corporaciones de seguridad del Estado.
Hacia las cuatro de la
mañana del 17 de septiembre fue allanada la oficina del rector de la UACM, Hugo
Aboites, y robaron sus dos computadoras personales. Un día después, a las 8:30
AM, Bettina Gómez, coordinadora de proyectos del CAMeNA, encontró que un
vehículo Stratus rojo placa 319UZN bloqueaba la salida de su cochera. Adentro
dormía un guardia de seguridad privada uniformado. ¿Casualidad? ¿Aviso?
¿Hostigamiento?
El 23 de septiembre,
Gómez recibió una llamada en su celular y la voz de un hombre, le dijo: “Cuide a su cachorra”. María Fernanda
Giordano Gómez y su mamá son miembros de la organización H.I.J.O.S. México
(Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio), que
forma parte de una red latinoamericana de vástagos de desaparecidos, que ha
protagonizado en el país varios “escraches”
contra responsables de la guerra sucia de los años 70, incluida la casa del ex
presidente Luis Echeverría Álvarez.
En el momento de la
llamada, María Fernanda se trasladaba al Centro Pro Derechos Humanos a una
reunión con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre
de 2014 en Iguala. Solidaria desde niña, después de los crímenes de Estado de
Iguala, María Fernanda había ido varias veces a la normal Isidro Burgos de
Ayotzinapa a dar su apoyo a los compañeros de los estudiantes desaparecidos, y
con algunos jóvenes amigos fundó la “Liga
Popular 26 de septiembre”. La joven declaró que su celular está “intervenido” desde hace meses y que la
llamada a su madre tenía tono intimidatorio y de amenaza. La policía
cibernética no pudo rastrear la llamada porque provenía de un aparato “demasiado seguro”.
El 24 de septiembre, el
secretario de la Defensa Nacional, general de división DEM Salvador Cienfuegos,
recibió en su despacho a Federico Anaya, Beatriz Torres y la senadora Dolores
Padierna. Le acompañaba el jefe del Estado Mayor de la Sedena, general Roble
Granados Gallardo.
Enterados del caso, un
asistente reportó a ambos divisionarios que en los registros del Ejército José
Armando Llop Cerda es un desertor prófugo de la justicia militar y el capitán
Israel Martínez pidió su baja. Cienfuegos dijo que ambos seguían bajo
jurisdicción castrense y que se realizaría una investigación “pronta y eficaz”. Calificó las llamadas
como “intimidatorias”.
A las 7:05 de la mañana
del 25 de septiembre, Llop llamó a Anaya a la UACM y, entre otras cosas, le
dijo que en el Colegio Militar “no te
regalan una Mont Blanc sino una 45”; que él sabía “dar balazos”, pero que no iba a dispararle a Vuelvas porque quería
cobrar el adeudo. Repitió tres veces que “policías”
le pedían 25 mil pesos por “atender su
caso”. Lo temprano de la hora en que se produjo la llamada daba la idea de
que Anaya podía estar siendo seguido y monitoreado.
El 2 de octubre, el
procurador general de Justicia Militar, general Jesús Gabriel López Benítez,
informó al abogado general de la UACM (oficio 4/a A A–3188), que Llop carecía
de personalidad militar al haber causado baja “por haber consumado el delito de deserción” y el capitán Martínez
había pasado a situación de retiro. Eran personas “completamente ajenas” a la Sedena y las Fuerzas Armadas. En cuanto
a la empresa de seguridad privada de Llop y Martínez, comunicó que la Dirección
General de Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos no
contaba con ningún registro de la misma ni se le había expedido licencia
particular alguna. Agregó que las autoridades castrenses carecían de
competencia para conocer las conductas y actividades de los dos ex militares,
lo que parecía contradecir el dicho del secretario general Cienfuegos, de que
ambos seguían bajo la jurisdicción de la Sedena.
El 5 de octubre, a las
20:30, cuando María Diajym Palencia Morales regresaba de la terapia de su hijo
menor en la colonia La Joya, en Tlalpan, DF, encontró que a su camioneta le
habían dado un “cristalazo” y el
autor había sustraído documentos personales y otras pertenencias del interior
del vehículo. Según el agente investigador del Ministerio Público, el vehículo
había sido “registrado”.
¿Se busca silenciar
al CAMeNA?
En síntesis, en el breve lapso que va del 11 de septiembre
al 5 de octubre, fue allanada y robada la oficina del rector de la UACM, Hugo
Aboites, y tres funcionarias del CAMeNA y la hija de una de ellas acosadas,
intimidadas y amenazadas. El quién,
el cómo y el cuándo más o menos ha quedado registrado. El problema es saber el por qué. Es decir, qué se busca con esa
campaña de intimidación.
Las preguntas acerca del por qué son varias. ¿Es la UACM el motivo de los ataques
encubiertos concertados? ¿Se debe a que existe la percepción oficial de que,
como dice el columnista del diario El Universal, Ricardo Alemán, en esa casa de
estudios se “forman vándalos y
anarquistas” que atentan contra las “instituciones
del Estado”?
¿Resulta molesta a algún
sector del sistema político mexicano la solidaridad manifiesta, de tiempo
atrás, del rector Aboites con los maestros de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE) y la CETEG de Guerrero? ¿Incomoda la
solidaridad de la UACM con los normalistas de Ayotzinapa? ¿Era Beatriz Torres
el eslabón más débil de un blanco u objetivo de algún servicio de inteligencia,
y su reacción y la protección institucional que recibió de la UACM, llevó a los
autores de los ataques a cometer otros actos dirigidos a generar miedo,
angustia y zozobra en el círculo de trabajo de Torres en el CAMeNA? ¿Es la
generación de una conciencia histórica crítica y la búsqueda de la verdad y la
justicia por el CAMeNA sobre casos de desaparición forzada y otros crímenes de
Estado del pasado y del dramático presente, Ayotzinapa/Iguala incluido, lo que
se busca silenciar?
Que el foco de la
agresión sean las maestras y administrativas del Centro Académico de la Memoria
de Nuestra América (CAMeNA), que rescató el archivo del historiador y cronista
argentino universal Gregorio Selser (exiliado en México durante la dictadura
militar del general Jorge R. Videla), ¿tiene que ver con la información que
reúne el centro sobre temas tales como armamentismo; fuerzas armadas; represión
y seguridad interna; servicios de inteligencia; economía criminal; grupos y
conflictos armados; agrupaciones y movimientos de ultraderecha; movimientos
sociales; derechos humanos; periodismo, comunicación y propaganda; recursos
naturales; pensamiento y filosofía política; régimen político y gobierno, y la
política de Estados Unidos hacia América Latina?
En los tiempos que
corren, y debido al alud de recomendaciones de organismos especializados de la
ONU y la OEA a raíz de las documentadas violaciones generalizadas a los
derechos humanos (en materia de tortura, ejecuciones sumarias extrajudiciales o
arbitrarias y desaparición forzada) por distintas corporaciones armadas de
México, ¿el hecho de que al enorme acervo documental de Gregorio Selser y su
esposa Marta Ventura se hayan incorporado documentos relacionados con casos de
desaparición forzada y prisión política, que fueron donados por las familias
Tatter, Díaz Mancilla y Balerini Casal; Nadin Reyes Maldonado; H.I.J.O.S.
México y el Comité Cerezo, resulta molesto a algún sector del régimen político
mexicano?
¿Es acaso porque el
centro da cobijo, también, a toda la documentación original de los dos Consejos
de Guerra y los procesos penales civiles seguidos contra el general José
Francisco Gallardo Rodríguez? ¿Es desestabilizadora para el Estado mexicano la
existencia de documentos seleccionados del archivo de la policía paraguaya, la
Dirección Nacional de Asuntos Técnicos, Fiscalía General del Estado y Estado
Mayor de las Fuerzas Armadas de Paraguay, de la época de la dictadura de
Alfredo Stroessner , que exhibe el pacto firmado por las dictaduras del Cono
Sur, conocido como Operación Cóndor, que estableció un sistema internacional de
Terrorismo de Estado con la participación de Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile,
Argentina y Uruguay?
¿Resulta subversivo el
Fondo El Che Guevara donado por Paco Ignacio Taibo II o la donación de la
investigadora universitaria Raquel Gutiérrez que documenta la represión contra
las guerrillas en Bolivia?
Finalmente, ¿si Armando
Llop es un desertor prófugo de la justicia militar y maneja armas de uso
exclusivo de las fuerzas armadas sin registro y equipo de espionaje
electrónico, por qué la Secretaría de la Defensa Nacional no lo detiene? ¿Acaso
forma parte de alguna acción encubierta conectada con algún servicio de
inteligencia del régimen? ¿Volvió a las andadas,
remozado, el viejo PRI de la época de Fernando Gutiérrez Barrios en la
Secretaría de Gobernación?
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