miércoles, 21 de octubre de 2015

ACOSO, HOSTIGAMIENTO E INTIMIDACIÓN CONTRA CENTRO DE LA MEMORIA HISTÓRICA-UACM

x Carlos Fazio
12/10/2015: México
La Haine
Rebelión
La Secretaria de la Defensa Nacional se lava las manos
Beatriz Torres Abelaira es una ciudadana chilena que llegó a México hace casi 40 años huyendo de la dictadura militar del general Augusto Pinochet. Bettina Gómez Oliver es historiadora y documentalista, y tiene una hija, María Fernanda, que acaba de terminar la preparatoria. María Diajym Palencia Morales es una trabajadora administrativa. Las tres mujeres tienen una cosa en común: son parte del exiguo personal del Centro Académico de la Memoria de Nuestra América (CAMeNA), de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), cuyo rector es Hugo Aboites.
El 11 de septiembre de 2015, el día del 42 aniversario del golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional del socialista Salvador Allende en Chile, María Diajym Palencia atendió una llamada en el CAMeNA de alguien que afirmó llamarse Armando Llop, quien se identificó como “teniente de la Policía Federal”. Llop dijo que buscaba a Beatriz Torres para que ayudara a localizar a un tal Jaime Porfirio Vuelvas Arias, presunto trabajador de la UACM.
Palencia contestó a Llop que Beatriz Torres no se encontraba y el presunto policía dejó su número celular para que ésta se comunicara con él. Enterada del hecho, Torres, militante en los años 60 de la Unidad Popular en Chile, exiliada primero en Cuba y después en México, su actual país de residencia −donde fue secuestrada por razones políticas en 1982−, instruyó a Palencia se comunicara con el abogado general de la UACM, Federico Anaya.
Anaya llamó al número celular de marras y respondió Llop, quien se ostentó con el grado de teniente de la “PGR” y “militar retirado” graduado en el Colegio Militar y el Colegio del Aire de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Llop dijo que tenía una “compañía privada de seguridad” y que Vuelvas le había quedado a deber dos millones de pesos por un “servicio de escoltas”. Anaya le respondió que lo conducente para saber si Vuelvas laboraba en la UACM era entrar a la página web de la institución y hacer una solicitud de información pública. No obstante, Anaya accedió a que Llop le enviara la documentación de su caso “legítimo” a su dirección de correo electrónico. Pero no mandó nada.
El 16 de septiembre Anaya buscó a Llop y le dijo que no había recibido la documentación ofrecida. Hacia las 19:30 Llop le envió 12 mensajes electrónicos con 14 adjuntos, donde reiteraba tener una compañía de seguridad privada y contar con permisos vigentes de la Sedena para brindar servicios de seguridad a sus clientes “con personal armado con arma corta y larga”. Según los documentos, la compañía se denomina “Israel Martínez González Seguridad Privada”, con marca y leyenda “Iron Shield. Corporación de Alta Seguridad”. El contrato de la empresa con Vuelvas estaba firmado por el “capitán Israel Martínez González”, presuntamente acreditado ante las secretarías de Hacienda, Gobernación y la Defensa Nacional. La empresa tiene como objeto social prestar servicios de seguridad mediante “elementos humanos y equipos electrónicos”. En el primero de los correos el remitente volvía a exhibirse con el grado de teniente.
Las mujeres del CAMeNA y la oficina del abogado general de la UACM encontraron “falta de consistencia” en la historia de Llop: Vuelvas Arias no era trabajador de la institución, Beatriz Torres no le conocía y la ruta para encontrar al presunto defraudador no había sido la adecuada. Además, Llop se había identificado indistintamente como militar retirado, teniente de la Policía Federal y de la PGR y en su página de Internet y Twitter (@comandantellop) aparecía posando frente a un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana empuñando lo que parecía ser un fusil ametralladora AK-47 con culata retráctil. El hecho de que su empresa usara “equipos electrónicos” despertó más sospecha, dado que son los que se utilizan para realizar labores de vigilancia, seguimiento y recolección de información de inteligencia para tareas encubiertas, muchas veces en combinación o al servicio de las corporaciones de seguridad del Estado.
Hacia las cuatro de la mañana del 17 de septiembre fue allanada la oficina del rector de la UACM, Hugo Aboites, y robaron sus dos computadoras personales. Un día después, a las 8:30 AM, Bettina Gómez, coordinadora de proyectos del CAMeNA, encontró que un vehículo Stratus rojo placa 319UZN bloqueaba la salida de su cochera. Adentro dormía un guardia de seguridad privada uniformado. ¿Casualidad? ¿Aviso? ¿Hostigamiento?
El 23 de septiembre, Gómez recibió una llamada en su celular y la voz de un hombre, le dijo: “Cuide a su cachorra”. María Fernanda Giordano Gómez y su mamá son miembros de la organización H.I.J.O.S. México (Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio), que forma parte de una red latinoamericana de vástagos de desaparecidos, que ha protagonizado en el país varios “escraches” contra responsables de la guerra sucia de los años 70, incluida la casa del ex presidente Luis Echeverría Álvarez.
En el momento de la llamada, María Fernanda se trasladaba al Centro Pro Derechos Humanos a una reunión con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala. Solidaria desde niña, después de los crímenes de Estado de Iguala, María Fernanda había ido varias veces a la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa a dar su apoyo a los compañeros de los estudiantes desaparecidos, y con algunos jóvenes amigos fundó la “Liga Popular 26 de septiembre”. La joven declaró que su celular está “intervenido” desde hace meses y que la llamada a su madre tenía tono intimidatorio y de amenaza. La policía cibernética no pudo rastrear la llamada porque provenía de un aparato “demasiado seguro”.
El 24 de septiembre, el secretario de la Defensa Nacional, general de división DEM Salvador Cienfuegos, recibió en su despacho a Federico Anaya, Beatriz Torres y la senadora Dolores Padierna. Le acompañaba el jefe del Estado Mayor de la Sedena, general Roble Granados Gallardo.
Enterados del caso, un asistente reportó a ambos divisionarios que en los registros del Ejército José Armando Llop Cerda es un desertor prófugo de la justicia militar y el capitán Israel Martínez pidió su baja. Cienfuegos dijo que ambos seguían bajo jurisdicción castrense y que se realizaría una investigación “pronta y eficaz”. Calificó las llamadas como “intimidatorias”.
A las 7:05 de la mañana del 25 de septiembre, Llop llamó a Anaya a la UACM y, entre otras cosas, le dijo que en el Colegio Militar “no te regalan una Mont Blanc sino una 45”; que él sabía “dar balazos”, pero que no iba a dispararle a Vuelvas porque quería cobrar el adeudo. Repitió tres veces que “policías” le pedían 25 mil pesos por “atender su caso”. Lo temprano de la hora en que se produjo la llamada daba la idea de que Anaya podía estar siendo seguido y monitoreado.
El 2 de octubre, el procurador general de Justicia Militar, general Jesús Gabriel López Benítez, informó al abogado general de la UACM (oficio 4/a A A–3188), que Llop carecía de personalidad militar al haber causado baja “por haber consumado el delito de deserción” y el capitán Martínez había pasado a situación de retiro. Eran personas “completamente ajenas” a la Sedena y las Fuerzas Armadas. En cuanto a la empresa de seguridad privada de Llop y Martínez, comunicó que la Dirección General de Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos no contaba con ningún registro de la misma ni se le había expedido licencia particular alguna. Agregó que las autoridades castrenses carecían de competencia para conocer las conductas y actividades de los dos ex militares, lo que parecía contradecir el dicho del secretario general Cienfuegos, de que ambos seguían bajo la jurisdicción de la Sedena.
El 5 de octubre, a las 20:30, cuando María Diajym Palencia Morales regresaba de la terapia de su hijo menor en la colonia La Joya, en Tlalpan, DF, encontró que a su camioneta le habían dado un “cristalazo” y el autor había sustraído documentos personales y otras pertenencias del interior del vehículo. Según el agente investigador del Ministerio Público, el vehículo había sido “registrado”.
¿Se busca silenciar al CAMeNA?
En síntesis, en el breve lapso que va del 11 de septiembre al 5 de octubre, fue allanada y robada la oficina del rector de la UACM, Hugo Aboites, y tres funcionarias del CAMeNA y la hija de una de ellas acosadas, intimidadas y amenazadas. El quién, el cómo y el cuándo más o menos ha quedado registrado. El problema es saber el por qué. Es decir, qué se busca con esa campaña de intimidación.
Las preguntas acerca del por qué son varias. ¿Es la UACM el motivo de los ataques encubiertos concertados? ¿Se debe a que existe la percepción oficial de que, como dice el columnista del diario El Universal, Ricardo Alemán, en esa casa de estudios se “forman vándalos y anarquistas” que atentan contra las “instituciones del Estado”?
¿Resulta molesta a algún sector del sistema político mexicano la solidaridad manifiesta, de tiempo atrás, del rector Aboites con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la CETEG de Guerrero? ¿Incomoda la solidaridad de la UACM con los normalistas de Ayotzinapa? ¿Era Beatriz Torres el eslabón más débil de un blanco u objetivo de algún servicio de inteligencia, y su reacción y la protección institucional que recibió de la UACM, llevó a los autores de los ataques a cometer otros actos dirigidos a generar miedo, angustia y zozobra en el círculo de trabajo de Torres en el CAMeNA? ¿Es la generación de una conciencia histórica crítica y la búsqueda de la verdad y la justicia por el CAMeNA sobre casos de desaparición forzada y otros crímenes de Estado del pasado y del dramático presente, Ayotzinapa/Iguala incluido, lo que se busca silenciar?
Que el foco de la agresión sean las maestras y administrativas del Centro Académico de la Memoria de Nuestra América (CAMeNA), que rescató el archivo del historiador y cronista argentino universal Gregorio Selser (exiliado en México durante la dictadura militar del general Jorge R. Videla), ¿tiene que ver con la información que reúne el centro sobre temas tales como armamentismo; fuerzas armadas; represión y seguridad interna; servicios de inteligencia; economía criminal; grupos y conflictos armados; agrupaciones y movimientos de ultraderecha; movimientos sociales; derechos humanos; periodismo, comunicación y propaganda; recursos naturales; pensamiento y filosofía política; régimen político y gobierno, y la política de Estados Unidos hacia América Latina?
En los tiempos que corren, y debido al alud de recomendaciones de organismos especializados de la ONU y la OEA a raíz de las documentadas violaciones generalizadas a los derechos humanos (en materia de tortura, ejecuciones sumarias extrajudiciales o arbitrarias y desaparición forzada) por distintas corporaciones armadas de México, ¿el hecho de que al enorme acervo documental de Gregorio Selser y su esposa Marta Ventura se hayan incorporado documentos relacionados con casos de desaparición forzada y prisión política, que fueron donados por las familias Tatter, Díaz Mancilla y Balerini Casal; Nadin Reyes Maldonado; H.I.J.O.S. México y el Comité Cerezo, resulta molesto a algún sector del régimen político mexicano?
¿Es acaso porque el centro da cobijo, también, a toda la documentación original de los dos Consejos de Guerra y los procesos penales civiles seguidos contra el general José Francisco Gallardo Rodríguez? ¿Es desestabilizadora para el Estado mexicano la existencia de documentos seleccionados del archivo de la policía paraguaya, la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos, Fiscalía General del Estado y Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Paraguay, de la época de la dictadura de Alfredo Stroessner , que exhibe el pacto firmado por las dictaduras del Cono Sur, conocido como Operación Cóndor, que estableció un sistema internacional de Terrorismo de Estado con la participación de Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile, Argentina y Uruguay?
¿Resulta subversivo el Fondo El Che Guevara donado por Paco Ignacio Taibo II o la donación de la investigadora universitaria Raquel Gutiérrez que documenta la represión contra las guerrillas en Bolivia?
Finalmente, ¿si Armando Llop es un desertor prófugo de la justicia militar y maneja armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas sin registro y equipo de espionaje electrónico, por qué la Secretaría de la Defensa Nacional no lo detiene? ¿Acaso forma parte de alguna acción encubierta conectada con algún servicio de inteligencia del régimen? ¿Volvió a las andadas, remozado, el viejo PRI de la época de Fernando Gutiérrez Barrios en la Secretaría de Gobernación?

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