15/09/2015/
Carmen Lucía Castaño /
Ginebra, 15 de septiembre.- Siete meses después de que el
Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada expresara que México presenta
un “contexto de desapariciones
generalizadas”, el Grupo de Trabajo sobre el mismo tema lo reiteró hoy
durante la presentación de su informe en Ginebra: “Salvo excepciones, la impunidad prevalece, los hechos no se esclarecen
y las víctimas no reciben una adecuada e integral reparación”, aseguró
Ariel Dulitzky, presidente del Grupo.
El reporte presentado
ante el Consejo de Derechos Humanos, reunido hasta el 2 de octubre para su
trigésima sesión, es un seguimiento a la implementación de las recomendaciones
que el Grupo de Trabajo formuló a México luego de una visita que tuvo lugar en
2011.
En su intervención
frente al Consejo, Dulitzky sentenció: “Los
grandes desafíos detectados durante la visita y plasmados en nuestro informe de
misión aún perduran y de hecho se han agravado”.
Tras recibir la
información que el mismo Estado proporcionó, los cinco expertos que conforman
el Grupo manifestaron su “pesar”
debido a que la mayoría de las recomendaciones “fundamentales para enfrentar los problemas estructurales en materia de
desaparición forzada no han sido plenamente implementadas”.
Las demás constataciones
consignadas en el informe son del mismo tenor: “No existe un diagnóstico nacional sobre el problema de la desaparición
forzada”; en México “no ha habido un
reconocimiento respecto de la dimensión del problema”; “En la mayor parte del
territorio las medidas implementadas son notoriamente insuficientes”; “El Grupo no fue informado de algún tipo de
política pública o programa que brinde apoyo a los familiares”.
Con respecto al papel de
México en las investigaciones sobre las desapariciones forzadas perpetradas
durante el período conocido como “Guerra
Sucia”, el Grupo se refiere a un “abandono”
al tiempo que asegura que “parecería que
en este tema el Estado ha renunciado al cumplimiento de sus obligaciones
internacionales”.
Adicionalmente, el
informe resalta que la falta de reconocimiento de la magnitud del fenómeno en
México “quedó evidenciada con la
desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, en
septiembre de 2014”.
A pesar de los hallazgos
del Grupo, su presidente reiteró al Estado la disponibilidad de los expertos
para brindar su apoyo y cooperación con miras a alcanzar el pleno cumplimiento
de las obligaciones internacionales de México en materia de desaparición
forzada. “Esta realidad puede y debe ser
transformada”, dijo Dulitzky, quien agregó que “el Estado cuenta con una oportunidad histórica de transformar la
situación imperante”.
El Estado, por su parte,
se dirigió al Consejo de Derechos Humanos para expresar que “toma nota” de las conclusiones del
informe, que reconoce “sin ambigüedad”
que deben seguir trabajando para implementar las recomendaciones del Grupo,
lograr eliminar la desaparición forzada, castigar a sus perpetradores y reparar
a las víctimas.
De la misma manera,
México destacó la importancia de la cooperación entre organismos
internacionales y regionales de protección de derechos humanos y puso como
ejemplo su reciente búsqueda de la asistencia técnica de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos con miras a esclarecer la desaparición de
los 43 estudiantes normalistas de Iguala.
El Grupo de Trabajo
sobre Desapariciones Forzadas es un mecanismo de las Naciones Unidas creado en
1980 con el fin de funcionar como un canal de comunicación entre las familias o
asociaciones de víctimas de desaparición forzada y los gobiernos de los Estados
en los que tiene lugar esta violación de los derechos humanos, con el fin de
lograr resolver los casos. A partir de 1992, cuando la Asamblea General de la
ONU adoptó la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las
desapariciones forzadas, el Grupo tiene también la facultad de hacer
seguimiento al progreso de los Estados en el cumplimiento de las disposiciones
del instrumento y de proporcionarles asistencia para su implementación.
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