sábado, 22 de agosto de 2015

Pueblos indígenas de Brasil enfrentan REDD+ mientras luchan por la demarcación de sus tierras

 Colaboración, 20 agosto, 2015
Por Rachel Gepp y Aldo Santiago
Fotos del Consejo Indígena Tapajós-Arapiuns
El Movimiento Indígena del Bajo y Medio Rio Tapajós mantiene una semana intensa en la lucha por la reivindicación de sus derechos. Ante ello y como medida de presión hacia la Fundación Nacional del Indio (Funai, ente gubernamental responsable por la política indígena en Brasil, especialmente en lo que concierne a las demarcaciones de territorios de poblaciones originarias) dos de sus funcionarios que participaban en la Conferencia Regional de Política Indigenista en Santarém, Pará, fueron impedidos de salir del recinto hasta que las demandas indigenistas fueran escuchadas.
Tras cinco largos días de movilizaciones, que comenzaron la mañana del jueves 13 de agosto con la ocupación de la sede del Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) ubicado en Santarém, el movimiento indígena protestó contra el proyecto de venta de carbono en el área, el cual afectaría las aldeas indígenas de la reserva extractivista (RESEX) Tapajós-Arapiuns.
         Según el Instituto Socioambiental de Brasil, la RESEX Tapajós-Arapiuns, creada en 1998 con un área mayor a 647 mil hectáreas con una población de más de 18 mil personas es una de las pocas unidades de “uso sustentable” que mantiene un plan de manejo consolidado que contempla la actuación de comunidades dentro y alrededor de la reserva, desarrollando proyectos de educación ambiental, infraestructura básica y manejo de recursos naturales como la castaña y el açaí. Se destaca que la RESEX Tapajós-Arapiuns ya sufre deforestación intensa en los márgenes de la reserva que atraviesan los ríos Tapajós y Arapiuns por la construcción de la hidroeléctrica Tapajós-Teles Pires la cual pertenece al ambicioso plan del Complejo Hidroeléctrico de Tapajós que pretende imponer siete presas en la cuenca para generar 14,000 megavatios en 2019. La energía de esas nuevas hidroeléctricas tiene por lo menos un objetivo claro: grandes proyectos de explotación de minerales en el estado de Pará, como oro y bauxita, la materia prima del aluminio.
Los pueblos indígenas de la Amazonia protestaron contra el Proyecto Demostrativo de Carbono Florestal publicado el pasado 7 de agosto mediante la ordenanza 262 que decreta la creación de “grupos de trabajo” para acompañar y apoyar la implementación del programa piloto durante dos años, renovable por dos años más, el cual no respeta la posición de los habitantes de la reserva que no aceptan la actuación de grupos de economía verde.
         Según el Instituto Socioambiental de Brasil, la RESEX Tapajós-Arapiuns, creada en 1998 con un área mayor a 647 mil hectáreas con una población de más de 18 mil personas es una de las pocas unidades de “uso sustentable” que mantiene un plan de manejo consolidado que contempla la actuación de comunidades dentro y alrededor de la reserva, desarrollando proyectos de educación ambiental, infraestructura básica y manejo de recursos naturales como la castaña y el açaí. Se destaca que la RESEX Tapajós-Arapiuns ya sufre deforestación intensa en los márgenes de la reserva que atraviesan los ríos Tapajós y Arapiuns por la construcción de la hidroeléctrica Tapajós-Teles Pires la cual pertenece al ambicioso plan del Complejo Hidroeléctrico de Tapajós que pretende imponer siete presas en la cuenca para generar 14,000 megavatios en 2019. La energía de esas nuevas hidroeléctricas tiene por lo menos un objetivo claro: grandes proyectos de explotación de minerales en el estado de Pará, como oro y bauxita, la materia prima del aluminio.
Los pueblos indígenas de la Amazonia protestaron contra el Proyecto Demostrativo de Carbono Florestal publicado el pasado 7 de agosto mediante la ordenanza 262 que decreta la creación de “grupos de trabajo” para acompañar y apoyar la implementación del programa piloto durante dos años, renovable por dos años más, el cual no respeta la posición de los habitantes de la reserva que no aceptan la actuación de grupos de economía verde.
         Considerado como fiel al patrón estándar de los bosques tropicales para la obtención de créditos de carbono, desarrollado con la participación de políticas brasileñas y entes financieros internacionales desde la Rio +20 en 2012, el artículo tercero de la ordenanza publicada este agosto marca el inicio para elaborar una estrategia para replicar la experiencia del proyecto en otras unidades de conservación de Brasil.
Con esa maniobra se concreta la articulación público-privada que involucra al ICMBio, el Fondo Brasileño para la Biodiversidad (FUNBIO), aliada estratégica del sector privado (como lo demuestran los negocios redondos donde maneja más de 526 millones de dólares para el desarrollo de proyectos en casi 300 áreas de conservación en Brasil) quien al mismo tiempo gerencia programas “socioambientales sustentables” como el implementado en Juruti realizado con dinero “donado” por la minera Alcoa, compañía estadounidense que inició en 2011 la operación de un yacimiento de bauxita en el mismo municipio al extremo oeste de Pará y que ya tiene planes de construir una planta de aprovechamiento que va a necesitar bastante electricidad; la compañía brasileña “enfocada en la gestión y conservación de bosques” Biofílica encargada de formalizar los contratos con los propietarios para crear una red de aliados locales que posibilite una gestión “eficaz” de los bosques para la comercialización de múltiples servicios ambientales; y el vasto financiamiento del gigante holandés de la Organización Inter-iglesias para la Cooperación de Desarrollo (ICCO, fundada por iglesias protestantes en la década de los sesentas) quien busca “empoderar comunidades locales para consolidar sus derechos a la tierra” (sic) con la finalidad de activar cadenas de valor mediante pagos de servicios ambientales (actualmente ICCO trabaja con indígenas en Perú, Colombia y Brasil abarcando un área mayor a 5 millones de hectáreas).
       La propuesta se introduce en las políticas de reducción de emisiones por deforestación y degradación: REDD+, donde los mecanismos de control de la degradación ambiental son estimulados por la financiación de la naturaleza y la violación a los derechos territoriales.
Debido a la movilización indígena se consiguió el cancelamiento del proyecto, sin embargo aún existe una extensa lista de reivindicaciones, primordialmente la finalización del proceso de demarcación de las Tierras Indígenas (TI) Sawre Muybu (habitado por el pueblo Munduruku) y la TI de Cobra Grande, territorio de tres pueblos: Arapiun, Tapajo y Jaraki.
De acuerdo con Maria Leusa Munduruku, lideresa del Movimiento Munduruku Ipereg Ayu, del Alto Tapajós, estas acciones buscan agilizar una serie de procesos de demarcación de tierras indígenas en la cuenca del rio Tapajós. “Para nosotros Munduruku es esencial que el gobierno finalmente publique el relatório circunstanciado de la TI Sawre Muybu, tal como la justicia ya ordenó. Los habitantes de la aldea está siendo constantemente amenazado por los madereros ilegales que invadieron nuestra tierra, y el andamiento del proceso es una cuestión urgente de seguridad para nosotros”.
Además de Sawre Muybu, la Funai debe tomar medidas urgentes en relación a los procesos de reconocimiento de otras 19 áreas, explicó el cacique Odair Borari, del bajo Tapajós. De acuerdo con el líder, habitante de la aldea Maró, en Gleba Nova Olinda y quien recibe protección policiaca debido a las amenazas de muerte que ha recibido por parte de madereros que actúan en el área, además del proceso relativo a la propia TI Maró, están en la lista de los manifestantes las tierras de Bragança, Taquara y Marituba de los pueblos Munduruku; TI Cobra Grande de los Arapiuns y Tapajós; TI de los Encantados; la TI de los Borari en Alter do Chão; y la TI Terra Preta de los Munduruku, entre otras.
“Existen procesos que ya fueron publicados pero que están siendo cuestionados, hay tierras para las cuales fueron creados grupos de trabajo pero no hay ningún resulto aún; están las áreas que precisan tener sus relatórios circunstanciados publicados y por ahí va. También estamos exigiendo que se resuelvan problemas de la tierra como la sobreposición de unidades de conservación en tierras indígenas, en fin, estamos viviendo un caos” explica Odair Borari.
       De acuerdo con el cacique, la resolución de las disputas territoriales se torna cada vez más urgente en medida en que crecen las amenazas externas. “En Flona Tapajós, donde están parte de los Munduruku, existe retirada ilegal de madera. En mi área, en Gleba Nova Olinda, enfrentamos la violencia de los empresarios madereros y los proyectos de manejo florestal. Los parientes de la meseta están cercados de soya por todos lados; en la TI Cobra Grande, como el gobierno está demorando para demarcar, la mineradora Alcoa piensa que está en su derecho de entrar y realizar exploración minera”.
Según los indígenas, la exigencia para realizar la liberación de los funcionarios de la Funai depende de que sean publicadas inmediatamente los relatorios circunstanciados de las Tis Sawre Muybu y Cobra Grande. Ellos también exigen una audiencia con el presidente del órgano para que sean esclarecidas y dado encamiñamento a todas las disputas territoriales presentadas, y que sea direccionada una solución para la situación de la salud indígena de la región, una vez que los tratamientos son realizados por el Sistema Único de Salud (SUS) cuando existe vacante Hasta el inicio de la tarde de este martes 18 de agosto, la presidencia de la Funai garantizo la ida de un grupo de indígenas en 10 días a Brasilia pero aún no había respuesta en cuanto a la publicación de los estudios de las dos tierras indígenas.

No hay comentarios: