Agencia SubVersiones
30 julio, 2015
Por José Luis Santillán,
Cristian Leyva y Heriberto Paredes
Después del proceso electoral del 7 de junio de este 2015,
el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno de
Guerrero es ya un hecho. La escalada de violencia continúa creciendo en
diversos municipios del estado como Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Atoyac y
Teloloapan. El gobernador interino, Rogelio Ortega Martínez, ha desplegado el
operativo «Tierra Caliente», donde 12
mil elementos del ejército mexicano están actuando desde Altamirano hasta
Zumpango, además de contar con la presencia de 1,200 gendarmes. Así, por
ejemplo, el fin de semana del 11 y 12 de julio, tan sólo en Acapulco se
registraron 14 ejecuciones, a lo que el alcalde del puerto, Luis Uruñuela Fey
comentó cómodamente: «Hay cosas que no se
pueden evitar».
Los reacomodos políticos,
territoriales y sociales que se están viviendo en la entidad, se viven en
violentas jornadas que dejan ríos de sangre en las calles de varios municipios
en distintas regiones del estado. Sólo por mostrar algunos ejemplos de la
magnitud del terror: en la primera quincena de julio van 10 ejecuciones y
cuatro desapariciones forzadas en el municipio de Iguala. El lunes 13 de julio
en Atoyac de Álvarez, donde ya son varias las ejecuciones post-electorales, la
más reciente es la de Gerardo Barrientos Delgado de 23 años: desconocidos
armados entraron a su taller, atacándolo a balazos a él y a su padre. En el
lugar se encontraron 16 casquillos percutidos calibre 38 súper. El martes 14 de
julio un comando armado ejecutó a una pareja y secuestró también a sus dos
hijas en la comunidad de Totoltepec, municipio de Teloloapan. En la misma
demarcación, un grupo de sicarios en una camioneta se topó de frente con un
convoy de cinco vehículos de policías federales y militares, aunque, después de
la emboscada que derivó en un enfrentamiento, sólo lograron detener a uno de
ellos.
La violencia continúa
rebasando a las autoridades y causando terror en la población, los índices de
ejecuciones son alarmantes, pero no pareciera ser una emergencia nacional. Más
pareciera un reacomodo necesario para recibir al nuevo gobernador electo;
mientras, quienes dejarán el poder temporal, toman lo que pueden y se preparan
para negociar con el próximo gobierno.
Días antes del 7 de
junio –que marcó el futuro político inmediato del estado de Guerrero– un grupo
de periodistas de Subversiones, recorrimos distintas regiones de la entidad
para poder ofrecer un breve mapeo de la política en su faceta criminal y su
influencia gubernamental y social. Lo documentado no deja lugar a dudas, el
terror y la corrupción son las verdaderas políticas sociales que se viven en el
estado. Desde esas fechas ya se advertían muchas de las desgarradoras
realidades que hoy estamos viendo en Guerrero, quienes nos brindaron sus
testimonios y opiniones, adelantaban también los resultados electorales.
Los pertinentes
reacomodos del crimen organizado
Primera quincena de mayo 2015. Guerrero. México. «Guerreros Unidos se divide en tres grupos,
por eso se le denominó como GU, uno lo dirige el Peque Mayor, que se hacen llamar
los Peques, el otro es el Tilo, el Tilo también trae la banda, les dicen los
Tilos y Montoya. El Peque y el Tilo al parecer son hermanos, no estoy muy
seguro, pero hay una relación de familia, entonces juntos se hacen llamar GU,
son los que operan principalmente en esta región y son los que tienen la mayor
fuerza, son los GU. Aquí […] está una
célula muy importante que controla esta parte […], ahí están operando. Y de hecho […] se presume que ellos son los que ejecutaron a los normalistas. En una
comunidad que se llama Cocoyula, ahí está un lugarteniente que le dicen el
Mazacuato, él es el que controla esa parte. Entonces ellos son los Peques, los
que están ahí. Los Peques son los que ejecutaron directamente a los
normalistas, los mismos Peques en su huida llegaron a invadir territorio de Los
Rojos, por eso se puso muy feo Carrizalillo porque por ahí llegaron ellos»
—afirma sin preocupación alguna y con cerveza en mano, una fuente cercana al
grupo criminal Guerreros Unidos (GU).
Con total impunidad revela quiénes –supuestamente– asesinaron a los estudiantes
y dónde están asentados los responsables operando con regularidad, tal
desfachatez es posible gracias al poder que ha adquirido el crimen organizado
en la última década, cuando las cosas en Guerrero comenzaron a manejarse, de
manera definitiva, bajo los códigos del negocio y no del bienestar para el
pueblo.
Como en el resto del
país, el Estado ha transitado de manera pública –y cínica– hacia una etapa
criminal abierta, en donde organizaciones criminales no son entes separados
sino extensiones orgánicas de las instituciones, tentáculos que alcanzan a
llegar a donde los mecanismos tradicionales estatales no llegan. Las facultades
de gobernar y tomar decisiones a niveles nacionales son ya parte de las acciones
que diariamente ejecutan cárteles, ejército, cuerpos de policía, políticos y
funcionarios. En la víspera del proceso electoral en Guerreo, una clara
supremacía de ciertas organizaciones criminales, como Guerreros Unidos o Los
Ardillos, se manifestaba en el asesinato de candidatos y el rumbo de las
campañas; todo esto no sería posible si estas organizaciones no hubieran
crecido de manera desenfrenada, sobre todo, cuando sus negocios superaron lo
relativo al mercado de las drogas y comenzaron a controlar los secuestros, las
extorsiones en todos los niveles imaginables, los robos a casas y autos, la
trata de personas en casi todos los sectores económicos de lugares como Iguala,
Chilapa, Chilpancingo, Tlapa y el puerto de Acapulco.
Basado en el principio
de la soberanía en tiempos de la «necropolítica»,
es el reacomodo constante de los grupos criminales (por supuesto esto incluye a
las instituciones del Estado) el reflejo de la dinámica política en Guerrero y
de esta manera se decide quién llega a los cargos públicos, la forma de
gobernar y cuándo deben de salir. Uno de los ejemplos más acabados de este
comportamiento –y hasta tal vez un modelo a seguir en adelante– lo constituyó
en 2005 la gubernatura de Zeferino Torreblanca, momento en el cual los Zetas que lo acompañan modifican la
estabilidad que el Cártel de los Beltrán Leyva había mantenido.
Por eso un suceso como
las muertes y la desaparición forzada de 43 normalistas ha causado un nuevo
parteaguas en la «necropolítica»
guerrerense y no –como debería suponerse– sólo nuevos proyectos políticos, alternativas
o cualquier actividad en relación al bienestar de la población. No,
presuntamente, se trata del intento del grupo Los Rojos por tomar Iguala
–millonaria plaza– arrebatándosela a Guerreros Unidos pero que tuvo como
consecuencia todo lo desatado a nivel nacional e internacional; o por lo menos
eso es lo que afirma nuestro informante cuando dice que: «Ahora, miren, hay otro dato pero no estoy completamente seguro, no
estoy así seguro, pero cuando los morros salen de Chilpancingo, de aquí hubo
una llamada a Iguala, desde ahí hubo una llamada para Iguala, “¿sabes qué? Van
los Rojos”, así dijeron, “van Los Rojos por ustedes”, entonces estos güeyes de
acá, los compas, piden apoyo a Cocula, “¿saben qué? Jálense porque vienen los
Rojos, nos van a partir la madre”, por eso cuando llegaron ya los estaban
esperando».
Sin dar por cierto lo
que se plantea en este testimonio, lo que sí es una realidad es la fusión que
la clase política y el crimen organizado logran al empatar intereses y formas
de operar, por lo que las dinámicas de comportamiento de partidos políticos,
empresarios, cárteles, cuerpos de seguridad y el ejército, en el pasado proceso
electoral en Guerrero tuvieron la finalidad de recomponer el terreno, limpiarlo
de la basura que estorba y continuar con los lazos con quien convenga para
mantener al estado como el tercer productor de amapola dormidera o maíz bola
–como se le conoce coloquialmente– del mundo, tan sólo un lugar después de
Afganistán y Pakistán, posición que deja alrededor de 30,000 millones de
dólares al llegar al mercado estadounidense.
Un ejemplo significativo
de esta necesidad de reestructuración para asegurar el control total del
estado, es la actuación del PRI a un mes de la contienda electoral. El 9 de
mayo de 2015, un grupo armado compuesto por 300 personas aproximadamente,
ingresa a la ciudad de Chilapa y exige la detención –o ejecución– de Zenén Nava
Sánchez, conocido como «El Chaparro»,
líder local del cártel de Los Rojos,
organización criminal que hasta el día de hoy, pese a los certeros golpes que
le han dado, controla Chilpancingo y sus alrededores, incluyendo Tixtla y
Chilapa, así como Zumpango y Mezcala, por mencionar algunas coordenadas.
Conocido por el respaldo que el PRI otorgó –a través de sus funcionarios y
gobernantes locales–, Los Rojos están
en franca caída libre, luego de que GU
avanzara en el control de la zona y de la alta cantidad de ejecutados que esto
generó; las cosas no pintan bien, por una parte, el grupo contrario, Los Ardillos, aumentaron su base
operativa, que se extiende desde Quechultenango hasta los territorios de las 26
comunidades campesinas que tomaron la cabecera municipal de Chilapa; en segundo
lugar, el candidato del PRI a la alcaldía de dicha cabecera, Ulises Fabián fue
asesinado el pasado 1 de mayo al término de un acto de campaña, constituyéndose
como uno de los golpes más fuertes que se le han dado a Los Rojos en los últimos años.
Lo que deja ver la
ocupación de Chilapa es que no se trata de un grupo de campesinos que luchan
por mejoras en las condiciones de vida o el fin del asedio de la delincuencia
organizada en general; lo que pedían con mayor fervor y de manera agresiva era
la detención del líder local de Los Rojos; con por lo menos 50 años de
existencia en la región, Los Ardillos son una organización criminal que se ha
asentado en las comunidades campesinas, tradicionalmente menospreciadas por los
mestizos chilapenses. Javier Monroy, integrante del Taller de Desarrollo
Comunitario (TADECO), señala con mucha precisión que «el control empieza con la estructura agraria, los comisariados
ejidales y de bienes comunales tienen un papel fundamental, ellos controlan las
asambleas de los campesinos y ellos determinan; la misma estructura que se
generó en los años 50 y 60 tal vez de los 40 con el problema de la madera, con
la explotación de la madera, son las mismas estructuras que les han servido a
estos grupos para aterrizar en las comunidades, y desde allí viene el control».
En esta inesperada
acción de Los Ardillos, fuerzas
estatales, gendarmería y ejército no hicieron sino obedecer de facto lo que les
imponían los civiles armados y simplemente se dedicaron a hacer algunos recorridos
mínimos que no tuvieron sino la finalidad de engañar a la gente. ¿En qué
momento el PRI deja de respaldar a Los
Rojos y decide –jalando todo su apadrinamiento federal– apoyar a quien
puede destruir a su antiguo aliado, en este caso el cártel de Los Ardillos? La respuesta del crimen
organizado es demasiado coincidente con la que da la PGR en su momento: la
respuesta está en la supuesta infiltración que Los Rojos llevan a cabo entre los normalistas para desestabilizar
Iguala y luego tomarla; ese día –según la fuente– comenzó el fin de este
cártel, sin que esta versión nos ayude a saber a ciencia cierta lo ocurrido y
sobre todo, lo más relevante: cuál es el paradero de los normalistas y las
verdaderas razones de este crimen.
Estado y crimen
organizado sostienen, detalles más detalles menos, el mismo discurso. No es
casualidad, es organicidad, se trata de dos caras de la misma moneda.
Según los últimos datos
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2014), uno de los indicadores de la
violencia en el estado, lo constituye la tasa de ejecuciones dolosas: 39.30
personas por cada 100,000 habitantes. La cifra toma como indicadores lo que
acontece en las zonas disputadas, tanto en Chilapa, como en el corredor
Chilpancingo-Acapulco, a través de la carretera federal, donde constantemente
se registran altercados y balaceras. La presencia de dos grupos de policía
ciudadana, la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG)
y el Frente Unido por la Seguridad del Estado de Guerrero (FUSDEG), el segundo
una reciente escisión del primero, no han modificado esta tendencia, al
contrario, la han aumentado.
Sin embargo, donde aparentemente
no hay disputa, la situación es distinta y se refleja en la disminución de la
crueldad de los homicidios. En palabras del reportero gráfico, Francisco
Robles, «las cosas en Acapulco ya están
controladas por un solo cártel, no hay disputa por lo que el nivel de
asesinatos no se altera mucho, pero ya no presenta mensajes de un rival a otro,
ni cuerpos desmembrados, algo pasó que ahora la plaza está controlada por un
solo cartel, el Independiente de Acapulco». Sin embargo, esta aparente
calma puede romperse inesperadamente, sobre todo tomando en cuenta que en marzo
pasado fue detenido Víctor Aguirre Garzón, «El
Gordo», líder de esta organización.
De acuerdo a nuestros
más recientes recorridos por Guerrero, podemos presentar un conteo más preciso
de organizaciones criminales que operan en el estado. De manera sucinta estas
son las organizaciones que identificamos:
Se trata de 5
organizaciones que tienen su origen localmente, tomando en cuenta que en un
inicio eran células de cárteles nacionales, sea el de Sinaloa o el de los
Beltrán Leyva, al interior estos núcleos cuentan con otras bandas que operan en
Guerrero e incluso tienen vínculos con bandas de otros estados colindantes.
Guerreros Unidos encabeza la lista,
conformada por Los Peques, Los Tilos y Los Montoya, hasta ahora controlan buena parte del norte del
estado, aunque otras organizaciones, como Los
Rojos les disputan la hegemonía de su territorio. Mucho de su poderío lo
obtienen de las alianzas con facciones del PRI y del PRD, así como con el 27
Batallón de Infantería del ejército.
En segundo
lugar, Los Rojos, banda ligada
orgánicamente al PRI, en específico por la pertenencia de Mario Moreno Arcos,
presidente municipal de Chilpancingo, Gustavo Alcaraz Abarca, edil de Tixtla y
Francisco Javier García González, aún presidente municipal de Chilapa. El 45
Batallón de Infantería de Chilpancingo es su parte armada visible.
En tercer
lugar están Los Ardillos, vieja
organización que conecta la parte norte de la Montaña con la zona central,
trabajó hasta comienzos de este año con una buena parte del Partido de la
Revolución Democrática (PRD).
Como
mencionamos anteriormente, el Cártel
Independiente de Acapulco, organización apoyada por el ex gobernador Ángel
Aguirre es quien todavía tiene el control del puerto y de la frontera entre la
Costa Grande y la Costa Chica; en esta última está La Barredora quien es
apoyada por un grupo de perredistas cercanos a Aguirre.
Entre las
organizaciones provenientes de otros estados, es preciso mencionar a La Familia Michoacana, con mayor
presencia en la región norte, aunque sin disputar el territorio con GU. Por otro lado, se trata de La Nueva Línea, cártel que surge de las
cenizas de los Caballeros Templarios,
quien tiene presencia en la zona de Tierra Caliente, aunque ya exploran ampliar
su radio de acción. Finalmente, está el cártel Jalisco Nueva Generación quien
se ubica en la Costa Grande.
De la
«narco-política» a la «necro-política»
Aunque sean los partidos políticos los entes señalados como
el punto de contacto con la delincuencia organizada, es necesario puntualizar
que las estrategias y dinámicas no fueron uniformes en los distintos niveles de
la «narcopolítica» mexicana, el
federal, el estatal y el municipal, por mencionar algunos. En momentos se
apreciaron contradicciones aparentes, como por ejemplo, el apoyo de un partido
político a dos cárteles enemigos, mientras que a nivel federal se trate de otra
la lógica, tal vez la de perdurar el negocio más allá de cualquier vestidura o
insignia posible, sin embargo, son los que vestidos de traje o uniforme militar
condecorado pueden establecer con mayor claridad el tablero de operaciones.
Sin titubear siquiera,
en la charla que sostuvimos con la fuente de GU, éste afirmó tajantemente: «Lo
que pasa es que aquí en la región, la banda casi no se preocupa por eso
[por las elecciones], porque, vamos, por
ejemplo, Alejandro está vinculado directo, él ahorita tiene vínculos, si quiere
ahorita viene o da una orden y vienen por ustedes y se los llevan y los
desaparecen. Él tiene desde ahorita los vínculos y algunos cuando ya estén ahí,
y no se preocupan porque ellos controlan el territorio, o que, por ejemplo, tú
te lanzas por el PT o por quien sea y tú no tienes vínculos con ellos, pero ya
llegando te llegan, “sabes qué, el patrón quiere hablar contigo” y llega una
persona y negocia, te ponen al director de Seguridad Pública. En todos los
municipios ellos ponen al director de Seguridad Pública, ellos llegan y te
dicen, “queremos esto y queremos esto y va a haber tranquilidad en tu municipio”
y si no quieres negociar, empiezan las matazones. Y ya cuando dices, “no hay
bronca, le atoro”, entonces tu cedes y ya y la policía está al servicio de
ellos».
Un secuestro y dos
asesinatos, anuncios que se dejaron en la puerta de las elecciones del pasado 7
de junio, fueron la antesala de lo que continuará en Guerrero. Aún después de
las elecciones, el reacomodo de los grupos de la delincuencia organizada
seguirá su curso, al igual que los vínculos de los políticos de diferentes
partidos con el narco y habría que ver si esto coincide con las estrategias
federales o seguirán confrontándose.
El 13 de mayo del 2015,
Silvia Romero Suárez candidata a diputada local por el PRD fue secuestrada
junto con Luis Estephano Cervantes, parte de la dirigencia estatal del mismo
partido; los hechos ocurrieron en la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano
y después de casi 24 horas, fueron encontrados. El 1 de mayo, Ulises Fabián
Quiroz, candidato por el PRI-PVEM para alcalde del municipio de Chilapa, fue
asesinado por un comando armado que de 15 disparos le quitó la vida en la
comunidad de Atzacoaloya. El pasado 11 de marzo se confirmó el asesinato a
manos de un grupo armado, quienes primero la secuestraron y posteriormente
ultimaron, a Aidé Nava González pre candidata a la alcaldía de Ahuacuotzingo,
postulada por el PRD.
Planteamos, en síntesis,
que el Estado no está ausente o ha fallado, como se ha afirmado desde un sector
de las opiniones públicas más recientes. Aceptar esta hipótesis sería asumir
que hubo un Estado eficaz, que cumplía con las demandas, las necesidades y las
expectativas de la sociedad, que por razones casi desconocidas cambió y fue
invadido por una clase política corrupta, la cual, a decir de estos expertos de
escritorio, es la que debe ser expulsada para dar cabida a políticos honestos y
profesionales que hagan cumplir las leyes y el Estado de derecho. Nada de esta
fórmula simplona es lo que pasa en nuestro país.
Definitivamente no
existe un Estado fallido, ausente o ambos, dado que la presencia del
Estado se marca visiblemente en los lugares donde supuestamente deja de cumplir
sus funciones, por ejemplo, en materia de seguridad. O como en el caso de
Chilapa, donde está presente a través de las fuerzas armadas jugando
públicamente el papel de cómplice y protector de una organización criminal como
los Ardillos. Es claro que lo que
sucede en México –y en otros rincones del mundo– es que la fase actual del
capitalismo es cínicamente criminal y por tanto el Estado mexicano cumple a
cabalidad las funciones que le corresponden: despojo, represión,
criminalización de la disidencia y destrucción del medio ambiente. Es decir, es
coherente con su naturaleza.
A esta nueva fase
también le corresponde un cambio en la forma de hacer política, de ahí que
hablemos del paso de una «narcopolítica»
a una «necropolítica», es decir, de
la presencia de la corrupción total al poder de decidir –además–
hegemónicamente sobre la vida y –especialmente– sobre la muerte de las personas
que habitan el país.
En Chilpancingo, el periodista
Erick Chavelas nos cuenta las estrategias de él y sus colegas para sobrevivir
en medio de esta pesadilla y cómo se vivió el proceso electoral en la capital: «En Chilpancingo no se ha visto el trabajo
de los candidatos en las calles. Sólo cuando vienen los candidatos a gobernador
es que se ve todo lo ostentoso que traen, los del PRI y ahora también los del
PRD ostentan poder y en Chilpancingo es cuando se ve toda la estructura que
traen, pero cuando andan solos no se ve, a nivel municipal no se ve, sólo se ve
en los anuncios y en la publicidad en los medios. Hoy están haciendo sus
campañas en las colonias alejadas, igual que paso con las empresas
refresqueras, Sabritas, etc., que están trabajando en las orillas y se alejaron
del centro, Coca-Cola llegó y cerró y armó su esquema de distribución
contratando a particulares. Están haciendo sus campañas en la radio, prensa
escrita y en la televisión, ahí si están parejos todos están metiéndole
durísimo a la televisión».
Y ¿Cuál es el engrasante
que hace posible la faceta criminal del Estado y su «necropolítica»? El aceite es el negocio, la posibilidad de obtener
ganancias cada vez más grandes, entre más dinero sea el resultado de algún
negocio más poder se otorga y entre más poder, más capacidad de obtener dinero.
El círculo vicioso del crimen.
Por ejemplo: un kilo de
heroína en el mercado estadounidense genera alrededor de 4 millones y medio de
pesos, el cual es producido gracias al cultivo de una hectárea de amapola en
varias regiones de Guerrero. En México se pasó en 2005 de 6,900 hectáreas a
12,000 hectáreas de producción y de 8 a 50 toneladas de heroína enviadas a
Estados Unidos. Tomando en cuenta que 70% se produce en Guerrero, podríamos
entender que decenas de miles de personas –toda la clase política y los cuerpos
de seguridad del Estado incluidos– estén dentro del negocio, o quieran estarlo.
La impunidad y el
encubrimiento de lo ocurrido en Iguala el 26 de septiembre de 2014, no serían
posibles sin la coordinación de todos los niveles de gobierno del país, ni del
país vecino del norte. Considerando que México es el tercer productor de
amapola en el mundo, además de acercar la producción a su patio trasero, un
país como el nuestro, con reconocidos niveles de corrupción, también asegura un
tráfico mucho más fluido. Sólo entendiendo niveles locales, estatales,
nacionales e internacionales de la delincuencia organizada podemos comenzar a
comprender por qué en nuestro país y en el estado de Guerrero existe la
impunidad que nos señala la fuente cercana al grupo delictivo Guerreros Unidos,
cuando nos comenta: «Abarca es una
persona que fue uno más realmente, no como lo acusan de ser el principal. Ese
fue uno más de los que tenían vínculo con ellos, por ser presidente municipal,
porque ellos trabajan, mire, la policía municipal está al servicio de ellos, la
policía judicial también, inclusive el ejército le ha atorado con la
organización. Todos».
La militancia,
¿infiltrada?
«Cuando en el 2005
desaparece nuestro compañero Jorge, las organizaciones pintaron su raya, nos
pareció lógico que el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan iba ser nuestro
apoyo y no, nos dejaron solos y nos dieron la espalda, nos aventamos ese
periodo de lucha solos y desde 2007, por esa razón integramos con otras
familias y amigos, el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados,
Desaparecidos y Asesinados de Guerrero, a nosotros nos quedaba claro que las
responsabilidades de eso estaban en el Estado y así lo denunciamos.
Curiosamente eso nos valió una estigmatización, no solamente del Estado mismo,
que nos acusó de provocadores y de estar al servicio de los narcomenudistas,
sino también del movimiento social, de organizaciones que durante mucho tiempo
no se vincularon al fenómeno de la lucha por la presentación de desaparecidos y
asesinatos extrajudiciales». Tal es la dureza de las palabras de Javier Monroy. Al
terminar la entrevista, al local, comienzan a llegar una a una, madres con
hijos desaparecidos, no hay reflectores, no hay consignas, lo que encontramos
son vacíos, historias que no llegan a ningún lado, sin embargo, las mujeres
congregadas ahí, afirman de inmediato que la situación de los 43 de Ayotzinapa
es algo que debe pelearse hasta conseguirse, se refieren a la presentación con
vida. Ellas hacen los mismo con sus esposos, hermanos, hijos, suegros y ahora,
pese a todo, brindan apoyo a quien como ellas tienen un desaparecido.
Quizás no viajaron a
Europa para denunciar su caso, ni miles de personas los acompañaron en largas
marchas por todo el país. Pero día con día dignifican a sus desaparecidos y no
cejan en su labor de búsqueda que han instrumentado en organización; su
panorama es claro y su experiencia basta, siempre dispuestos a solidarizarse y
compartir con otros y otras; por ejemplo, la lucha zapatista, que al fondo del
lugar se escucha en forma de seminario desde San Cristóbal de las Casas y
comentan, «lo estamos descargando, para
compartirlo con los demás compas».
Nos trasladamos a la
Costa Chica, ahí, el comandante Ernesto Gallardo Grande, del Sistema de
Seguridad y Justicia Ciudadana (SSyJC) de la UPOEG nos comenta, siempre
mirándonos directo a los ojos: «Cuando
entramos al Ocotito, allí tocamos más intereses y allí se nos empieza a
infiltrar gente del crimen, en Tierra Colorada igual, por allí compañeros de
nosotros se empezaron a prestar a cosas que no deben de ser, empezamos a
investigar y después de dos semanas descubrimos que quienes estaban vendiendo
droga era gente de nosotros mismos, la consejera municipal y su marido como
comandante, lo cual lo tuvimos que detener, exponerlo a la población; lo
detuvimos con sesenta y ocho bolsitas de cocaína y aparte unos puños que
aventaron a la taza del baño, se destruyeron varios laboratorios en Ocotito y
allí igual, reconozco que se nos fue infiltrando gente, se infiltró el cártel
Nueva Generación con un tal Ignacio Policarpio, con el cual los del Frente
Unido por la Seguridad y Desarrollo Social de Guerrero (FUSDEG) hicieron buenas alianzas, ellos hicieron
unas ejecuciones y tenemos pruebas de video, donde ellos mismos se grabaron y
los recogimos cuando entra nuestra gente aquí de la costa y a mí me intentan
matar los de Tierra Colorada, en coordinación con la presidenta municipal,
entonces hicieron ese acuerdo y fue allí cuando nuestra gente le quita el
teléfono a un comandante llamado Maximino, de su bando de ellos y el temor de
ellos. Fue cuando jitomatearon a Bruno [Plácido], porque él tenía que informar de lo que estaba pasando. Boicotean la
información para que no se dé la reunión, cuando se da el enfrentamiento de San
Juan del Reparo íbamos porque estábamos invitados a los dos años que cumplía de
muerto nuestro comandante Quiñones y su temor de ellos es que les presentemos
la evidencia».
Los enfrentamientos que
se han originado entre miembros de distintos grupos de autodefensas y policías
comunitarias lamentablemente han sido el tema de muchas discusiones, desde el
23 de febrero de 2013, cuando en San Luis Acatlán, se da la primera división de
la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria
(CRAC-PC). Después de 15 años de trabajo desligado del gobierno del estado, en
un breve periodo, la CRAC-PC, gracias al entonces coordinador Pablo Guzmán y su
operador Valentín Hernández Chapa, la comunitaria es credencializada por el
ejército mexicano y a partir de ese momento, se crean por lo menos 7 Casas de
Justicia (sin asambleas regionales, sin que las comunidades decidan, sin que el
reglamento de la institución indígena se cumpla), se dan enfrentamientos entre
grupos de comunitarios –con resultados fatídicos– comienzan a caer presos
políticos de diferentes regiones donde la CRAC-PC credencializada tiene
presencia, por ejemplo, Néstora Salgado, Gonzalo Molina y Arturo Campos. Es el
inicio de la fragmentación y hoy en día es el gobierno estatal interino, el que
legitima a algunas de esas «sucursales»,
precisamente a través de su principal divisor, el ahora asesor de gobierno:
Pablo Guzmán.
El caso reciente de
enfrentamientos –y más de 20 muertos– entre el FUSDEG y la UPOEG, justo en el
corredor Acapulco–Chilpancingo, es sin duda intrigante, al conducir por el
corredor, encontramos retenes de cada uno, en cortas distancias y nos
preguntamos ¿Qué tiene el Valle del Ocotito, que ha generado estas disputas?
¿Qué vale más que las vidas de los hombres que riegan estos caminos?
Existe un caso muy
complejo que ningún medio de comunicación se ha atrevido a investigar y
documentar: es el de los 6 desaparecidos, 5 asesinados, múltiples extorsiones y
violaciones en la comunidad de Tierra Colorada, municipio de Malinaltepec, en
la Montaña. Debido a la gravedad de la situación y la indiferencia total de
cualquier institución gubernamental, el SSyJC y la CRAC de Pueblos Fundadores
intervinieron; el comandante Ernesto, también habla acerca de cómo sigue el
caso actualmente:
Se siguen descubriendo
cosas allí, llegamos porque hay seis desaparecidos, llegamos a reforzar a la
CRAC de Pueblos Fundadores, de la casa matriz Santa Cruz el Rincón, en el cual
nos pidieron el apoyo y tuvimos que ir. Entramos con gente del municipio de
Tecoanapa y principalmente con gente del pueblo de Buenavista, fuimos y,
efectivamente, se hizo la detención inmediata de 16 personas, algunos se les
recogió R-15, a otro, el mero jefe Alejandro, que ese tiró dos veces en contra
de nosotros, de nuestros elementos, con AK-47 y tuvo que abatirse a este último
porque no se rindió. En ese operativo se descubre que ellos se hacían pasar por
un grupo guerrillero aunque aparentemente se metieron a esa camiseta para hacer
sus fechorías porque un verdadero guerrillero no reprime a su pueblo, un
verdadero guerrillero ama y defiende a su pueblo y ese hombre pues también hay
que respetarlo, pero al que se mete a la guerrilla para someter a su pueblo eso
no tiene perdón. Como lo hacía este amigo, balaceó casas, hay casa balaceadas,
carros balaceados, mató mucha gente inocente pero también allí el mismo pueblo
de Colorada tuvo un error. En que ese tecolote, yo siempre he dicho: crea
tecolotes y te sacarán los ojos. Ellos al desespero que tenían entre el pleito
con Tilapa, entrenaron gente, cuando se acabó el pleito, pues este ya no tuvo a
quien pelear y empezó a reprimir a la misma ciudadanía allí, directamente se
fue encontrar de los familia Oropeza, la cual cuando nos piden nuestra
intervención, llegamos sitiar el pueblo entre las dos organizaciones, CRAC y el
SSYJC, llevando el mando el Sistema y pues tuvimos ese resultado. El grupo
guerrillero hasta donde hemos investigado, sí lo reclutaron, sí pertenecía al
grupo, pero cuando ya ven que las cosas andaba haciendo mal, lo que dijeron
pues de que lo sacaron y que no se hacían responsables de nada de ellos, de
ninguno de ellos y es por eso que nosotros entramos y tuvimos que combatirlos.
Las investigaciones
siguen y en este mismo sentido también decidimos continuar la búsqueda, en su
momento presentaremos un trabajo puntual al respecto.
Francisco Robles, sigue
platicándonos sobre su trabajo periodístico en Acapulco y al mostrarnos sus
fotos, se detiene y nos relata el episodio del desalojo de los maestros en el
boulevard de las Naciones, en este puerto, el día 24 de febrero de 2015, en
donde mantenían un bloqueo integrantes y simpatizantes de la Coordinadora
Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG). «¿Dónde quedó el chofer del autobús que
impactó a los federales? Después de un rato aparece en una de las ambulancias
siendo atendido por los mismos federales, ¡hasta con una botella de agua en las
manos! ¿No se supone que si él fue quien los embistió, tendría que estar siendo
sometido por los federales, igual que a los profesores y profesoras que estaban
en el lugar, como el profesor Claudio Castillo Peña, que falleció por la
madrugada a causa de los golpes que le propiciaron los federales?». Robles
nos comenta que la decisión del chofer de la CETEG que conducía un autobús, de
impactar a algunos uniformados, desató la represión furtiva y brutal hacia los
manifestantes, algunos de los daños fueron, un maestro asesinado, varios
maestros heridos y maestras agredidas sexualmente.
La CETEG contaba con una
gran masa política y social en Guerrero, ha demostrado esa fuerza con sus
movilizaciones y actos radicales, lo cual los distingue de otros frentes. Se
trata quizás de la única organización civil, que podría tener la capacidad de
poner en jaque al gobierno guerrerense. Sin embargo, desde noviembre de 2014,
comenzaron a agudizarse las confrontaciones internas que llevaron a cinco de
las ocho regiones a desconocer al secretario general Ramos Reyes en febrero de
2015. El bloque integrado está por las regiones Centro, Acapulco, Norte, Tierra
Caliente y Costa Grande, donde Antonia Morales Vélez, secretaria general de la
comisión 3, ha sido la figura clave en dicha confrontación.
Esta división surge a
partir de la liberación de vehículos oficiales estatales y federales y la
reapertura de las delegaciones regionales de la Secretaria de Educación del
estado de Guerrero (SEG). Anunciado esto por el secretario general, fue tomado
como acto de traición. Por otro lado quienes hicieron el acto en Acapulco son
parte del grupo que respalda a la profesora Antonia Morales. Dentro de este
juego de acciones, todo parece indicar que son elementos de una serie de hechos
planeados para posicionar a un bloque. Al final los dirigentes tendrán que
negociar con el Estado el capital político que conservaban y tejer pactos que
por un lado no beneficiaron totalmente a la base magisterial de dicha
organización y por el otro, surgen ciertas preguntas: ¿Quién se beneficia con
esta división en la CETEG? y aún mas intrigante, ¿Por qué no trascendió a
niveles nacionales e internacionales el asesinato del maestro Claudio Castillo
Peña, en el mismo estado y a unos cuantos kilómetros de donde se representa el
dolor de los 43? Retomando las palabras de Javier Monroy, pareciera que se les
da la espalda a ciertas organizaciones.
Más de dos horas duró la
entrevista a la fuente cercana al grupo delictivo GU, quien además de revelarnos información sobre los vínculos de la
narcopolítica y de las fuertes declaraciones en el tema que ha conmocionado al
país y al mundo –los 43 normalistas desaparecidos– también asegura tener más
información de otros movimientos sociales y nos da una muestra de ello: «Sí te das cuenta, en una ocasión, no sé, a
lo mejor no se dieron cuenta ustedes, en una ocasión el líder de la UPOEG había
ido por Quechultenango, territorio de Ardillos y ahí lo agarraron al güey,
¿dime por qué lo soltaron? Lo soltaron los güeyes; bueno, si tú eres un líder
chingón, y nosotros, supongamos, que no nos gusta, te vamos a bajar porque te
vamos a bajar, en la primera oportunidad se te quiebra y ese cabrón se tenía y
¿por qué lo soltaron? Porque el pinche gobierno intervino: “¿saben qué?
Suéltenlo, este güey es de este lado, jala con nosotros, es de la banda”, por
eso lo soltaron, así opera, desgraciadamente, todo. Si no ya lo hubieran matado
al pinche Bruno Plácido, porque es al que agarraron allá».
«Aquí también, en los filtros, agarraron al de Tlachinollan,
rumbo a Taxco, porque ahí se habían agarrado a unos güeyes, allá por el rumbo
de Taxco, ahí los habían agarrado en una ocasión, al director, lo agarraron
unos güeyes, pero no hubo problema porque de inmediato llamó el mero picudo».
Sin lugar a dudas,
quienes podrían ofrecer una posibilidad de transformación radical en el estado
de cosas de Guerrero, deberían de ser quienes integran el movimiento social. Lo
que significaría, voltear todo de cabeza, es decir buscar la vida, en vez de la
muerte, el futuro en vez de la destrucción, sí, aunque quizás lograrlo
signifique armarse también, para nacer cientos de rebeldías, en vez de buscar
decenas de mártires. Más allá de si nuestra fuente consultada dice o no la
verdad, queremos preguntarnos y preguntarles. ¿Y si en quienes confiamos, no
buscan en realidad un cambio radical, es decir, la vida por encima de la
muerte? Entonces, quizás, deberíamos de dejar la comodidad de escondernos
detrás de nuestros miedos y darnos cuenta, que nadie más, podrá decidir por
nosotros el futuro que tenemos que construir. Muchas cosas nos ha removido el
viaje a lo más duro y complejo de Guerrero, nuestro deber moral es presentar el
resultado de ese trabajo, sin mentir y sin acomodar la información a
conveniencia. No ha sido fácil para este equipo como no ha sido fácil para
nadie, padecer, sobrevivir y entender, un lugar tan codiciado y tan golpeado
por la violencia. Aquí tan sólo algunos apuntes.
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