Agencia SubVersiones
3 agosto, 2015
Texto: Romeo LopCam.
Entrevista en video:
Jerónimo Díaz y Regina López.
Con imágenes de: Cráter
Invertido y Recuperando el paraíso.
Este 19 de julio la comunidad nahua de Santa María Ostula
fue objeto de una agresión por parte del Estado mexicano. Semeí Verdía Zepeda,
comandante de su policía comunitaria, fue detenido y llevado al penal de
Nayarit bajo cargos tan absurdos que tuvieron que ser rechazados por el juez
asignado al caso, quien a los pocos días le otorgó su libertad. No obstante, la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Michoacán giró dos nuevas
órdenes de aprehensión en su contra por robo y homicidio calificado, con el
objetivo de mantenerlo tras las rejas.
Durante ese mismo día,
mientras la comunidad instalaba retenes para impedir que otras de sus
autoridades tradicionales fueran detenidas; el ejército, la marina y la policía
federal implementaron un desorbitado operativo enfocado a intimidarlos,
resultando heridas de bala cuatro personas y asesinado el niño Hedilberto Reyes
García de 12 años. Y a pesar de que distintas dependencias como la Secretaría
de Gobernación (Segob) o la PGJE han negado que la bala que lo mató salió de
las armas de las corporaciones ya mencionadas, los pobladores lo tienen claro:
a Hedilberto lo mató el Estado en su afán de controlarlos.
No le será fácil sin
embargo. La comunidad de Santa María Ostula tiene una larga historia de lucha y
resistencia que data prácticamente desde su fundación, en el año de 1531, como
consecuencia de las migraciones de la población indígena que se suscitaron
luego de la llegada de los españoles a la región. Desde entonces, han sabido
sortear múltiples obstáculos que a su camino han arrojado distintos gobiernos
—desde el virreinal hasta los del México moderno—, manteniendo la integridad de
su territorio, su cultura y su identidad.
Santa María Ostula:
una lucha y resistencia centenarias
Agencia SubVersiones
Publicado el 03/08/2015
Agustín Vera Ramírez y Ezequiel Celestino
Grajeda, Jefe de tenencia y Presidente del concejo de vigilancia de Santa María
Ostula respectivamente, nos hablan de la estrecha relación entre la comunidad y
el territorio dentro de su historia y su cultura como pueblo nahua.
Esto ha sido documentado
por el historiador John Gledhill, quien en su libro Cultura y Desafío en Ostula: Cuatro Siglos de Autonomía Indígena en la
Costa-Sierra Nahua de Michoacán, menciona varios hechos notables, como por
ejemplo éste antecedente remoto de las actuales policías comunitarias:
En 1786 las comunidades
indígenas de Coire, Maquilí, Ostula y Pómaro recibieron la autorización para
formar milicias de arqueros para guardar la costa del ataque de piratas. Esto
ayudó a incrementar el grado de autonomía que tenían las comunidades con
respecto a sus asuntos cívicos y religiosos (aunque tenían no obstante que
seguir pagando tributos al régimen colonial español). En 1778 el párroco de
Ixtlahuacán se refirió a como el hecho de que los indígenas estuvieran armados
con arcos y flechas era una fuente de preocupación constante para los párrocos
locales.
Por su parte, la
historiadora Raquel Güereca menciona en su tesis de maestría Las milicias de indios flecheros en la Nueva
España, siglos XVI-XVIII, que la gente de los pueblos de la zona fungían
como vigías por lo menos desde 1750, siendo las autorizaciones recibidas la
confirmación oficial de un hecho consumado, antes que un mandato expreso de las
autoridades del virreinato.
Si bien la gente de la
comunidad de aquéllas épocas no tenía problema en reconocer que pertenecían a
una entidad mayor llamada Nueva España, lo hacía en sus propios términos, es
decir, como parte de una negociación que implicaba un intercambio de servicios
por exenciones y el reconocimiento de ciertos derechos. Cuando el pacto con la
corona española se rompía, la rebelión era una opción. Por ello no es extraño
que hacia 1810, milicias de Ostula, Maquilí e Ixtlahuacán se sumaran a las
filas de criollos y mestizos de Coahuayana para luchar por la independencia.
Dado lo anterior,
resulta tristemente paradójico que los mayores embates en su contra se hayan
dado durante los gobiernos del México independiente, como parte de procesos de
adopción y consolidación del capitalismo en los que el territorio de las
comunidades se ve como una veta de recursos a explotar, mientras que su cultura
es calificada como un «resabio del
pasado». Iniciativas como la Ley y Reglamento sobre Reparto de Bienes
Comunales de Michoacán promulgada en 1851, o la Ley Lerdo de 1856 que decretaba
la desamortización de toda propiedad corporativa, marcaron el pistoletazo de
salida para los intentos de despojo que continúan hasta la actualidad.
La caza de territorios a
expensas de las comunidades indígenas por parte de rancheros criollos y
mestizos, logró desarticular a muchas de éstas durante los siglos XIX y XX. En
contraste. Otras como Santa María Ostula pudieron sortear los ataques empleando
diversas estrategias, algunas tan drásticas como por ejemplo prohibir la
celebración de matrimonios entre indígenas y mestizos, hacia principios del
siglo pasado. Cuenta el historiador François Chevalier que si bien durante su
visita a la comunidad en 1948 fue tratado con mucha cortesía, se le notificó
que existía una ley que decía que ningún forastero podía permanecer en ella más
de dos días.
Por supuesto, dichas
estrategias también han incluido buscar amparo legal. Es en 1952 que sus
autoridades tradicionales hacen la petición de Certificación del Título de
Propiedad Comunal al Departamento Agrario del gobierno federal, siendo hasta
1964 —durante la administración de Adolfo López Mateos— que se emite el decreto
presidencial que les otorga el derecho de posesión sobre 19,032 hectáreas. Y
aunque en aquél entonces los pobladores mostraron su desacuerdo con los lindes
establecidos, en décadas posteriores no han dudado en invocar dicho documento
para defender su territorio.
La batalla más reciente
que ha dado la comunidad en este sentido tuvo su punto de inflexión en 2009,
cuando los indígenas organizados pudieron recuperar alrededor de 1200 hectáreas
de tierra —fundando el pueblo de Xayakalan—, que les habían sido paulatinamente
arrebatadas por «pequeños propietarios» provenientes del estado de Colima y
zonas aledañas, mismos que a la larga demostrarían estar aliados con el cártel
de Los Caballeros Templarios, el cual
les asesinó a 32 comuneros y les desapareció a otros seis, entre los 2011 y
2014. Todo ello ante la desidia de los gobiernos estatal y federal.
José
Trinidad de la Cruz, comunero que impulsó la recuperación de tierras en 2009.
Torturado y asesinado en 2011.
Fotografía:
Regina López
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Varios más fueron
desplazados de su comunidad por medio de atentados y amenazas. Sin embargo,
algunos regresaron en 2014 como parte de la avanzada del movimiento de las
autodefensas, que cansado de las extorsiones y los asesinatos, buscó limpiar
Michoacán de criminales con resultados desiguales en las distintas regiones en
donde tuvo lugar. Semeí Verdía Zepeda es uno de ellos. En cuanto regresó a
Santa María Ostula, éste indígena nahua buscó y obtuvo el respaldo de la
asamblea del pueblo, siendo designado no sólo comandante de su Policía
Comunitaria, sino también Coordinador Regional de las Autodefensas y Policías
Comunitarias de la Región Costa-Sierra.
Que el Estado mexicano
quiera mantenerlo preso no es extraño, pero se equivoca en su pretensión de
querer desarticular a este movimiento por la autonomía indígena quitando de en
medio a uno de sus líderes. Porque si bien éstos juegan un papel importante, la
fortaleza de Santa María Ostula no viene de ellos, sino de su historia, su
cultura y su identidad como comunidad. Y eso es algo que no se puede poner tras
las rejas. Sus pobladores sobrevivirán como lo han hecho durante los últimos
484 años, no nos cabe la menor duda. Ahora bien, depende de nosotros ser
solidarios y acercarnos a ellos para que su sacrificio y el costo en vidas, no
se incremente todavía más.
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