16 mayo, 2015
Fuente: Colectivo Radio
Zapatista
Publicado en: Audio, Chiapas, Radio Zapatista
Víctor Hugo López, director del
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, en entrevista con Radio
Zapatista, nos hace un recuento sobre la situación de desplazamiento forzado en
Chiapas.
Para nosotros es importante recordar los orígenes
inmediatos de los cuales tenemos registro documental. A partir del
levantamiento armado del EZLN en 1994, el Ejército Mexicano tomó el acuse de la
declaración de guerra del Ejército Zapatista y comenzó a operar estrategias
contrainsurgentes para poder detener el avance y la simpatía que estaba
generando el movimiento zapatista. Es muy importante recordar que, a lo largo
de estos 21 años, el EZLN ha promovido iniciativas políticas, civiles y
pacíficas para poder resolver las demandas que se plantearon el 1 de enero del
94. El Ejército Mexicano tiene claridad de que estas demandas tienen un fondo y
una razón y una causa válida, legal y legítima que tiene bastante simpatía y
que permea en la sociedad chiapaneca y mexicana.
A partir del 94, distintos documentos del Ejército
Mexicano —el más conocido es el Plan de Campaña Chiapas 94 y, posteriormente,
el Plan Chiapas 2000— tuvieron por objeto delinear las estrategias que el
Ejército Mexicano operaría para detener el avance de la simpatía del Ejército
Zapatista y de la insurrección civil. Parte de estos planes era la creación de
grupos civiles armados y la creación de grupos paramilitares, esta estrategia
de quitarle el agua al pez, de quitarle respaldo social y comunitario, de crear
muros de contención para que la rebeldía y la resistencia no saliera, inclusive
ellos decían, fuera del estado de Chiapas, tuvo por objeto implementar de
manera dura y de manera contundente estrategias violentas, de ocupación
militar, de confrontación paramilitar, sobre todo en la zona norte y Altos de
Chiapas. En este sentido, uno de los efectos de esa guerra contrainsurgente ha
sido el desplazamiento forzado interno.
[Testimonios de desplazados del Ejido Puebla y del ejido Aurora
Ermita.]
El Frayba ha documentado tan sólo en la época del 94 al
año 2000, por poner una primera etapa en la guerra dura, en la zona Altos de
Chiapas, más de tres mil personas desplazadas forzadamente de sus comunidades
que vivieron situaciones de riesgo a su vida y a su integridad, y eventos
inclusive tan fuertes y dolorosos, crímenes de lesa humanidad, como la masacre
de Acteal en 1997.
Este tipo de eventos en la zona Altos de Chiapas
dio como resultado que muchísimas comunidades salieran de sus pueblos y se
concentraran en campamentos improvisados. Uno de éstos, hay que recordarlo, es
la hoy comunidad de Pohló, que se constituyó como un campamento de personas
desplazadas forzadamente, el campamento de Acteal o de Los Naranjos, y muchas
otras comunidades que sirvieron para recibir a toda esa gente que estaba
saliendo de las comunidades. En la zona norte de Chiapas tenemos registradas
más de seis mil personas desplazadas forzadamente también por todo el clima de
violencia generalizada que se generó a través de la operación de grupos
paramilitares. Uno de ellos, y de los cuales tenemos documentación bastante
probada, es el grupo paramilitar Paz y Justicia. Tenemos, inclusive, un
registro de más de 130 casos de entre ejecuciones y desaparición forzada, caos
que hemos hoy nosotros transmitido a la Comisión Interamericana (de Derechos
Humanos, CIDH) en donde estamos señalando la participación directa del
Ejército Mexicano en la creación y operación de estas estrategias de guerra.
Entonces esta etapa del 94 al año 2000 nos ha
dejado, por lo menos, tenemos documentación de ello, alrededor de diez mil
personas desplazadas por el conflicto armado interno. Se han creado situaciones
de violencia. Se ha permitido que grupos civiles armados ataquen y confronten a
las comunidades que han demostrado su simpatía o que, simplemente, se han
negado a colaborar justo con la estrategia de guerra implementada desde el
Estado mexicano. Esto visiblemente ocurrió en Acteal. Acteal que es una
comunidad pacifista, una organización civil que ha decidido no involucrarse con
el EZLN o con sus bases de apoyo, por negarse a cooperar con los grupos civiles
armados, fue castigada de esta manera contundente.
[Testimonios de sobrevivientes de la masacre de Acteal.]
Esta es una etapa de desplazamiento forzado que hemos
registrado en el Frayba en esa etapa de manera. Sin embargo, el tema de
desplazamiento forzado en Chiapas no se ha quedado en la historia o en la
memoria. Para nosotros, el tema de la estrategia contrainsurgente que es el
hilo conductor de varios de los desplazamientos que tenemos registrados y
documentados, ha pervivido a lo largo del tiempo. Después de veintiún años de
insurrección zapatista, sabemos que los planes contrainsurgentes se han
perfeccionado. Ahora no es directamente el Ejército Mexicano entregando despensas,
no es directamente la policía estatal cercando comunidades o resguardando a los
líderes paramilitares. Ahora son otro tipo de estrategias que van desde
garantizar impunidad a todos aquellos que han participado en estrategias de
guerra, como la masacre de Acteal, desde el orden legal ordenado, por ejemplo,
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta la creación o la
alimentación de ese tipo de grupos que confrontan a comunidades autónomas, a
comunidades en resistencia, que son alimentados a través de programas sociales
de desarrollo.
[Enrique Peña Nieto anuncia la Cruzada Nacional contra el Hambre.]
Para nosotros, hoy en día, uno de los programas que
alimenta ese tipo de enconos y de polarización en las comunidades, es la
Cruzada Nacional contra el Hambre. Los comités promotores que operan en Chiapas
y en todo México, lejos de proveer condiciones de desarrollo, de
sustentabilidad para las comunidades, lo que están haciendo es generar
dependencia, cooptación de comunidades enteras y una fidelidad al partido en
turno, al grupo en el poder en turno para evitar que se movilicen, se organicen
y gestionen sus propios territorios.
En la etapa siguiente del año 2000 a la fecha,
2015, podríamos decir que el Frayba ha documentado más de veinte eventos de
desplazamiento forzado de distintas características, unas directamente
relacionadas con el conflicto armado interno, comunidades autónomas o
comunidades en resistencia como Comandante Abel, las comunidades asentadas en
la zona de Montes Azules, San Marcos Avilés, visiblemente Viejo Velasco, que
han sido desplazadas con la participación tanto de comuneros de la zona pero
aliados con la policía estatal, con la policía ministerial, con personal del
Ejército Mexicano, con personal de la Armada, operativos conjuntos que han
tenido por objeto desplazarles de sus comunidades, despojar el territorio, para
después dejarlo a la libre inversión y a la libre ocupación con fines
militares, con fines económicos, con fines de inversión.
[Testimonio de familiares de víctimas y sobrevivientes de la masacre de
Viejo Velasco.]
Otro tipo de desplazamiento que hemos registrado es el
desplazamiento de carácter agrario. Aquellas comunidades que han tenido
conflictos por dirimir sus límites territoriales, el tema de la posesión o no
de la tierra, el tema de la inversión o no, el permiso para que inviertan o no
compañías extranjeras. Esto ha ocasionado en algunas comunidades diferencias en
torno al uso y la propiedad de la tierra comunal o ejidal y ha generado
desplazamiento de una parte de las comunidades. Lo que nosotros vemos en ese
tipo de casos es que el problema no es únicamente comunitario, religioso, de liderazgos,
sino que tiene que ver directamente con la actuación u omisión de las
autoridades estatales y federales para que se generen este tipo de conflictos
que van escalando en términos de violencia, que van polarizándose cada vez más,
que pueden iniciar por un detalle mínimo, pero que se dejan crecer. Y el objeto
final es que una parte de la comunidad, generalmente la que tiene fidelidad y
acuerdo con las autoridades oficiales, termine desplazando a quienes no están
de acuerdo.
[Testimonio de desplazada del poblado Primero de Agosto.]
Para nosotros, el fondo del asunto es qué intereses están
en juego sobre ese territorio, y por hacer un ejercicio práctico que da muchas
luces de cuáles son los intereses de fondo es, si tomamos en cuenta el mapa de
inversiones de la Secretaría de Economía para ubicar cuáles son los puntos que
ha concesionado para exploración y otros ya para explotación de recursos
naturales, de recursos minerales, nos vamos a encontrar con que tenemos un mapa
de Chiapas, en este caso, plagado de puntos que han sido concesionados y
tenemos, por otro lado, el mapa de conflictividad abierta o latente que, cuando
los cruzamos, hacen perfecto juego. Nosotros lo que hemos visto y lo que hemos
registrado en esas comunidades es que mucha de la gente que vive en esos puntos
de conflicto no tiene ni idea de que su territorio ha sido ya concesionado para
la exploración y explotación mineral. Es el caso, por ejemplo, de comunidades
como Venustiano Carranza, municipio de Venustiano Carranza, en donde la lucha
por la tierra ha sido de décadas, los conflictos entre organizaciones, ent re
comunidades, entre personas pareciera que fueran como la tónica del asunto. Sin
embargo, lo que nosotros vemos es que el estado, de manera hábil, confronta
ambas partes, y el objeto es poder desplazar y poder despojar a la gente que
ocupa esos territorios.
Pensamos que hoy, a la luz de las reformas
estructurales recientemente aprobadas, la reforma energética básicamente, se
tiene, por parte del estado mexicano, una urgencia por despojar y desplazar a
las comunidades que aún sostienen su medio de producción por excelencia. El
medio de producción por excelencia y el modo donde se asienta una comunidad, en
donde se asienta un proyecto de vida, es el territorio en sí mismo. Y justo es
por ello que el territorio en las dimensiones quizás del 94, el EZLN hace una
recuperación de tierras porque sabe que ésta es la base en donde se consolida
un proyecto de nación. Y el estado mexicano sabe también, hoy en día, que si
este proyecto de nación tiene por sí este medio de producción, las comunidades
o los proyectos económicos que se han empeñado tendrán dificultades de operar.
Para nosotros en el Frayba, entonces, el tema de desplazamiento forzado interno
no es un asunto únicamente que tenga que ver entre el desacuerdo de dos o más
partes en una comunidad. Tiene que ver con un tema más complejo sobre cuáles
son los intereses comerciales, los intereses de explotación que se tienen, los
intereses que tiene el estado mexicano comprometidos con las empresas
trasnacionales, y éstos de la mano con una estrategia de seguridad nacional.
No podemos olvidar hoy en día que, en México, todo
aquél, toda aquella persona que se oponga a un proyecto de desarrollo
institucional diseñado desde el estado, ha sido criminalizado. Tenemos hoy en
día, en las cárceles de México, a nuestros compañeros yaquis aún presos dentro
de la cárcel por denunciar el tema del acueducto o la explotación y el saqueo
de sus aguas. Tenemos a nuestros compañeros de Guerrero, a Suástegui, que está
aún preso por oponerse a la presa de La Parota. Tenemos a los compañeros de
Ostula que han sido asesinados, que continúan siendo hostigados por el tema de
la defensa comunitaria de su territorio. Y así podríamos hacer una larga lista
en Oaxaca, en Michoacán, de territorios que han sido golpeados y amenazados por
estar defendiendo su territorio.
Entonces para nosotros el tema de desplazamiento
forzado tiene que ver con las estrategias de inversión y con las estrategias de
seguridad, pero desde un punto de vista contrainsurgente. Pensamos que, hoy en
día, sabe el estado mexicano que no únicamente se confronta o se enfrenta al
legado del EZLN en Chiapas. Hoy en día, en México vivimos -decía por ahí
Gustavo Esteva— una insurrección generalizada. Hay brotes de insurrección en
todo el país, de movilización, de resistencia, de poblaciones enteras asumiendo
el rumbo de su destino en sus propias manos y eso le preocupa enormemente al
estado mexicano. No lo va a permitir. Pensamos que por eso está de fondo la
estrategia militar, la estrategia paramilitar y la estrategia de criminalizar y
judicializar a todo aquél que se oponga.
Acabamos de regresar de un foro sobre migración en
Tenosique. El efecto y la mirada de largo plazo y de fondo es cómo explicamos
el tema del aumento de flujos migratorios en América Latina hacia el norte del
país. Escuchando a compañeras y compañeros de Honduras, por ejemplo, y
escuchando cuáles son las causas que les motivan a abandonar su país, nos
encontramos con que son causas de violencia estructural, de algún modo como la
que estamos viviendo aquí en México: extorsión, secuestro, violencia
generalizada, impunidad, omisión de las autoridades y, en su caso, complicidad
de las autoridades, falta de empleo, pobreza extrema, desigualdad social,
feminicidio, asesinatos. Se han creado una serie de condiciones de violencia
estructural, nosotros decimos alentadas y permitidas desde el estado o nación,
cualquiera que sea éste el país, que permiten, que aseguran unas condiciones en
las que la gente tiene que salir para sobrevivir. Para nosotros, incluso, el
tema en macro, el tema de la migración tiene que ver con causas de
desplazamiento forzado que, de algún modo, son obligadas o son creadas para que
la gente vaya abandonando sus tierras.
[Testimonio de migrante hondureño en camino rumbo a Estados Unidos.]
Es importante, también, el caso de Honduras porque
Honduras está reportando el mayor flujo migratorio hoy en América y es justo el
país donde se están haciendo cambios a nivel estructural también. Se están
empeñando cada vez más las tierras para la concesión y la explotación minera.
El estado está generando y no está haciendo nada por, de algún modo subsanar
las condiciones que están denunciando sus connacionales que salen. Al
contrario. Le interesa profundizarlas para garantizar el despeje territorial.
Nos preocupa sobremanera este tipo de fenómeno porque pensamos que en México,
justo a nivel interno, hay ensayos de este tipo de efectos.
¿Cuál es la respuesta del estado mexicano? Lo único
que está haciendo es administrar el conflicto. Saben ellos que no les interesa
atender de fondo el tema del desplazamiento forzado. Hace dos años se aprobó en
el estado de Chiapas la ley para la prevención del desplazamiento interno en el
estado. Es una ley que sólo se quedó impresa en el Diario Oficial publicada y
no operó en absoluto. De la ley se propone que se cree una comisión que pueda
crear y darle trabajo operativo a esta ley. En la comisión mixta integrada por
organizaciones civiles, académicos, gente de gobierno, pues de esto no hay
nada. No hay presupuesto, no hay operación, no hay ninguna reglamentación
secundaria. Y el único argumento inclusive que funcionarios del gobierno
estatal le han dado a quienes han osado ampararse bajo esta supuesta ley es que
fue una ley que se hizo en un periodo, el de Sabines, en el que había que crear
todo un andamiaje institucional para, de algún modo, maquillar la realidad del
estado de Chiapas.
Funcionarios del gobierno estatal, el día de hoy,
dicen que la ley no tiene efectos porque fue una ley creada en el periodo de
Sabines como si fuera éste un programa gubernamental. Esto es fatal y es
preocupante porque funcionarios del gobierno estatal están tratando leyes e
instituciones que se crearon desde el propio estado como si fueran programas
emergentes que los puedes quitar y no abrir. Sin embargo, esto es una ley que
tendría que perdurar a lo largo del tiempo, que tendría que actualizarse, que
tendría que revisarse, y ahí el gobierno estatal en turno lo que está haciendo
es desconocer esta supuesta ley que se creó.
Entonces hoy tenemos bajo el desamparo y en total
exposición, en total vulnerabilidad a las comunidades que están siendo
desplazadas. Dentro de la campaña que hemos hecho pública para denunciar el
fenómeno del desplazamiento interno en Chiapas tenemos el caso de Banavil, una
comunidad de hermanos, hermanas tzeltales de Tenejapa que fueron desplazados
por un grupo priísta de su comunidad que tenía ya, de algún modo, ciertas
fricciones porque el grupo que hoy está desplazado tenía sus simpatías o sus
militancias con el zapatismo. Pero en suma, más allá del zapatismo, es con esta
idea de no ceder y no vender su territorio. Llevamos ya más de tres años, casi
cuatro, con el tema de Banavil y no han logrado regresar a su comunidad.
[Testimonio de desplazado de Banavil.]
Para nosotros es este tipo de condiciones que no se han
atendido, que no se quieren atender, que el estado mexicano apuesta al
cansancio, apuesta a que salgan de su comunidad, a que no regresen. Por el contrario,
les ofrece viviendas en zonas urbanas o les ofrece terrenos en otras partes
donde no pueden realizar su vida comunitaria. Les ofrece, en suma, continuar
desestructurando su tejido social comunitario natural donde tenían posibilidad
de crear condiciones de vida digna.
Ese es el tipo de fenómenos que estamos viendo en
el tema del desplazamiento forzado interno. Por eso levantamos una campaña para
invitar a que personas de todas partes nos ayuden a dibujar los rostros del
despojo, le llamamos nosotros, porque pensamos que los rostros del despojo en
los casos de desplazamiento forzado como Banavil, como Viejo Velasco, como San
Marcos Avilés y como tantos otros temas de desplazamiento no únicamente se
quedan con los perpetradores materiales directamente. No sólo es Juan Méndez,
Pedro López que participó el día de la acción violenta o armada, sino cuáles
son los nexos que estas personas tienen con la autoridad municipal, con la
autoridad estatal, con los programas de desarrollo, los programas de subvenciones
del gobierno estatal y federal y cómo esos programas tienen una lógica
articulada con los programas de seguridad nacional. No podemos olvidar
nuevamente que el programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre en Guerrero
de entrada estrenó e invitó a que las fuerzas armadas se incluyeran en el
programa bajo el argumento y el pretexto absurdo de que el Ejército Mexicano
monta las mejores cocinas comunitarias en poco tiempo y que tiene la capacidad
de atender la demanda de alimentación de la población.
Para nosotros es muy claro que desde que el
Ejército Mexicano se involucró ya visiblemente en esta cruzada nacional, el
efecto que tuvo en Guerrero fue desarmar las policías comunitarias, controlar
el territorio y garantizar, de algún modo, impunidad a todo este escenario que
hemos visto que ha concluido y que ha tenido su coyuntura en Iguala, en
Ayotzinapa. Entonces el ejército, de la mano de toda esta estrategia de
desplazamiento forzado, tiene un papel importante bajo el discurso de
seguridad. Nosotros pensamos que la estrategia contrainsurgente no se centra
sólo en Chiapas, sino pensamos que hay un escenario de guerra generalizada que
es el fondo del asunto. Utilizar al ejército para poder garantizar las
inversiones que se están comprometiendo al extranjero desde el estado mexicano.
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