Por Mayela Sánchez
mayo 20, 2015
Chimalhuacán/Atenco, Estado
de México, 20 de mayo (SinEmbargo).– Adán Espinoza Rojas arranca de la tierra
un trozo de madera pintado color rosa fluorescente que, dice, señaliza el trazo
planeado para una carretera. Avanza unos metros, hasta donde se levanta otra de
esas como estacas. La arranca. Unos metros más allá se divisa otra y hasta ella
camina el integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT). Como
a las otras, también la saca de la tierra como si fuera una hortaliza.
Espinoza Rojas no se inmuta por quitar los destacamentos de lo que
supone será una carretera por la simple razón de que, dice, fueron colocados
sin autorización en terrenos que corresponden al ejido del pueblo de San
Salvador Atenco. Esos trozos de madera pintada serían la evidencia de que hay
en marcha un plan de desarrollo urbano en la zona, que por ahora sólo figura
como colindante del proyecto de infraestructura más ambicioso del gobierno
federal: el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).
A 24.6 kilómetros de donde Espinoza Rojas quita los destacamentos de la
tierra bajo un potente sol de principios de mayo, una semana antes un grupo de
unas 500 personas, entre mujeres y hombres jóvenes y de mayor edad y hasta
varios niños, recorría en caravana los extensos terrenos cuya propiedad se
disputa con el Gobierno federal en el municipio de Chimalhuacán.
Un decreto de donación por parte del Gobierno del Estado de México
ampara al Gobierno federal mientras que antiquísimos títulos de propiedad,
contratos de compra-venta y recibos de pagos del impuesto predial respaldan los
dichos del grupo sobre la propiedad de 945 hectáreas de la zona llamadas Los Tlateles y conocida también como “El moño”, por la semejanza de la forma
del terreno con esa figura.
El recorrido por Los Tlateles
se hizo para que la visitadora adjunta de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH), Cinthya Arelette Juárez Luna, diera fe de los hechos
denunciados ante esa instancia por quienes se reivindican como sus dueños.
Ellos acusan que el Gobierno federal ha iniciado obras en las tierras en
disputa, además de que operó la adquisición de algunos terrenos mediante
veladas coacciones, amenazas de desalojo y el pago de supuestas compensaciones
por haber “cuidado” la propiedad del
Gobierno.
Inconformes, los que se reconocen como dueños de Los Tlateles llevaron a Juárez Luna por los terrenos cuya propiedad
reclaman y que se localizan cerca del Lago Nabor Carrillo. Aunque ni el lago ni
Los Tlateles forman parte del área
donde se planea hacer el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
(NAICM), la cercanía con la zona donde se realizará lleva a pensar a quienes se
dicen propietarios que el interés del Gobierno federal por sus tierras está
relacionado con ese proyecto.
La cercanía con el proyecto del nuevo aeropuerto no es lo único en lo
que coinciden las historias de San Salvador Atenco y Chimalhuacán. También lo
es la silenciosa forma en que en ambos casos el Gobierno federal ha actuado
para hacerse de tierras que no necesariamente serán para el nuevo aeródromo
pero que sí podrían utilizarse para los proyectos urbanos que indudablemente se
desarrollarán simultáneamente o después de su construcción.
LA AMENAZA PARA LA TIERRA
Cuando
el Presidente Enrique Peña Nieto presentó el proyecto arquitectónico para el
nuevo aeropuerto -el 3 de septiembre de 2014- aseguró que éste se haría en
terrenos federales, con lo que descartaba por anticipado la alternativa de
expropiar o comprar tierras, que fue lo que hizo fracasar en 2002 el plan de un
nuevo aeropuerto del entonces Presidente panista Vicente Fox Quesada.
No obstante, el FPDT –surgido
precisamente a raíz de la oposición de los ejidatarios de San Salvador Atenco a
vender sus tierras para el proyecto foxista de un aeropuerto– asegura que el
nuevo plan aeroportuario sí abarca las tierras que han defendido por 13 años.
Espinoza Rojas esgrime que el terreno que el gobierno presenta como de la Federación contempla tierras que
pertenecen al ejido de San Salvador Atenco, tal como lo asienta su Carpeta
Básica, que es el documento donde consta la creación del ejido y contiene,
entre otras cosas, datos sobre la creación del núcleo agrario, el número
de beneficiarios y el plano definitivo del ejido.
Sumado a ello, el Gobierno
federal impulsó desde 2008 una “sigilosa
adquisición de tierras” en nueve pueblos aledaños a la zona del ex Lago de
Texcoco –donde se ha dicho que se hará el nuevo aeropuerto– a través de la
Comisión Nacional del Agua (Conagua). Una de esas comunidades es San Salvador
Atenco, junto con Santa Isabel Ixtapan, San Luis Huexotla, Santa María
Chimalhuacán, San Bernardino, San Felipe y Santa Cruz de Abajo, San Cristóbal
Nexquipayac, Francisco I. Madero y San Miguel Tocuila.
En el caso de Los Tlateles, la operación para adquirir
tierras comenzó el año pasado, a decir de los afectados. Primero comenzó con la
propuesta de compra, pero como los supuestos dueños se negaron la estrategia
cambió al pago de una compensación por haber “cuidado” tierras que en septiembre de 2014 el gobierno mexiquense
donó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Ante la negativa de los
supuestos dueños a firmar documento alguno en el que aceptaran otorgar sus
tierras, vinieron las presiones y más tarde amenazas de desalojo.
Quien operó esas acciones,
aseguran los afectados, es Irma Lorena Roa López, encargada del Departamento de
Control y Validación Documental en la Secretaría de Gobernación. Su cargo
actual no es lo que llevó a Roa a jugar ese rol, sino su pasado en el Gobierno
del Estado de México, donde fue la encargada de negociar la compra de tierras
para el Circuito Exterior Mexiquense, un conjunto de vías vehiculares que
conecta el oriente de la Ciudad de México con las ciudades más cercanas. En su
tramo BLA, el Circuito Exterior Mexiquense corre a lo largo y ancho de Los Tlateles.
En su libro Política,
negocios y poder. El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México,
el Senador Alejandro Encinas Rodríguez plantea que el proyecto del nuevo
aeropuerto fue una estrategia diseñada por distintos gobiernos mexiquenses e
implementada a lo largo de varios años, “que
de manera silenciosa fueron operando un proceso de especulación inmobiliaria,
mediante el cual adquirieron propiedades y elaboraron distintos proyectos que
acompañarán tanto la construcción del nuevo aeropuerto, en una superficie de 12
mil 500 hectáreas, así como posteriormente, el desarrollo inmobiliario de los
terrenos e instalaciones del actual aeropuerto Benito Juárez en el Distrito
Federal”.
Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México – Lanzamiento
Publicidad oficial
Publicado el 13/01/2015
LA
SIGILOSA ADQUISICIÓN DE PREDIOS
Durante el anuncio de la construcción de un nuevo aeropuerto
para la Ciudad de México, el Presidente Peña Nieto deslizó la clave
de su promisorio proyecto, la cual era que para ese momento su gobierno ya
llevaba camino avanzado en uno de los temas pilares para su desarrollo: la
adquisición de los terrenos.
Justamente ese aspecto
fue el que echó por tierra el proyecto del ex Presidente Fox Quesada, cuando en
2001 intentó construir un nuevo aeropuerto en terrenos ejidales del municipio
de Atenco y pretendió indemnizar a los campesinos ofreciéndoles 7 pesos con 20
centavos el metro cuadrado.
Los gobiernos
posteriores aprendieron de ese error y cambiaron la estrategia para adquirir
tierras. Por una parte, se modificó la zona en la que se construirá el nuevo
aeropuerto. Pero además, desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa se
financiaron estudios y un proyecto para adquirir tierras, a través de la
Comisión Nacional del Agua (Conagua). El argumento usado fue que los predios se
usarían para consolidar una reserva ecológica dentro de la zona federal del ex
Lago de Texcoco.
La estrategia de
adquisición de tierras se describe en el libro blanco de la Conagua,
CONAGUA_07, Programa Ecológico Lago de Texcoco (PELT), de octubre de 2012.
En éste se refiere que
un estudio realizado por el Colegio de Posgraduados de la Universidad Autónoma
Chapingo mostraba que la exposición humana a las partículas PM10 (pequeñas
partículas dispersas en la atmósfera formadas principalmente por compuestos
inorgánicos como silicatos o aluminatos, metales pesados y material orgánico
asociado a partículas de carbono) provenientes de las 966 hectáreas de suelos
salinos y alcalinos de la zona del Vaso del Lago de Texcoco, aumentaban los
niveles de morbilidad humana.
Para combatir este
riesgo a la salud se elaboró una propuesta de aplicar tecnologías de pasteurización
y cortinas rompevientos con el apoyo de un sistema de riego y drenaje, a fin de
disminuir y mitigar o controlar las tolvaneras que emitían partículas PM10 a la
atmósfera.
Con este argumento, en
2008 la Conagua presentó el Programa Parque Ecológico Lago de Texcoco (PELT)
que planteó incrementar la superficie del suelo con remediación y el rescate de
suelos erosionados para mitigar el problema de las tolvaneras y disminuir los
daños a la salud, así como consolidar la mayor reserva ecológica y ambiental de
la zona metropolitana de la Ciudad de México y crear un espacio público para
realizar actividades recreativas y deportivas en la zona oriente del Valle de
México.
Para cumplir este
objetivo se justificó la necesidad de adquirir predios, así como construir 40
kilómetros de caminos para el acceso a la zona de mitigación prevista. La
Conagua planteó una superficie total de 3 mil 200 hectáreas, de las cuales 2
mil 500 serían adquiridas en los municipios de Atenco, Texcoco, Chimalhuacán.
Nezahualcóyotl y Ecatepec.
Familias de
Chimalhuacán temen que ante las obras del NAICM pierdan sus tierras o sean
expropiadas a un precio injusto. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo
|
Entre 2008 y septiembre
de 2012, la Conagua adquirió 897 predios, de los cuales 663 se encontraban para
2012 pagados y escriturados y los 234 restantes estaban en proceso de pago.
El proyecto también
consideró un Plan Director de Desarrollo Agropecuario y Forestal de la Zona de
Mitigación en los municipios de Atenco y Texcoco, con el que se pretendía
construir 40 kilómetros de caminos para desarrollar un sistema de acceso
permanente a la zona de mitigación y otros objetivos.
El programa tenía
previsto hasta este año para la adquisición de predios. De acuerdo con el libro
de Encinas Rodríguez, en 2008 se llevaron a cabo las asambleas de ejidatarios
de los núcleos de Hidalgo y Carrizo y Chimalhuacán, quienes aceptaron un pago
de 119 pesos el metro cuadrado de sus tierras. En 2013, los ejidos de Huexotla,
San Felipe, San Bernardino, Nexquipayac, Francisco I. Madero y Santa Isabel
Ixtapa realizaron sus asambleas ejidales y cedieron sus derechos sobre sus
tierras por 157 pesos el metro cuadrado en promedio.
En
Atenco y Chimalhuacán los vecinos empiezan a inconformarse con las obras del
nuevo aeropuerto. Fotos: Francisco Cañedo, SinEmbargo
|
“Hoy se puede
confirmar que fue un engaño que le permitió al gobierno federal instrumentar
con gran sigilo una operación inmobiliaria que conformó una red de
complicidades entre los gobiernos del PAN [Partido Acción Nacional] y del PRI [Partido Revolucionario
Institucional], acompañada por el
gobierno del Estado de México y por particulares que tuvieron acceso a
información privilegiada”, sostiene el Senador en su libro, publicado en
diciembre del año pasado.
José Luis Luege Tamargo,
quien fue director de la Conagua durante el sexenio calderonista, ha rechazado
que la compra de terrenos haya obedecido a un proyecto para un nuevo
aeropuerto.
Ignacio del Valle, uno de los históricos opositores a la construcción de la nueva terminal aérea. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo |
ESTRATEGIAS
CONTRA LOS MÁS REACIOS
Para septiembre de 2012, de acuerdo con los datos
del libro blanco de la Conagua, se
habían adquirido mil 749 hectáreas de las 2 mil 929 hectáreas proyectadas. Los
únicos ejidos en donde no se había avanzado ni un ápice en la adquisición de
predios eran San Miguel Tocuila y San Salvador Atenco.
En ambos casos, sin embargo, la estrategia a
emplear ha sido diferente: a través de la cooptación de sus representantes
ejidales, con el convencimiento de algunos para generar pugnas entre la
comunidad, mediante la persistente criminalización de quienes se oponen y
también recurriendo a medidas de presión, como la intromisión en los terrenos,
de acuerdo con Espinoza Rojas e Ignacio del Valle, integrantes del FPDT.
La estrategia es doblegar o dividir, dice
del Valle, quien es el rostro más visible del movimiento opositor que se ha
mantenido por 13 años y que, en su caso, le ha costado incluso ser encarcelado.
La figura de Ignacio del Valle, maciza y
pequeña, se detiene en seco a mitad del camino de tierra que recorre los
terrenos ejidales del ejido de San Salvador Atenco.
El sendero es flanqueado por árboles
medianos, cuya frondosidad no es suficiente para proteger del potente sol de
mediodía, pero que gracias a ello permiten la vista a un azulado y limpio
cielo. Del Valle pide poner atención a algo que en ese instante ocurre en el ambiente.
Son pájaros trinando.
“Ese canto de los pájaros, ¿en qué lugar lo
comprarías?”, pregunta como invitando a la reflexión frente a
la ininteligible amenaza de que un proyecto de desarrollo urbano aniquile el
ambiente natural. Parco, concluye: “No
podemos renunciar a nuestra identidad”.
Antes de interrumpir el diálogo para
escuchar el canto de las aves, del Valle hablaba de cómo, a diferencia de hace
13 años cuando se les quiso convencer de vender sus tierras, esta vez la
estrategia es presionarlos. Los mecanismos son varios: uno es la presión directa
a los más reticentes, pero también hay una presión indirecta al ganarse la
confianza del resto.
Del Valle explica las fases de ese
mecanismo: primero operan una especie de compra velada a través de la
implementación de proyectos que se denominan sustentables, aunque ya no
promueven la siembra de los cultivos tradicionales, sino otros que
eventualmente lleven a que la siembra se vuelva una actividad que no sirva ni
para el autoconsumo ni para la venta.
Aceptar ese tipo de apoyos a la larga lo que
hace es generar la idea de que se debe hacer lo que el Gobierno propone. Una
vez ganada la confianza, entonces sí el gobierno intentará negociar la
propiedad de la tierra.
El otro mecanismo ha sido incidir en la
dinámica cultural de los pueblos. En el caso de San Salvador Atenco, se penetró
a través de la asamblea ejidal, que el 1 de junio de 2014 avaló el cambio del
uso de suelo de propiedad comunal a una figura que permite su usufructo
individual.
El FPDT denunció en su momento que la
asamblea estaba amañada, pues se había permitido la entrada a personas que no
eran ejidatarios y negado el acceso a otros que sí lo eran pero se oponían al
cambio del uso de suelo. El Frente impugnó la asamblea de ese día y es un
proceso judicial que actualmente está abierto.
Pero no fue únicamente a través de la
asamblea ejidal como el gobierno incidió en la comunidad. En esa misión no sólo
participaron los comisariados ejidales, sino hasta los sacerdotes, dice del
Valle, quienes difunden el mensaje del progreso entre su grey. Del Valle dice
que la mayoría de los mayordomos, por ejemplo, son de filiación priista. La
imagen ilustra esa relación latente entre los poderes y los intereses de un
grupo por un proyecto que nunca se abandonó del todo, como concluye el
ejidatario convertido en luchador social.
“Siempre
estuvo latente el proyecto”, dice.
Bernardino Cruz Cardón, también del FPDT,
suma a esos mecanismos el que se hizo a través del cierre de pozos de agua. Él
conoce y narra la historia del pozo Diostleoloc, pero podría ser la de varias
comunidades más pues, dice, hubo 38 pozos en la región con una situación
similar. De pie y en medio de un grupo formado por un par de docenas de mujeres
y hombres, el maestro Cruz Cardón cuenta la historia de cómo hace algunos años
las autoridades les clausuraron el pozo que usaban para regar sus tierras y cómo
los ejidatarios, incansables, batallaron hasta conseguir reabrirlo.
No fue fácil, relata el hombre de figura
gruesa y suaves maneras, porque la batalla no era contra una sola instancia del
gobierno, sino contra varias que parecían organizadas para obstaculizarlos. Era
como pelear contra un monstruo de varias cabezas.
Lo que estaba en juego no era cosa menor:
dejar que cerraran el pozo significaba condenar las tierras de cultivo a una
eventual e inevitable desecación. Cruz Cardón comparte el siguiente razonamiento,
quizá adquirido mientras libraba la batalla por defender el pozo o quizá
comprendido conforme fueron transcurriendo otros sucesos, que en apariencia
podrían no haber estado relacionados: había una intención de propiciar
deliberadamente la desecación de las tierras para eventualmente señalarlas como
no cultivables y justificar su uso para fines distintos a la siembra.
LOS TLATELES: LA
DISPUTA POR LA TIERRA
El 21 de julio de 1971 un decreto publicado en el
Diario Oficial de la Federación fijó los límites del Vaso del Lago de Texcoco,
delimitándole una superficie de 14 mil 500 hectáreas. Once años más tarde, el 8
de noviembre de 1982, un decreto presidencial fijó nuevos límites al Vaso,
delimitándole una superficie menor (de 11 mil 600 hectáreas) y autorizando la
desincorporación de las 2 mil 900 hectáreas restantes para ser enajenadas, a
título gratuito, a favor del Estado de México y del entonces Departamento del
Distrito Federal.
Al año siguiente, el 29 de diciembre de
1983, la escritura pública 5042 avaló la donación de una superficie de 27
millones 854 mil 390.04 metros del gobierno federal a favor del gobierno del
Estado de México. Dentro de dicha superficie se ubicaban los polígonos A y 1B,
que sumaban aproximadamente mil hectáreas de extensión (9 millones 454 mil 92
metros cuadrados), de vocación ecológica.
Se trataba de Los Tlateles, un conjunto de terrenos que en su nombre nahua hacen
referencia a charcos o islotes. Cada tlatel
abarca alrededor de 200 hectáreas de extensión, a decir de quienes actualmente
se identifican como sus “propietarios
nativos”.
Lo anterior consta en la declaratoria de
Área Natural Protegida con categoría de parque estatal, que el 4 de junio de
2001 expidió el entonces Gobernador mexiquense Arturo Montiel Rojas para el
predio comprendido en los polígonos A y 1B, que abarcaba una superficie de 9
millones 454 mil 92 metros cuadrados.
Al parque estatal se le nombró “Ing. Gerardo Cruickshank García” y,
según la declaratoria, publicada en la Gaceta del Gobierno del Estado de
México, se trataba de un inmueble propiedad del gobierno mexiquense.
El 19 de septiembre de 2014 el Congreso
mexiquense avaló la desincorporación de su patrimonio, propuesta por el
Gobernador Eruviel Ávila Villegas, del predio de Los Tlateles para donarlo a la Conagua a fin de conformar la zona
de mitigación del Ex Vaso del Lago de Texcoco.
Desde 2008, en el Proyecto Ecológico del
Lago de Texcoco impulsado por la Conagua, el área de Los Tlateles estaba contemplado como parte de las 3 mil 200
hectáreas para la “Zona de Mitigación y
Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco”. Pero a diferencia de las 2 mil
500 hectáreas que planeaba comprar (que corresponden a la zona de los ejidos de
Texcoco y pueblos aledaños), no se detalla cómo se adquirirían 700 hectáreas
del parque estatal, es decir de Los
Tlateles.
Seis años más tarde y a pocos días de
haberse dado a conocer el proyecto del nuevo aeropuerto, el gobierno mexiquense
se lo donaría.
Aunque se supone que el área convertida en
parque estatal se destinaría a la restauración, reforestación y conservación de
la flora y la fauna, recuperación de los mantos freáticos, preservación de los
ecosistemas y la realización de actividades de recreación, turismo y educación
ecológicos, a la fecha es un extenso y terregoso llano, donde sobreviven unos
muy pocos cultivos de comida para ganado y las verdolagas -aptas en terrenos
salitrosos- son las plantas que mejor han pervivido.
Los “propietarios
nativos” sostienen que esa planicie accidentada está siendo rellenada con
tierra y cascajo a fin de emparejar el terreno, como paso previo a la puesta en
marcha de alguna obra. De ser el caso, el gobierno estaría invadiendo un
terreno que es propiedad privada, señalan.
Por ahora, además de montículos de tierra y
camiones de carga que entran y salen durante todo el día por el único acceso
que tiene Los Tlateles, la única obra
visible en la zona es una cavidad de unos tres metros de ancho que corre
paralela a la parte más ancha de Los
Tlateles.
En la parte más alejada de la entrada a Los Tlateles es donde se ve a la mayor
cantidad de trabajadores, que suman alrededor de 30. Al advertir la presencia
de personas ajenas a las obras, aparecen camionetas de policías estatales y de
la Conagua.
La cavidad se encuentra justamente en el
lugar donde Los Tlateles termina y comienza la zona federal del ex Vaso del
Lago de Texcoco. Los policías, empleados de la Conagua y trabajadores de la
obra se mantienen del lado de la zona federal, los “propietarios nativos” hacen lo propio del lado de Los Tlateles. Nadie intenta atravesar la
cavidad.
En el otro extremo de Los Tlateles –y también de donde acaba la obra– un par de
trabajadores de la empresa Protelsa refieren que se encuentran haciendo el
revestimiento del canal y niegan que se trate de alguna obra relacionada con el
proyecto del nuevo aeropuerto. Dicen que la obra de revestimiento comenzó en
octubre del año pasado.
Quienes se reivindican como dueños de Los Tlateles han interpuesto denuncias
ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por estos hechos, que
consideran una invasión a sus terrenos.
Ellos rechazan la serie de decretos que
llevó a la desincorporación del terreno donde se encuentran Los Tlateles arguyendo que en 1936 un
decreto anuló los contratos privados de esa área, pero en 1982, el entonces
Presidente José López Portillo nulificó ese decreto. Ese mismo año, en otro
decreto se entregaron los predios al gobierno mexiquense pero con el objetivo
de regularizar la propiedad de la tierra.
Ese propósito nunca se cumplió, dice Tomás
Cruz, asesor jurídico de los “propietarios
nativos” de Los Tlateles. Junto
con él, quien encabeza las demandas del grupo es Juan Loreto González, ex
candidato del Partido de la Revolución Democrática a la presidencia municipal
de Chimalhuacán en 2012.
Al margen de la emisión de decretos legales,
personas como Álvaro Hernández Castillo se dicen dueños legítimos de esos
terrenos. Él es nieto de una persona que adquirió tres hectáreas en 1923, como
prueba mostrando una copia del contrato de compra-venta.
Margarita Jiménez Jiménez dice que su
bisabuelo, Félix Montes, compró en 1933 seis hectáreas. Roberto Pacheco Rojas
también cuenta que su abuelo fue quien se hizo de 10 hectáreas de tierra de Los
Tlateles. A él le vino la propiedad
de ese terreno por sucesión y en 2008 lo cedió a su hermano. Hasta 2013 estuvo
pagando anualmente el impuesto al predial, pero desde ese año ya no les
recibieron los pagos, dice. Otros testimonios refieren situaciones similares,
siempre acompañando sus palabras con copias de escrituras, contratos de
compra-venta, pagos del predial y de otros trámites administrativos, con los
que intentan acreditar la propiedad de los terrenos.
LA FIJACIÓN POR TEXCOCO
Durante el anuncio del nuevo aeropuerto, en su
segundo informe de gobierno, Peña Nieto dijo que desde el inicio de su
administración había encomendado la realización de estudios para identificar la
mejor alternativa.
“Se
concluyó que el lugar idóneo es la zona contigua del aeropuerto actual. Con
base en este dictamen, ya está listo el proyecto del nuevo aeropuerto que se
prevé tenga seis pistas para transportar a cera de 120 millones de pasajeros al
año, cuatro veces la capacidad del aeropuerto actual”,
dijo el Presidente ese día.
El Senador Encinas Rodríguez señala en su
libro que, además de los estudios y proyecto realizados por la Conagua durante
2008, que costaron 200 millones de pesos, a principios de 2013 el gobierno de
Peña Nieto solicitó al Massachussetts Institute of Technology Research &
Enguneering (MITRE) analizar la viabilidad aeronáutica de un nuevo aeropuerto
para la Ciudad de México, pero también estudiar la posibilidad de adecuar su
ubicación para que fuera construido en los terrenos propiedad del gobierno
federal ubicados en el vaso del Lago de Texcoco.
Pero desde antes de que Peña Nieto tomara
posesión del cargo, la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT) adjudicó de manera directa al MITRE un
contrato para que realizara un estudio especializado de viabilidad aeronáutica
de un nuevo aeropuerto para la capital del país. El contrato tuvo un plazo del
25 de mayo de 2012 y concluyó el 31 de julio de ese año y costó 8 millones 347
mil dólares.
El 28 de junio de 2012, es decir antes de la
elección que llevó a Peña Nieto a la Presidencia, se adjudicó a The MITRE
Corporation un nuevo contrato para apoyar a la Dirección General de Aeronáutica
Civil en la evaluación e implementación de mejoras para el control del tráfico
aéreo que requerían análisis aeronáuticos y transferencia de tecnología para
cumplir con los masatos de la Organización
de Aviación Civil Internacional. Este contrato costó un millón 347 mil dólares.
Además de esos estudios, en 2013 también
Aeropuertos y Servicios Auxiliares, instancia pública encargada de la operación
y administración de los aeropuertos, hizo diversas contrataciones como parte
del proyecto denominado “Resolver la
problemática del transporte aéreo en el centro del país”.
En la documentación final que como testigo
social presentó la Academia de Ingeniería relativa a esos procedimientos,
señala que fue designado como testigo social para participar de manera integral
en 70 procedimientos de contratación, 30 para la elaboración de estudios y 40
para la elaboración de proyectos ejecutivos.
De acuerdo con la información disponible en
el portal de la Academia de Ingeniería, tan sólo en 11 de esos contratos se
erogaron 275 millones 703 mil 198 pesos.
LOS POSIBLES PLANES
El
libro de Encinas Rodríguez señala que desde que se anunció el proyecto del
NAICM, las presiones inmobiliarias por las áreas rurales empezaron a
intensificarse, convirtiendo la región Atenco-Texcoco en una zona
codiciada para desarrolladores y especuladores inmobiliarios que buscan
beneficiarse del impacto urbano que tendrá el proyecto. El legislador
plantea que eso incrementará las invasiones de predios, conflictos agrarios, la
pérdida de la autosuficiencia alimentaria, el desinterés por la participación social,
el deterioro del tejido social y la precarización de los servicios,
entre otros desórdenes.
En un estudio realizado en
2002 por el Consejo Nacional de Población (Conapo), en el que proyectaba las
implicaciones demográficas y territoriales de un nuevo aeropuerto, se señala
que en el escenario de más elevado crecimiento demográfico en Texcoco, habría
un incremento de 1.9 millones de habitantes en la zona de influencia inmediata
y adicional del aeropuerto, al pasar de una población de 2.4 millones en el año
2000 a casi 4.3 millones para el año 2030.
Lo anterior se traduciría en
una demanda de un millón de viviendas adicionales, con todos los servicios
públicos de salud, educación, recreación y cultura, y con la suficiente
infraestructura de redes de agua potable, gas, energía eléctrica y drenaje
pluvial y sanitario.
Advierte además que la
decisión de ubicar el nuevo aeropuerto “no
puede ni debe hacerse descansar única o exclusivamente en criterios técnicos o
aeronáuticos, sino que también exige introducir, entre otros, criterios
demográficos y urbanos, opuesto que el desarrollo del proyecto podría
contribuir a equilibrar (o desequilibrar aún más) el proceso de estructuración del espacio urbano metropolitano”.
Aunque el proyecto del nuevo
aeropuerto señala que éste se hará en una superficie de 4 mil 430
hectáreas, de acuerdo con Encinas Rodríguez en total se prevé abarcar
una superficie de 12 mil 500 hectáreas, siendo el resto destinadas para
diferentes usos y desarrollos inmobiliarios.
Por ahora, la única información
que se tiene al respecto es la que figura en la Manifestación de Impacto
Ambiental (MIA) y en el Anteproyecto del nuevo aeropuerto, en donde se refiere
la construcción de una aerotrópolis.
El concepto de aerotrópolis fue desarrollado por el académico
John Kasarda para referirse al desarrollo de centros urbanos en torno a un
aeropuerto.
En el caso del NAICM, la aerotrópolis prevista consistirá en
diversas obras asociadas a desarrollarse en una extensión de 3
millones 750 mil metros cuadrados, o 375 hectáreas, más del doble del área que
ocuparan las seis pistas del aeropuerto previstas. De hecho, el área que
ocupará la aerotrópolis equivale al 9.93 por ciento de la superficie total de
la terminal aérea.
La aerotrópolis prevé cerca de 146 hectáreas de terreno urbanizable de
vialidades al sur del aeródromo y de las terminales del aeropuerto, así
como el uso industrial para cerca de 730 mil metros cuadrados en donde se
estima que trabajen 180 mil personas.
Plantea también la
construcción de un bulevar principal de 59 metros de ancho, con un camellón
central de 25 metros, donde habrá parques, restaurantes “y otras actividades”, que no se detallan en el resolutivo de la
MIA. En este bulevar, cuya construcción está prevista para la fase 1 del
NAICM (planeada para realizarse entre 2014 y 2018), se
planea construir amplias banquetas de 5 metros de ancho, que incluyan
árboles, áreas verdes “y otros servicios
atractivos para las personas”.
El resolutivo de la MIA
también señala que la aerotrópolis “ofrecerá oportunidades de desarrollo para
bienes raíces comerciales de clase mundial”, que atenderán a los viajeros,
empleados y las comunidades cercanas al aeropuerto. Plantea “la ubicación estratégica de desarrollos
comerciales, parques empresariales y zonas de libre comercio […] en las zonas que no sólo representen el
mayor y mejor uso de la propiedad del aeropuerto, sino que también permitan la
maximización y diversificación de los ingresos del aeropuerto”.
El desarrollo comercial de la aerotrópolis estará organizado en dos
grandes parcelas de terreno situadas entre tres calzadas arboladas, que serás
las tres principales vías de acceso, en una serie de bloques de aproximadamente
150 metros por 175 metros.
De acuerdo con el programa de
trabajo, la construcción de la aerotrópolis
comenzará en julio de este año y durará hasta mayo de 2018, tan sólo en su fase
inicial.
La aerotrópolis contempla también la construcción de pasos a
desniveles de la autopista Peñón-Texcoco y del Circuito Interior Mexiquense
para conectar con el complejo de la terminal. Además establece que las
conexiones del transporte público hacia el aeropuerto lleguen también a la aerotrópolis.
Uno de esos transportes es el
tren que se construirá para conectar el centro de la Ciudad de México con el
nuevo aeropuerto, y está previsto que el Sistema de Transporte Colectivo Metro
se conecte con una de las tres líneas que están cerca del aeropuerto existente
y que cinco de sus estaciones se construyan en el área de la aerotrópolis.
Además habrá servicio de Mexibús
y las líneas 4 y 6 del Metrobús se extenderán a la aerotrópolis. En la fase 2 del NAICM, conforme se expanda aerotrópolis, se incrementaran los
servicios de Metrobús y Mexibús, según lo plantea la MIA.
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