jueves, 16 de abril de 2015

Organizaciones de la sociedad civil alertan sobre peligros de Plan de la Alianza para la Prosperidad

Fuente: Cerigua
14 abril, 2015
Setenta y cinco organizaciones de la sociedad civil y grupos de todo el hemisferio enviaron una carta colectiva a los presidentes de El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Estados Unidos, en la que expresan su preocupación por el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte.
La carta, que fue entregada en el marco de la VII Cumbre de las Américas, señala que dicho plan regional fue desarrollado por los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras y el Banco Interamericano de Desarrollo, con apoyo de Estados Unidos; y aunque se creó presuntamente para abordar el flujo de inmigrantes centroamericanos hacia Estados Unidos, defensores de los derechos humanos, líderes laborales y ambientalistas de toda la región, temen que éste empeorará la pobreza y la violencia.
Kelsey Alfor-Jones, Directora Ejecutiva de la Comisión para los Derechos Humanos de Guatemala/USA, señaló que una de sus más profundas preocupaciones sobre el Plan de la Alianza para la Prosperidad es que perpetúa las mismas políticas económicas que ya han dado paso a una creciente desigualdad.
“Nos alarman especialmente las propuestas de construcción a gran escala de proyectos de infraestructura y la expansión de las industrias extractivas, las cuales han ocasionado mucho desplazamiento forzoso en toda la región, y que con frecuencia están vinculadas a la violencia contra aquellas comunidades que se organizan para defender sus tierras y sus medios de subsistencia”, añadió.
Los firmantes de la carta, incluyendo organizaciones de derechos humanos, ambientales, laborales, de fe, como también organizaciones en pro de la mujer y otros grupos comunitarios, denunciaron la falta de una consulta democrática de las poblaciones afectadas, sosteniendo que el Plan se había desarrollado “a puerta cerrada”.
Se identificó la militarización de la seguridad pública, asociada a la guerra contra las drogas, como una de las principales causas de la crisis de derechos humanos y de refugiados de las regiones afectadas, por lo cual organizaciones defensoras de derechos humanos y otros activistas cuestionaron la continuación de dichas políticas bajo el Plan de la Alianza para la Prosperidad.
Laura Embree-Lowry, Directora de Programas del Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES), dijo que uno de los mayores peligros que presenta el actual Plan es la propuesta de militarizar las fronteras de Centroamérica.
“Esto no solamente amenaza con violar el derecho humano a la libre locomoción, sino que además conlleva la probabilidad de ocasionar aún más abusos de todo tipo contra migrantes y refugiados a lo largo de México y Centroamérica”, indicó.
Finalmente, las organizaciones hicieron un llamado a los cinco presidentes: a que inmediatamente lleven a cabo procesos de consulta participativos y democráticos con la población antes de seguir adelante con el Plan; a que desmilitaricen las fuerzas de seguridad; a que aborden los problemas de impunidad y corrupción; a que investiguen y enjuicien crímenes y abusos cometidos contra los migrantes; y a que mejoren y aceleren los servicios para los refugiados, especialmente los que se encuentran en Estados Unidos.

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