Huellas del Imperialismo Estadounidense
Corresponsalía de Emilio Charles
29 abril, 2015
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abril 29, 2015
Con este artículo se inaugura la sección de Opinión; los análisis,
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En una nota del diario inglés
The Guardian, fechada el 28 de abril y de autoría de Guinevere E. Moore, se
informa que el pasado 24 de abril, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito
de los Estados Unidos de América dictó un veredicto a partir del cual, agentes
de la ley, como la infame Border Patrol, no serán procesados más que por las
instancias administrativas de sus propias agencias, en caso de que disparen a
ciudadanos mexicanos que, estando en territorio mexicano, se encuentren cerca
de la línea fronteriza.
Como bien dice el
reportaje: “This isn’t a hypothetic
situation: all of this has already happened” – Esto no es una situación
hipotética: todo esto ya ha ocurrido.
Desde 2010 han
habido al menos 43 casos en que agentes policíacos han hecho uso de la fuerza
con intención de matar, y en 10 de esos casos, lo consiguieron.
El caso más
paradigmático, a partir del cual nace este dictamen de la Corte, es el de
Sergio Adrián Hernández Huereca, un adolescente de 14 años que recibió dos
disparos de arma de fuego, uno de ellos mortal, en la cabeza, estando parado en
territorio mexicano el 7 de junio de 2010; el agente de la border patrol que le
disparó argumentó que el joven aventaba piedras al otro lado de la frontera.
Todo esto aconteció debajo de un puente, en la línea fronteriza de Ciudad
Juárez.
El agente que hizo
los disparos que quitaron la vida al joven mexicano estuvo tres días en cese
administrativo y, luego de la revisión del caso, volvió a sus tareas
habituales; los Estados Unidos se negaron a extraditar al agente, para que
fuese procesado por homicidio en México.
La familia del
joven mexicano buscó que se hiciera justicia, y demandó en instancias
norteamericanas la actuación de la agencia fronteriza. El dictamen de la corte
del Quinto Circuito, por decisión unánime, cierra toda posibilidad para que se
haga justicia en instancias estadounidenses.
Hay dos enmiendas
constitucionales que protegen a los ciudadanos del abuso por parte de las
instancias gubernamentales en situaciones como la de Sergio Adrián Hernández:
la cuarta y la quinta enmienda, pertenecientes a la Carta de Derechos (Bill of
rights). La cuarta, que prohíbe las búsquedas y enajenación de bienes, a menos
que estén respaldadas por una orden judicial sancionada y con el soporte de una
causa probable. La quinta, que obliga al Estado, entre otras cosas, a respetar
la vida de los ciudadanos a menos que exista un debido proceso legal.
El dictamen de la
Corte del Quinto circuito afirma que, dado que Sergio Adrián Hernández no fue
un ciudadano estadounidense, no está amparado por la Carta de Derechos de los
Estados Unidos; concretamente, que la cuarta enmienda no aplica en dicho caso,
y que el reclamo por la quinta enmienda, por la ausencia de un vínculo
voluntario con los Estados Unidos por parte de la víctima, no está claramente
establecida.
Este dictamen
sienta un precedente nefasto, y es una huella más de la opresión imperial de
nuestro vecino del norte sobre el pueblo mexicano. Es un dictamen que, en los
hechos, considera inferior el valor de la vida de un ciudadano mexicano, al de
un estadounidense. Y no se trata de la valoración de un norteamericano
cualquiera: se trata de una instancia legal superior en el aparato de Justicia
norteamericano; se trata de un dictamen de Estado.
A la par que se
escriben estas líneas, en la ciudad de Baltimore, en el noreste norteamericano,
se están desarrollando motines por parte de jóvenes, en su mayoría
afroamericanos. Esto, después del entierro de Freddie Gray, quien murió la
semana pasada a sus 25 años, luego de sufrir lesiones mortales en la columna
vertebral a manos de la policía durante un arresto.
Las
manifestaciones en torno al caso se fueron volcando hacia la violencia civil, y
desde el día 24 de abril, la policía estatal estuvo vigilando las
manifestaciones, en las que se reclamaba el inmediato arresto de los oficiales
involucrados en la golpiza a Gray, ocurrida el 12 de abril.
A los seis oficiales
involucrados en la detención de Gray se les ha suspendido –con paga– mientras
se realizan las investigaciones pertinentes. El motivo de arresto de Freddie
Gray fue, de acuerdo al reporte policial, que huyó al notar la presencia de la
policía.
La muerte de
Freddie Gray se suma a la de otros ciudadanos afroamericanos desarmados que han
sido víctimas de los “abusos”
policiales en distintas ciudades norteamericanas.
En diciembre de
2014, Rumain Bribson, de 34 años, murió a causa de los disparos de un oficial
que confundió un frasco de pastillas en la mano de la víctima, con un arma. El
dictamen del caso está pendiente.
El joven Tamir
Rice, de 12 años de edad, murió el 22 de noviembre de 2014, luego de que un
oficial le disparara al confundir un rifle de diábolos con un arma. El dictamen
legal del caso está pendiente.
Akai Gurley, de 28
años, murió en Brooklin, NY, el 20 de noviembre de 2014. Un oficial le disparó,
sin motivo alguno. El caso se encuentra bajo investigación.
Kajieme Powell, de
25 años, murió en San Luis Missouri, el 19 de agosto de 2014. Murió luego de
que los policías le dispararan por “acercarse
amenazante con un cuchillo en mano”. Evidencia de video indica lo
contrario. El dictamen legal del caso está pendiente.
Ezell Ford, de 25
años, murió en Los Ángeles, California, luego de que oficiales le dispararan en
una detención de “investigación”. Los
familiares afirman que estaba acostado cuando le dispararon. La investigación
del caso está congelada, y el dictamen del caso, pendiente.
Dante Parker de 36
años, murió en San Bernardino, California, el 12 de agosto de 2014. Fue
detenido luego de que la policía fue notificada de un intento de robo a casa
habitación, en el cual el sospechoso huyó en bicicleta. Parker fue hallado en
una bici, se intentó detenerlo, se negó, y se hizo uso de fuerza letal sobre su
persona. El dictamen del caso está pendiente, aunque ya está en instancias
federales.
Michael Brown, 18
años, murió en Ferguson Missouri, el 9 de agosto de 2014. El agente Darren
Wilson le disparó luego de un altercado dentro del carro de Wilson; el oficial
argumentó que Brown “se veía como un
demonio”. Wilson no fue indiciado por homicidio; simplemente renunció a la
policía de Ferguson.
Casos similares: John
Crawford, de 22. Tyree Woodson, de 38; Eric Garner, 43; Victor White, 22;
Yvette Smith, 47; Mckenzie Cochran, 25; Jordan Baker, 26, Andy lopez, 13;
Myriam Carey, 34; Jonathan Ferrell, 24; Carlos Alcis, 43; Larry Eugene Jackson,
32; Deion Fludd, 17… Y decenas más en
los últimos 15 años.
Los casos suman
evidencia de que existe un claro perfil racial en la actuación de la policía
estadounidense; sin embargo, es de notar que el carácter violento y
frecuentemente letal de sus agentes se extiende a otros sectores de la
población.
De hecho, el país que
dice abanderar la libertad y la búsqueda de la felicidad, tiene la más alta tasa
de población penitenciaria –500 prisioneros por cada 100,000 habitantes-; esto
es cinco veces más que el promedio, sumando hacia 2010, cerca de 1.6 millones
de habitantes encarcelados. De ese total, el 90% son hombres; la gran mayoría,
entre los 20 y los 30 años; el 70% de ellos no terminaron la preparatoria; y
sí: la proporción de ciudadanos afroamericanos, tras las rejas, es mayor a la
de ciudadanos blancos 3,074 a 459 por cada 100,000 habitantes. Seis veces más.
Es pertinente
señalar en este punto, que el sistema penitenciario en los Estados Unidos es un
negocio sumamente lucrativo, en el que están involucrados entidades financieras
e industriales como el banco Wells Fargo, el Bank of America, la General
Electric, y The Vanguard Group. El número de prisiones privadas creció
enormemente, de cinco prisiones administradas de forma privada, en 1990, a más
de cien hacia el año dos mil.
A la par, la
población penitenciaria ha sido crecientemente ocupada como mano de obra barata
(low wage labor), en cada vez más amplios porcentajes, con salarios que rondan
menos de $1.25 USD por hora de trabajo.
Desde esta
perspectiva, los motines y la sublevación popular que se advierte en las
imágenes que llegan desde Baltimore, Maryland, son actos directamente
concatenados con la opresión institucional del Estado imperial hacia amplios
márgenes de su propia población.
Finalmente, resta
señalar que el crecimiento de las agresiones contra la población juvenil,
particularmente la afroamericana, así como el incremento de la población
penitenciaria está directamente vinculado con un proceso que ha sido
equiparablemente doloroso para otros pueblos americanos, incluido el nuestro, y
el colombiano: la política de la Guerra contra las drogas, instaurada por el
gobierno del presidente Reagan en los años ochenta, y que ha servido de ariete
para sembrar las condiciones de control poblacional que permitan la instauración
del esto de políticas que –a la par– se han ido implementando, y que conocemos
como neoliberales.
Este artículo fue
realizado con información de los siguientes sitios:
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