jueves, 30 de abril de 2015

Estados Unidos: brutalidad criminal policíaca contra jóvenes, principalmente negros

Huellas del Imperialismo Estadounidense
Corresponsalía de Emilio Charles
29 abril, 2015
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abril 29, 2015

Con este artículo se inaugura la sección de Opinión; los análisis, opiniones, posiciones y textos que sean aquí expuestos no corresponden necesariamente con las de La Casa de Todas y Todos. Si surge alguna, o tiene interés en participar con algún artículo, o cubrir una corresponsalía, por favor escriba a info@casadetodasytodos.org.

En una nota del diario inglés The Guardian, fechada el 28 de abril y de autoría de Guinevere E. Moore, se informa que el pasado 24 de abril, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos de América dictó un veredicto a partir del cual, agentes de la ley, como la infame Border Patrol, no serán procesados más que por las instancias administrativas de sus propias agencias, en caso de que disparen a ciudadanos mexicanos que, estando en territorio mexicano, se encuentren cerca de la línea fronteriza.
Como bien dice el reportaje: “This isn’t a hypothetic situation: all of this has already happened” – Esto no es una situación hipotética: todo esto ya ha ocurrido.
Desde 2010 han habido al menos 43 casos en que agentes policíacos han hecho uso de la fuerza con intención de matar, y en 10 de esos casos, lo consiguieron.
El caso más paradigmático, a partir del cual nace este dictamen de la Corte, es el de Sergio Adrián Hernández Huereca, un adolescente de 14 años que recibió dos disparos de arma de fuego, uno de ellos mortal, en la cabeza, estando parado en territorio mexicano el 7 de junio de 2010; el agente de la border patrol que le disparó argumentó que el joven aventaba piedras al otro lado de la frontera. Todo esto aconteció debajo de un puente, en la línea fronteriza de Ciudad Juárez.
El agente que hizo los disparos que quitaron la vida al joven mexicano estuvo tres días en cese administrativo y, luego de la revisión del caso, volvió a sus tareas habituales; los Estados Unidos se negaron a extraditar al agente, para que fuese procesado por homicidio en México.
La familia del joven mexicano buscó que se hiciera justicia, y demandó en instancias norteamericanas la actuación de la agencia fronteriza. El dictamen de la corte del Quinto Circuito, por decisión unánime, cierra toda posibilidad para que se haga justicia en instancias estadounidenses.
Hay dos enmiendas constitucionales que protegen a los ciudadanos del abuso por parte de las instancias gubernamentales en situaciones como la de Sergio Adrián Hernández: la cuarta y la quinta enmienda, pertenecientes a la Carta de Derechos (Bill of rights). La cuarta, que prohíbe las búsquedas y enajenación de bienes, a menos que estén respaldadas por una orden judicial sancionada y con el soporte de una causa probable. La quinta, que obliga al Estado, entre otras cosas, a respetar la vida de los ciudadanos a menos que exista un debido proceso legal.
El dictamen de la Corte del Quinto circuito afirma que, dado que Sergio Adrián Hernández no fue un ciudadano estadounidense, no está amparado por la Carta de Derechos de los Estados Unidos; concretamente, que la cuarta enmienda no aplica en dicho caso, y que el reclamo por la quinta enmienda, por la ausencia de un vínculo voluntario con los Estados Unidos por parte de la víctima, no está claramente establecida.
Este dictamen sienta un precedente nefasto, y es una huella más de la opresión imperial de nuestro vecino del norte sobre el pueblo mexicano. Es un dictamen que, en los hechos, considera inferior el valor de la vida de un ciudadano mexicano, al de un estadounidense. Y no se trata de la valoración de un norteamericano cualquiera: se trata de una instancia legal superior en el aparato de Justicia norteamericano; se trata de un dictamen de Estado.
A la par que se escriben estas líneas, en la ciudad de Baltimore, en el noreste norteamericano, se están desarrollando motines por parte de jóvenes, en su mayoría afroamericanos. Esto, después del entierro de Freddie Gray, quien murió la semana pasada a sus 25 años, luego de sufrir lesiones mortales en la columna vertebral a manos de la policía durante un arresto.
Las manifestaciones en torno al caso se fueron volcando hacia la violencia civil, y desde el día 24 de abril, la policía estatal estuvo vigilando las manifestaciones, en las que se reclamaba el inmediato arresto de los oficiales involucrados en la golpiza a Gray, ocurrida el 12 de abril.
A los seis oficiales involucrados en la detención de Gray se les ha suspendido –con paga– mientras se realizan las investigaciones pertinentes. El motivo de arresto de Freddie Gray fue, de acuerdo al reporte policial, que huyó al notar la presencia de la policía.
La muerte de Freddie Gray se suma a la de otros ciudadanos afroamericanos desarmados que han sido víctimas de los “abusos” policiales en distintas ciudades norteamericanas.
En diciembre de 2014, Rumain Bribson, de 34 años, murió a causa de los disparos de un oficial que confundió un frasco de pastillas en la mano de la víctima, con un arma. El dictamen del caso está pendiente.
El joven Tamir Rice, de 12 años de edad, murió el 22 de noviembre de 2014, luego de que un oficial le disparara al confundir un rifle de diábolos con un arma. El dictamen legal del caso está pendiente.
Akai Gurley, de 28 años, murió en Brooklin, NY, el 20 de noviembre de 2014. Un oficial le disparó, sin motivo alguno. El caso se encuentra bajo investigación.
Kajieme Powell, de 25 años, murió en San Luis Missouri, el 19 de agosto de 2014. Murió luego de que los policías le dispararan por “acercarse amenazante con un cuchillo en mano”. Evidencia de video indica lo contrario. El dictamen legal del caso está pendiente.
Ezell Ford, de 25 años, murió en Los Ángeles, California, luego de que oficiales le dispararan en una detención de “investigación”. Los familiares afirman que estaba acostado cuando le dispararon. La investigación del caso está congelada, y el dictamen del caso, pendiente.
Dante Parker de 36 años, murió en San Bernardino, California, el 12 de agosto de 2014. Fue detenido luego de que la policía fue notificada de un intento de robo a casa habitación, en el cual el sospechoso huyó en bicicleta. Parker fue hallado en una bici, se intentó detenerlo, se negó, y se hizo uso de fuerza letal sobre su persona. El dictamen del caso está pendiente, aunque ya está en instancias federales.
Michael Brown, 18 años, murió en Ferguson Missouri, el 9 de agosto de 2014. El agente Darren Wilson le disparó luego de un altercado dentro del carro de Wilson; el oficial argumentó que Brown “se veía como un demonio”. Wilson no fue indiciado por homicidio; simplemente renunció a la policía de Ferguson.
Casos similares: John Crawford, de 22. Tyree Woodson, de 38; Eric Garner, 43; Victor White, 22; Yvette Smith, 47; Mckenzie Cochran, 25; Jordan Baker, 26, Andy lopez, 13; Myriam Carey, 34; Jonathan Ferrell, 24; Carlos Alcis, 43; Larry Eugene Jackson, 32; Deion Fludd, 17… Y decenas más en los últimos 15 años.
Los casos suman evidencia de que existe un claro perfil racial en la actuación de la policía estadounidense; sin embargo, es de notar que el carácter violento y frecuentemente letal de sus agentes se extiende a otros sectores de la población.
De hecho, el país que dice abanderar la libertad y la búsqueda de la felicidad, tiene la más alta tasa de población penitenciaria –500 prisioneros por cada 100,000 habitantes-; esto es cinco veces más que el promedio, sumando hacia 2010, cerca de 1.6 millones de habitantes encarcelados. De ese total, el 90% son hombres; la gran mayoría, entre los 20 y los 30 años; el 70% de ellos no terminaron la preparatoria; y sí: la proporción de ciudadanos afroamericanos, tras las rejas, es mayor a la de ciudadanos blancos 3,074 a 459 por cada 100,000 habitantes. Seis veces más.
Es pertinente señalar en este punto, que el sistema penitenciario en los Estados Unidos es un negocio sumamente lucrativo, en el que están involucrados entidades financieras e industriales como el banco Wells Fargo, el Bank of America, la General Electric, y The Vanguard Group. El número de prisiones privadas creció enormemente, de cinco prisiones administradas de forma privada, en 1990, a más de cien hacia el año dos mil.
A la par, la población penitenciaria ha sido crecientemente ocupada como mano de obra barata (low wage labor), en cada vez más amplios porcentajes, con salarios que rondan menos de $1.25 USD por hora de trabajo.
Desde esta perspectiva, los motines y la sublevación popular que se advierte en las imágenes que llegan desde Baltimore, Maryland, son actos directamente concatenados con la opresión institucional del Estado imperial hacia amplios márgenes de su propia población.
Finalmente, resta señalar que el crecimiento de las agresiones contra la población juvenil, particularmente la afroamericana, así como el incremento de la población penitenciaria está directamente vinculado con un proceso que ha sido equiparablemente doloroso para otros pueblos americanos, incluido el nuestro, y el colombiano: la política de la Guerra contra las drogas, instaurada por el gobierno del presidente Reagan en los años ochenta, y que ha servido de ariete para sembrar las condiciones de control poblacional que permitan la instauración del esto de políticas que –a la par– se han ido implementando, y que conocemos como neoliberales.