Por Fernando Camacho
(Con información de Josefina Quintero)
20 marzo, 2015
México,
D.F. Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace más
de cinco meses realizaron manifestaciones en 40 embajadas ubicadas en el
Distrito Federal para subrayar que el caso de los jóvenes agredidos no puede
darse por concluido y pedir a los gobiernos extranjeros que monitoreen la
actuación del gobierno nacional en materia de derechos humanos.
Melitón Ortega, vocero de los padres de familia,
indicó que un grupo de familiares de los estudiantes, acompañados de
estudiantes de Ayotzinapa y miembros de organizaciones solidarias, se
trasladaron desde las 9 de la mañana a Polanco y Lomas de Chapultepec para
realizar mítines frente a las cerca de 40 embajadas que hay en dicha zona.
Ahí, entregaron a las representaciones
diplomáticas un documento donde exponen diez razones por las cuales no puede
darse por cerrado el caso de los normalistas atacados en Iguala, así como las
recomendaciones formuladas ayer por el equipo de expertos independientes de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le da asesoría técnica al
Estado mexicano en ese tema.
De igual forma, les solicitaron a los
embajadores que sus países hagan pronunciamientos sobre el tema de Ayotzinapa y
la desaparición forzada en México, y permanezcan atentos a las investigaciones
sobre el ataque ocurrido el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, indicó
Ortega.
Seguridad en las embajadas
Elementos
de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) acudieron a
resguardar 20 sedes diplomáticas ante la decisión de los padres de los
normalistas de manifestarse en estos inmuebles con la intención de “internacionalizar” las demandas.
La SSPDF desplegó a 667 elementos, apoyados con
120 vehículos y un helicóptero del Agrupamiento Cóndores.
La mayor presencia de uniformados se detectó en
la representación de Estados Unidos, localizada en avenida Paseo de la Reforma
305, sin embargo, también se informó de la vigilancia en la de Alemania,
Francia, Canadá y Corea.
Autoridades de la SSPDF informaron que la medida
se desarrolla para garantizar la seguridad personal y patrimonial de la
ciudadanía, así como de los participantes en la movilización social.
Texto de la carta entregada en embajadas por
madres y padres de los43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos
Padres
y madres de familias de los 43 estudiantes desparecidos de la Escuela Normal
Rural “Raúl Isidro Burgos” de
Ayotzinapa, Guerrero los días 26 y 27 de Septiembre, hoy a 175 días de este
crimen de lesa humanidad acudimos ante esta Usted para externarles nuestra preocupación, ya que a prácticamente seis meses de la desaparición forzada de nuestros
43 hijos, el asesinato de 3 normalistas y 5 estudiantes más lesionados, las investigaciones no han aportado
elementos que indiquen el paradero de nuestros familiares.
El 27 de enero de 2015, las familias de los 43
estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, junto a las organizaciones de
derechos humanos que nos acompañan, expusimos en conferencia de prensa, las
razones por las cuales la investigación realizada por la Procuraduría General
de la República (PGR), sobre nuestros hijos víctimas de desaparición forzada
los días 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, debe permanecer abierta,
rechazando el mensaje del Estado mexicano de querer cerrar la investigación y
dar por muertos a los 43 estudiantes sin pruebas científicas que sustente dicha
teoría.
El mensaje lo dimos las familias como respuesta
a la conferencia de prensa del Procurador General de la República, Jesús
Murillo Karam, quien aseguró que “la
dimensión y la profundidad de la investigación nos dan la certeza legal de que
nuestros hijos fueron muertos en las circunstancias descritas”. En la
mencionada conferencia, la PGR afirmó que la desaparición de los 43 estudiantes
era un “hecho atípico”. Sin embargo,
los hechos de Ayotzinapa han visibilizado que vivimos en un narco estado y que
la desaparición forzada es hoy en México una realidad generalizada a lo largo y
ancho del país haciéndose notar que la desaparición de jóvenes y los
narco-gobiernos no son atípicos, por el contrario, desde hace varios años
habían sido el rostro invisibilizado de nuestro país. Prueba de ello es que
hacia finales del año pasado, el propio Registro Nacional de Personas
Desaparecidas ascendía a 26,000 personas; registro de familias que atraviesan
por el dolor y la incertidumbre como nosotros y la comunidad estudiantil de
Ayotzinapa.
En ese marco, las familias de los estudiantes
desaparecidos y estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa
presentamos ante Usted los siguientes diez argumentos técnico–jurídicos con los
cuales damos sustento a nuestra exigencia al gobierno de México de que la investigación por la desaparición forzada
de nuestros hijos debe continuar abierta y emitimos el siguiente mensaje:
No puede
darse por concluida la investigación sobre la desaparición forzada de los
estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa debido a que:
a. No puede darse por concluida la investigación
porque no existe plena certeza científica sobre lo ocurrido en el basurero de
Cocula. La PGR dio a conocer hoy que su hipótesis se sostiene en varios
dictámenes de química, biología y otros. Dado que es más que conocido que las
procuradurías mexicanas son especialistas en fabricar delitos y puesto que
reconocidos científicos han expresado dudas sobre esta hipótesis, no podemos
aceptar esos resultados hasta en tanto no realizan esos mismos peritajes
expertos independientes con las más altas calificaciones. En ese sentido,
reiteramos nuestra confianza en el Equipo Argentino de antropología forense y
exigimos que se remuevan todos los obstáculos para que realicen su labor en
condiciones óptimas.
b. No puede darse por concluida la investigación
porque la declaración de Felipe Rodríguez Salgado, contrario a lo señalado por
la Procuraduría, no es determinante para esclarecer lo ocurrido en Cocula pues
como se aceptó en la misma conferencia, dicha persona no declaró haber
permanecido en ese lugar durante todo el tiempo que supuestamente duraron los
hechos.
c. No puede darse por concluida la investigación
porque la información dada a conocer por la Procuraduría depende en exceso de
declaraciones efectuadas ante ministerio público, por personas que fácilmente
pudieron ser coaccionadas, pues es de todos conocido que en México la tortura
es recurrente. Al respecto, se ha hecho pública información sobre la posible
tortura de algunos inculpados sin que hasta ahora la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos haya intervenido para aclarar estas denuncias.
d. No puede darse por concluida la investigación
porque la Procuraduría ni hoy ni en ninguna otra conferencia ha aclarado cómo
explica en su teoría del caso el cruento homicidio de Julio César Mondragón,
cuyo joven cuerpo desollado fue encontrado en las inmediaciones de donde
ocurrieron los hechos. ¿Cómo explica el señor Murillo este hecho hasta hoy no
esclarecido?
e. No puede darse por concluida la investigación
porque el Estado mexicano, a cuatro meses de los hechos, se ha mostrado incapaz
para detener a quienes según su hipótesis serían responsables. El Gobierno
Federal no ha podido detener al máximo responsable de la corrupta policía de
Iguala, Felipe Flores Velázquez, ni a su cómplice y subalterno Francisco
Salgado Valladares. Tampoco ha sido capaz de detener a Gildardo Astudillo,
alias el Cabo Gil, personaje a quien la propia PGR asigna gran relevancia en su
versión de los hechos. También siguen prófugos once de las quince personas que según
la procuraduría estuvieron en Cocula, lo mismo que el líder de Guerreros
Unidos, Ángel Casarrubias Salgado El Mochomo. Ante tanto prófugo, ¿Cómo
pretende el Procurador cerrar la investigación?
f. No puede darse por concluida la investigación
porque la Procuraduría no ha logrado que exista un solo juicio penal iniciado
por el delito de desaparición forzada de personas, siendo que esta es la figura
jurídica adecuada para encuadrar los hechos dado que como todo México ha
exclamad o, fue el estado el que desapareció a nuestros hijos. En tanto los
juicios no se ventilen bajo las figuras legales pertinentes, no puede cerrarse
el caso.
g. No puede darse por concluida la investigación
porque en el mismo expediente donde obran las declaraciones de los supuestos sicarios
de Cocula, se encuentran también agregadas las declaraciones de otros sicarios
de Iguala que confesaron haber atentado contra nuestros hijos no en Cocula sino
en Pueblo Viejo y Cerro la Parota. ¿Cómo explica el señor Murillo que en un
mismo expediente existan confesiones que se contraponen y son contradictorias
entre sí?
h. No se puede cerrar la investigación porque en
sentido contrario a lo dicho en la conferencia de hoy, solo hay certeza de la
muerte de uno de los estudiantes desaparecidos. Esta certeza no implica certeza
sobre la muerte de otros ni sobre el lugar donde esto pudo haber ocurrido. En
ese sentido, es un error jurídico decir que se ha consignado por homicidio,
cuando en realidad de nuevo se consignó por secuestro con la agravante de privación
de la vida, lo que técnicamente implica una diferencia relevante.
i. No puede darse por concluida la investigación
porque no se ha indagado la responsabilidad del Ejército, pese a que contrario
a lo que hoy afirmó el Procurador, sí hay en el expediente indicios de su
complicidad con la delincuencia organizada, pues el Policía Salvador Bravo
Bárcenas afirmó ante el Ministerio Público que el Ejército sabía desde 2013 que
los Guerreros Unidos controlaban la Policía de Cocula, pese a los cual las Fuerzas
Armadas no investigaron a dichos delincuentes sino que antes bien les brindaron
protección.
j. No puede darse por concluida la investigación
porque ni siquiera ha empezado el deslinde de responsabilidades sobre el
entorno de corrupción política que desencadenó los hechos del 26 de septiembre.
Está pendiente investigar a otros alcaldes, como el de Cocula, así como a otras
autoridades del gobierno del estado de Guerrero.
Por todo ello, los suscritos, padres y madres de
familia de 43 estudiantes desparecidos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro
Brugos” de Ayotzinapa, Guerrero, solicitamos de Usted que a la brevedad posible
inste al Estado Mexicano lo siguiente:
1.- La presentación con vida de nuestros 43 hijos,
estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero.
2.- Acceder a la verdad, justicia y reparación
integral del daño para los estudiantes Daniel Solís Gallardo, Julio Cesar
Mondragón Fontes y Julio Cesar Ramírez
Nava, ejecutados extrajudicialmente los días 26 y 27 de septiembre del año 2014
en Iguala, Guerrero.
3.- Que se garantice la atención médica y
psicológica integral y de calidad para los estudiantes Edgar Andrés Vargas,
Aldo Gutiérrez Solano, Fernando Marín Benítez y Jonathan Maldonado Hernández,
lesionados los días 26 y 27 de septiembre del año 2014 en Iguala, Guerrero.
4.- La apertura de nuevas líneas de investigación
sobre los hechos ocurridos el día 26 y 27 de septiembre de 2014 en la ciudad de
Iguala, Guerrero.
5.- Garantizar el castigo a los servidores y ex servidores
públicos y de más personas responsables de los hechos ocurridos el día 26 y 27
de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero.
6.- que se brinden todas las facilidades y
garantías para que el grupo de expertos designado por la Comisión Inter-Americana
de Derechos Humanos (CIDH) pueda realizar su trabajo sin contratiempos, ya que
dicha labor es indispensable para lograr
verdad y justicia, pues sabemos que encontrarán múltiples irregularidades.
ATENTAMENTE
Padres
y madres de familia
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