Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
a 24 de marzo de 2015
Boletín de prensa N° 11
A un mes del
desplazamiento forzado de familias tojolabales el gobierno de Chiapas es omiso ante
las violaciones a derechos humanos
Este Centro de Derechos Humanos (Frayba), denuncia la omisión y
complicidad del estado de Chiapas, ante el desplazamiento forzado de 57
personas tojolabales de la comunidad Primero de Agosto, quienes desde hace un
mes se encuentran en vulnerabilidad, amenaza y riesgo de una nueva agresión por
integrantes de la Organización Central Independiente Obrera Agrícola Campesina Histórica,
(CIOAC-H).
El gobierno de Manuel Velasco no ha asumido su responsabilidad y compromisos
adquiridos frente a las familias desplazadas, al contrario, ha proporcionado
protección gubernamental a los miembros de la CIOAC-H, misma que se comprueba
con la impunidad en que se encuentran todas las denuncias penales realizadas
por las agresiones recibidas. Hechos denunciados desde el 9 de mayo del 2014, por
homicidio en grado de tentativa y daños ocasionados a los bienes de los
pobladores.
Posteriormente la CIOAC-H perpetró daños, despojo, robo con violencia
el 17 de diciembre del 2014, y por último los hechos ocurridos el día 23 de
febrero del 2015 desembocaron en el desplazamiento forzado, a pesar de que
funcionarios del gobierno de Chiapas sabían de las agresiones y amenazas de
desplazamiento. Hasta el momento las autoridades encargadas de procurar
justicia no han esclarecido los hechos ni consignado a persona alguna por los
ilícitos mencionados.
Actualmente este Centro de Derechos Humanos, cuenta con información
documental de que existe nueva amenaza que atenta contra la vida de Antonio Román
López, a quien líderes de la CIOAC-H, han señalado en presencia de integrantes
del Frayba y de autoridades estatales, como el responsable y dirigente de los
pobladores. Así mismo se ha amenazado a las familias de Primero de Agosto de un
nuevo desplazamiento del lugar donde se encuentran. De concretarse dicha
acción, hacemos responsable al gobierno municipal y estatal, quien de forma
privada y pública tiene conocimiento pleno de lo que acontece en relación al
desplazamiento forzado y sus condiciones que atentan contra la dignidad de las
personas.
Por último denunciamos el ejercicio falaz de los gobiernos en cuanto a
la protección y garantía de los derechos humanos, tal y como es la Ley para la
Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas, la
cual carece de aplicación y es letra muerta, que en su contenido reconoce
Derechos Fundamentales de las personas desplazadas en el estado, misma que no opera desde su publicación en el Periódico Oficial del estado
de Chiapas en febrero del 2012.
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