Por Cencos
04 marzo, 2015
(con información de SinEmbargo/ Central
/ Jornada
de Oriente)
Desde que Rafael Moreno
Valle tomó posesión como gobernador de Puebla en 2011, 127 personas han sido encarceladas por manifestarse o expresarse en
contra del gobierno estatal, 15 de las cuales aún permanecen en
prisión, documentó el Comité para la Libertad de los Presos Políticos y Contra
la Represión Social.
En la
lista que presentó la organización este domingo, se especifican los nombres, el
estatus legal, la fecha de detención, las causas y el tipo de caso en que se
presentaron las aprehensiones.
Aquellos
que lograron salir de prisión lo hicieron mediante el pago de una fianza que
osciló entre los 80 mil y 500 mil pesos, además de tener que ir cada semana a
los juzgados a firmar y, en muchos casos, pagar abogados.
Durante
la presentación del listado en rueda de prensa advirtieron que en Puebla “se está criminalizando la protesta social
y, por otro lado, que el elector considere esto sabiendo las aspiraciones
presidenciales que tiene nuestro Gobernador”.
“Pareciera que hay una cerrazón y
actitud evasiva y de cierta perversidad política (…) Los ha
dejado plantados en tres ocasiones… el gobierno aumenta la represión, amenaza a
los dirigentes. Nosotros no creemos en el gobierno, no creemos que las
negociaciones vayan a continuar. Parece que hay una señal contra los dirigentes
de los movimientos. Se demuestra una total falta de seriedad política… parece
que hay ciudadanos de primera y segunda”, denunciaron.
Entre
los casos que se documentan en el listado destacan los detenidos en Cholula por
solicitar la suspensión de la expropiación de tierras para la Construcción del
Parque de las Siete Culturas, que atentaba contra la identidad de los
cholultecas; los operadores de mototaxis que se manifestaron pidiendo la
derogación de la norma que les impedía seguir funcionando; tres jóvenes por
convocar y comentar vía Facebook una manifestación contra Enrique Peña Nieto;
así como los arrestados por el violento desalojo en Chalchihuapan; entre otros.
En
este contexto, Amnistía Internacional (AI) presentó su informe anual, “La situación de los derechos humanos en el
mundo”, en el que señala a Puebla como uno de los estados de la República,
en donde “adoptaron o intentaron adoptar
leyes sobre el uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de
mantener el orden durante las manifestaciones”.
AI
explicó que estos cambios “no se
ajustaban a las normas internacionales de derechos humanos y suponían una
amenaza para la libertad de expresión y asociación”.
Cabe
mencionar que el pasado 12 de febrero, legisladores de izquierda demandaron la
comparecencia de los gobernadores de Puebla y de Guerrero, Rogelio Ortega
Martínez, ante la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados, por
la tolerancia a presuntos actos violatorios de derechos humanos en sus
entidades.
En
tanto, Moreno Valle dijo en una entrevista el sábado pasado que es
responsabilidad del Gobierno estatal salvaguardar los derechos de todos los
ciudadanos, tanto a manifestarse como a transitar libremente. “Si una persona bloquea una carretera, se
aplica la ley, es la responsabilidad y obligación del Estado […] Yo sí creo en las instituciones. Yo respeto
el Estado de Derecho y aplico la ley como es mi responsabilidad”.
La
Jornada de Oriente reportó, como parte del clima de represión que prevalece en
muchas partes del país y en Puebla, que el jueves pasado fueron agredidos
salvajemente integrantes de la Unión Campesina “Emiliano Zapata”
en Tepeaca, entre ellos Concepción Colotla, familiares y compañeros suyos.
En la
nota se detalló que con el pretexto de un accidente vial, 60 policías
municipales arremetieron con “garrote”
contra los campesinos en mención, en las mismas instalaciones locales,
propiciándoles graves daños a varios de ellos.
Finalmente,
los miembros del Comité aclararon que no participan en los procesos y se
limitan a dar a conocer y visibilizar ante la opinión pública la existencia por
igual de estos detenidos y maniatados a diligencias judiciales, a quienes
consideraron víctimas de injusticias.
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