Por: Redacción Revolución / 21
marzo, 2015
(21 de marzo, 2015).- San Quintín, municipio
de Ensenada, Baja California, es uno de los poblados agrícolas más importantes
de México, ahí se producen tomates, calabazas, zanahorias,
cebollas, ajo, lechuga, brócoli, fresa y otra gran variedad de productos, todos
mantienen una calidad de exportación, donde las empresas estadounidenses
mantienen el mando.
Y debido a la situación de abuso
laboral que se vive en dicha zona, Fidel Sánchez Gabriel, líder del
movimiento más grande de trabajadores agrícolas, a la par de otros
líderes convocaron al paro de labores y bloqueo de la Carretera
Transpeninsular el 17 de marzo, esto debido a la importancia de la zona, ya que
es la vía que conecta las ciudades más importantes de la península de Baja
California como Tijuana, Ensenada, La Paz y Los Cabos.
Sánchez Gabriel sentencia “los jornaleros somos hombres y mujeres de
carne y hueso, no sólo manos para trabajar el campo. Tenemos rostro, nombre y
familia; somos decenas de miles, porque junto a nosotros están nuestros hijos
también jornaleros, como lo han sido nuestros padres, por eso quisimos
mostrarnos y mostrar nuestra fuerza”.
Además de los bloqueos la
Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, declaró un
paro general de labores, que aún continúa en los ranchos agrícolas de la
región.
Según un desplegado de
la Alianza de Organizaciones del Valle de San Quintín, las razones de este
levantamiento son: la revocación del contrato colectivo que firmó anteriormente
la C.T.M y C.R.O.M con la Asociación de Agricultores, ya que en la actualidad
estos últimos afirman “padecemos graves
violaciones a nuestros derechos laborales y humanos”; también se incluye
que “se respete el derecho de antigüedad;
que todos los trabajadores estén afiliados al IMSS desde el primer día de su
ingreso a una empresa y así gozar de un servicio médico; que se paguen todas
las prestaciones de ley a los trabajadores, el séptimo día y festivos”.
Además de esto, exigieron el pago de
las horas extras doble y triple; que a las madres trabajadoras se les respeten
sus derechos, de seis semanas libres antes y seis semanas después del parto,
puntualizando que no debe existir más tolerancia al acoso sexual por parte de
los mayordomos de cuadrilla, o mayordomos generales y o ingenieros encargados
de los ranchos.
También solicitaron que al
participar en el movimiento y el paro, no existan represalias en contra de los
trabajadores que participen directa o indirectamente, enfatizando que el
salario mínimo estatal sea de 300 pesos por día; y que cada caja de fresas se
pague a 30 pesos, ya que desde el 2001 se está pagando a 10 y 12 pesos.
El movimiento de jornaleros del sur
de Ensenada, integrada por más de 80 mil miembros, detonado por la madrugada
del 17 de marzo, alcanzó magnitud histórica, que impactó a los 3 niveles de
gobierno, a las fuerzas policiacas y militares, además de los patrones de los
ranchos agrícolas y a empresarios en general.
Aunque no por ello no existieron
represalias, sin embargo, pudieron liberar a 170 jornaleros acusados por la
Procuraduría General de Justicia (PGR), de
ataques a las vías de comunicación, quedando 25 detenidos, que aún
solicitan su libertad; según los acuerdos se respetará su derecho a construir
un sindicato independiente y obtendrán la afiliación masiva al Seguro Social.
“Esto sin duda
alguna es un avance, gracias a nuestra unión, porque desde el año pasado nos
sentíamos burlados, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid nos hizo creer que
tendríamos diálogo, sin que tuviese intención de cumplir su palabra, desde
enero pasado ni siquiera respondía a la solicitud de audiencia”, puntualiza
Sánchez Gabriel.
Y argumenta “nada de esto habría ocurrido, si el gobierno nos hubiese atendido, ni
el bloqueo carretero, ni las movilizaciones de los jornaleros, lamentablemente
esto trajo consigo actos vandálicos, aprovecharon la oportunidad para saquear
comercios, pero fueron grupos de choque”.
Alrededor de 90 mil campesinos, la
mayoría migrantes originarios de Oaxaca y Guerrero, trabajan en la zona de
San Quintín como jornaleros y campesinos, quienes aseguran padecer graves
abusos a sus derechos, ya que el gobierno no les había dado importancia a sus
demandas.
Después de 26 horas el bloqueo de la
Carretera Transpeninsular, lograron el cometido de “hacerles comprender al gobierno y empresarios que somos trabajadores
agrícolas, quienes con nuestro trabajo generamos una gran riqueza en todo el
valle (de San Quintín), quienes
perdemos importancia cuando nos ven de uno en uno, así somos débiles, pero ahora
saben que somos muy fuertes, porque somos muchos y estamos unidos y por ello finalmente
se da paso al diálogo y las soluciones”, enfatiza Sánchez Gabriel.
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