Comunicado de Prensa
N° 033/15
23 de marzo de 2015
Washington,
D.C. – Con ocasión del Día Internacional
del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos
Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, que tiene lugar el 24 de marzo, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos llama a los Estados de América a
respetar y garantizar el derecho a la verdad frente a graves violaciones de
derechos humanos.
“Las
democracias de nuestra región han heredado la responsabilidad de investigar las
violaciones de derechos humanos ocurridas en épocas de dictaduras y de
gobiernos autoritarios, y sancionar a los responsables”, dijo la Presidenta de la CIDH,
Rose-Marie Antoine. “El camino hacia la
verdad y la justicia por este tipo de crímenes del pasado ha sido
extremadamente largo y difícil, pero es una deuda pendiente y una
responsabilidad que los Estados no pueden eludir. No puede construirse un
futuro democrático sin haber esclarecido las graves violaciones cometidas en el
pasado, y haber logrado justicia y reparación”, agregó.
Existen graves falencias en la investigación
para identificar y sancionar a responsables de graves violaciones a los
derechos humanos del pasado en la región. Por ejemplo, en algunos Estados
se continúa aplicando la jurisdicción penal militar, y continúan vigentes leyes
de amnistía que, bajo diversos nombres, garantizan que estos hechos queden en
la impunidad. En muchos casos, hay grandes obstáculos e incluso se vuelve
imposible el acceso a la información sobre lo sucedido. En algunos países, el
ocultamiento de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, actos
de tortura y violencia sexual, así como otras graves violaciones a los derechos
humanos constituyó una política deliberada del Estado e incluso una estrategia
de guerra. Se han logrado importantes y significativos avances en muchas áreas
y en diversos países. Sin embargo, continúa siendo un gran desafío acceder a la
información completa de lo ocurrido.
El derecho a la
verdad comprende una doble dimensión. Por un lado, las víctimas y sus
familiares tienen derecho a conocer la verdad y la identidad de quienes
participaron en las violaciones cometidas, lo que implica que el Estado debe
investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables, y garantizar el
acceso a la información contenida en instalaciones y archivos estatales. Por
otro lado, la sociedad en su conjunto tiene el derecho de conocer la verdad de
lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que se cometieron los
crímenes, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro.
En consecuencia,
el derecho a la verdad debe ocupar un lugar prioritario en la agenda pública de
los Estados. Esto implica hacer reformas o adoptar medidas legislativas,
judiciales y prácticas que reconozcan el derecho de las víctimas y sus
familiares a conocer la verdad de los hechos, así como garantizar el acceso a
la información sobre graves violaciones de derechos humanos que se encuentran
en instalaciones y archivos estatales.
“Los Estados deben desclasificar toda la documentación
que pueda servir en procesos investigativos judiciales; y en el caso de graves
violaciones a los derechos humanos en contextos transnacionales o regionales,
los Estados deben cooperar en la entrega de información oficial a otros Estados
que buscan investigar, juzgar y sancionar dichas violaciones”, señaló la
Presidenta de la CIDH.
En noviembre del
año pasado, la CIDH publicó el informe “Derecho a la Verdad en América”, el
cual ofrece herramientas para los Estados que buscan garantizar el derecho a la
verdad. El informe identifica los aportes positivos realizados en casi
una decena de Estados por víctimas, familiares, defensores y defensoras de
derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, orientados a
documentar, verificar y difundir la verdad acerca de violaciones de derechos
humanos, tales como comisiones no oficiales de verdad, conducción de
investigaciones, elaboración de estudios e informes, así como iniciativas
orientadas a presionar a los países por el reconocimiento social y publico de
dichas violaciones.
“Este informe constituye una guía útil para los
Estados, al recopilar la jurisprudencia del sistema interamericano sobre cuáles
son las obligaciones que tienen en materia de justicia y reparación para las
víctimas de graves violaciones de derechos humanos y la sociedad en su
conjunto, a fin de garantizar el derecho a la verdad”, sostuvo la Presidenta.
La CIDH es un
órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA),
cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la
observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo
de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros
independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título
personal, y no representan sus países de origen o residencia.
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