Martes 3 de marzo de
2015
Tixtla,
Guerrero, 2 de marzo 2015. El día de hoy las familias de los 43 estudiantes
desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y los
miembros del Comité Estudiantil de esta institución se reunieron con las y los
cinco integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas
Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos
(CIDH), mismo que comenzó con este encuentro su labor de verificación técnica
de la actuación del Estado mexicano en el caso.
Los familiares de los estudiantes desaparecidos expresaron su absoluta
confianza en el GIEI. Asimismo, externaron algunas de sus preocupaciones
principales respecto de la actuación del Estado en el caso y urgieron a las
autoridades mexicanas a brindar las condiciones necesarias para que el Grupo
pueda cumplir con su mandato y hacer las recomendaciones necesarias para que
las víctimas accedan a la justicia y a la verdad. En este contexto,
manifestaron su preocupación en torno a la posibilidad de que los recientes
cambios en la Procuraduría General de la República (PGR), afecten el
cumplimiento del acuerdo de cooperación técnica firmado por el Estado Mexicano.
Cabe señalar que la reunión con los familiares de los estudiantes
desaparecidos, realizada en las instalaciones de la Escuela Normal Rural Raúl
Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, fue la primera actividad del GIEI en
México, lo que representa un contundente mensaje de compromiso con las
víctimas, al tiempo que confirma que la falta de esclarecimiento de los hechos
de Iguala continúa generando la más alta preocupación de la comunidad
internacional.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de
Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro Regional de Defensa de
los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Colectivo Contra la Tortura y
la Impunidad, y la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos,
que acompañan a las familias, saludaron también la llegada del GIEI,
convencidos de que es indispensable poner bajo el escrutinio público la investigación
realizada por la PGR.
No hay que olvidar que hace menos de un mes, la Procuraduría —hoy con
nueva titular— pretendió cerrar la investigación, lo que fue cuestionada
técnicamente por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y rechazado
por familiares y defensores de los normalistas, quienes puntualizaron diez
sólidas razones por las que no puede darse por concluida la investigación ni
por esclarecidos plenamente los hechos.
El GIEI fue creado mediante el Acuerdo de Asistencia Técnica firmado por
el Estado, la CIDH y las familias y sus representantes, en el marco de las
medidas cautelares otorgadas por el órgano del Sistema Interamericano el pasado
3 de octubre del 2014; dicho acuerdo establece que el mandato del Grupo se
enfocará en analizar tres ejes principales: la búsqueda con vida, la
investigación penal y la atención brindada a las víctimas. Con base en su
revisión del actuar del Estado en estos tres rubros, el GIEI podrá formular
recomendaciones para mejorar la respuesta del Estado ante el caso Ayotzinapa,
así como recomendaciones estructurales para fortalecer las capacidades
instaladas del Estado en materia de desaparición forzada.
Información
complementaria:
El Estado
mexicano aceptó formalmente la conformación del GIEI el 18 de noviembre de
2014, dos semanas después de su primera reunión con los padres y madres de los
normalistas víctimas de desaparición forzada.
El GIEI fue designado por la Comisión el 16 de enero de 2015, y sus
integrantes fueron escogidos de entre las propuestas hechas tanto por el Estado
mexicano y las organizaciones.
El grupo de expertos quedó conformado por Carlos Beristaín, experto
español en atención integral a víctimas de violaciones de derechos humanos con
trabajo en Guatemala, Colombia, Perú, Paraguay, Ecuador y el Sahara; Ángela
Buitrago, colombiana, abogada, ex fiscal ante la Corte Suprema de Justicia y
experta en desapariciones, corrupción y asesinatos políticos; el abogado
chileno Francisco Cox Vial, quien trabajó en apoyo de la extradición del
dictador Augusto Pinochet a España y como asesor de la CIDH en diversos casos;
Claudia Paz y Paz, abogada guatemalteca, especializada en derecho penal, jueza
durante 18 años y experta en investigación del crimen organizado y violaciones
de derechos humanos, y el jurista colombiano Alejandro Valencia Villa, experto
en derechos humanos, consultor de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, perito ante la Corte Interamericana
de Derechos Humanos y colaborador en Comisiones de la Verdad en Ecuador,
Guatemala, Paraguay y Perú.
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