por Ginna Arias
Marzo 26, 2015
El recorrido
de padres y amigos de los 43 normalistas de Ayotzinapa se mantienen con un
espíritu inquebrantable a pesar de la indiferencia y cinismo del gobierno
federal por ocultar la realidad de los hechos, por el deseo de dar por cerrado
el caso y por el afán de aferrarse a una versión oficial que niega lo que vive
el país actualmente.
181 días han pasado
desde la noche del 26 de septiembre de 2014, en la
que los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos desaparecieron y de los
cuales, se sabe por fotografías difundidas por soldados del 27 Batallón de
Infantería, que fueron llevados a la clínica Cristiana tras el “levantón”
por parte de la policía municipal en Iguala. Después de eso, sólo existe la
incertidumbre, el doloroso silencio de las autoridades municipales, estatales y
del gobierno federal.
Las reuniones
que se llevaron a cabo entre los familiares de los estudiantes y Enrique Peña
Nieto, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y el entonces
titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, en
octubre pasado resultaron a todas luces, infructuosas. Y se pensó que todo
quedaría en el olvido.
No obstante, esta tragedia movió la mente y vida de la sociedad mexicana que
sumada a las miles de desapariciones, los abusos de poder, la crisis económica,
las iniciativas y reformas que intentan privatizar recursos naturales, al
cinismo de una opulencia desmesurada por parte de los políticos, de la misma
familia presidencial y de los integrantes del gabinete de la república, entre
otros temas de fondo, convirtió a Ayotzinapa en una herida abierta que refleja
el hartazgo de la población y la demostración de que las movilizaciones e
integración de luchas sociales en el país, son hechos posibles.
El caso de los
43 normalistas es un eco seis meses después. Esta tragedia encarna el malestar
general de un gran sector de la ciudadanía que trata de enfrentar la ejecución
de los pobres del país, el despojo de los recursos naturales de la nación por
parte del Estado y el cinismo de las autoridades para justificar su falta de
compromiso y su nulo interés por resolver el caso, ya que en días recientes,
la Procuraduría General de la República (PGR), a cargo de Arely
Gómez, realizó algunos señalamientos para el diario La Jornada,
donde aseguró que “por más
aberrantes que resulten, (los hechos ocurridos en Iguala) no podrán ser tipificados como delito de
lesa humanidad”.
Pero hagamos
un paréntesis para preguntar ¿qué es el crimen de lesa humanidad?
De acuerdo al Estatuto de Roma, constituido
por la Corte o Tribunal Penal Internacional en julio del
año 1998, es un delito que se refiere a “aquellas conductas,
acciones, tipificadas como: asesinato, deportación, exterminio, tortura,
violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución con
motivos políticos, religiosos, raciales, étnicos, ideológicos, secuestro,
desaparición forzada o cualquier otro acto carente de humanidad y que cause
severos daños tanto psíquica como físicamente y que además sean cometidos como
parte de un ataque integral o sistemático contra una comunidad, que son
perpetrados por funcionarios públicos o por miembros de una
organización política contra una población civil”. Entonces,
¿qué podría significar un crimen de lesa humanidad para Arely Gómez?, ¿será
acaso que le falta conocimiento sobre asuntos básicos para impartir justicia o
quizás le falta interés por aclarar este problema?
Esta
desafortunada declaración de la nueva titular de la PGR, fue publicada días
después de que expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
que actualmente se encuentran en el país para dar seguimiento al caso, dieran a
conocer de forma preliminar que el crimen contra los 43 estudiantes de
Ayotzinapa es de lesa humanidad, por lo que no puede ser
cerrado, ni olvidado, ni superado como lo han pedido Vicente Fox y el mismo
Enrique Peña Nieto.
Ante el horror
de los acontecimientos y la indiferencia del Estado, la respuesta de familiares
de los estudiantes, de la sociedad nacional e internacional después de medio
año del ataque a los normalistas de la Escuela Raúl Isidro Burgos, es la misma:
esclarecer los hechos, no olvidar y continuar. El régimen ha tratado a través
de la censura, de informes poco creíbles y versiones oficiales, ocultar su
intento de dominar y apagar los movimientos generados por Acción
Global por Ayotzinapa, de la cual se espera que este jueves
haya marchas y manifestaciones en protesta por la falta de evidencias claras y
la demanda de un reporte actualizado por parte de de la titular de la PGR,
Arely Gomez, que se prevé partirá a las 16 horas del Ángel de la Independencia al
Monumento de la Revolución.
ENRIQUE PEÑA NIETO Y SU POLÍTICA DE EXTERMINIO
Mucho se
especula sobre los Escuadrones de la Muerte en México, que tienen como
objetivo realizar operaciones que garanticen el control o exterminio de
organizaciones contrarias a los intereses de los grupos en el poder, así
lo asegura Ricardo Monreal Ávila.
Casos como el de Ayotzinapa, Tlatlaya o Chalcihuapan, evidencian que Enrique
Peña Nieto lleva a cabo una guerra contra el pueblo, contra quienes lo señalen
o denuncien su incapacidad para gobernar. Esto no requiere de pruebas o datos
duros, es algo que se vive diariamente: represión, encarcelamiento, exterminio
y tortura es la respuesta del gobierno en contra de luchadores sociales,
activistas y personas que se manifiesten en contra del Estado.
Aunado a la
realidad cotidiana que vive México, la organización internacional InSight Crime, dio a conocer que el Estado
mexicano hace detenciones “bajo arraigo”
para torturar. En contraste, sólo el 3 por ciento de los detenidos son
condenados, y la gran mayoría están libres. Esto habla de que el crimen
organizado y las autoridades están coludidos, pero esta no es una novedad para
el país. La noticia es que el país está en un punto de quiebre que muestra la
ingobernabilidad existente, y la única respuesta que obtiene la ciudadanía es
la represión sanguinaria tanto del grupos criminales como de las autoridades.
De acuerdo a
cifras otorgadas por organizaciones de derechos humanos, las detenciones
llevadas a cabo por el gobierno son arbitrarias y se han incrementado en los
últimos años. Tan sólo en el Distrito Federal el índice de
represión y de detenciones sin pruebas se duplicó desde que Miguel Ángel
Mancera asumió el poder en la capital del país, lo cual posicionó a la entidad
con la de mayor índice en las prácticas represivas.
Con ello, se
concluye que el nuevo PRI y sus aliados –Mancera en el DF, Arely Gómez en la
PGR, el nuevo ministro de la SCJN Medina Mora, entre otros- implementen el
terrorismo de Estado para desaparecer a las grupos opositores, a los indígenas
para despojarlos de su tierra y a los grupos que sean obstáculo para llevar a
cabo sus planes.
Ayotzinapa es
el mensaje más evidente que ha enviado la administración actual sobre su
proceso de control:
“Es el desmantelamiento del país, de los
territorios indígenas, la destrucción de los derechos sociales y el
cercenamiento de las garantías individuales, los fraudes electorales, son
aspectos de la violencia generalizada ejercida contra la población, cuya expresión
más cruenta es la desaparición forzada, la tortura y el encarcelamiento de
luchadores sociales. El terrorismo de Estado se impone como un estado de
excepción permanente para lograr el saqueo último de las riquezas nacionales
para sostener la decadencia del imperio más poderoso y salvaje que haya
conocido la humanidad. La violencia ha hecho de México una gran fosa común”, Omar García,
integrante del comité estudiantil de la Normal de Ayotzinapa.
Pareciera que
no hay una lógica clara, y por ello es previsible la intervención
extranjera, específicamente de Estados Unidos, para garantizar la
gobernabilidad y “el avance del
país”. Pero, ¿miles de ciudadanos están dispuestos a ser simplemente
borrados del mapa?, ¿hasta dónde llegará el cinismo de la clase política?, ¿por
qué la desaparición de 43 estudiantes cimbraron a una sociedad cansada del
engaño y el saqueo?
Sin lugar a
dudas, hay temas principales para entender el surgimiento de un movimiento generalizado:
el hartazgo ante situaciones como la Ley de Aguas, que supone la privatización
del líquido; la desigualdad e injusticia que enfrentan jornaleros de San
Quintín; la mordaza para quienes se pronuncian y señalan al mal gobierno como
la periodista Carmen Aristegui, sin mencionar a los periodistas asesinados en
lo que va de la administración de Peña Nieto y otras cuestiones que mantienen
al país en la mira de los asuntos internacionales, aunque para muchos de los
políticos sea algo que pronto la sociedad olvidará.
Por eso el
caso de Ayotzinapa es la herida abierta con la quedó al descubierto la política
de exterminio y silenciamiento que lleva a cabo el nuevo PRI.
La décima
Acción Global por Ayotzinapa 181 días después de la tragedia tiene el objetivo
de cuestionar: ¿A poco ya
nos cansamos? ¿A poco ya nos ganó la tristeza?
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