jueves, 26 de marzo de 2015

181 DÍAS SIN MIEDO: AYOTZINAPA Y LA POLÍTICA DE EXTERMINIO DE ENRIQUE PEÑA NIETO

por Ginna Arias
Marzo 26, 2015

El recorrido de padres y amigos de los 43 normalistas de Ayotzinapa se mantienen con un espíritu inquebrantable a pesar de la indiferencia y cinismo del gobierno federal por ocultar la realidad de los hechos, por el deseo de dar por cerrado el caso y por el afán de aferrarse a una versión oficial que niega lo que vive el país actualmente. 
181 días han pasado desde la noche del 26 de septiembre de 2014, en la que los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos desaparecieron y de los cuales, se sabe por fotografías difundidas por soldados del 27 Batallón de Infantería, que fueron llevados a la clínica Cristiana tras el “levantón” por parte de la policía municipal en Iguala. Después de eso, sólo existe la incertidumbre, el doloroso silencio de las autoridades municipales, estatales y del gobierno federal.
Las reuniones que se llevaron a cabo entre los familiares de los estudiantes y Enrique Peña Nieto, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y el entonces titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, en octubre pasado resultaron a todas luces, infructuosas. Y se pensó que todo quedaría en el olvido.
No obstante, esta tragedia movió la mente y vida de la sociedad mexicana que sumada a las miles de desapariciones, los abusos de poder, la crisis económica, las iniciativas y reformas que intentan privatizar recursos naturales, al cinismo de una opulencia desmesurada por parte de los políticos, de la misma familia presidencial y de los integrantes del gabinete de la república, entre otros temas de fondo, convirtió a Ayotzinapa en una herida abierta que refleja el hartazgo de la población y la demostración de que las movilizaciones e integración de luchas sociales en el país, son hechos posibles.
El caso de los 43 normalistas es un eco seis meses después. Esta tragedia encarna el malestar general de un gran sector de la ciudadanía que trata de enfrentar la ejecución de los pobres del país, el despojo de los recursos naturales de la nación por parte del Estado y el cinismo de las autoridades para justificar su falta de compromiso y su nulo interés por resolver el caso, ya que en días recientes, la Procuraduría General de la República (PGR), a cargo de Arely Gómez, realizó algunos señalamientos para el diario La Jornada, donde aseguró que “por más aberrantes que resulten, (los hechos ocurridos en Iguala) no podrán ser tipificados como delito de lesa humanidad”.
Pero hagamos un paréntesis para preguntar ¿qué es el crimen de lesa humanidad? De acuerdo al Estatuto de Roma, constituido por la Corte o Tribunal Penal Internacional en julio del año 1998, es un delito que se refiere a “aquellas conductas, acciones, tipificadas como: asesinato, deportación, exterminio, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución con motivos políticos, religiosos, raciales, étnicos, ideológicos, secuestro, desaparición forzada o cualquier otro acto carente de humanidad y que cause severos daños tanto psíquica como físicamente y que además sean cometidos como parte de un ataque integral o sistemático contra una comunidad, que son perpetrados por funcionarios públicos o por miembros de una organización política contra una población civil”. Entonces, ¿qué podría significar un crimen de lesa humanidad para Arely Gómez?, ¿será acaso que le falta conocimiento sobre asuntos básicos para impartir justicia o quizás le falta interés por aclarar este problema?
Esta desafortunada declaración de la nueva titular de la PGR, fue publicada días después de que expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que actualmente se encuentran en el país para dar seguimiento al caso, dieran a conocer de forma preliminar que el crimen contra los 43 estudiantes de Ayotzinapa es de lesa humanidad, por lo que no puede ser cerrado, ni olvidado, ni superado como lo han pedido Vicente Fox y el mismo Enrique Peña Nieto.
Ante el horror de los acontecimientos y la indiferencia del Estado, la respuesta de familiares de los estudiantes, de la sociedad nacional e internacional después de medio año del ataque a los normalistas de la Escuela Raúl Isidro Burgos, es la misma: esclarecer los hechos, no olvidar y continuar. El régimen ha tratado a través de la censura, de informes poco creíbles y versiones oficiales, ocultar su intento de dominar y apagar los movimientos generados por Acción Global por Ayotzinapa, de la cual se espera que este jueves haya marchas y manifestaciones en protesta por la falta de evidencias claras y la demanda de un reporte actualizado por parte de de la titular de la PGR, Arely Gomez, que se prevé partirá a las 16 horas del Ángel de la Independencia al Monumento de la Revolución.

ENRIQUE PEÑA NIETO Y SU POLÍTICA DE EXTERMINIO

Mucho se especula sobre los Escuadrones de la Muerte en México, que tienen como objetivo realizar operaciones que garanticen el control o exterminio de organizaciones contrarias a los intereses de los grupos en el poder, así lo asegura Ricardo Monreal Ávila. Casos como el de Ayotzinapa, Tlatlaya o Chalcihuapan, evidencian que Enrique Peña Nieto lleva a cabo una guerra contra el pueblo, contra quienes lo señalen o denuncien su incapacidad para gobernar. Esto no requiere de pruebas o datos duros, es algo que se vive diariamente: represión, encarcelamiento, exterminio y tortura es la respuesta del gobierno en contra de luchadores sociales, activistas y personas que se manifiesten en contra del Estado.
Aunado a la realidad cotidiana que vive México, la organización internacional InSight Crime, dio a conocer que el Estado mexicano hace detenciones “bajo arraigo” para torturar. En contraste, sólo el 3 por ciento de los detenidos son condenados, y la gran mayoría están libres. Esto habla de que el crimen organizado y las autoridades están coludidos, pero esta no es una novedad para el país. La noticia es que el país está en un punto de quiebre que muestra la ingobernabilidad existente, y la única respuesta que obtiene la ciudadanía es la represión sanguinaria tanto del grupos criminales como de las autoridades.
De acuerdo a cifras otorgadas por organizaciones de derechos humanos, las detenciones llevadas a cabo por el gobierno son arbitrarias y se han incrementado en los últimos años. Tan sólo en el Distrito Federal el índice de represión y de detenciones sin pruebas se duplicó desde que Miguel Ángel Mancera asumió el poder en la capital del país, lo cual posicionó a la entidad con la de mayor índice en las prácticas represivas.
Con ello, se concluye que el nuevo PRI y sus aliados –Mancera en el DF, Arely Gómez en la PGR, el nuevo ministro de la SCJN Medina Mora, entre otros- implementen el terrorismo de Estado para desaparecer a las grupos opositores, a los indígenas para despojarlos de su tierra y a los grupos que sean obstáculo para llevar a cabo sus planes.
Ayotzinapa es el mensaje más evidente que ha enviado la administración actual sobre su proceso de control:
“Es el desmantelamiento del país, de los territorios indígenas, la destrucción de los derechos sociales y el cercenamiento de las garantías individuales, los fraudes electorales, son aspectos de la violencia generalizada ejercida contra la población, cuya expresión más cruenta es la desaparición forzada, la tortura y el encarcelamiento de luchadores sociales. El terrorismo de Estado se impone como un estado de excepción permanente para lograr el saqueo último de las riquezas nacionales para sostener la decadencia del imperio más poderoso y salvaje que haya conocido la humanidad. La violencia ha hecho de México una gran fosa común”, Omar García, integrante del comité estudiantil de la Normal de Ayotzinapa.
Pareciera que no hay una lógica clara, y por ello es previsible la intervención extranjera, específicamente de Estados Unidos, para garantizar la gobernabilidad y “el avance del país”. Pero, ¿miles de ciudadanos están dispuestos a ser simplemente borrados del mapa?, ¿hasta dónde llegará el cinismo de la clase política?, ¿por qué la desaparición de 43 estudiantes cimbraron a una sociedad cansada del engaño y el saqueo?
Sin lugar a dudas, hay temas principales para entender el surgimiento de un movimiento generalizado: el hartazgo ante situaciones como la Ley de Aguas, que supone la privatización del líquido; la desigualdad e injusticia que enfrentan jornaleros de San Quintín; la mordaza para quienes se pronuncian y señalan al mal gobierno como la periodista Carmen Aristegui, sin mencionar a los periodistas asesinados en lo que va de la administración de Peña Nieto y otras cuestiones que mantienen al país en la mira de los asuntos internacionales, aunque para muchos de los políticos sea algo que pronto la sociedad olvidará.
Por eso el caso de Ayotzinapa es la herida abierta con la quedó al descubierto la política de exterminio y silenciamiento que lleva a cabo el nuevo PRI 
La décima Acción Global por Ayotzinapa 181 días después de la tragedia tiene el objetivo de cuestionar: ¿A poco ya nos cansamos? ¿A poco ya nos ganó la tristeza?