domingo, 15 de febrero de 2015

LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL DEL CONFLICTO SOCIAL Y ARMADO EN COLOMBIA

13/02/2015
Injerencia de EEUU: contrainsurgencia y terrorismo de estado
La subordinación estratégica de Colombia
«Hemos obtenido todo lo que hemos solicitado a este país […]. Colombia no ha regateado sino que de todo corazón ha salido en apoyo de nuestra política […] y no existe país en Sur América que se haya desempeñado en forma más cooperadora». Spruille Braden, (Embajador de los EEUU) 6 de marzo de 1942, citado en David Bushnell, Eduardo Santos y la política del Buen Vecino, Bogotá: El Ancora Editores, p. 45.
«Consideramos que […] debe realizarse un esfuerzo concertado por todo el Equipo del País [Colombia] a fin de seleccionar personal civil y militar con miras a un entrenamiento clandestino en operaciones de resistencia, […] y, en la medida en que sea necesario, ejecutar actividades paramilitares, de sabotaje y/o terroristas, contra partidarios del comunismo conocidos. Los EEUU deben apoyar esto». John F. Kennedy Library. National Security Files. Box 319. Special Group; Fort Bragg Team; Visit to Colombia, 3/1962, «Secret Supplement, Colombian Survey Report».
«Si Pastrana fue la norteamericanización de la política de seguridad colombiana, en la medida en que la estrategia que buscaba una salida negociada al conflicto y la formulación inicial del Plan Colombia como una estrategia integral para el desarrollo terminaron adaptándose a la agenda y los intereses del gobierno norteamericano, Uribe es la «colombianización de la estrategia de seguridad norteamericana en el país, es decir la interiorización de los dictámenes de Washington, ya no una adaptación de una iniciativa propia, sino una traducción del diagnóstico, las políticas y demandas estadounidenses». «Habla el Comandante del Sur», Revista Semana, No. 1080, versión digital.
A la hora de analizar las causas del conflicto social y armado, así como las variables que lo han prolongado y el impacto sobre la población civil, EEUU no es una mera influencia externa, sino un actor directo del conflicto, debido a su involucramiento durante gran parte del siglo XX. Sus acciones se inscriben en el marco de una relación de subordinación, entendida como un vínculo de dependencia en donde el interés particular de Colombia se considera representado en los servicios a un tercero (EEUU), que se concibe como dotado de una superioridad política, económica, cultural y moral. Es una relación desigual y asimétrica que asume un carácter estratégico, pues la existencia misma de la República se piensa como indisociable de la situación de subordinación. Una subordinación estratégica y una autonomía restringidason claves a la hora de entender la perduración del conflicto, ya que EEUU es agente central en la definición de los lineamientos políticos de las clases dominantes en Colombia.
Del tema central, la dimensión internacional del conflicto armado, se derivan un par de aspectos internos de Colombia: la contrainsurgencia y el Terrorismo de Estado. Se analiza el origen y construcción de un “bloque de poder contrainsurgente”, a partir, primero, de la represión y persecución a los movimientos sociales y políticos que en la primera mitad del siglo XX pusieron en cuestión el orden establecido (como las luchas populares de la década de 1920 y el gaitanismo en la década de 1940) y, segundo, dela sofisticación doctrinaria de la contrainsurgencia por influencia directa de los EEUU a comienzos de la década de 1960.
En La contrainsurgencia nativa se utilizan mecanismos represivos de índole ideológica, mediática, jurídica, militar por sectores de las clases dominantes, el bipartidismo, las Fuerzas Armadas y el Estado, para perseguir a los adversarios sociales y políticos, como un procedimiento de vieja data. En un momento clave de esa contrainsurgencia nativa, a mediados de la década de 1940, se forman los “pájaros” (sicarios paramilitares), se politizan la policía y el Ejército, con la finalidad de perseguir gaitanistas, comunistas y nueveabrileños.
La contrainsurgencia nativa se entronca con la contrainsurgencia moderna que se implementa desde mediados de la década de 1950 y tiene un carácter más doctrinario y elaborado tras la Revolución Cubana. Esa contrainsurgencia moderna, con un acentuado carácter anticomunista, justifica la persecución sistemática de la protesta social, encubierta con el manto de la Guerra Fría y luego de la Guerra contra las Drogas y la Guerra contra el Terrorismo.
Cuando la contrainsurgencia se convierte en una doctrina oficial de las Fuerzas Armadas y del Estado colombiano se erige en uno de los soportes del Terrorismo de Estado, que se remite a la Masacre de las Bananeras, de 1928, como su antecedente más tristemente célebre. El saldo de dolor de ese terrorismo estatal, durante los últimos 65 años, es similar al generado por las dictaduras del Cono Sur o de América Central y el Caribe en diversos momentos del siglo XX.
Son múltiples los impactos de la intervención de los EEUU en el conflicto colombiano y los efectos de la contrainsurgencia y del terrorismo de Estado, entre los cuales se resaltan el paramilitarismo, los asesinatos de Estado (mal llamados “falsos positivos”), la creación de redes oficiales de espionaje y persecución de adversarios políticos (como el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS), las fumigaciones aéreas, los bombardeos, las violaciones y tráfico sexual que realizan mercenarios y militares de los EEUU.
Del análisis efectuado se desprende que EEUU ha desempeñado un papel protagónico en la persistencia del conflicto armado en Colombia por su influencia directa en los asuntos de nuestro país (con énfasis en el terreno militar y la apertura de mercados) desde finales de la década de 1930, durante la administración presidencial de Eduardo Santos.
La injerencia de los EEUU asume la forma de “intervención por invitación”, en concordancia con el carácter subordinado de las clases dominantes y el Estado colombiano. Y aunque la contrainsurgencia y el Terrorismo de Estado son anteriores a la presencia de los EEUU en la vida política colombiana, adquieren un nuevo sentido, sistemático y permanente, tras la adscripción del país a la órbita anticomunista de Washington después de la Guerra de Corea (1950-1953), que se mantiene hasta el día de hoy.
Conclusiones:
A CONTINUACIÓN PRESENTAMOS ALGUNAS CONCLUSIONES DE ESTE INFORME:
1). Durante gran parte del siglo XX entre las clases dominantes y los Estados de Colombia y los EEUU se ha generado una alianza estratégica que beneficia mutuamente a las dos partes, pero que perjudica a las mayorías sociales de nuestro país. Los primeros se lucran por los préstamos y las ayudas militares, por lo que han establecido una subordinación y dependencia incondicional. Los segundos porque controlan diversos aspectos de la sociedad y política colombianas, así como los más importantes renglones de la actividad económica, por el predominio de sus empresas e inversiones en renglones estratégicos.
2). En Colombia existe una contrainsurgencia nativa –que se nutre del anticomunismo– que es anterior al surgimiento de la doctrina de la contrainsurgencia, pero que se renueva y se mezcla con esta última a raíz de los intereses geopolíticos de EEUU durante la Guerra Fría.
3). La injerencia de EEUU en el conflicto social y armado de nuestro país ha sido constante y directa desde finales de la década de 1940, lo cual se expresa tanto en la ayuda militar al Estado, como en el fomento de las políticas de contrainsurgencia.
4). Los sucesivos gobiernos de los EEUU de las últimas siete décadas son responsables directos en la perpetuación del conflicto armado en Colombia, en la medida en que han promovido la contrainsurgencia en todas sus manifestaciones, estimulado y entrenado a las Fuerzas Armadas con sus métodos de tortura y eliminación de los que son considerados como «enemigos interno» y bloqueando las vías no militares de solución a las causas estructurales del conflicto social y armado.
5). La misión del general Yarborough de 1962 es directamente responsable de la consolidación del paramilitarismo en Colombia, puesto que recomendó que fueran organizados grupos de civiles y militares, promovidos por el Estado, con la finalidad explicita de perseguir y matar a aquellos considerados como comunistas.
6). EEUU ha contribuido a la militarización de la sociedad colombiana por su financiación y apoyo al Estado colombiano y a sus Fuerzas Armadas a nombre de diversas cruzadas, contra el comunismo, el narcotráfico o el terrorismo.
7). EEUU es corresponsable directo en miles de asesinatos que han cometido las Fuerzas Armadas y los paramilitares, por su patrocinio a brigadas militares comprometidas en ese tipo de crímenes y por su respaldo a grupos privados de asesinos.
8). El control directo del DAS por parte de EEUU –desde el momento de su fundación, en 1960, hasta su reciente disolución– los hace corresponsables de los numerosos crímenes y delitos que contra la población se cometieron desde ese organismo de seguridad, entre los que se incluyen asesinatos de sindicalistas y dirigentes sociales y el seguimiento y acoso a sectores de la oposición política.
9). Al promover la llamada «guerra contra las drogas» EEUU está involucrado en forma directa en la destrucción de economías campesinas e indígenas en diversos lugares de Colombia, que son víctimas de fumigaciones, de bombardeos y de la persecución oficial y paraoficial.
10). La privatización de la guerra que impulsa el Plan Colombia y la nueva contrainsurgencia promueven la utilización de mercenarios en el conflicto interno de nuestro país, que cometen numerosos delitos (violaciones, asesinatos, torturas, desapariciones), que gozan de plena impunidad, en virtud de los acuerdos entre Colombia y EEUU. Con esto se refuerza la «cultura de la impunidad» que caracteriza a las Fuerzas Armadas de Colombia.
11). El terrorismo de Estado que se perpetúa en Colombia desde finales de la década de 1940 se alimenta tanto del sostén militar y financiero de los EEUU, como de los intereses de las clases dominantes criollas, para preservar su poder y su riqueza y negarse a realizar elementales reformas económicas y sociales de tipo redistributivo.
12). Algunas empresas de capital estadounidense –como la Chiquita Brands–, que han financiado y patrocinado a grupos paramilitares, son responsables directos de cientos de crímenes cometidos en diversos lugares de Colombia, pero nunca han sido procesados en nuestro país, donde gozan de plena impunidad.
 
Recomendaciones:
De este informe se desprenden dos clases de recomendaciones, unas sobre los archivos, difusión y acceso a la información y otras de tipo general, presentadas en forma sintética:
Archivos, acceso y difusión de la información:
1) Para el conocimiento, reconstrucción y búsqueda de la verdad sobre la responsabilidad de EEUU en el conflicto colombiano, así como de sus múltiples derivaciones y nexos con el Estado colombiano, sus Fuerzas Armadas, organismos de seguridad y empresarios privados, es indispensable que se desclasifiquen los documentos atinentes a Colombia que reposan en los archivos estadounidenses.
2) Esa documentación debería considerarse como patrimonio documental del país y debería ser traída a nuestro territorio, ser depositaba en el Archivo General de la Nación y ser traducida y difundida públicamente.
3). Los archivos del DAS, Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa y de las entidades de seguridad del Estado deben ser preservados por entidades independientes y sin vínculos con las Fuerzas Armadas y revelada tanto la información relacionada con las actuaciones de los EEUU como con la represión interna.
4) El Estado colombiano debe abrir portales virtuales de fácil acceso en el que se almacene y se pueda consultar la información documental sobre el papel de EEUU en el conflicto colombiano.
De tipo general:

1). Para construir una sociedad en paz y democrática es indispensable replantear las relaciones entre Colombia y los EEUU, de tal manera que se recupere la soberanía nacional con el objetivo de manejar en forma autónoma nuestros asuntos y que las políticas internas no se guíen ni por los intereses de Washington ni de ningún poder foráneo, sino que respondan a los intereses de la población colombiana.
2). El Estado colombiano le debe revelar a la sociedad todos los pactos y acuerdos militares secretos que existen con los EEUU y con cualquier otro Estado (como Israel) y debe comprometerse a que nunca se volverán a establecer acuerdos de esa naturaleza.
3). En aras de contribuir a la justicia hacia las víctimas, el gobierno de los EEUU debe facilitar que los ciudadanos de ese país involucrados en graves crímenes en contra del pueblo colombiano, en particular asesinatos, desapariciones y casos de violación sexual, respondan ante tribunales independientes y se ponga fin a la impunidad que los protege. Asimismo, que se eliminen los privilegios y protección de que gozan los militares de los EEUU y los mercenarios a su servicio.
4). Es indispensable que cese la participación de los EEUU en el manejo de las agencias de seguridad, como sucedió con el DAS.
5). Se deben investigar los casos de violencia sexual ejercida por militares y mercenarios de los EEUU en todo el territorio colombiano y castigar a los culpables.
6). Las Fuerzas Armadas en Colombia deben abandonar sus concepciones de contrainsurgencia, de anticomunismo y de enemigo interno, volver a sus cuarteles, reducir su tamaño y presupuesto y dedicarse a resguardar las fronteras nacionales. Esto implica una desmilitarización de la sociedad colombiana, que posibilite que nuevas fuerzas sociales y políticas se organicen y se expresen libremente sin el temor a ser víctimas de la persecución y estigmatización desde doctrinas contrainsurgentes y/o de la seguridad nacional.
7). Debe abandonarse el tratamiento militar y represivo que se ha impuesto en Colombia en las últimas seis décadas y plantearse nuevas formas de abordar complejos problemas de nuestra sociedad, como el atinente a los cultivos de uso ilícito.
8). Dado el carácter unilateral y arbitrario cómo opera la extradición (que se sepa ningún ciudadano de los EEUU ha sido extraditado a Colombia), resulta indispensable ponerle término a la extradición de colombianos hacia EEUU o cualquier otro país.
9). El gobierno de los EEUU debe aceptar su responsabilidad, de manera inequívoca, ante las víctimas por su participación directa e indirecta en nuestro conflicto, de la misma manera en que la guerrilla de las FARC-EP ha aceptado su parte de responsabilidad y como también lo debe hacer el Estado. Las víctimas del paramilitarismo, de los bombardeos, fumigaciones, asesinatos (como los mal llamados «falsos positivos»), así como de las políticas militares, sociales, económicas y comerciales impuestas por Washington que han tenido un impacto nocivo sobre millones de colombianos, necesitan saber la verdad sobre la participación de EEUU en su sufrimiento. Se precisa de una disculpa pública incondicional e inequívoca por parte del gobierno de EEUU, así como reparación a las víctimas y una garantía de no repetición de esta injerencia perniciosa en el futuro.
10). Se deben desmontar los mal llamados programas de «asistencia militar», mediante los cuales se produce una injerencia política ilegítima en nuestros asuntos domésticos, así como se ha promovido la idea en las Fuerzas Armadas de que los colombianos, o algunos de ellos, son un «enemigo interno» al que se combate y aniquila. Esto es un aspecto central de la democratización de la sociedad y de la depuración de las Fuerzas Armadas.
11). Debe haber una audiencia e investigación en profundidad de las actividades de la agencia de cooperación estadounidense USAID, la cual, operando desde una matriz primordialmente contrainsurgente y beligerante, ha estado implicada desde un primer momento en la asistencia a actividades e instituciones que han promovido masivamente la violación de derechos humanos, tales como el DAS y las acciones cívico-militares. Se trata de desmilitarizar la cooperación de tal manera que no represente un atropello a nuestra soberanía.
13). Teniendo en cuenta la complicidad directa de los grandes medios de comunicación de Colombia en la legitimación de la intervención de EEUU –y de sus crímenes–, junto con el Terrorismo de Estado y la contrainsurgencia, deben ser responsabilizados como victimarios por ser generadores de la «cultura de la impunidad», de la mentira y la desinformación.

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