13/02/2015
Injerencia de EEUU: contrainsurgencia y terrorismo
de estado
La subordinación estratégica de Colombia
«Hemos obtenido todo lo que hemos solicitado a
este país […]. Colombia no
ha regateado sino que de todo corazón ha salido en apoyo de nuestra política […]
y no existe país en Sur América que se haya desempeñado en forma más
cooperadora». Spruille Braden, (Embajador de los EEUU) 6 de marzo de 1942,
citado en David Bushnell, Eduardo Santos y la política del Buen Vecino, Bogotá:
El Ancora Editores, p. 45.
«Consideramos que […] debe
realizarse un esfuerzo concertado por todo el Equipo del País [Colombia]
a fin de seleccionar personal civil y militar con miras a un entrenamiento
clandestino en operaciones de resistencia, […] y, en la medida en que
sea necesario, ejecutar actividades paramilitares, de sabotaje y/o terroristas,
contra partidarios del comunismo conocidos. Los EEUU deben apoyar esto». John F. Kennedy Library. National Security
Files. Box 319. Special Group; Fort Bragg Team; Visit to Colombia, 3/1962,
«Secret Supplement, Colombian Survey Report».
«Si Pastrana fue la norteamericanización de la política de seguridad
colombiana, en la medida en que la estrategia que buscaba una salida negociada
al conflicto y la formulación inicial del Plan Colombia como una estrategia
integral para el desarrollo terminaron adaptándose a la agenda y los intereses
del gobierno norteamericano, Uribe es la «colombianización de la estrategia de
seguridad norteamericana en el país, es decir la interiorización de los
dictámenes de Washington, ya no una adaptación de una iniciativa propia, sino
una traducción del diagnóstico, las políticas y demandas estadounidenses».
«Habla el Comandante del Sur», Revista Semana, No. 1080, versión digital.
A la hora de analizar las causas del conflicto social y armado, así como
las variables que lo han prolongado y el impacto sobre la población civil, EEUU
no es una mera influencia externa, sino un actor directo del conflicto, debido
a su involucramiento durante gran parte del siglo XX. Sus acciones se inscriben
en el marco de una relación de subordinación, entendida como un vínculo
de dependencia en donde el interés particular de Colombia se considera
representado en los servicios a un tercero (EEUU), que se concibe como dotado
de una superioridad política, económica, cultural y moral. Es una relación
desigual y asimétrica que asume un carácter estratégico, pues la
existencia misma de la República se piensa como indisociable de la situación de
subordinación. Una subordinación estratégica y una autonomía
restringidason claves a la hora de entender la perduración del conflicto,
ya que EEUU es agente central en la definición de los lineamientos políticos de
las clases dominantes en Colombia.
Del tema central, la dimensión internacional del conflicto armado, se
derivan un par de aspectos internos de Colombia: la contrainsurgencia y el
Terrorismo de Estado. Se analiza el origen y construcción de un “bloque de poder contrainsurgente”, a
partir, primero, de la represión y persecución a los movimientos sociales y
políticos que en la primera mitad del siglo XX pusieron en cuestión el orden
establecido (como las luchas populares de la década de 1920 y el gaitanismo en
la década de 1940) y, segundo, dela sofisticación doctrinaria de la
contrainsurgencia por influencia directa de los EEUU a comienzos de la década
de 1960.
En La contrainsurgencia nativa se utilizan mecanismos represivos
de índole ideológica, mediática, jurídica, militar por sectores de las clases
dominantes, el bipartidismo, las Fuerzas Armadas y el Estado, para perseguir a
los adversarios sociales y políticos, como un procedimiento de vieja data. En
un momento clave de esa contrainsurgencia nativa, a mediados de la década de
1940, se forman los “pájaros”
(sicarios paramilitares), se politizan la policía y el Ejército, con la
finalidad de perseguir gaitanistas, comunistas y nueveabrileños.
La contrainsurgencia nativa se entronca con la contrainsurgencia moderna
que se implementa desde mediados de la década de 1950 y tiene un carácter más
doctrinario y elaborado tras la Revolución Cubana. Esa contrainsurgencia
moderna, con un acentuado carácter anticomunista, justifica la persecución
sistemática de la protesta social, encubierta con el manto de la Guerra Fría y
luego de la Guerra contra las Drogas y la Guerra contra el Terrorismo.
Cuando la contrainsurgencia se convierte en una doctrina oficial de las
Fuerzas Armadas y del Estado colombiano se erige en uno de los soportes del
Terrorismo de Estado, que se remite a la Masacre de las Bananeras, de 1928,
como su antecedente más tristemente célebre. El saldo de dolor de ese
terrorismo estatal, durante los últimos 65 años, es similar al generado por las
dictaduras del Cono Sur o de América Central y el Caribe en diversos momentos
del siglo XX.
Son múltiples los impactos de la intervención de los EEUU en el
conflicto colombiano y los efectos de la contrainsurgencia y del terrorismo de
Estado, entre los cuales se resaltan el paramilitarismo, los asesinatos de
Estado (mal llamados “falsos positivos”),
la creación de redes oficiales de espionaje y persecución de adversarios
políticos (como el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS), las
fumigaciones aéreas, los bombardeos, las violaciones y tráfico sexual que
realizan mercenarios y militares de los EEUU.
Del análisis efectuado se desprende que EEUU ha desempeñado un papel
protagónico en la persistencia del conflicto armado en Colombia por su
influencia directa en los asuntos de nuestro país (con énfasis en el terreno
militar y la apertura de mercados) desde finales de la década de 1930, durante
la administración presidencial de Eduardo Santos.
La injerencia de los EEUU asume la forma de “intervención por invitación”, en concordancia con el carácter
subordinado de las clases dominantes y el Estado colombiano. Y aunque la
contrainsurgencia y el Terrorismo de Estado son anteriores a la presencia de
los EEUU en la vida política colombiana, adquieren un nuevo sentido,
sistemático y permanente, tras la adscripción del país a la órbita
anticomunista de Washington después de la Guerra de Corea (1950-1953), que se
mantiene hasta el día de hoy.
Conclusiones:
A CONTINUACIÓN PRESENTAMOS ALGUNAS CONCLUSIONES
DE ESTE INFORME:
1). Durante gran parte del siglo
XX entre las clases dominantes y los Estados de Colombia y los EEUU se ha
generado una alianza estratégica que beneficia mutuamente a las dos
partes, pero que perjudica a las mayorías sociales de nuestro país. Los
primeros se lucran por los préstamos y las ayudas militares, por lo que han
establecido una subordinación y dependencia incondicional. Los segundos porque
controlan diversos aspectos de la sociedad y política colombianas, así como los
más importantes renglones de la actividad económica, por el predominio de sus
empresas e inversiones en renglones estratégicos.
2). En Colombia existe una
contrainsurgencia nativa –que se nutre del anticomunismo– que es anterior al
surgimiento de la doctrina de la contrainsurgencia, pero que se renueva y se
mezcla con esta última a raíz de los intereses geopolíticos de EEUU durante la
Guerra Fría.
3). La injerencia de EEUU en el
conflicto social y armado de nuestro país ha sido constante y directa desde
finales de la década de 1940, lo cual se expresa tanto en la ayuda militar al
Estado, como en el fomento de las políticas de contrainsurgencia.
4). Los sucesivos gobiernos de
los EEUU de las últimas siete décadas son responsables directos en la
perpetuación del conflicto armado en Colombia, en la medida en que han
promovido la contrainsurgencia en todas sus manifestaciones, estimulado y
entrenado a las Fuerzas Armadas con sus métodos de tortura y eliminación de los
que son considerados como «enemigos
interno» y bloqueando las vías no militares de solución a las causas
estructurales del conflicto social y armado.
5). La misión del general
Yarborough de 1962 es directamente responsable de la consolidación del
paramilitarismo en Colombia, puesto que recomendó que fueran organizados grupos
de civiles y militares, promovidos por el Estado, con la finalidad explicita de
perseguir y matar a aquellos considerados como comunistas.
6). EEUU ha contribuido a la
militarización de la sociedad colombiana por su financiación y apoyo al Estado
colombiano y a sus Fuerzas Armadas a nombre de diversas cruzadas, contra el
comunismo, el narcotráfico o el terrorismo.
7). EEUU es corresponsable
directo en miles de asesinatos que han cometido las Fuerzas Armadas y los
paramilitares, por su patrocinio a brigadas militares comprometidas en ese tipo
de crímenes y por su respaldo a grupos privados de asesinos.
8). El control directo del
DAS por parte de EEUU –desde el momento de su fundación, en 1960, hasta su
reciente disolución– los hace corresponsables de los numerosos crímenes y
delitos que contra la población se cometieron desde ese organismo de seguridad,
entre los que se incluyen asesinatos de sindicalistas y dirigentes sociales y
el seguimiento y acoso a sectores de la oposición política.
9). Al promover la llamada «guerra contra las drogas» EEUU está
involucrado en forma directa en la destrucción de economías campesinas e
indígenas en diversos lugares de Colombia, que son víctimas de fumigaciones, de
bombardeos y de la persecución oficial y paraoficial.
10). La privatización de la guerra
que impulsa el Plan Colombia y la nueva contrainsurgencia promueven la
utilización de mercenarios en el conflicto interno de nuestro país, que cometen
numerosos delitos (violaciones, asesinatos, torturas, desapariciones), que
gozan de plena impunidad, en virtud de los acuerdos entre Colombia y EEUU. Con
esto se refuerza la «cultura de la
impunidad» que caracteriza a las Fuerzas Armadas de Colombia.
11). El terrorismo de Estado que
se perpetúa en Colombia desde finales de la década de 1940 se alimenta tanto
del sostén militar y financiero de los EEUU, como de los intereses de las
clases dominantes criollas, para preservar su poder y su riqueza y negarse a
realizar elementales reformas económicas y sociales de tipo redistributivo.
12). Algunas empresas de capital
estadounidense –como la Chiquita Brands–, que han financiado y patrocinado a
grupos paramilitares, son responsables directos de cientos de crímenes
cometidos en diversos lugares de Colombia, pero nunca han sido procesados en
nuestro país, donde gozan de plena impunidad.
Recomendaciones:
De este informe se desprenden dos clases de
recomendaciones, unas sobre los archivos, difusión y acceso a la información
y otras de tipo general, presentadas en forma sintética:
Archivos, acceso y difusión de la información:
1) Para el conocimiento,
reconstrucción y búsqueda de la verdad sobre la responsabilidad de EEUU en el
conflicto colombiano, así como de sus múltiples derivaciones y nexos con el
Estado colombiano, sus Fuerzas Armadas, organismos de seguridad y empresarios
privados, es indispensable que se desclasifiquen los documentos atinentes a
Colombia que reposan en los archivos estadounidenses.
2) Esa documentación debería
considerarse como patrimonio documental del país y debería ser traída a nuestro
territorio, ser depositaba en el Archivo General de la Nación y ser traducida y
difundida públicamente.
3). Los archivos del DAS, Fuerzas
Armadas, Ministerio de Defensa y de las entidades de seguridad del Estado deben
ser preservados por entidades independientes y sin vínculos con las Fuerzas
Armadas y revelada tanto la información relacionada con las actuaciones de los
EEUU como con la represión interna.
4) El Estado colombiano debe
abrir portales virtuales de fácil acceso en el que se almacene y se pueda
consultar la información documental sobre el papel de EEUU en el conflicto
colombiano.
De tipo general:
1). Para construir una sociedad
en paz y democrática es indispensable replantear las relaciones entre Colombia
y los EEUU, de tal manera que se recupere la soberanía nacional con el objetivo
de manejar en forma autónoma nuestros asuntos y que las políticas internas no
se guíen ni por los intereses de Washington ni de ningún poder foráneo, sino
que respondan a los intereses de la población colombiana.
2). El Estado colombiano le debe
revelar a la sociedad todos los pactos y acuerdos militares secretos que
existen con los EEUU y con cualquier otro Estado (como Israel) y debe
comprometerse a que nunca se volverán a establecer acuerdos de esa naturaleza.
3). En aras de contribuir a la
justicia hacia las víctimas, el gobierno de los EEUU debe facilitar que los
ciudadanos de ese país involucrados en graves crímenes en contra del pueblo
colombiano, en particular asesinatos, desapariciones y casos de violación
sexual, respondan ante tribunales independientes y se ponga fin a la impunidad
que los protege. Asimismo, que se eliminen los privilegios y protección de que
gozan los militares de los EEUU y los mercenarios a su servicio.
4). Es indispensable que cese la
participación de los EEUU en el manejo de las agencias de seguridad, como
sucedió con el DAS.
5). Se deben investigar los casos
de violencia sexual ejercida por militares y mercenarios de los EEUU en todo el
territorio colombiano y castigar a los culpables.
6). Las Fuerzas Armadas en
Colombia deben abandonar sus concepciones de contrainsurgencia, de
anticomunismo y de enemigo interno, volver a sus cuarteles, reducir su tamaño y
presupuesto y dedicarse a resguardar las fronteras nacionales. Esto implica una
desmilitarización de la sociedad colombiana, que posibilite que nuevas fuerzas
sociales y políticas se organicen y se expresen libremente sin el temor a ser
víctimas de la persecución y estigmatización desde doctrinas contrainsurgentes
y/o de la seguridad nacional.
7). Debe abandonarse el
tratamiento militar y represivo que se ha impuesto en Colombia en las últimas
seis décadas y plantearse nuevas formas de abordar complejos problemas de
nuestra sociedad, como el atinente a los cultivos de uso ilícito.
8). Dado el carácter unilateral y
arbitrario cómo opera la extradición (que se sepa ningún ciudadano de los EEUU
ha sido extraditado a Colombia), resulta indispensable ponerle término a la
extradición de colombianos hacia EEUU o cualquier otro país.
9). El gobierno de los EEUU debe
aceptar su responsabilidad, de manera inequívoca, ante las víctimas por su
participación directa e indirecta en nuestro conflicto, de la misma manera en
que la guerrilla de las FARC-EP ha aceptado su parte de responsabilidad y como
también lo debe hacer el Estado. Las víctimas del paramilitarismo, de los
bombardeos, fumigaciones, asesinatos (como los mal llamados «falsos positivos»), así como de las
políticas militares, sociales, económicas y comerciales impuestas por
Washington que han tenido un impacto nocivo sobre millones de colombianos,
necesitan saber la verdad sobre la participación de EEUU en su sufrimiento. Se
precisa de una disculpa pública incondicional e inequívoca por parte del
gobierno de EEUU, así como reparación a las víctimas y una garantía de no
repetición de esta injerencia perniciosa en el futuro.
10). Se deben desmontar los mal
llamados programas de «asistencia
militar», mediante los cuales se produce una injerencia política ilegítima
en nuestros asuntos domésticos, así como se ha promovido la idea en las Fuerzas
Armadas de que los colombianos, o algunos de ellos, son un «enemigo interno» al que se combate y aniquila. Esto es un aspecto
central de la democratización de la sociedad y de la depuración de las Fuerzas
Armadas.
11). Debe haber una audiencia e
investigación en profundidad de las actividades de la agencia de cooperación
estadounidense USAID, la cual, operando desde una matriz primordialmente
contrainsurgente y beligerante, ha estado implicada desde un primer momento en
la asistencia a actividades e instituciones que han promovido masivamente la
violación de derechos humanos, tales como el DAS y las acciones
cívico-militares. Se trata de desmilitarizar la cooperación de tal manera que
no represente un atropello a nuestra soberanía.
13). Teniendo en cuenta la
complicidad directa de los grandes medios de comunicación de Colombia en la
legitimación de la intervención de EEUU –y de sus crímenes–, junto con el
Terrorismo de Estado y la contrainsurgencia, deben ser responsabilizados como
victimarios por ser generadores de la «cultura de la impunidad», de la mentira
y la desinformación.
Comentarios