Colaboración
Por Juliana Bittencourt y Aldo Santiago
22 enero, 2015
Contra
el aumento de tarifa del transporte público en Rio de Janeiro
Video de Agencia SubVersiones
Publicado el 22/01/2015
Aspectos del tercer acto
contra el aumento de la tarifa del transporte público y la libertad de lxs
presos políticos en Rio de Janeiro, Brasil. Después de las manifestaciones del
2014 contra el mundial, el legado del fútil evento se respira en las calles de
las principales ciudades del país sudamericano: represión e intolerancia a la
protesta contra aquellxs inconformes con la precarización del sistema colectivo
de transporte, los recortes en gastos públicos de salud, educación, etc y la
judicialización de quienes se organizan.
El 16 de enero del año en curso se realizó,
en Río de Janeiro, la tercera marcha contra el aumento de la tarifa. El acto
fue realizado después de una asamblea que organiza colectivamente las
manifestaciones. A diferencia de lo que ocurrió en 2013 en Río, cuando las
movilizaciones fueron impulsadas por diferentes movimientos sociales y por
partidos políticos, esta jornada de lucha por un transporte verdaderamente
gratuito es impulsada por el Movimiento Passe Livre (MPL), movimiento social
autónomo, horizontal y apartidista que se articula en diferentes ciudades de
Brasil.
El
aumento de las tarifas fue anunciado en noviembre de 2014 por el alcalde de Río
de Janeiro, Eduardo Paes, quien justificó el aumento debido a los gastos
derivados de la instalación de aire acondicionado en los autobuses; el objetivo
de su gobierno es realizar la instalación en toda la flota de esta ciudad. Para
que esta meta sea alcanzada, los empresarios alegan que tendrán que retirar
cerca de 2 mil autobuses de circulación –que no poseen aire acondicionado– y
que, de estar circulando, evitarían cumplir con la meta. Una vez más, los
usuarios son rehenes de la política circense brasileña que hace malabares con
números, pero no resuelve los problemas estructurales relacionados al transporte
público, afectando los usuarios con cortes de líneas y saturando las ya
existentes y en circulación por la ciudad durante el verano.
El
incremento de 40 centavos de real (2.27 pesos mexicanos) evidencia el interés
de los empresarios del transporte –organizados en la Federación de Empresas de
Transporte de Pasajeros del Estado de Río de Janeiro (FETRANSPOR)–, pues no
refleja el coste real y es parte de una serie de beneficios que son concedidos
a las empresas por parte del gobierno, como el pago de subsidios. Así, se
promueve en Brasil un modelo excluyente de transporte que es cuestionado por el
MPL: la lucha es por un transporte verdaderamente público, entendido como un derecho
y no como un beneficio.
El
transporte en las grandes ciudades de Brasil crea una serie de prohibiciones,
la tarifa lo vuelve inaccesible a buena parte de la población, que muchas veces
tiene que caminar largos trayectos a pie (se calculan en aproximadamente 37
millones los excluidos) o que se ve cercenada su libertad de transitar porque
sus únicas posibilidades de traslado se restringen a los viajes relacionados al
régimen laboral o escolar; así, el acceso a la ciudad se convierte también en
un privilegio. Sumado a esto el MPL-Río denunció la práctica racista de revisar
y violentar a los usuarios que provienen de la zona norte las cuales se dirigen
hacia la zona sur de la ciudad. La policía alega que estas operaciones tienen
como objetivo evitar un táctica de robo en masa conocida como arrastão (algo
como arrastrón) que se lleva a cabo en las playas cariocas. En la práctica lo
que se intenta es inhibir a los habitantes de áreas más lejanas a circular por
las playas.
El 16 de enero, en las calles
cariocas se presenció una marcha con creativos manifestantes quienes –a
pesar de la fuerte presencia policial– completaron el trayecto y finalizaron la
protesta frente al edificio de la alcaldía. En el momento de la dispersión,
algunos se dirigieron a la Central de Brasil, local que la semana pasada, fue
el escenario de una fuerte represión y donde una chica negra fue arrastrada y
golpeada por la policía. La enorme cantidad de policías movilizados para la
marcha y la presencia del batallón entrenado durante el Mundial de Fútbol de
2014, los «Robocops», son
consecuencia de lo que ocurrió en el país durante las jornadas de julio del
2013. Aunque se trate de un contexto político totalmente diferente, los
ojos del mundo no están volteados para Brasil. Las demandas contra el aumento
de la tarifa se suman a las exigencias del control popular del transporte así
como a la lucha por la libertad de lxs presxs políticos y por el fin de la
persecución y la judicialización (son 23 lxs procesadxs entre los que destaca Rafael Braga quien es el único condenado entre lxs millares de
manifestantes que salieron a las calles de Río en 2013).
La población vive las consecuencias del
entrenamiento, equipaje y armamento de la policía para contener manifestaciones
públicas, tácticas y herramientas desplegadas desde 2013, con lo que se
recrudece la criminalización de la protesta social a través de prácticas de uso
excesivo de la fuerza y comportamientos abusivos por parte de los elementos
policiacos. Sin embargo, la expectativa es que con la difusión y el aumento de
la participación de lxs trabajadorxs y ciudadanxs las protestas
vuelvan a crecer, con lo cual más personas se sumarían a la campaña
por la tarifa cero. Si bien el contexto es cambiante, los planes a largo
plazo del Estado brasileño se mantienen activos durante el interludio entre el
mundial y los juegos olímpicos del próximo año: infraestructura para la
segregación, monumentos al despilfarro que se traducen en grandes ganancias
para empresas y funcionarios e intrascendentes construcciones en una ciudad que
es sustentada por aquellxs que excluye. Tan sólo el año pasado, fueron
desplazadas 5 mil familias, de 29 comunidades, y hay otras 5 mil amenazadas de
desalojo:
La lista de obras es impresionante: dos
estadios (el Olímpico y Maracaná), la Villa Olímpica y el Puerto Maravilla;
seis líneas de trenes livianos, ampliación del metro y de las autopistas o vías
rápidas urbanas: todo financiado con dineros públicos. («El capital financiero saquea Rio de Janeiro», en Rebelión).
El próximo acto contra el aumento de la tarifa del transporte público y por
la libertad de lxs presxs políticos se ha convocado para el viernes 23. Las
calles volverán a sonar.
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