Fotografía de portada por Jacobo
Mogollón
|
Por Gustavo Illescas y Rodrigo Véliz
20 enero, 2015
20 enero, 2015
El resultado del juicio por genocidio
puede desembocar en una paradoja para el futuro del país. Para miles de
personas –especialmente víctimas y sobrevivientes– una sentencia condenatoria
significaría demostrar nuevamente ante los tribunales la verdad histórica sobre
uno de los episodios más sangrientos de la historia reciente del continente.
Pero llama la atención que con una Corte Suprema de Justicia, Salas de
Apelación, Corte de Constitucionalidad y Ministerio Público, copados por
fuerzas paralelas, el juicio pretenda ser entorpecido por la defensa de Ríos
Montt.
Preocupa también el apoyo
de Estados Unidos, no sólo por el rol que jugaron, sino por el actual proceso
de militarización regional que impulsa. Un levantamiento del embargo de armas,
dado por el visto bueno del Senado norteamericano ante una condena a Efraín
Ríos Montt, y una legitimidad a la militarización, tienen consecuencias
previsibles en un momento de alta inestabilidad política y social. Este es el
nudo de la paradoja del juicio por genocidio.
¿Cómo es
posible un juicio por genocidio en Guatemala?
Cuando el juicio comenzó en marzo de
2013, hubo una pregunta guía para interpretarlo: ¿Cómo era posible que se
juzgara a pasadas figuras del Alto Mando Militar por un cargo como genocidio,
estando un ex-militar –vinculado a los hechos– al frente del Ejecutivo?
La respuesta no es
sencilla. Algo que no ha cambiado desde que el caso comenzó a inicios de la
década pasada es la persistencia de organizaciones de víctimas y de derechos
humanos para exigir justicia. Una y otra vez se toparon con un bloqueo por el Ministerio
Público (MP) y la Corte de Constitucionalidad (CC) a cualquier tipo de avance.
En la forma que opera el sistema de justicia, la voluntad de las
organizaciones y el agotamiento de procedimientos legales no fueron
suficientes.
Fue hasta que la
correlación de fuerzas cambió inesperadamente que las demandas tuvieron eco.
Ayudó el deterioro de las
redes políticas que el general Ríos Montt fue construyendo desde fines de los
ochenta. Con su partido en el poder –el Frente Republicano Guatemalteco (FRG)–
del 2000 al 2004, el caso no tuvo otra salida que plantearse en España.
Su fuerza era muy grande: en 1999, logró 62 diputaciones y 153 alcaldías.
Lo que siguió fue un deterioro al punto que para 2011 sólo consiguieron 14
diputaciones y 2 alcaldías. Ahora el partido ya no existe como tal. Otras
partes de esta red, como la que tenía dentro de la CC, también cayeron.
Esto debilitó la posición
del patriarca eferregista, y cuando finalmente dejó de tener inmunidad al salir
del Congreso, pasó a entregarse inevitablemente a los tribunales en enero de
2012.
Un tercer elemento
importante fueron las pugnas que se dieron entre líneas castrenses durante la
presidencia de Álvaro Colom, que terminaron en la desclasificación de más de 11
mil archivos militares. Las pugnas eran entre los militares que apoyaban a
Colom y la intención premeditada de éste por desbaratar a Otto Pérez Molina
(OPM), el principal adversario de la Unidad Nacional de la Esperanza en las
elecciones de 2011. Eso permitió que el documento Plan de Operaciones Sofía
fuera desclasificado y entregado a una activista estadounidense, luego de las
duras tensiones que esclareció
Wikileaks.
El documento es vital
porque con él es posible vincular la parte operativa de las masacres con los
planes y órdenes que se emitían desde la cúpula militar. Sin este elemento el
caso no caminaba. (Esto demostró su importancia en abril del 2013, cuando el
mismo General (r) José Luis Quilo Ayuso (ahora presidente de la asociación de
militares retirados, Avemilgua) aceptó en el juicio que había línea de
comunicación.
Un cuarto elemento para que
el juicio comenzara fueron las presiones internacionales con la presencia de la
Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), de la ONU. Fue
bajo ese tutelaje que se crearon espacios de independencia judicial en el
sistema de justicia del país. De ahí viene la Cámara Penal dirigida por César
Crisóstomo Barrientos Pellecer (+), quien recibió el apoyo de la CICIG para la
creación de los Juzgados y Tribunales de Mayor Riesgo.
También la destitución de
Conrado Reyes como jefe del Ministerio Público (MP), luego de que el entonces
Comisionado Carlos Castresana renunciara en protesta, y la llegada de Claudia
Paz y Paz, con un perfil penalista, formada en derechos humanos y sin vínculos
con el crimen organizado.
Y por último, un elemento
crucial ha sido la presión de Estados Unidos (EEUU). La razón principal es el
levantamiento del embargo de armas que pesa sobre el señalado ejército de
Guatemala desde 1976, durante el gobierno del demócrata Jimmy Carter. En la
misma línea, otra razón de peso para EEUU es que buscan depurar al segmento
militar de la línea dura que se involucró en negocios de contrabando desde la
transición.
Esta alineación de fuerzas
y encuadre de circunstancias permitió que el juicio se abriera. Lo que lo
terminó cerrando fue una reconfiguración alrededor de Ríos Montt de las fuerzas
con legado contrainsurgente: los empresarios que se vincularon a las fuerzas aéreas y
financiaron la Tesis de Estabilidad Nacional, que serían objeto de
investigación según se interpreta en la sentencia por genocidio del Tribunal A
de Mayor Riesgo; y las presiones de Otto Pérez Molina desde el Ejecutivo, luego
que un testigo
protegido lo incriminara como operativo en Nebaj.
Estas fuerzas pasaron de la
defensiva a una ofensiva coordinada que derribó el tercer elemento que
señalamos: la independencia judicial y de investigación. Luego de la anulación
de la sentencia por la CC, fueron tomados el MP y las cortes del Organismo Judicial.
Eso cerró la posibilidad
por meses.
Pero ahora, con esas nuevas
condiciones, el caso parece avanzar de nuevo. ¿A qué se puede deber esto?
Creemos que tanto la favorable posición de las fuerzas contrainsurgentes como
la presión por el embargo resultan fundamentales para entender las tensiones
que se avecinan.
La política
exterior norteamericana hacia Guatemala
En 2009 se dieron las discusiones más
serias sobre el embargo de armas. Según dijo en su momento el ex presidente
Álvaro Colom, fueron seis los requisitos que presentó el Departamento de Estado
para comenzar un cabildeo en el Senado estadounidense que diera fin al embargo.
Entre ellos se mencionó el avance en la justicia transicional, donde el juicio
por genocidio es el caso estrella.
Si no fuera por esto, el
apoyo de EEUU al caso por genocidio resultaría sorprendente: es fácil ubicar al
país del norte como el principal soporte de las dictaduras militares. Ese apoyo
no sólo fue político y moral: la dotación de armas (directas o trianguladas por
Israel), de equipamiento y de capacitación fue continua, lo que ha quedado
claro en sus documentos desclasificados y los del Archivo
Histórico de la Policía Nacional.
Que apoyen un proceso en el
que estuvieron involucrados ha molestado a las fuerzas nacionales (empresarios,
funcionarios y militares) que mancharon sus manos de sangre, y no lograron
mantenerlo en secreto. Lo obvio sería pensar que EEUU lo hace para quitarse
responsabilidad.
Esto es importante, pero ya
que ninguna corte nacional o internacional tiene entre sus posibilidades el
juzgar a algún funcionario estadounidense, esta opción debe verse como
secundaria. Más importante es la política regional que ese país tiene, y cómo
eso interactúa con lo que en Guatemala va aconteciendo.
Lo importante es aceptar
que el Estado de Guatemala está tutelado por el país del norte. Y que esta
tutela se da por ciertas condiciones. Guatemala es parte de un proceso más
amplio de integración regional: en el aumento acelerado de la Inversión
Extranjera Directa (IED) que tanto resalta la prensa, el 70% viene de los tres
países del norte y de Colombia. La IED es liderada por EEUU y complementada por
la dependencia financiera y comercial que tiene Guatemala.
Los proyectos de
infraestructura que se construyen en el marco del Proyecto
Mesoamérica tienen que ver con estos flujos de capital (en donde
también cabe ubicar el capital y comercio narco, que cubre los mismos países) y
sus alianzas con grupos nacionales.
Guatemala juega un papel
económico subordinado en este proceso, y EEUU intenta continuamente moldear a
la fuerza a la economía guatemalteca según esos intereses (con todo y las
fricciones que esto genera con las élites nacionales).
Estados Unidos busca desde
hace varios años que el carácter oligárquico de la economía tome una forma más
liberal de mercado, que permita no sólo mejorar el papel de sus inversiones en
el país, sino hacer que la economía guatemalteca crezca con distribución de
riqueza, evitando más migraciones (de personas hacia allá y de empresas para
acá).
En esa línea deben verse
las presiones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para
que Guatemala deje de proteger a los grandes oligopolios, la demanda laboral en
el marco del Tratado de Libre Comercio (DR-CAFTA), que señala a grandes empresarios de explotar ilegalmente para
poder acumular riqueza, y las presiones por planes económicos que cierren el grifo de las
migraciones.
Este tutelaje se
complementa con la militarización y cooperación que se impulsa desde
Washington. Pese al embargo militar, se han utilizado otros mecanismos para que
las fuerzas de seguridad guatemalteca estén coordinadas con EEUU. Sólo en el
año 2011, $16 millones de dólares fueron donados con fines de seguridad y
combate contra el narcotráfico al gobierno de Colom. De 1999 al 2013, se
entrenaron alrededor de 5 mil agentes miembros del Ejército y de la Policía
Nacional Civil (PNC). En los mismos años, la venta de artículos militares, sin
mediación de parte del gobierno de Estados Unidos, fue de más de 73 millones de
dólares (584 millones de Quetzales aproximadamente).
Este aumento en la ayuda
militar se ha visto acompañado por la Iniciativa para la Seguridad Regional de
Centroamérica (CARSI, por siglas en inglés), que sólo en el año 2008 donó una
cantidad de $496 millones a la región. En su Presupuesto para el año fiscal
2014, la ayuda para el CARSI recibió un total de 162 millones de dólares; 26
más que los recibidos en el año fiscal 2012.
Para el 2015 se espera otro
aumento, aunque los señalamientos y los condicionamientos han crecido. Para
octubre, antes de las elecciones legislativas de medio término, el Senado y el
Congreso recalcaron su apoyo al CARSI para solucionar la violencia y la corrupción,
pero se mostraron preocupados por la corrupción (sic) y los abusos
de las fuerzas militares, la impunidad y la falta de voluntad política.
Según el reconocido Wilson Center, el CARSI no se ha formado como un
programa con una estrategia cohesiva, sino que termina funcionando como una
serie de proyectos sin articulación. Esto no justifica los más de $1.2 miles de
millones de dólares desembolsados a la región desde el 2008.
Pero pese a las críticas,
el CARSI –de acuerdo con un nuevo Senado republicano– no tendrá
restricciones ni condicionamientos, como sí lo tendrán los préstamos que
otorguen las principales instituciones bancarias presentes en la región (BCIE,
BM, FMI), según se dijo en la última semana.
El CARSI muestra un leve
desvío de la política regional de EEUU: por primera vez se invierte en
programas de prevención, siendo el caso de Villa Nueva el principal
beneficiado. Pero esto no se aleja aún de una política histórica de militarización,
en aumento desde que muchos de los países en Sudamérica se alejaron de la hegemonía político-militar estadounidense.
Guatemala no es el caso y
siempre se ha mantenido cerca, pese a los roces. Por eso ha aceptado la
presencia del Comando Sur con su Operación Martillo, y no se pronunció en
contra del avance de la IV Flota y de las nuevas bases militares en Honduras y
Colombia. Eso es parte del plan.
El alegato de Pérez Molina
por despenalizar el consumo, producción y comercio de drogas era sólo eso, un
alegato vacío, como se evidenció en su único resultado concreto. Mientras lo hacía, Pérez Molina ha
buscado desde un inicio (Julio Ligorría Carbadillo está para eso y más) que el embargo
fuera levantado. Algo que comparte todo el gremio militar, sin importar sus
tendencias o afiliaciones. El problema para OPM es que hizo poco de lo que el
Senado exigía: las violaciones a derechos humanos aumentaron, los avances en
justicia se han visto cerrados y su papel en estos procesos ha sido muchas
veces señalado.
En este escenario, un
levantamiento del embargo de armas que permita unificar esfuerzos regionales de
persecución bajo la égida norteamericana, sin que eso implique una mayor
conflictividad social (la cual teme EEUU), no es posible. Otras cosas tienen
que cambiar, como el juicio por genocidio.
Posibles
escenarios
El juicio por genocidio sigue siendo
toral en la coyuntura actual. Su resultado puede implicar varios escenarios de
trascendencia para el país dentro de la dinámica regional que nos envuelve. Los
escenarios son varios, comenzando por los más desalentadores.
La enfermedad de Ríos Montt
hace pensar que está cercano a su muerte. En caso que su defensa logre
persuadir al Tribunal para que no asista al debate y este quede en suspenso,
podría llegar a su lecho de muerte procesado, bajo arresto domiciliar y pese al
fallo de la CC, condenado.
Mediáticamente se está
fraguando un discurso que victimiza a Ríos Montt por su salud y le resta
importancia a las miles de víctimas que sufrieron durante su gobierno. Esto
forma parte de la estrategia que prepara la línea dura para desviar el tema de
fondo y desvirtuar al Tribunal en caso de que el debate continúe.
Uno de los mayores riesgos
que la Cámara Penal esté a cargo de Blanca Stalling –colmada de relaciones de parentesco militar
y señalada por vínculos con el oficialismo- es que puede llegar a hacer que los
Juzgados y Tribunales de Mayor Riesgo pierdan efectividad. Parte se ha logrado
al integrar a la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo que conocerá estos casos
con gente próxima al oficialismo, como Anabella Cardona.
Se rumora que una
posibilidad, la más remota, es que los tribunales de Mayor Riesgo se destruyan.
Otra opción es que se cambie a los jueces y se ponga a gente afín. Y una última
es que se cree un tercer Juzgado y Tribunal con jueces moldeables. En los tres
casos se lograría el mismo objetivo: minar la independencia judicial.
Así, el Tribunal B de Mayor
Riesgo, a cargo de Jeannette Valdez, está ante una primera prueba, que incluye
resolver en lo inmediato la recusación planteada por la defensa de Ríos Montt por
los comentarios vertidos en su tesis de maestría en derecho penal.
Es probable que el Tribunal
mantenga su independencia y ratifique lo actuado por el anterior y que bajo
esas condiciones cualesquiera de las instancias apelables y amparables detenga
o suspenda nuevamente el proceso. No obstante el desgaste que implica, podría
perjudicar a los partidos conservadores o candidatas como Zury Ríos Sosa en
pleno año electoral.
La amnistía tampoco parece
desenvolver los nudos de la coyuntura, aunque al momento que la Sala I de la
Corte de Apelaciones del ramo Penal favorezca a Ríos Montt, otros personajes
vinculados al terror estatal alegarían el «principio
de igualdad» para correr la misma suerte. No es casualidad que hace unos
días OPM, en su discurso del 18 aniversario de la paz, se haya pronunciado a
favor de una amnistía.
El costo político de
declarar amnistía es elevado, sobre todo por la presiones de EEUU y porque en
septiembre de 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya declaró en desacato al
Estado guatemalteco por entorpecer el avance de 11 casos de alto
impacto, la mayoría de justicia transicional.
El nudo se desatará cuando
la amnistía sea resuelta a favor o en contra de Ríos Montt. En la justicia
guatemalteca es costumbre utilizar recursos legales como armas políticas y
mediáticas; como quedó claro con los múltiples amparos propuestos por la
defensa de los militares. El objetivo es que en cortes afines se resuelva lo
que dentro del juicio no se pueda: por eso es vital saber cuándo se resuelve,
ya que usualmente se hace en momentos de peligro. La CC, por ejemplo, anuló la
sentencia con un amparo que llevaba dos meses empolvado.
Otra posibilidad es que el
Congreso derogue o reforme la Ley de Reconciliación Nacional y en particular el
artículo 8 que reza:
La extinción de la
responsabilidad penal a que se refiere esta ley, no será aplicable a los
delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada, así como aquellos delitos
que sean imprescriptibles o que no admitan la extinción de 12 responsabilidad
penal, de conformidad con el derecho interno o los tratados internacionales
ratificados por Guatemala.
La aprobación del punto
resolutivo el 13 de mayo de 2014, cuando 87 diputados niegan que hubo genocidio en Guatemala representaría una
medición de fuerzas para esta salida. Cabe resaltar que la actual Junta
Directiva del Congreso está conformada en su mayoría por ex miembros del FRG
que conservan su afinidad riosmonttista.
La aplicación de la
amnistía vía juzgado de segunda instancia o mediante el Congreso sería
coherente con la ofensiva conservadora impulsada veladamente por la línea dura
militar desde su desplazamiento en las negociaciones de Paz, y apoyada en los
dos últimos años por una amplia gama de fuerzas.
La amnistía sería vista
como bochornosa para EEUU y para la Unión Europea que tanto invirtió para el
proceso de negociaciones de paz. El juicio también puede seguir su marcha. Una
sentencia que absuelva a Ríos Montt y a Rodríguez Sánchez daría legitimidad a
la tesis conservadora de que en Guatemala no existió genocidio ni terror
estatal.
En ese escenario
continuarían las riñas a nivel internacional porque se estaría demostrando que
no hay certeza jurídica en el país y lo que pasa en este caso puede
suceder cuando se vulneren los derechos de una empresa transnacional que
opera en Guatemala. Varias fuerzas políticas desaprovecharían la opción de
llegar a buenos términos de cara a las elecciones, donde todos buscarán
consensos de mediano plazo.
Una sentencia condenatoria
por genocidio es políticamente inviable, como lo demostró la CC en mayo del
2013.
Finalmente, una sentencia
condenatoria pero no por genocidio, sino por crímenes contra los deberes de la
humanidad sería la mejor opción para los grandes poderes. Por un lado,
silenciaría a buena parte de la izquierda y los progresistas, ya que legitimaría
parcialmente su objetivo: los militares fueron juzgados y se les condenó por
terror estatal (pero no por genocidio). Se reconocería parcialmente la verdad
de las organizaciones de víctimas y sobrevivientes que representan a las miles
de voces que guardan silencio por el miedo infringido durante décadas. Una
sentencia condenatoria podría generar mayor confianza en los segmentos de la
población más marginados por la justicia guatemalteca.
La legitimidad también
sería bien vista por Estados Unidos, que no presiona por una sentencia por
genocidio, sino por una condena al Alto Mando; por una sentencia que sea lo
suficiente como para cabildear con el Senado el siguiente año un levantamiento
del embargo. Estados Unidos lo que pide es un requisito, y una sentencia así lo
lograría.
La sentencia condenatoria
lograría un consenso amplio entre los grandes poderes nacionales e imperiales,
y daría legitimidad a un sistema de justicia a punto de colapsar.
Y según hemos tratado de
proponer en este documento, eso podría traer pésimas consecuencias en un
momento de conflictividad social y un generalizado descontento por el rumbo
caótico del país. Por eso la paradoja del juicio por genocidio continúa siendo
vigente.
Comentarios