Por:
Gabriel García
(De
la conferencia de prensa ofrecida por los padres y madres de los normalistas
desaparecidos en Iguala)
PRIMERO
Porque no existe plena certeza científica sobre lo
ocurrido en el basurero de Cocula. La PGR dio a conocer hoy que su hipótesis se
sostiene en varios dictámenes de química, biología y otros. Dado que es más que
conocido que las procuradurías mexicanas son especialistas en fabricar delitos
y puesto que reconocidos científicos han expresado dudas sobre esta hipótesis,
las familias no aceptarán esos resultados hasta que expertos independientes
realicen esos mismos peritajes. En ese sentido, reiteran su confianza en el
Equipo Argentino de Antropología Forense y piden que se remuevan todos los
obstáculos para que realicen su labor en condiciones óptimas.
SEGUNDO
Porque la declaración de Felipe Rodríguez Salgado,
contrario a lo señalado por la PGR, no es determinante para esclarecer lo
ocurrido en Cocula pues como se aceptó en la misma conferencia, dicha persona
no declaró haber permanecido en ese lugar durante todo el tiempo que
supuestamente duraron los hechos.
TERCERO
Porque la información dada a conocer por la
Procuraduría depende en exceso de declaraciones rendidas ante Ministerio
Público, que fácilmente pudieron ser coaccionados, pues es de todos conocidos
que en México la tortura es recurrente. Al respecto, se ha hecho pública
información sobre la tortura de algunos inculpados sin que hasta ahora la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) haya intervenido para aclarar
estas denuncias.
CUARTO
Porque la PGR ni hoy ni en ninguna otra conferencia
ha aclarado como explica en su teoría del caso el cruento homicidio de Julio César Mondragón, cuyo joven rostro
desollado fue encontrado en las inmediaciones de donde ocurrieron los hechos.
QUINTO
Porque el Estado mexicano, a cuatro meses de los
hechos, se ha mostrado incapaz para detener a quienes según su hipótesis serían
responsables. El Gobierno Federal no ha podido detener al máximo responsable de
la corrupta policía de Iguala, Felipe Flores Velázquez, ni a su cómplice y
subalterno Francisco Salgado Valladares. Tampoco ha sido capaz de detener a
Gildardo Astudillo, alias el Cabo Gil,
personaje a quien la propia PGR asigna gran relevancia en su versión de los
hechos. También siguen prófugos 11 de las 15 personas que según la procuraduría
estuvieron en Cocula, lo mismo que el líder de Guerreros Unidos, Ángel Casarrubias Salgado El Mochomo.
SEXTO
Porque la PGR no ha logrado que exista un sólo
juicio penal iniciado por el delito de desaparición
forzada de personas, siendo que esta es la figura jurídica adecuada para
encuadrar los hechos dado que como todo México ha exclamado. En tanto los
juicios no se ventilen bajo las figuras legales pertinentes, no puede cerrarse
el caso.
SÉPTIMO
Porque en el mismo expediente donde obran las
declaraciones de los supuestos sicarios de Cocula, se encuentran agregadas las
declaraciones de otros sicarios de Iguala que confesaron haber atentado contra
los estudiantes no en Cocula sino en Pueblo Viejo y Cerro la Parota.
OCTAVO
Porque en sentido contrario a lo dicho en la
conferencia de hoy, solo hay certeza de la muerte de uno de los estudiantes
desaparecidos. Esto no implica certeza sobre la muerte de otros ni sobre el
lugar donde esto pudo haber ocurrido. En ese sentido, es un error jurídico
decir que se ha consignado por homicidio, cuando en realidad de nuevo se
consignó por secuestro con la agravante de privación de la vida, lo que
técnicamente implica una diferencia relevante.
NOVENO
Porque no se ha indagado la responsabilidad del
Ejército, pese a que contrario a lo que afirmó el Procurador, sí hay en el
expediente indicios de su complicidad con la delincuencia organizada, pues el
policía Salvador Bravo Bárcenas afirmó ante el Ministerio Público que el
Ejército sabía desde 2013 que los Guerreros
Unidos controlaban la policía de Cocula, pese a los cual las fuerzas
Armadas no investigaron a dichos delincuentes, sino que les brindaron
protección.
DÉCIMO
Porque no ha empezado el deslinde de responsabilidades
sobre el entorno de corrupción política que desencadenó los hechos del 26 de
septiembre. Está pendiente investigar a otros alcaldes, como el de Cocula, así
como a otras autoridades del gobierno del estado de Guerrero. También está
pendiente investigar la relación, compromisos y complicidades de todos los
partidos políticos con los cárteles del crimen organizado (financiamiento de
campañas electorales, candidaturas, protección, etc.)
¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
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