Por Gustavo Montenegro
“El gobierno no controla los acontecimientos, la
única iniciativa la llevan las víctimas y se ha perdido la mediación con ellos”, relata el corresponsal del diario madrileño El País (18/10). El ánimo de los
manifestantes se encrespó aún más cuando se supo que los cuerpos de las
primeras fosas clandestinas analizadas no eran los de los 43 estudiantes
desaparecidos del magisterio de Ayotzinapa. Cientos de manifestantes
incendiaron el Palacio de Gobierno en Chilpancingo, capital del estado de
Guerrero y la alcaldía de Iguala. En Acapulco, ícono turístico, asolado hoy por
los carteles, una gigantesca movilización popular convocada por maestros y
organizaciones campesinas, con los padres de los estudiantes desaparecidos a la
cabeza, reclamó su aparición con vida y coreó cánticos contra el gobierno y las
fuerzas represivas.
Centenares de estudiantes de estados próximos a Guerrero, como Michoacán,
han arribado para colaborar en la búsqueda de los desaparecidos, así como
también lo hacen grupos indígenas. Ante la desconfianza hacia las autoridades,
la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) se lanzó a
coordinar no sólo las movilizaciones, sino también la búsqueda. “Armados con machetes, picos y palas, cada
mañana dos docenas de hombres en camioneta recorren los cerros que rodean a la
ciudad siguiendo las pistas que les proporcionan los lugareños”, cita el
corresponsal madrileño, que asegura que “los
campesinos de la zona están organizando una especie de gobierno paralelo ante
la falta de respuestas de las autoridades” (ídem, 17/10). Los estudiantes y
docentes del Instituto Politécnico Nacional protagonizan ocupaciones solidarias
en el Distrito Federal; lo mismo está ocurriendo en la UNAM y otras
universidades. “Todo está listo para un
estallido”, concluye el cronista. A la caldera se añade la situación
social: según la OCDE, México tiene el salario mínimo más bajo del mundo (4,90
dólares la jornada). El 42% de los trabajadores mexicanos (23 millones de
personas) no llegan a la “canasta
ampliada”, que incluye alimentos y acceso a servicios básicos (La Nación,
7/9).
Reacción estatal
El gobierno
priísta de Peña Nieto teme que la situación creada pulverice su agenda de
gobierno. Las ‘reformas estructurales’ (energética,
fiscal, bancaria) han quedado ensombrecidas por la masacre, que podría
ahuyentar una inversión extranjera temerosa de la extorsión de los carteles. En
su pelea por el dominio del negocio de las drogas, éstos se han ido
fortaleciendo a partir de una diversificación de sus actividades y del
entrelazamiento con todas las instituciones (partidos, Justicia, policías
regionales, etc.) Según Guillermo Trejo, de la Universidad de Notre Dame, “el crimen organizado fue paulatinamente
expandiendo su acción a industrias extractivas de recursos naturales -la toma
clandestina de gasolina, petróleo y gas- y de riqueza humana -la extorsión y el
secuestro” (El País, 16/10). La desintegración estatal no parece tener
retorno. Sólo este año, las fuerzas federales han debido intervenir cuatro
estados: Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y México. El secretario de Estado
norteamericano, John Kerry, ha dicho que “estamos
listos para tratar de ser tan útiles como podamos”. No está claro si
Estados Unidos, principal demandante de la droga que manejan los carteles,
prefiere un México unificado o un México desmembrado.
Intentando calmar los ánimos, el gobierno ha capturado a los presuntos
jefes de los carteles de Guerreros Unidos
y de los Beltrán Leyva, que operan sobre todo en el estado de Guerrero. Pero
los cárteles no se han quedado de brazos cruzados: lanzaron una nueva oleada de
crímenes y mensajes mafiosos, como el asesinato de la periodista María del
Rosario Fuentes Rubio, integrante de una red de blogueros y tuiteros que
denunciaban al narcotráfico en el estado de Tamaulipas. Su cuenta fue usurpada
por éstos, que dejaron tuits intimidatorios contra otros activistas. “En los últimos tres años, 27 tuiteros y
blogueros han sido asesinados en Tamaulipas” (Página/12, 18/10).
Centroizquierda
Mientras se
acentúa el proceso de movilización de las masas, el centroizquierdismo mexicano oscila entre la complicidad con los
carteles y el temor a la rebelión popular. El Consejo Nacional del PRD sostuvo
por mayoría no exigir la renuncia del gobernador Ángel Aguirre, un reclamo de
todas las manifestaciones (el alcalde de Iguala, localidad donde habrían sido
asesinados los estudiantes, se encuentra prófugo). Cuauhtémoc Cárdenas calificó
a la renuncia del gobernador como una cuestión “absolutamente secundaria” y un “asunto
de conciencia del mandatario” (La Jornada, 19/10). López Obrador, ex
candidato presidencial que rompió con el PRD para formar el Morena (que cobija
a algunas corrientes de la izquierda mexicana), se ha limitado a plantear “una revolución de las conciencias” (El
País, 14/10), confesando la ausencia completa de un programa.
México asiste a un estado de virtual rebelión popular por la aparición
con vida de los estudiantes del magisterio. Por la más amplia movilización
obrera y popular, y por el derecho a la autodefensa de los explotados mexicanos
contra el terror narco.
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