La formal prisión al vocero de
la tribu, una de las autoridades yaquis más visibles en la resistencia al
Acueducto Independencia, escaló el conflicto. Su pueblo no está dispuesto a
ceder ni el agua, ni la libertad.
Gloria Muñoz Ramírez, Carolina
Bedoya Monsalve (enviada), Adazahira Chávez Pérez, Otras Voces Otra Historia,
Mas de 131, Radio Zapote, Regeneración Radio, La Otra Valle de Chalco,
Eleuterio Gabón, Enriqueta Lerma, Acción Social Sindical Internacionalista,
Efraín Ruiz Nieblas
Mario Luna, autoridad yaqui, narra el momento de su
detención y encarcelamiento
En entrevista enviada por
escrito, el vocero y autoridad de la tribu yaqui detalla los momentos de su
detención, el pasado 11 de septiembre, su traslado al Cereso de Hermosillo, la
visita del subprocurador, la solidaridad de los otros reos, mientras espera que
hoy se dictamine su libertad o auto de formal prisión.
Gloria Muñoz Ramírez
Me detuvieron en Ciudad Obregón a
las diez de la mañana, cuando transitaba en el vehículo de un amigo, con rumbo
a la gasolinera. Iniciábamos el día con la intención de sacar varios asuntos
pendientes relacionados con mi trabajo de secretario de la tribu yaqui.
Ese día tenía yo programado hacer tres cosas en ciudad obregón: Ver a mis
abogados para que promovieran un amparo para el compañero Fernando Jiménez,
quien el día anterior me lo había solicitado para darle cierta tranquilidad a
su esposa e hijos ante la ola de rumores desatados sobre la intención de
ejecutar las órdenes de aprensión en nuestra contra por parte de Guillermo
Padrés y su policía estatal. Pensaba también pasar al Hospital General de
Obregón para acompañar un momento a un familiar que tenía a su papá muy grave
debido a que tenía los riñones totalmente destrozados (enfermedad ya muy común
en la tribu por el consumo de agua contaminada). Horas después de mi detención
supe que finalmente falleció. Y, finalmente, fui a preparar unos
documentos que presentaríamos ante un ingeniero para ver si ahora sí
satisfacíamos sus requerimientos burocráticos para dar curso a un proyecto
productivo que tiene todo el año en trámites en la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y en la CDI.
Transitando por la calle
Guerrero, nos interceptó la marcha un vehículo blanco sin logotipo. Nos
atravesó el carro de frente y por las luces centellantes de sus faros me
imaginé eran pei`s. Les
dije a mis compañeros “vienen por mí. No
se preocupen, no se muevan ustedes”. Al voltear a los lados me
percaté que nos rodeaban otras tres camionetas con personas vestidas de civil
que gritaban nerviosas que bajara del vehículo. De la pickup que teníamos de frente
bajaron dos personas sin uniforme y armados que me gritaron: “¡baja del vehículo!”. Me bajé al
reconocerlos como policías estatales, ya que ambos habían estado en la base de
Vícam.
En ningún momento me
dijeron el motivo de mi detención, sólo me dijeron que tenían órdenes de
presentarme en “la oficina”.
De ahí me trasladan hacia
las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estados, a tres o
cuatro cuadras de donde me detuvieron. Ingresamos a las instalaciones de la
policía estatal donde me tuvieron sentado en una silla, en una esquina de una
oficina medio oscura. Sólo veía como corrían de un lado a otro preguntándose
entre sí, qué seguía. A los 10 o 15 minutos me subieron a otro vehículo,
según para trasladarme (no dijeron a dónde) y enfilamos rumbo al Centro de
Readaptación Social (Cereso) de Obregón, lugar donde están las oficinas de los
jueces, por lo que supuse allá me llevaban, pero se siguieron de paso hasta
Esperanza, donde doblaron por una carretera vecinal que va hacia Yecora, pueblo
remontado en la sierra; como a cuatro kilómetros de transitar por esa
carretera, se detuvieron y esperaron instrucciones por radio y celulares que no
dejaban de timbrar. Ahí estuvimos como cinco minutos antes que decidieran
regresar a Ciudad Obregón. Ya no regresamos a las oficinas. Después de echar
gasolina a los tres vehículos que formaban la caravana que me llevaba nos
dirigimos con rumbo al aeropuerto de Ciudad Obregón, por la salida sur.
Por teléfono les dijeron que no entraran y que se siguieran de paso hacia
Navojoa, ciudad vecina como a 45 kilómetros al sur de Obregón, de donde me
trasladaron a una pista custodiada por elementos del ejército mexicano y ahí me
subieron a una avioneta hacia la ciudad de Hermosillo. Antes de subir a
la avioneta me esposaron de pies y manos y ya no me las quitaron.
Al bajar de la
avioneta en Hermosillo me subieron a una camioneta de la Policía Estatal
Investigadora (PEI), no sin antes permitirles a unas personas con pinta de
funcionarios que me tomaran fotos. Me llevaron a las instalaciones de la PEI
que está cerca del aeropuerto, ahí me tomaron las huellas dactilares, me
grabaron video y voz y buscaron antecedentes, según ellos en la Agencia Federal
de Investigaciones (AFI).
En esas instalaciones no
dejaron de tomarme fotos y videos con varios celulares, y varios elementos se
turnaban para posar conmigo aparentando custodiarme (sólo espero que les haya
servido para su ascenso). Después de mantenerme por espacio de una hora en esas
oficinas me llevaron a otra, donde me entrevistó un funcionario muy amable que
dijo ser subprocurador de justicia del estado y que venia por órdenes del
procurador para cerciorarse de que no me encontrara golpeado y que se hubieran
respetado mis derechos humanos y civiles. Le dije que no estaba golpeado pero
que lo mismo me dolía verme humillado, esposado de pies y manos, cuando yo no
he cometido delito alguno; le dije que yo soy autoridad tradicional y que mi
gente, mi pueblo, se dolería mucho de verme así. Le pedí que no publicaran las
fotos y videos que me habían estado tomando sin mi consentimiento. Me
dijo sentirse apenado, pero que eso era un protocolo de seguridad que no podía
evitar; ahí me informó que el motivo de mi detención era por la orden de
aprensión girada hace un año por privación ilegal y robo de vehículo,
denunciados por una señora Viviana Bacasegua y por Francisco Delgado Romo, y
que sólo hasta hoy la habían podido ejecutar sus elementos. Le dije que no me
habían aprehendido porque no habían querido, pues yo tengo constante actividad
pública, a la vista de todos en toda la tribu y en varias ciudades dentro y
fuera del estado. Me detuvieron cuando quisieron porque realmente yo nunca me
escondí ni puse resistencia. Me dijo el subprocurador que ellos sólo cumplían
las órdenes del juez y que hasta ahí llegaba su responsabilidad.
Cuando se retiró en
funcionario me llevaron al médico legista y de ahí me trasladaron al Cereso
número dos, que se encuentra a las afueras de Hermosillo, lugar donde hasta hoy
me han tratado bien y en donde por fin me han permitido ver a mis abogados y
familiares. Desde que ingresé a este Cereso me han tratado con respeto, desde
el comandante hasta los guardias. Todos se preguntan por qué me tienen aquí,
dicen que yo no debería de estar aquí, que no es un procedimiento normal. Me
ubicaron en el área de individuales, ala A, segundo piso, celda 6. En esta área
todos están encerrados en sus celdas y sólo les permiten caminar unas
horas cuando les abren las puertas por espacio de dos horas, creo…
Aquí de inmediato recibí la
solidaridad y el apoyo de los internos. Me dijeron que escucharon la
noticia de mi detención por radio y expresaron su indignación por el abuso del
gobierno; inmediatamente me prestaron dos cobijas, un traste con comida
que ellos tenían de reserva, un litro de agua buena, y me dijeron que no me
preocupara, que ahí ellos me iban a proteger de los guardias. Aclararon que
aunque ahí los trataban bien se turnarían para estar pendientes de mi. Sólo
pasé un día y una noche con el apoyo y solidaridad de mis compañeros internos.
Al siguiente día me cambiaron a un espacio alejado de los demás, según por mi
propia seguridad y para que estuviera más a la mano, ya que estaría en
constantes visitas y listo para cuando vinieran por mí a declarar. Desde que
ingresé aquí no he salido para nada del Cereso. Me dijeron que me llevarían a
declarar al juzgado pero ni eso, el juez y su secretario de actas vinieron a
tomarme aquí la declaración preparatoria, acompañados de varios Ministerios
Públicos y de mis abogados. Solicité la ampliación del término constitucional y
me reservé el derecho a declarar.
El día lunes 15, mis
abogados trajeron a declarar al Juzgado Tercero de lo penal a los
testigos que yo presenté, aparte de las autoridades tradicionales, para hacer
constar que yo no estuve en el lugar de los hechos y que yo no doy órdenes en
mi tribu, al contrario, yo estoy bajo órdenes de mis autoridades y del pueblo.
En esta diligencia yo no fui requerido, por lo que sólo estoy a la espera
de lo que indiquen mis abogados.
Mis días aquí son muy
tristes, me la llevo pensando en mis hijos, temo por su seguridad, siento que
están muy expuestos. Por la tribu no me preocupo tanto, sé que no soy
indispensable, ellos tienen grandes hombres y valientes mujeres que continuaran
con la defensa del agua y el territorio, sólo estoy atento a que no se desvíe
la atención de lo verdaderamente importante, que es la sobrevivencia misma de
la tribu yaqui. Yo pienso que no debemos caer en el juego perverso del mal
gobierno de enfocar la lucha por mi liberación y descuidar la lucha por
el agua y territorio.
Rabia y esperanza en Vicam
El encarcelamiento del vocero yaqui, Mario Luna Romero, infundió a los
integrantes de la tribu mayores ganas de luchar. “Nadie puede decir que nuestra lucha es injusta”, señalan desde el
bloqueo carretero.
Carolina Bedoya Monsalve/ enviada
Vicam, Sonora, 18 de
septiembre de 2014. El ánimo de los yaquis es
de esperanza y rabia, a pesar de la decepción que se percibió ayer, después de
que se diera a conocer la noticia sobre el auto de formal prisión al vocero
yaqui, Mario Luna Romero, por los delitos de privación ilegal de la libertad y
robo de auto cometido por dos o más personas.
“La detención de Mario nos hace pensar que el gobierno quiere golpearnos a
toda la tribu yaqui, pero con más ganas vamos a continuar luchando, para que el
gobernador Guillermo Padrés Elías sepa que no vamos a decaer en nuestra
lucha. A la vez que peleamos por la liberación de nuestro vocero, seguiremos
por la cancelación del Acueducto Independencia”,
declaró Rodrigo Gálvez Palma, parte de la tropa yaqui (como se llama a los
integrantes de la comunidad que no son autoridades).
Los bloqueos en la
carretera México-Nogales continuarán por tiempo indefinido, comunicaron
miembros de la tribu yaqui y del Movimiento Ciudadano por el Agua, reunidos en
esta población, cabecera de los ocho pueblos de la etnia. El cierre se dará de
manera intermitente hasta que la tribu decida otras acciones no sólo por el
auto de formal prisión contra su vocero, Mario Luna Romero, sino por la
cancelación del Acueducto Independencia, que se llevará las aguas del río Yaqui
a la capital sonorense, Hermosillo.
Vicam es un pueblo que en
este momento tiene sus calles llenas de barro, porque no están acostumbradas a
la lluvia. Al lado de la carretera federal, los yaquis en resistencia
instalaron una cocina, en la que las mujeres asan las tortillas de trigo que
alimentan a la tropa proveniente de los ocho pueblos que conforman a la tribu.
Señalan que es creciente el número de los que se suman a la defensa del río,
amenazado desde 2010 por la megaobra que pretende llevarse el agua que les
pertenece por resolución presidencial, hacia la capital, Hermosillo, sede de
importantes industrias consumidoras del vital líquido.
El 17 de septiembre, día en
que se dictó al auto de formal prisión contra Luna Romero, secretario de la
Autoridad Tradicional, se desarrolló un bloqueo carretero total durante once
horas. A pesar de que la policía advirtió con anticipación, la fila de autos
superó los tres kilómetros. El yaqui Rodrigo Gálvez Palma, que a pleno rayo de
sol da el paso a los vehículos pequeños, con materiales peligrosos y
autobuses escolares, informó que casi nunca ocurre un cierre por tantas horas,
pero que la mayoría de los automovilistas les manifiestan apoyo.
“Ayer todos teníamos la esperanza de que a Mario lo iban a liberar,
estábamos convencidos por las pruebas que el abogado presentó, en las que queda
claro que él no se encontraba en el lugar donde ocurrió el supuesto
secuestro”, abundó Gálvez Palma.
La solidaridad se siente en
la carretera y sus calles aledañas, expresó Gálvez Palma. Agregó que incluso la
policía colabora cuando algún carro intenta cruzarse de forma violenta. Mario
Luna también siente solidaridad en el penal y es que, de acuerdo con Rodrigo
Gálvez, nadie puede decir que la lucha de los yaquis es injusta.
Actualmente la tribu yaqui
vive condiciones económicas difíciles. Muchas de sus cosechas se secaron debido
a la falta de un sistema hidráulico que les permita regar sus cultivos; algunos
recurren a las aguas negras, incluso para alimentar a los animales y no
dejarlos morir de deshidratación.
A pesar del duro panorama,
la solidaridad no se acaba. Las mujeres yaquis, entre risa y risa siguen
alimentando a la gente, con tortillas y caldos de chile. La dueña de la
lonchería Primavera le da de comer a las personas que vienen de afuera,
mientras un hotel proporciona el hospedaje, y un profesor la hace de chofer.
Esto es parte del tejido social que no ha logrado romper ni la palabra de un
juez ni las acciones del gobernador.
Policía Federal
hostiga a yaquis en Vicam
La presencia de la policía en la carretera y los hombres vestidos de
civil que merodean la casa de Mario Luna y otros yaquis no amilanan a la tribu,
que se reunió para decidir sus próximos pasos.
Carolina Bedoya Monsalve/ Enviada
Vicam, Sonora, 19 de
septiembre de 2014. Los hostigamientos en
Vicam no se hicieron esperar. Apenas tres días después del auto de formal
prisión contra Mario Luna Romero, vocero de la tribu, la Policía Federal
apareció sobre la carretera federal 15 para fotografiar a los yaquis que
realizan el bloqueo de la vía. Los elementos federales huyeron al recibir un
llamado de atención de los yoeme. El acoso se produce justo unas horas después
de la reunión de yaquis de los ocho pueblos tradicionales para decidir sobre
sus próximas acciones.
La noche anterior, un auto
con hombres vestidos de civil se apostó frente a la casa de la familia de Luna
Romero. El secretario de la autoridad tradicional advirtió anteriormente, en
entrevista con la periodista Gloria Muñoz Ramírez para el diario La Jornada, que
responsabiliza directamente al gobernador Guillermo Padrés Elías de cualquier
cosa que pueda suceder a sus parientes.
En la noche, en una reunión
de autoridades tradicionales y yaquis de los ocho pueblos de la tribu, se
decidieron las acciones que seguirán para lograr la libertad de su vocero y la
cancelación del Acueducto Independencia, que desde 2010 amenaza con llevarse la
poca agua que les queda. Se escucharon voces de coraje e indignación, y se
denunciaron los daños ocasionados en la tribu por la detención de su vocero y
la campaña de miedo, que continúa con las órdenes de aprehensión contra algunos
indígenas, entre ellos Tomás Rojo.
La primera decisión de los
yaquis fue que el caso de Luna Romero se llevará a instancias federales, dada
la tensión política que hay en el estado de Sonora y la clara parcialidad del
juzgado III, que dictó el auto de formal prisión por privación ilegal de la
libertad y robo de auto cometido por dos o más personas con solamente testigos
de oídas como pruebas.
En las calles de Vicam –que
después de las lluvia, volvieron a su aspecto polvoriento habitual-, la
presencia de civiles preguntando por algunos miembros de la tribu genera
inquietud entre la gente. A pesar de este ambiente de incertidumbre, los yaquis
transmiten tranquilidad porque, a decir de uno de ellos que no quiere
proporcionar su nombre, “no debemos nada,
no tenemos que esconder nada y mucho debemos tener miedo”.
El Acueducto Independencia,
promovido por el gobernador panista Guillermo Padrés Elías –quien fue
denunciado en días recientes por poseer una presa ilegal en uno de sus ranchos-
es parte del programa Sonora Sistema Integral. A pesar de que los yaquis
ganaron todos los recursos legales que interpusieron contra la obra, ésta se
encuentra terminada casi en su totalidad, con dos de las cuatro bombas
hidráulicas en funcionamiento. Los ocho amparos ganados, que legalmente llevan
a la cancelación del Acueducto que abastecería a empresas instaladas en
Hermosillo, no evitaron la amenaza al agonizante río Yaqui, parte fundamental
de la cosmogonía y vida de la nación yoreme.
Un recurso legal ganado por
los yaquis ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (contra el Manifiesto
de Impacto Ambiental presentado para edificar el acueducto) obligó al gobierno
a emprender una consulta a la tribu; el proceso se detuvo por la aprehensión
del vocero Luna Romero. Juan Domingo Molina, asesor técnico de la tribu,
denuncia que “nada de lo que se exige en
tratados internacionales se ha cumplido, los manifiestos ambientales no señalan
nada de los daños irreparables que ya tenemos y los futuros. Nos quedamos ahora
en la etapa informativa de la consulta y claramente está muy parcial”.
En un reportaje publicado
en Desinformémonos,
Enriqueta Lerma explica que el río Yaqui no sólo tiene una significación
mítica, sino también histórica pues representa el eje de ordenamiento
territorial tradicional. Por siglos, sus ocho pueblos ancestrales: Belem,
Huirivis, Rahum, Potam, Vícam, Tórim, Bacum y Cócorit, se asentaron en su margen,
cambiando el lugar según su creciente y desviación. Ahora deben de improvisar
sus rituales en el río cuando éste se encuentra seco, que es la mayor parte del
año. Por eso, los yoeme –que sobrevivieron a guerras, revoluciones y
dictaduras-, aseguran que están dispuestos a luchar con sudor y sangre para que
no se seque el río que les dio la vida.
Desprecio, ilegalidad
y una negociación política, detrás de la detención de líder yaqui
Además del despojo y el racismo, la pelea del multimillonario Germán
Larrea y el gobernador de Sonora contra Enrique Peña Nieto es parte fundamental
de la detención de Mario Luna, coinciden analistas.
Adazahira Chávez Pérez
México, DF. La movilización de los yaquis “tiene
que escalar” ante la detención de su autoridad Mario Luna Romero, advierte
el vocero de la tribu, Tomás Rojo, quien también cuenta con orden de
aprehensión. El auto de formal prisión contra Luna muestra “la degradación del Estado y del derecho”, afirma el abogado
especialista en derechos colectivos, Francisco López Bárcenas. Y es que las
cárceles en México se están llenando de indígenas que defienden el territorio,
sostiene Luis Hernández Navarro, analista político y director de opinión del
diario La Jornada,
quien sostiene que detrás de todo está un conflicto entre Enrique Peña Nieto
por un lado, y el empresario Germán Larrea y el gobernador Guillermo Padrés por
el otro.
Lo que vemos es el
secuestro, por parte del Estado, de una autoridad de la tribu yaqui, aclara
desde Sonora el intelectual mixteco López Bárcenas. “Esto se ve en todo el país. Hace dos años, en San Luis Acatlán
(Guerrero), la policía detuvo a un
comandante de la comunitaria por haber detenido a una persona que cometió un
ilícito. La Policía Comunitaria detuvo a su vez al juez, pues de acuerdo con su
derecho, él era quien secuestró al comandante”, ejemplifica.
Luis Hernández Navarro,
autor de Hermanos en armas,
guardias comunitarias y autodefensas, establece que las cárceles de
México se están llenando de indígenas defensores del territorio, como los
autodefensas y guardias comunitarios de Michoacán y Guerrero, y los dirigentes
sociales de Puebla y Tlaxcala que se oponen al gasoducto. “Las comunidades indígenas enfrentan una ofensiva de grandes empresas
mineras y proyectos de infraestructura sobre sus territorios”, valora. En
medio de esta “ofensiva de despojo y
devastación ambiental”, surge un “ecologismo
de los pobres, cuya columna vertebral son los pueblos indígenas, y sobre ellos
se ceba la represión”.
En entrevista con Desinformémonos, Rojo señala
que por su territorio no pasa solamente la carretera, sino un ferrocarril,
fibra óptica, un oleoducto y un gasoducto, y “los ancianos y nuestras autoridades serán quienes tomen la decisión de
qué acciones son más efectivas” para detener la agresión contra su pueblo.
Los indígenas “no debemos renunciar a la
legalidad y todavía hay recursos que se pueden interponer y no caer en la
lógica de provocación del Estado”, indica López Bárcenas, que puntualiza
que sin embargo, “los pueblos tienen
derecho a la legítima defensa”.
Los yaquis, que luchan para
que el Acueducto Independencia (obra promovida por el gobernador panista
Guillermo Padrés Elías) no se lleve el agua de su río, han ganado todos los
recursos legales interpuestos contra la obra. El gobierno se vio obligado por
la Suprema Corte de Justicia de la Nación a implementar una consulta sobre el
acueducto a la tribu, pero –advierte Tomás Rojo- el proceso se verá afectado
por la detención de Luna Romero, a quien se le imputan los cargos de privación
ilegal de la libertad y robo de auto por dos o más personas, a causa del
procesamiento bajo la ley indígena de Francisco Romo Delgado, señalado por los
yaquis como operador interno del gobernador.
Yaquis, moneda de cambio entre poderes
Luis Hernández Navarro considera que la
detención de Mario Luna es un clásico ejemplo de cómo “se tuerce el cuello al cisne de la justicia; con tal de ejecutar una
consigna política, se hace a un lado cualquier ejercicio correcto de la
legislación”. El analista explica que el vocero yaqui es un preso político “y su caso se está usando para renegociar la
relación entre el gobierno estatal y el federal, en el punto más álgido de su
conflicto”.
López Bárcenas, quien fuera
asesor de los zapatistas en los Diálogos de San Andrés, agrega que hay un
elemento político en el encarcelamiento del yaqui, pues el gobierno estatal “quiere tapar todos los asuntos ilegales que
se le descubrieron, como la llamada ‘Presa del Maleante’, la contaminación del
río Sonora, sus problemas con el gobierno federal y hasta el asunto del
incendio de la guardería ABC”. La intención es, de acuerdo con el abogado,
usar la detención de Mario Luna como elemento de negociación.
Hernández Navarro explica
que el gobernador Guillermo Padrés tiene la estrategia de escalar conflictos
locales y abrir flancos para tratar de tapar su diferendo con el gobierno
federal, que es doble: por una parte, el del presidente Enrique Peña Nieto con
el multimillonario Germán Larrea, dueño de Grupo México (empresa responsable
del reciente derrame tóxico en el río Sonora). “Larrea filtró en muchos medios que financió la campaña de Peña Nieto,
y no está dispuesto a sujetarse a él”, detalla. Hay otro conflicto de
carácter más general, pues Enrique Peña busca recomponer el presidencialismo
mexicano dominando a los gobernadores que se le oponen, “y por otro lado prepara el terreno para el regreso total del PRI (Partido
Revolucionario Institucional) en las
elecciones de 2015”, expone el experto.
Para los pueblos indígenas,
considera Hernández Navarro, el mensaje es que el derecho no funciona para
ellos cuando tienen la razón, y que pueden ser utilizados para dirimir otro
tipo de conflictos a despecho de sus derechos históricos.
“Y si esto hace una minera”, remata el periodista, “¿quién va a poder poner en orden a las
petroleras?”
Desprecio legal a los pueblos indios
Las autoridades tradicionales yaquis
denunciaron, en comunicado del 18 de septiembre de 2014, que “el juez se conduce con desprecio y desdén
por los usos y costumbres de la Nación Yoreme, y parecen ignorar que quien dio
la orden (de detener a Francisco Romo Delgado, hecho que se le imputa a Mario
Luna como privación ilegal de la libertad) fue el Gobernador Tradicional de
Vicam”.
El Gobernador, el Capitán y
el Comandante de Vicam se responsabilizaron de la detención y castigo de
Francisco Romo Delgado, tanto en conferencia de prensa realizada en
Hermosillo como ante el juzgado que lleva el caso. Sin embargo, se dictó el
auto de formal prisión contra el vocero, con lo que se violan los artículos
constitucionales primero (que establece que los tratados de derechos humanos
forman parte de la Carta Magna) y segundo (por el que se reconoce la facultad
a los pueblos indígenas de aplicar justicia de acuerdo al derecho propio,
expone López Bárcenas. “Además, el
artículo primero ordena a los jueces que, en caso de que haya varias
interpretaciones de la ley, utilicen la que favorece a la persona”, agrega
el letrado.
Lo primero que hay que
hacer, considera López Bárcenas, especialista también en temas de
megaproyectos, es aclararle a la opinión pública “que Mario no es un delincuente, y que las autoridades yaquis
realizaron el acto en función de su derecho”. Además, “hay que organizarse para protestar y exigir el respeto a las leyes”,
finaliza.
Para resolver el conflicto,
sostiene Hernández Navarro, “debe quedar
claro que el uso del agua del río Yaqui no está destinado a resolver los
problemas de líquido para los habitantes pobres de Hermosillo”. Es
necesario exponer que se trata de un absurdo del sistema económico, que
requiere que se dote de millones de litros de agua diariamente a industrias
instaladas en el semidesierto, puntualiza. “Hace
falta que la lucha de los yaquis se convierta en la lucha de la sociedad en su
conjunto contra este modelo económico atroz”, resume.
Tomás Rojo apela al acuerdo
que 38 pueblos indígenas y 40 organizaciones de América tuvieron durante el
Encuentro Intercontinental que alojó Vícam en el año 2007: “que cualquier agresión es contra todos y se debe reaccionar en
consecuencia”, clama.
La Cámara de Senadores
demandó la liberación del detenido y el cese de la escalada represiva, lo que “es un hecho inusitado. Los priistas están
acusando al gobierno de cosas que ellos mismos hacen en otros estados, y eso
hay que destacarlo”, señaló Hernández Navarro.
Indignación entre los
pueblos indígenas por el encarcelamiento de Mario Luna, de la tribu yaqui
Comunidades pertenecientes al Congreso Nacional Indígena advierten que
tomarán medidas ante la “injusticia” cometida contra la autoridad tradicional
de los yoeme.
Adazahira Chávez Pérez
Hermosillo, Sonora, y
México, Distrito Federal. Integrantes del Congreso
Nacional Indígena (CNI) se reunirán próximamente para tomar medidas colectivas
sobre el encarcelamiento de Mario Luna, autoridad y vocero de la tribu yaqui,
detenido el pasado 11 de septiembre en Ciudad Obregón, Sonora.
“Vamos a tener varias reuniones y encuentros, en las que definiremos el
apoyo a Mario, porque de manera aislada es difícil decidirlo. No olvidaremos lo
que dijo él mismo en entrevista: no caeremos en la estrategia del gobierno de
desviar la lucha contra el Acueducto Independencia por la de su libertad: irán
juntas”, advirtió Carlos González, participante del CNI de la
comunidad nahua de Tuxpan, Jalisco.
Nicolás Flores Lugardo,
nahua de Ostula, comunidad ubicada en el litoral del Pacifico michoacano en la
que se levantaron por la recuperación de sus tierras, afirmó que difundirán la
información del encarcelamiento de Mario Luna en sus comunidades, pues él “vino a apoyarnos en una ocasión y tenemos
que ver el modo de apoyarlo también”.
Por su parte, Salvador
Campanur, de la combativa comunidad de Cherán, ubicada en la meseta p’urhépecha,
también integrante del CNI, advirtió que el auto de formal prisión es una
injusticia y un mensaje grave hacia los pueblos indígenas de México. “El mal gobierno actúa contra todo lo que se
mueve para defender el territorio indígena”, señaló.
“Desde siempre nos han querido exterminar y lo único que pedimos es que nos
dejen en paz. Somos una nación con una cultura propia y como tal nos vamos a
defender. Estamos en un momento muy difícil, pero sabemos que tenemos que
seguir adelante porque tenemos la verdad”,
expresó Guadalupe Olea Sombras, ex gobernador del pueblo de Vícam.
Juan Dionisio, comunero
hñähñú de San Pedro Atlapulco, Estado de México, lugar donde defienden sus
bosques y luchan contra la construcción de una carretera que destruirá su
territorio, consideró que la detención de Mario Luna significa “uno de los golpes más fuertes que se puede
dar a nuestra resistencia y nuestra lucha por la tierra”. Recordó que la
nación yaqui es uno de los pueblos más castigados por el poder desde Porfirio
Díaz, y “lo que pasa con Mario no es más
que una muestra de que esta dictadura nunca se fue”. El entrevistado indicó
que esto demuestra que las leyes mexicanas son una burla, “fueron cambiadas por neoliberales traidores para su beneficio y no las
reconocemos”.
Benito Ramos, abogado
defensor de Mario Luna Romero –quien ostenta el cargo de secretario de la
autoridad tradicional, a la vez vocero y enlace con los yoris (mestizos)-, afirmó que
la resolución, dictada por los delitos de privación ilegal de la libertad y
robo de auto por dos o más personas –debido a que la guardia tradicional yaqui
castigó al acusador durante uno de los bloqueos en defensa del río-, es carente
de derecho y tiene un tinte político “del
tamaño del mundo”.
La intención del auto de
formal prisión es, además de amedrentar, distraer de la lucha de fondo para
derivarla a la demanda de la libertad del vocero yaqui, valoró Citlalli
Hernández, integrante de la Misión Civil de Observación a la Consulta a la
Tribu Yaqui, instancia civil conformada por organizaciones de derechos humanos.
“Es triste ver cómo el poder
judicial se subordina al interés político de un grupo gobernante”,
manifestó la activista.
La tribu libra una batalla
en defensa de las aguas del Río Yaqui al menos desde 2010, cuando el gobierno
estatal, encabezado por el panista Guillermo Padrés Elías anunció la
construcción del Acueducto Independencia, que se llevará las aguas que
pertenecen a la tribu por resolución presidencial de Lázaro Cárdenas. La
megaobra, con una longitud de 175 kilómetros, se llevaría un volumen de 75
millones de metros cúbicos de agua de un territorio que ya padece sed, hacia Hermosillo,
capital de Sonora, para alimentar a las industrias, de acuerdo con denuncias
públicas de los integrantes de la etnia y del Movimiento Ciudadano por el Agua.
Los yaquis han ganado
todos los recursos jurídicos interpuestos contra la construcción del acueducto,
y el gobierno fue obligado por resolución de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación a iniciar un proceso de consulta al pueblo indígena. Mario Luna es una
de las caras más visibles de la resistencia yaqui al despojo de su agua por su
papel de vocero.
Unos minutos después de
conocerse la resolución que mantendrá al vocero yaqui en prisión durante su
juicio, el defensor Ramos explicó a Desinformémonos que
en esta etapa del proceso se deben ofrecer pruebas. Aunque la defensa
proporcionó tres testimonios “uniformes y
contundentes” que demuestran que Luna Romero no estaba ni en el
momento ni en el lugar de los hechos, el juez tercero de lo penal, Manuel
Octavio Palafox, “simplemente los
desvalorizó” y de forma “ilegal”
dictó la resolución con los mismos indicios con los que se emitió la orden de
aprehensión, describió el abogado. Además, ignoró el derecho de la etnia a
aplicar sus usos y costumbres, agregó.
“Se ve metida la mano del gobernador para perjudicar a Mario”, afirmó su abogado. “La orden de
captura estaba desde hace un año, y curiosamente hasta ahora, con toda la
situación que enfrenta el gobierno estatal –derrames tóxicos en ríos por
parte de Grupo México y el descubrimiento de una presa ilegal propiedad del
gobernador Guillermo Padrés Elías-, se
ejecutó. Podríamos pensar que es un distractor, que pasa por encima de los
derechos fundamentales de todo ciudadano”.
Más yaquis se suman a
la defensa del río y de Mario Luna, su secretario
La lucha contra el Acueducto Independencia seguirá aún con el vocero
yaqui en la cárcel, pues “es todo un
pueblo el que será afectado”, advierten desde Vicam.
Carolina Bedoya Monsalve/ enviada
Vicam, Sonora. En las lodosas calles de este pueblo yaqui, epicentro de la lucha contra
el Acueducto Independencia, los habitantes manifiestan admiración por su
detenido secretario, Mario Luna Romero, y califican de “injusticia” su reclusión. Sin embargo, advierte su propio hermano,
Lino Luna, “nosotros vamos a seguir esta
lucha con Mario afuera o adentro, porque es todo un pueblo que será afectado
por el acueducto”. Su madre, padre y hermanos hacen presencia en los
bloqueos para oponerse al Acueducto Independencia, que terminará de secar el
río Yaqui, que desde hace casi veinte años palidece por las tres presas
construidas, una río arriba y dos abajo.
Una semana después de la
aprehensión de Luna Romero en una carretera en Ciudad Obregón, resume su esposa
Reina Lourdes Anguamea Buitimea, existe un sentimiento de rabia e indignación
entre la población yaqui. Sin embargo, desde el Centro de Readaptación Social
número dos, el vocero yaqui pide a su familia que no se sienta derrotada, pues
las pruebas que tiene el gobierno en su contra son muy débiles y no las podrán
sostener por mucho tiempo, informa su mujer.
La detención del secretario
de la autoridad tradicional logró, sin embargo, que más gente se una a la
lucha, relatan desde Vicam, con lo que la organización se fortaleció. Las
mujeres cocinan y tiene presencia en los bloqueos; algunos voluntarios
transportan a los medios de comunicación que viene a informar sobre la
problemática de la tribu, y muchos otros prestan la seguridad porque todo el
pueblo es tropa. Desde la escuela, a los niños y niñas les enseñan que siempre
hay que estar listos para defender el territorio.
Mario Luna Romero, hoy de
42 años de edad, empezó desde muy pequeño en la lucha social, recuerdan sus
familiares. Fue el segundo de ocho hijos de una familia humilde de Vicam,
informa su hermano Juan Luna Esquer. “A
él le gustó estudiar desde chiquito, y todos hicimos en esfuerzo para que
pudiera entrar a la escuela”, recuerda.
Fue en la secundaria cuando
Luna Romero tuvo su primera experiencia de organización. Su esposa relata que
comenzó a pelear para que el gobierno le diera becas a los jóvenes
preparatorianos, primero a los de Vicam y después a los habitantes de los
otros siete pueblos que conforman a la tribu.
Los jóvenes becados empezaron
a organizarse contra los patronatos, y el gobierno les quitó la beca, con el
objetivo de dividir a la población organizada a cambio de devolvérselas.
Lourdes Anguamea señala que al gobierno no le gusta que los jóvenes vayan a la
escuela, pues comenzarán a organizarse, “y
ellos le temen mucho a eso”.
Hace cerca de diez años,
Mario Luna fue nombrado secretario y vocero de la tribu. “El escuchaba e intentaba buscar una solución a los problemas de la
gente, desde los rentistas y sus cobros altos, hasta los problemas con los
cultivos”, refiere su esposa. Su cargo se trata de transmitir el sentir del
pueblo, explica. Fue en este trabajo que Luna Romero se hizo más conocido, al
volverse uno de los rostros más conocidos de la oposición al Acueducto
Independencia, promovido desde 2010 por el gobernador panista Guillermo Padrés
Elías.
Reina Lourdes Anguamea
indica que, de alguna manera, Luna Romero ya se esperaba el auto de formal
prisión antes de que se hiciera el anuncio desde el juzgado tercero, pues “sabe que el gobernador no va a dejar el
tema tan fácil, porque si le daban la libertad, le darían más fuerza y por
ahora le conviene al gobierno dejarlo adentro”. Afortunadamente,
expresa su esposa, la detención fue una razón más para que el pueblo se uniera “para defender lo que por historia
nos pertenece”.
Los yaquis extraen
esperanza del panorama. “Al gobernador le
queda poco tiempo de mandato y pronto se le podrá hacer un juicio por todo lo
que ha hecho”, finaliza Reina Anguamea.
“El río nos hace mucha falta”:
mujeres yaquis
Para los yoeme, el agua del río Yaqui es vida y fundamento de su
cultura. “Queremos que vuelva a tener
agua, para que nos regrese todo lo que teníamos”, claman.
Carolina Bedoya Monsalve/ Enviada
Vicam, Sonora. Los abuelos relatan que los yaquis nacieron del agua; su cultura nace
alrededor del río Yaqui, como lo hacen el álamo, el mezquite y el carrizo. Hace
más de veinte años, el caudal se empezó a secar a causa de las presas y los
malos manejos que robaron el recurso.
“Un día abrimos los ojos y ya no se veía el verde de antes, las flores que
cortábamos de niños, los mezquites que crecían a las orillas del río, ni
escuchamos el ruido de los animales. Ahora vemos los álamos a lo lejos, pero
secos; ya no escuchamos al viento correr entre las hojas, que nos daba
tranquilidad”, refiere una mujer, apenas cercana a los 40 años.
Los integrantes de la tribu
antes convivían debajo de los árboles que crecen al lado del río; ahora ya no
se encuentra una sombra dónde sentarse. “El
agua ahora la vemos en un vaso o en una presa. Se llevaron lo nuestro y sin
embargo, los jóvenes siguen conservando la identidad yaqui”, narra la
yaqui.
Las fiestas de San Juan son
uno de los rituales más importantes para los yaquis y se realizan en el río; en
estos tiempos, la tribu llena con tanques de agua unas zanjas al lado del río y
allí hacen sus ceremonias, con tal de no perder sus tradiciones y seguir
transmitiéndolas a sus hijos.
“El gobierno necesita construir
la imagen de que estamos agarrados del chongo y eso no es cierto”: Tribu Yaqui
En los medios locales se habla de la división de la tribu, pero “lo real es que este proceso de lucha
aglutinó a todas las tropas de la tribu y generó a un consenso en cuanto a la
defensa del territorio y el rechazo al Acueducto Independencia”.
Gloria Muñoz Ramírez
Fotos: Efraín Ruíz Nieblas
Fotos: Efraín Ruíz Nieblas
(Primera
de cuatro partes)
23 junio del 2014
Vícam, Sonora. En la ruta por la restitución de sus
derechos, la tribu yaqui ha ganado todas las batallas jurídicas y políticas
contra la construcción y ahora funcionamiento del Acueducto Independencia, obra
con la que el gobierno de Guillermo Padrés Elías pretende arrebatarles el agua
que les pertenece. Cada milímetro de esta lucha emprendida desde 2010 lo han
ganado con organización y perseverancia, a pesar de la persecución a sus
autoridades y de los mecanismos empleados por el Estado para dividir la decisión
de los pueblos.
En este momento, explica
Juan Domingo Molina Valencia, representante de la Comisión Técnica de la tribu
yaqui, continúa la organización de la Consulta a sus pueblos, proceso ganado en
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 8 de mayo de 2013, en el
que definirán con un “sí” o con un “no”, la operación del Acueducto
Independencia, obra marcada desde su licitación con un sinfín de
irregularidades, con la que el gobierno del estado de Sonora pretende
transvasar 75 millones de metros cúbicos de agua anuales a la ciudad de
Hermosillo.
Mario Luna, secretario de
las autoridades tradicionales de Vícam, explica en entrevista con Desinformémonos que durante todo el
proceso de lucha contra el Acueducto, el gobierno ha empleado una serie de
artimañas para intentar dividirlos, pero, asegura, no lo han logrado. El
gobierno del estado, señala, ha querido inmiscuirse en la Consulta decidiendo “a quién consultar”. Incluso, afirma, “han habido intentos de que no se nos
consulte a nosotros, cuando nosotros somos los que ganamos el amparo, que
porque, dicen, no somos la autoridad. Pero aquí la autoridad yaqui está bien
conformada, tiene una estructura propia, y tiene un historial que puede ser
validable dentro de un peritaje antropológico”.
Lo que los yaquis
consideran una de las intervenciones más fuertes del gobierno, indica Luna, “es el intento de legitimar autoridades que
no están en el ánimo de la gente, que no tienen una estructura formal y se las
inventan; son grupos que han estado al servicio del gobierno en turno y se
materializan en las asambleas que hacen”.
La tribu yaqui es
históricamente combativa. Son ocho pueblos guerreros con una estructura militar
que sería el antecedente más primero de lo que hoy se conocen como
autodefensas. Aquí, a partir de la defensa del río Yaqui, “se armó un bloque
muy fuerte de cinco pueblos, Vícam, Pótam, Belem y Loma de Guamuchil y Loma de
Bácum, para contrarrestar la falsa percepción de división que quería crear el
gobierno”. Sin embargo, refiere el entrevistado, “a pesar de que el gobierno no debería de intervenir en la Consulta,
creó una lista de ‘autoridades duales’, un término que no existe, y que aquí no
es aceptado”. La estrategia gubernamental es la misma que en el resto de
los pueblos indígenas en los que se quiere imponer un megaproyecto. Explica
Mario Luna: “Ellos intentan dividir a la
gente entre los que son beneficiados por los programas gubernamentales y los
que no tienen acceso por la situación de rebeldía en la que nos encontramos”.
Por ejemplo, dice, “hubo un recorte de
jóvenes asesores de la tribu que daban asesoría técnica en agricultura,
ganadería, pesca y promotores de programas sociales y culturales. Dieron de
baja a todos los elementos que estaban al servicio de la Guardia Tradicional, que
ellos no reconocían o les resultaban incómodos, como 30 asesores”.
El gobierno castiga la
rebeldía de la tribu yaqui limitando la inversión en proyectos productivos, en
vivienda y obra pública “dentro de los
pueblos que defienden el agua”. Y lo peor, acusa Luna, “fue que el año pasado se cancelaron totalmente las becas educativas de
cuatro meses como medida de presión. En enero reactivaron los programas por la
presión, pero no regresaron lo que debían. Y no a todos les dan, a los que
seguimos en la rebeldía no, fueron muy selectivos. Quitaron mil 700 becas en
total”.
Paralelamente al recorte de
presupuesto para la tribu, y a la selección de las personas o grupos a los que
se apoya, el gobierno está criminalizando la protesta y persiguiendo a los
representantes visibles del movimiento, como al propio Mario Luna, a Tomás
Rojo, Fernando Jiménez y Gerónimo Flores, a quienes les fabricaron el delito de
secuestro “que es un delito federal,
aunque luego lo bajaron a privación ilegal de la libertad, con el fin de que el
gobierno de Sonora pueda tener el control en el fuero común y quede en manos de
la policía estatal”. El caso en cuestión, señalan las autoridades de Vícam,
“es totalmente falso, pues se trata de un
asunto en el que se aplicó la ley tradicional que faculta la Constitución y los
tratados internacionales”.
“Por primera vez la tribu inicia una acción legal y utiliza la vía
institucional para la defensa del territorio y nos llaman criminales. En la
concepción de ellos ni siquiera tendríamos esa posibilidad”, afirma el secretario de Vícam. La obra del Acueducto Independencia
representa para los yaquis, “una condena
de muerte como pueblo”. Con una longitud de 145 kilómetros, se llevaría un
volumen de 75 millones de metros cúbicos de agua de un territorio que ya padece
sed, hacia Hermosillo, capital de Sonora, donde no se necesita para el consumo
humano, como dice la campaña de Padrés, sino para el abastecimiento de empresas
como la Coca Cola. Sólo que olvidan que lo yaquis no son concesionarios, sino
titulares de al menos el 50 por ciento de esa agua. Y por eso la resistencia.
El gobierno de Sonora no se
da por vencido, por lo que los yaquis están reaccionando a su intervención en
las decisiones internas “con un cambio de
estrategia”. Luna refiere que empezaron ya a utilizar “mecanismos de seguridad dentro de las propias comunidades, como por
ejemplo, echar abajo el argumento principal del gobierno, que es la relación
con la tribu. Ellos hablaban de gobierno a gobierno, lo que quiere decir que
únicamente existía una relación entre la gente del gobierno del estado y las
autoridades tradicionales que representan formalmente al pueblo. Sin embargo,
los que conocemos de la vida institucional del pueblo, sabemos que no es así.
Una cosa es que ellos sean representantes legales y otra es que ellos, por si
solos, representen el sentir del pueblo, pues ése se da en las asambleas, por
consenso y no por decisiones ejecutivas de cinco firmantes. Lo que ocurrió es
que las tropas de las tribus se rebelaron contra sus autoridades tradicionales
y dijeron ‘aquí tus decisiones no valen si no están consensadas por las tropas
de cada pueblo’”. Lo que está en juego, advierte Mario, “es la vida misma de la tribu yaqui”.
El desconocimiento de sus
autoridades ocurrió en varios de los pueblos entregados totalmente al sistema
impuesto por el gobierno del estado. Refiere Luna que, por ejemplo, en Loma de
Guamuchil, que era el centro de operación al que llegaba el gobernador, donde
hacían reuniones y “repartían un montón
de despensas, proyectos y dinero, la población local se cansó y dijo ‘hasta
aquí’, los desconocieron en un proceso interno y cambiaron a todos. El gobierno
del estado no lo asimila todavía. También pasó en Belem, y en menor grado en
Tórim y Huirivis”.
Ahora, refieren desde Vícam,
“el gobierno ya no tiene tanta incidencia
en las autoridades tradicionales, porque no le vale cooptar a una autoridad
tradicional o a un votante, cuando no se genera consenso en la asamblea. Y las
autoridades tradicionales tampoco se atreverían a firmar con el antecedente que
ya existe”.
La estrategia más reciente
del gobernador Padrés Elías, fue el anuncio de que la Consulta a los yaquis ya
había iniciado en tres pueblos (Tórim y Rahúm), donde, afirma Luna, “el gobernador tiene bastante manipuladas a
las autoridades de estos pueblos, pero a las tropas no”. Hay que tomar en
cuenta, advierte, “que el gobernador
tiene un sistema de control muy fuerte sobre los medios de comunicación en
Sonora y no hay una prensa libre que se atreva a contradecirlo, pues los pocos
que lo han hecho han sufrido mucho”.
“Nosotros creemos que detrás de esta declaración, el gobierno estatal tiene
la impresión de que el gobierno federal antepondrá el criterio de la inversión
pública que ya está en el acueducto, para imponer el criterio de que es un
hecho consumado y que ‘palo dado ni dios lo quita’; en ese sentido, quieren dar
la impresión de que una parte del pueblo yaqui está dispuesta a negociar, lo
que es totalmente falso, pues esos pueblos que faltan por incorporarse no se han
podido reunir, ni establecer una asamblea y mucho menos generar un consenso”, señala la autoridad de Vícam, el más grande de los ocho pueblos y
cabecera de la tribu.
En los medios locales se
habla de la división de la tribu, pero, confirman Mario y Juan Domingo, “lo real es que este proceso de lucha
aglutinó a todas las tropas de la tribu y generó a un consenso en cuanto a la
defensa del territorio y el rechazo al proyecto. Esto es lo que se manifiesta
en todas las reuniones”.
La resistencia al Acueducto
Independencia se inició en Vícam, que por su condición de cabecera puede
representar a todos los pueblos. “Hay un
principio en la tribu y es que si tu pueblo no te representa, tienes la
posibilidad de representarte en la principal cabecera o en la segunda”, explican
los yaquis, y esto, dice, “ha legitimado
la lucha al interior de la tribu”, al grado de que se han logrado reunir
hasta cinco mil tropas, lo que habla de su capacidad de movilización. El
gobierno, reitera Mario Luna, “necesita
construir la imagen de que nosotros estamos agarrados del chongo y eso cierto”.
La tribu yaqui con la
ley a su favor y el gobierno en contra
Alejandro Olea, encargado de la defensa jurídica de la cuenca del río
Yaqui, detalla los pormenores de un proceso entablado desde el 2010 contra el
Acueducto Independencia, obra cuyo proceso de construcción ha estado plagado de
irregularidades.
Gloria Muñoz Ramírez
(Segunda
de cuatro partes)
30 junio del 2014
Ciudad Obregón, Sonora. Se han ganado todas las batallas jurídicas contra el Acueducto
Independencia, obra con la que el gobierno de Sonora pretende desviar el agua
del Río Yaqui a Hermosillo, capital del estado. La tribu yaqui y los
productores del valle Yaqui han entablado juicios desde el 2010, todos con
sentencias a favor de ellos, pero las autoridades estatales, en complicidad con
las federales, simplemente no cumplen lo dispuesto. En estos momentos, las
obras del Acueducto, construido de manera legal en un 70 por ciento, continúan,
al igual que su funcionamiento. Pero ya no hay más: la obra tiene que
suspenderse inmediatamente, de acuerdo al reciente fallo del Juzgado Octavo de
Distrito.
Alejandro Olea, asesor
jurídico de la tribu yaqui y de los productores del valle, encargado de la
defensa jurídica de la cuenca del río Yaqui, detalla los pormenores de un
proceso entablado desde el 2010 contra un acueducto que, como se ha demostrado,
no se necesita para llevar agua para el consumo humano de Hermosillo, como lo
declara el gobernador Guillermo Padrés Elías, sino para las grandes empresas
que ahí se alojan.
Entrevistado en esta
ciudad, luego de la resolución de Juzgado Octavo, Olea insiste en que la
suspensión tiene que ser inmediata, mientras se resuelve la legitimidad de los
títulos de asignación otorgados al municipio de Hermosillo
¿En qué momento empieza la lucha jurídica contra la construcción del
Acueducto Independencia?
En enero del 2010, personal técnico del
Distrito de Riego de Ciudad Obregón, asesores de productores agrícolas del
Valle de Yaqui, miembros de la comunidad como jóvenes y amas de casa, trataron
de hacer ver al gobierno del estado de Sonora que la construcción del acueducto
representaba una grave afectación para todo el valle, para su desarrollo, para
su bienestar, para todos los usos doméstico, agrícola e industrial, pero no
fueron escuchados.
Se plantearon alternativas
como reciclar agua residual, reparar la red de distribución, la desalación de
pozos salobres y la desalación de agua de mar, entre otras muchas alternativas,
pero no fueron escuchados a pesar de que son viables todas las propuestas para
solucionar la escasez de agua en Hermosillo.
El gobierno ha difundido la
falsedad de que a Hermosillo le hace falta agua para el consumo humano. Pero la
realidad es que no falta agua para la gente, sino para la agricultura y el
desarrollo económico. En la agricultura utilizan aproximadamente 700 u 800
metros cúbicos cada año y la ciudad necesita cien. Entonces, luego de que los
afectados agotaron las alternativas y no hubo compresión sino imposición por
parte del gobierno del estado, en complicidad con el gobierno federal. se tuvo
que recurrir a las vías legales.
En el 2010 se interpusieron
varios amparos, principalmente contra los títulos de asignación de aguas
nacionales que otorgó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a la Comisión
Estatal del Agua. Se combatieron también el proceso de licitación del acueducto,
sus consecuencias, la operación y todo lo que implica.
En dos de los juicios que
se promovieron en el 2010, se concedió la suspensión provisional para que no se
dictara el fallo de la licitación, no se adjudicara la obra y mucho menos
iniciara su construcción; pero se violó esa suspensión. El director del Fondo
de Operación de Obras “Sonora Sí”, Enrique Martínez Preciado, cometió desacato,
confirmado por el Tribunal Colegiado, y ahora está condenado penalmente por ese
delito.
Lo que ocurre es que se
viola la suspensión, se adjudica la obra, se celebran los contratos de obra e
inicia la construcción, en ese momento sin siquiera la autorización de impacto
ambiental.
Paralelamente, también en
2010, la tribu yaqui promueve un juicio agrario, obtienen una medida cautelar y
tampoco se respeta. En el 2011 la tribu promueve el primer juicio de amparo
contra la autorización de impacto ambiental, porque no los consultaron como lo
exigen los tratados internacionales en materia de derechos humanos, como el
artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para la
protección de los pueblos indígenas, que establece que cualquier medida
administrativa o legislativa que pueda afectar a una comunidad indígena debe
hacerse una consulta, con requisitos que deben cumplirse, como que sea
culturalmente adecuada, en su idioma, conforme a sus tradiciones, respetando
sus modos de tomar decisiones. Nada de esto se hizo y por eso se ganó el amparo
en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que
ordena que se lleve a cabo el proceso de consulta, señalando que si se advertía
un daño irreparable debería detenerse la operación del Acueducto Independencia.
Además de ese triunfo de
los yaqui, la obra se inicia violando la suspensión del 2010, por lo que
podemos concluir que cada tubo de ese acueducto, cada tornillo, cada motor se
instaló en violación a suspensiones dictadas en los juicios de amparo. Es
sumamente incongruente que la autoridad, quién debe de velar por respetar el
estado de derecho, sea la que impulse una obra pública que afecta al sur de
Sonora y que viola la ley y las órdenes judiciales.
¿Cuál es el camino jurídico que sigue la tribu yaqui?
En el 2011, como ya dijimos, los yaqui
promueven un juicio de amparo que ganan. En el 2012 interponen otro amparo (y
si llevamos la cuenta es el séptimo promovido por un ejido del valle del Yaqui,
en este caso, el ejido Lázaro Cárdenas). Este juicio es contra los títulos de
asignación de aguas nacionales, la autorización de impacto ambiental; y todo lo
que tiene que ver con el proyecto del acueducto, su ejecución, su construcción,
su puesta en operación, ahí se decretan suspensiones de plano en contra de las
ejecuciones de estos actos.
Pero violando la suspensión
se continúa la construcción del acueducto, se inicia su operación y hasta el
momento se continúa con esta operación. Esto sucedió en el 2012, año en el que
el municipio de Cajeme y San Ignacio Río Muerto promueven dos controversias
constitucionales en contra de todos los actos relacionados con el acueducto.
Estos dos juicios están por resolverse en la Suprema Corte.
En el 2014 se promueve un
nuevo juicio de amparo, ya el octavo, por la tribu yaqui, en contra de los
títulos de asignación de aguas nacionales, otorgados por la Comisión Nacional
del Agua a la Comisión Estatal del Agua y en ese juicio se decreta la
suspensión de plano. La característica especial que tiene esta suspensión es
que de forma expresa dice que debe suspenderse la operación del acueducto, no
deja lugar a dudas. Obviamente no consultaron a la tribu para emitir los
títulos de asignación de aguas, una violación muy grave a los tratados
internacionales, y por lo tanto es una violación de derechos humanos
establecido en la Constitución. Por eso tiene un significado especial esta suspensión.
En este momento debe
detenerse la operación del acueducto, mientras se resuelven las impugnaciones
que se presenten. Pero desde que se da la notificación las autoridades cumplir
inmediatamente.
¿Y en qué situación se encuentran los amparos promovidos por los
productores del Valle Yaqui?
En diciembre del 2013 la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, resolvió a favor de los productores en dos juicios de
amparo contra esos mismos títulos de asignación, señalando que se violó su
garantía de audiencia. En estos momentos, la Conagua tiene que reponer un
procedimiento para resolver de nueva cuenta si mantiene la validez de los
títulos de asignación, si lo revoca o los modifica. El término para resolver el
asunto era los primeros días de junio, pero la Conagua pidió una prórroga y se
la dieron por tres meses, por lo que ahora tienen hasta los primeros días de
septiembre. Probablemente resuelvan antes, y ojalá que sea así, pues están
desde el 2010 y es mejor para todas las partes generar certeza jurídica.
En resumen ¿cuáles juicios están en proceso de cumplimiento de sentencia?
El juicio de amparo de los Yaquis
contra la autorización de impacto ambiental y los dos juicios promovidos por
productores agrícolas del valle del Yaqui en contra de los títulos de asignación
de aguas nacionales, donde Conagua, al no acatar el amparo, tiene que emitir
una nueva resolución respecto a la validez de sus títulos. Esto quiere decir
que el resto de los juicios aún no llegan a sus últimas instancias. Ya se han
resuelto en primera instancia otros tres juicios de amparo en contra de la
licitación y construcción del acueducto, en los que se consideró que la
construcción y operación era inconstitucional al violar la garantía de
audiencia de los productores agrícolas, y que por lo tanto no podía continuar
el acueducto.
La construcción no ha
estado concluida totalmente. Existen obras que forman parte del proyecto y que
aún no se han hecho, como el famoso Ramal Norte, el Ramal Sur, potabilizadores,
tratadoras de agua residuales, etcétera. En este sentido, no puede ni debe
continuarse con la construcción y operación, pero hay que esperar a ver qué se
resuelve en las impugnaciones, ya sean el Tribunal Colegiado o la Suprema
Corte, si decide ejercer la facultad de atracción, como lo hizo en el amparo de
los yaquis y de los productores agrícolas.
Como puede verse, no se han
concluido todos los juicios- Y los que ya terminaron están en la etapa de
ejecución de sentencia. Son amparos para efectos, hay que volver a tomar
resoluciones por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat), por parte de la tribu Yaqui; y por parte de la Conagua, en el caso
de los productores agrícolas.
Si ellos no cumplen,
incurren en desacato y eso es un delito. El desacato a una orden judicial que
concede la suspensión tiene dos consecuencias: una responsabilidad penal que
debe perseguirse y castigarse. El juez está obligado a hacer cumplir la
suspensión, independientemente de que se reclame y se persiga la
responsabilidad penal. El juez tendría que empezar a hacer uso de los medios de
apremio con los que cuenta, tales como multas, hasta llegar incluso al uso de
la fuerza pública, si persiste la contumacia por parte de la autoridad
responsable.
El gobierno ya incumplió
porque no ha detenido la construcción del acueducto y ya está notificado. Bajo
ese supuesto, consideramos que ya incurrió en desacato, porque tenemos
entendido que el acueducto sigue operando.
¿Qué pasa cuando se gana todo jurídicamente y también en las calles, con el
apoyo de la gente, y se sigue operando?
Me parece que el respeto al estado de
derecho es selectivo. Hay casos en los que se cumple, pero hay otros que, sin
entender las causas, se ve influencia de ciertos poderes políticos y
económicos. El estado de derecho no se respeta en nuestro país en casos
especiales, con intereses especiales y oscuros que puede haber detrás de esas
obras públicas, donde existen desacatos a las órdenes del poder judicial, se
rompen las divisiones de poderes y el respeto al estado de derecho.
Estamos convencidos de que
si esta misma situación sucediera en otro país, donde hubiera pleno respeto al
estado de derecho, esa obra no ni siquiera se hubiera adjudicado. Por lo mismo
hay una denuncia de juicio político en la Cámara de Diputados desde el 2011
contra Guillermo Padres, pero está congelada.
El equipo jurídico
continuará puntualmente vigilando cada uno de los juicios hasta que lleguen a
su fin. Nosotros pensábamos que a estas alturas ya no debería de haber
conflicto jurídico, son cuatro años ya. Ha sido tal la rebeldía del gobierno
del estado en complicidad con el federal, que esto ha llevado a un cúmulo de
juicios nuevos, pero hay un gran avance. Puede ya ser algo breve que se
solucione en los próximos meses, o puede ser algo que se prolongue.
“Nos quieren condenar a
desaparecer”: Mario Luna desde la cárcel
En entrevista con medios libres, el vocero yaqui se vuelca a explicar el
desorden y la corrupción que imperan en el manejo del agua en Sonora; denuncia
a la camarilla del gobernador Padrés por especular con el líquido, y describe
la campaña de odio desatada contra su pueblo.
Otras Voces Otra Historia, Mas de 131, Radio Zapote, Regeneración Radio,
La Otra Valle de Chalco, RAPS
Hermosillo, Sonora. En el Centro de Readaptación Social (CERESO) número 2, Mario Luna se
concentra en denunciar, en entrevista con los medios libres, todas las
irregularidades que enmarcan la construcción y operación del Acueducto
Independencia, y que son el contexto de su detención.
El secretario de la
autoridad tradicional yaqui sostiene que el gobierno estatal mantiene engañada
a la gente y la enfrasca en una guerra contra los yaquis, mientras “ellos gozan de los beneficios y la
explotación de los recursos naturales, y llegan incluso a someter a tandeos a
una población que tiene sed”.
“Mi detención tiene que ver con el clima político que prevalece en el
estado de Sonora; es prácticamente un linchamiento político de parte de Padrés.
Hay también el propósito de distraer de cosas graves que han salido a la luz en
estos días, por un lado, la contaminación del río Sonora, que es un problema
muy grave porque la limpieza de esa agua puede tardar hasta 50 años. También
está el destape de la presa privada de Padrés, que nos lleva a pensar en el
desorden de la cuenca del río Sonora, en la que existen más de 800 represas
construidas ilegalmente y que son las que impiden el abastecimiento de agua a
la ciudad de Hermosillo”.
El vocero yaqui, acusado de
privación ilegal de la libertad y robo de auto cometidos por dos o más
personas, denuncia que en los últimos años, Padrés y sus allegados construyeron
un emporio en Sonora gracias a los afluentes de la cuenca y del río Sonora. “Prueba de ello es esa presa privada donde
almacena mil millones de metros cúbicos de agua, a la que Padrés llama represo”.
El autoridad tradicional yaqui especifica que un represo debe almacenar menos
de mil metros cúbicos del líquido. “La
diferencia es abismal. Además no existe registro de su existencia ni de trámite
alguno para que sea legal, y por si fuera poco, hay muchos políticos -además
de Padrés- que también tienen sus
represos particulares”, denuncia.
Luna Romero, uno de los
rostros más visibles de la resistencia al Acueducto, considera que el conflicto
que mantienen para defender su río “nos
vuelve a colocar como tribu en el deber de exigir que se cumplan los acuerdos
de Bucareli, firmados por la tribu yaqui y el gobernador del estado de Sonora,
Guillermo Padrés, el secretario de Gobernación, Osorio Chong, el representante
de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el representante de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat) y el gobernador
del estado de Sinaloa, en el que se contempla el reordenamiento de la cuenca
del río”.
El reordenamiento de la
cuenca consiste en: revisar que todas las obras hidráulicas cuenten con su
estudio de impacto ambiental, que estén debidamente construidas, y que sean de
interés público, detalla el yaqui. Implica que se reparen las fugas, y afectará
únicamente a los agricultores que riegan sus cultivos con el agua más cara,
agua tratada, potable y para consumo humano. “Esta potabilización del agua, que termina siendo destinada para el
riego, es costeada actualmente por los usuarios de Hermosillo, lo cual es una
violación a la ley de aguas nacionales que indica que debe ser destinada al
consumo doméstico”, especifica.
“Es importante señalar que el agua retirada a los yaquis no abastece ni al
20 por ciento de la población de Hermosillo; sin embargo, debido a la falta de
legalidad en cuestión de las represas particulares, 4 mil millones de metros
cúbicos de agua se pierden en malos manejos, lo que equivale a cinco veces más
de la capacidad de abastecimiento de la ciudad”,
valora Mario Luna, quien ha llamado a que no se abandone la lucha contra el
Acueducto al pelear por su libertad.
Luna Romero explica que,
además de la contaminación del río, las obras hidráulicas ilegales, el no
cumplimiento de los acuerdos con la tribu -en los que ya se vencieron los
tiempos de Semarnat para presentar el peritaje antropológico y el estudio del
gasto mínimo ecológico, entre otros-, dos grupos luchan por esa agua: “Por un lado, el grupo camarilla del
gobierno del estado, y por otro, empresarios tradicionales arraigados en
Sonora”.
El yaqui acusa que la
campaña de “odio racial” que el gobierno lanzó, con la ayuda de algunos medios
de comunicación, manifiesta ya su impacto, “al
imponer un criterio coloquial del ser ‘sonorense’ sobre el ser yaqui. El mismo
procurador dice que somos indígenas pero también sonorenses, y que la ley de
Sonora se impone a cualquiera”. Para Mario Luna, es una muestra de lo poco
que los legisladores locales están dispuestos a hacer valer los derechos
indígenas.
Luna agrega que el gobierno
argumenta que el beneficio a la población de Hermosillo será mayor en
comparación con el daño a poblaciones menores, “lo que es una ponderación injusta”, mientras “en nuestros ocho pueblos no hay agua potable, solo el 30 por ciento de
la población tiene agua entubada y el resto le hace como puede, toma agua de
riego con químicos y fertilizantes o hacen perforaciones particulares, donde
extraen también agua contaminada por químicos y hasta por heces fecales”.
Justicias enfrentadas
Los gobiernos partidistas “quieren imponer su sistema de justicia
occidental al que ha regido en nuestros pueblos ancestralmente”, explica. “Siguen abrogando, validando o invalidando
el derecho de los pueblos a elegir a sus autoridades. Menosprecian nuestra
capacidad de dirigir nuestros propios destinos”. Autoridades tradicionales
de Vicam se hicieron responsables por los actos de los que se acusa a Luna
Romero, y explicaron que se trata de aplicación del derecho propio, no de
delitos, pero el juez que lleva el caso no validó sus testimonios y dictó
formal prisión al secretario yaqui –que carece de poder para ordenar tales
procesamientos judiciales, pues sus funciones son de vocería.
Los gobernantes partidistas
y los medios de comunicación “nos dicen
que es más importante el derecho al libre tránsito, que el derecho a exigir
justicia y a la vida, omitiendo que ya agotamos todas las instancias legales
para que se haga valer nuestro derecho”. Para Luna, este tipo de acciones,
con la complacencia del gobierno federal, son otra prueba más del exterminio al
que quieren someter a su tribu, “porque
alterar nuestro entorno y obligarnos a migrar es condenar a la tribu yaqui a
desaparecer”.
Mario Luna, la voz de
los yaquis en resistencia
Su cargo de secretario es el más humilde dentro de la estructura del
gobierno tradicional, y cumplir su labor de representar a su gente ante los
yoris (blancos) en la lucha por el agua lo tiene en la cárcel.
Enriqueta Lerma
México. La detención de Mario Luna, el secretario yaqui, es la continuidad de un
Estado insensible a la voluntad política de los pueblos, que atenta contra la
autonomía otorgada a la tribu yaqui en 1937 y que busca acabar con los
territorios indígenas. Un gobierno que con tanta corruptela en sus órganos
representativos de gobierno no soporta que un simple secretario le muestre cómo
se representa obedeciendo.
¿Quién es Mario Luna? Más
allá de hablar de un padre de familia, esposo y compañero ejemplar de la tribu
yaqui, hay que describir a Luna como un hombre comprometido con su pueblo. No
es un líder. No al modo de los líderes que alguna vez tuvieron los yoeme: Muni,
Juan Banderas, Cajeme, Tetabiate o Sibaulame. Mario Luna es un Secretario:
presta su persona para hablar por los suyos. Este cargo es el que cuenta con
menos prestigio en la estructura jerárquica del gobierno tradicional yaqui.
Después del kobanao (el gobernador),
quien es la voz principal en las asambleas de la tribu, el jabo’iyo’owe, conocido
también como “pueblo mayor” y quien
tiene derecho a la palabra porque representa al consejo de ancianos de los
viejos gobernadores, está el wiko’
o ya’ut, a veces llamado “coyote”,
que interviene en tercer lugar, ya que su responsabilidad es cuidar el
territorio. El cuarto de los gobernadores, el nejja ya’ut, casi nunca habla: actúa, ya que
funge un papel judicial, vigila el territorio y ejecuta disposiciones para
restablecer el orden civil. Al final está el ji’ojtereo: el secretario, “el Mario Luna”, quien no tiene poder de decisión.
Metafóricamente, para los
yoeme el territorio es un nido: toosa, le
llaman. Su dirigente principal es el kobanoa, la cabeza del pájaro que lo habita; al
pueblo -la asamblea comunitaria- le nombran masam u tea: las alas. El pueblo yaqui se ve a sí mismo como una
unidad: cuerpo-cabeza-alas, que se articula en la imagen de un pájaro, un
cuerpo que decide y actúa de forma conjunta; en éste, el secretario no tiene
metáfora. El secretario no tiene historia tradicional, es un cargo que se
tuvo que inventar para poder hablar con los yoris, con los “blancos”. Y durante mucho tiempo su función no fue relevante: se
requería alguien joven que supiera leer y escribir bien, que tuviera el vigor
para aguantar el ir y volver de las oficinas del gobierno estatal y federal, y
que llevara y trajera las noticias de los acuerdos con el exterior. De modo que
el secretario era marginal.
Antes de Mario Luna, el
secretario fue –brevemente- Anselmo Flores Buitimea, quien se retiró porque
pensó que no podría con el paquete. Muchos renunciaron antes que él, así que
cuando Mario Luna tomó el cargo lo hizo con gusto, pero también con la sospecha
de que sería una carga pesada. Mario Luna hizo el juramento yaqui una mañana
polvosa bajo la techumbre de la guardia tradicional. Juró separarse de todo si
era necesario: de esposa, hijos, amigos, familia, frío, sueño, hambre, dolor,
profesión, anhelos personales. Sería el secretario: el más joven y el más
insignificante en el gobierno, pero el que corría con mayor peligro por tener
que relacionarse con los yoris, “los
fieros”.
Con el juramento de su
cargo, Luna Romero se integró a la resistencia: impulsó en el territorio yaqui,
al lado del Congreso Nacional Indígena, el Primer Encuentro de los Pueblos
Indígenas, en 2007; organizó el Primer Foro en Defensa del Agua, en 2010; el
Segundo Foro Internacional del Agua, en 2012, y se unió a las protestas
acordadas en la asambleas yaquis. De modo que Mario estuvo siempre presente en
los cierres carreteros que los yaquis impulsaron como medida de presión para
exigir el respeto y ejecución de las resoluciones jurídicas, que la nación
yaqui ganó una a una, en juzgados locales, estatales y hasta en la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.
Mario Luna es la voz de los
yaquis que se oponen a la construcción del Acueducto Independencia, es quien
muestra a través de su rostro y dice a través de su voz las expresiones de
coraje, indignación e injusticia que resienten los yaquis contra un sistema que
los margina. Es la voz de denuncia de la desertificación del territorio yaqui y
quien clama, desde ese desierto, por el reparto justo del agua para una
sociedad que prefiere la agricultura.
En todo el proceso de
resistencia, sin embargo, y aún con todo el carisma que tiene, Mario Luna no
habló nunca por sí mismo: tuvo dentro de sí las voces de las alas del pájaro y
la cabeza del gobernador, y en el corazón la defensa del nido que protege a los
suyos. Mario no es un líder: es una botarga. Eso le dije cuando vimos, debajo
de la lluvia en La Realidad, Chiapas, el adiós de la botarga de los zapatistas. “Es
como tú”, le dije, y se rió.
Mario Luna tiene la culpa
de una sola cosa: de cumplir, como se lo exigió su pueblo. Y su pueblo sólo
tiene una demanda: luchar por el agua para evitar el etnocidio al que el gobierno
de Sonora les condena.
Agua, la cara actual
de la Guerra del Yaqui
Un recorrido por la historia de este pueblo enseña su resistencia al
genocidio y al despojo territorial, y recuerda un dicho: “aunque quedara un solo yaqui con vida, en él estaría representada toda
la cultura de su pueblo”.
Eleuterio Gabón
Escucha una entrevista, realizada a un integrante de la tribu, por Acción Social Sindical Internacionalista, donde relata su diferendo por el agua con el gobernador Guillermo Padrés Elías.
Acción
Social Sindical Internacionalista
En esta entrevista, realizada el 17 de
septiembre de 2014, un miembro de la Tribu Yaqui nos cuenta cual es el
conflicto que mantienen con el gobierno estatal de Guillermo Padrés, por la
construcción del Acueducto Independencia que pondría en peligro la
supervivencia de la Tribu.
También hablamos con él sobre el dictamen de prisión formal contra Mario Luna, portavoz de la Tribu en esta lucha.
También hablamos con él sobre el dictamen de prisión formal contra Mario Luna, portavoz de la Tribu en esta lucha.
Los yaquis ya no se enfrentan con armas
al ejército para defender su territorio; ahora, con las armas legales y las
movilizaciones, sostienen una batalla en defensa de su agua, deseada por el
gobierno y empresas automotrices, refresqueras y constructoras.
Giovanni Velázquez, miembro
del comité de solidaridad con el pueblo yaqui, conecta la historia de esta
tribu indígena con la lucha que llevan contra el gobierno mexicano y las
empresas del saqueo para conservar el agua de su río Yaqui.
Los primeros habitantes del
territorio yaqui fueron los surem. Según cuenta la leyenda, fueron seres
pequeñitos, barbudos, muy longevos y de gran inteligencia. A los surem les
habló un día un árbol de mezquite pero no entendieron su lenguaje; tuvo que ser
una mujer, Yamomuli, quien les tradujo el significado de sus palabras. El
mensaje era un advertencia: estaban por llegar forasteros de tierras lejanas
para dividirlos y convertirlos en cristianos o dejarlos ser surem, pero
alejados de sus territorios. Después de muchas discusiones, quienes decidieron
hacerse cristianos se convirtieron en seres humanos grandes y fuertes pero
vulnerables ante la enfermedad. Por su parte, los surem se convirtieron en
hormigas, lagartijas y peces, o se adentraron en los bosques como seres
animados a los que los humanos ya no pueden ver. Los yaquis no se olvidan de
sus antepasados surem y siguen recordándolos en sus ceremonias.
“La tribu yaqui es un pueblo indígena que se asienta desde hace más de 4
mil años en el estado de Sonora, al noroeste de México. Actualmente son unos 45
mil integrantes de la etnia, y parte de su población vive en reservas en el
estado de Arizona en los Estados Unidos. En su lengua se autodenominan yoeme,
habitantes del río Yaqui, explica el geógrafo. Su territorio está compuesto por
tres regiones: la sierra, de gran biodiversidad y con recursos mineros poco
estudiados; el litoral, en el sur del golfo de Baja California, con abundante
fauna marina; y el valle, por donde pasa el río Yaqui, una zona muy fértil y
propicia para la agricultura, donde tradicionalmente se cultivan el trigo, el
maíz, el algodón y toda clase de frutas y hortalizas. La cultura e identidad de
los yaquis están ligadas a su entorno y especialmente al río, no sólo por sus
recursos materiales sino también espiritualmente. Su geografía es sagrada.
Existen zonas físicas donde habitan sus muertos, en los que se diferencian
lugares concretos para los que se portaron bien y para los que lo hicieron mal”, explica Velázquez.
Debido a la riqueza del
territorio, se entienden los repetidos intentos de conquistarlo a lo largo de
su historia. Para los yaquis, un ataque a su tierra lo es a su existencia
y a su propia identidad, por lo que “su
cultura se ha construido como una cultura de resistencia ante el invasor y
recelosa de su propia intimidad. Su organización político-social también
refleja esta circunstancia: los yaquis nombran a sus gobernadores, pueblo
mayor, capitanes, comandantes y al secretario que es el traductor, encargado de
las relaciones con otros pueblos. Son cargos elegidos por el pueblo y tienen
funciones civiles y militares”.
Como advirtió el mezquite,
los extraños invasores llegaron a sus tierras. En 1533, el ejército español
cruzó por primera vez el río Yaqui. Los yoeme, que eran seminómadas,
establecieron por vez primera los límites de su territorio e hicieron un frente
común para enfrentarlos. Nunca perdieron una batalla, pero permitieron la
entrada a los jesuitas por sus técnicas agrícolas; así llegó el cristianismo.
Empezaron a formarse nuevas formas de entender su religión. Utilizaron aspectos
del cristianismo que les servían para mantener su identidad, sin olvidar nunca
su historia ancestral. “Aunque a día de
hoy tienen celebraciones como la Semana Santa, se representan rituales muy
particulares, como la danza del venado, protector del pueblo. Hicieron
adaptaciones a su cultura y la gran mayoría de la doctrina cristiana, tal como
se conoce, no está presente en su ceremonias ni en su cosmovisión”, detalla
Velázquez, acompañante de la tribu en su resistencia frente al Acueducto
Independencia.
En el siglo XIX, con el México
independiente, comenzaron
de nuevo las incursiones en territorio yaqui por parte del ejército. “En un principio la intención no era la
invasión, sino aprovecharse de ellos como mano de obra esclava, pero más tarde
el gobierno trató de establecer asentamientos y colonos blancos dentro de su
territorio”. Porfirio Díaz inició una campaña para construir un proyecto
agrícola y sistemas de riego destinados a las élites del país. Comenzó una
larga guerra entre 1880 y 1940, con la sublevación armada de los yaquis y el
sistema de guerra de guerrillas.
“La llamada Guerra del Yaqui fue en realidad una masacre, un genocidio. Los
generales iban a Sonora para hacer méritos y ascender en su carrera política”. Así, Álvaro Obregón o Plutarco Elías Calles llegaron después de sus
sangrientas campañas a la presidencia de México. Para sus soldados, el panorama
era muy diferente, ya que combatir en Sonora era un verdadero infierno. “Sufrieron los rigores del clima y el
territorio al que los yaquis estaban totalmente adaptados, y estos hicieron
gala de su famosa rebeldía. La represión fue brutal y se les colgaba de los
árboles para dar ejemplo”, relata Velázquez. Hubo miles de deportaciones de
yaquis a Yucatán, al extremo opuesto del país, en travesías que duraban entre
dos y cinco meses y cuyo destino eran los trabajos forzosos. “Se calcula que entre 8 y 10 mil yaquis
fueron deportados, incluidas mujeres a quienes les robaban los niños para
dárselos a familias ‘de bien’...”.
Hubo también quienes, ante
la crudeza de la guerra, huyeron al norte, a Arizona. Los yaquis llegaron hasta
los Estados Unidos para comprar armas, pero muchos acabaron exiliados allí.
Durante la llamada conquista del oeste por los estadunidenses, los yaquis
fueron confinados en reseras donde perviven al día de hoy. Tras un largo
proceso lograron ser reconocidos como pueblo originario estadounidense: “Mantienen su identidad, pero han perdido
gran parte de su cultura originaria ante la presión del modo de vida
estadounidense. Siempre piden a sus hermanos de Sonora que vayan a cantarles y
bailarles en sus celebraciones”. Así mantienen el contacto y se apoyan en
sus diferentes reivindicaciones. Los yaquis de Arizona se reclaman como una
nación indígena, mientras que en Sonora la lucha es por la autonomía de su
territorio.
La Guerra del Yaqui redujo la población indígena de 50 a 10 mil
habitantes, la mayoría de los cuales se refugió en las montañas. Los yoeme
perdieron dos tercios de su territorio -ocupados en gran parte por la ciudad de
Obregón y por el granero más grande del país destinado a la exportación, el
Valle del Yaqui. Ya a finales de los años 30, los huídos volvieron para
refundar sus pueblos y empezar una nueva guerra, esta vez burocrática, por el
derecho a la autonomía y el agua.
Cuentan que el montículo de
la Bocabierta fue hace mucho tiempo una serpiente gigante que se alimentaba
devorando yaquis. Estos se aliaron con la golondrina y el chapulín
(saltamontes) para lograr vencerla. El chapulín consiguió decapitar a la
serpiente y ésta reconoció su derrota. “No
he podido vencer a los yaquis pero sigan en la lucha, sigan preparados porque
otros más fuertes y más numerosos vendrán contra ustedes”, advirtió el
reptil. El montículo donde quedó la cabeza es hoy uno de los límites del
territorio yaqui.
Agua, la guerra yaqui de la actualidad
Sonora es un territorio semidesértico
donde el agua resulta vital. Esto no es impedimento para que se hayan levantado
grandes ciudades como Obregón o Hermosillo, con proyectos industriales potentes
que demandan grandes cantidades del vital líquido. “Estas ciudades necesitan traer el agua de algún lado, y ya desde los
años cuarenta la industria se centró en la apropiación de este recurso. La
política hidráulica mexicana es construir grandes presas, ya que su discurso es
que toda el agua que llega al mar se pierde, sin entender que debe existir un
equilibrio ecológico”, explica el experto en geografía e historia El río
Yaqui sufre enormemente estas políticas, hasta el punto de que está seco y a
punto de morir. “Los yaquis ya no pueden
enfrentarse con un ejército como tiempo atrás. Su lucha se centra ahora en la
batalla legal y en la búsqueda de apoyos de otros pueblos indígenas y de la
sociedad civil”.
El primer proyecto al que
se enfrentaron fue al de la llamada Escalera Náutica, un proyecto turístico que
pretendió establecer diversas escalas en la costa sur de Baja California para
cruceros estadunidenses. El proyecto afectaba, por sus dimensiones, a todo el
noroeste mexicano. Los yaquis comenzaron a buscar apoyos y encontraron la convocatoria
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que desembocó en el
Congreso Nacional Indígena (CNI), donde se llamó a todos los pueblos a
organizarse y defender su autonomía. “Esta
convocatoria buscó visibilizar la situación de los diferentes pueblos indígenas
que existen en México, ya que la sociedad civil, aparte de lo que sucede en
Chiapas, tiene un desconocimiento total de la existencia del resto de
comunidades del país. La marcha que realizaron Marcos y los zapatistas por todo
México tuvo como uno de sus objetivos hacer visible toda esa otra realidad”,
relata el joven investigador.
A partir de este encuentro,
los yaquis hospedaron en Vicam, en octubre de 2007, el Encuentro
Intercontinental de los Pueblos Indios de América. Llegaron personas de todas
partes del continente, desde esquimales del Canadá hasta mapuches de Chile,
además de colectivos y miembros de la sociedad civil. “A partir de entonces su lucha se reforzó y existe un apoyo constante.
Los yaquis conocieron otras luchas similares a las suyas y comprendieron que
deben unirse”. El próximo encuentro está previsto que se realice en Brasil.
Si bien el conflicto del
agua comenzó con un proyecto en Hermosillo a mediados de los años noventa, la
cosa se recrudeció en el año 2010. Entonces Guillermo Padrés Elías, gobernador
actual de Sonora, emprendió la construcción de un acueducto que, desde una
presa levantada al norte del río Yaqui, recorre 175 kilómetros hasta llegar a
la capital, Hermosillo. La legislación mexicana no permite este tipo de
trasvases porque alteran el equilibrio ecológico; este kilométrico tubo roba el
agua a los yaquis antes de que ésta llegue a su territorio. “Operan cinco bombas que mueven 75 millones
de metros cúbicos, con una potencia de 120 metros por segundo. El acueducto
favorece a las empresas y no a la población, a quienes se les subieron las
tarifas del agua. Controlan el líquido a su antojo abriendo y cerrando el tubo
cuando quieren. Además, durante el recorrido existen válvulas de escape con las
que se desvía el agua directamente hacia ranchos particulares”, denuncia
Giovanni Velázquez. Mientras tanto, los yaquis no tienen agua potable. Deben
sacar el agua de pozos, pero este líquido no es bueno ya que, debido a la
sequía del río, el agua del mar se adentró y saló todo a su paso, provocando
también que los cultivos se echen a perder.
El consorcio de empresas
que promovieron este tubo es realmente potente. Empresarios locales de Sonora y
Sinaloa, el llamado Consorcio Mineras del Desierto (extraño nombre para un
proyecto hidráulico) y otras empresas más grandes con nombres importantes, como
el del omnipresente Carlos Slim o la familia Coppel. Esta familia tiene tiendas
de todo tipo por todo el país, incluso bancos, y un importante afán
inmobiliario. Actualmente edifican una zona residencial “Lomas del Pitic”, en mitad del recorrido del famoso tubo, con lago
artificial incluido. “Otras empresas
implicadas son BigCola, Pepsi, la Ford, una de las mayores consumidoras de
agua, y cementeras. No está muy claro quién está exactamente detrás de todos
estos proyectos, existen multitud de contradicciones, confusión y
desinformación”, detalla Velázquez.
El gobierno promueve la
llegada de empresas extranjeras y la batuta en el asunto la lleva el gobernador
Padrés Elías, que apropiándose de los medios de comunicación, proclama que el
desarrollo llegó para que Hermosillo no muera de sed. “El tubo no tiene los permisos medioambientales correspondientes, y
varios de los implicados están buscados por la ley, aunque prevalece la impunidad”.
Los yaquis reclaman que al
menos el 50 por ciento del caudal del río les pertenece y así se le ha
reconocido legalmente, no obstante, en la práctica siguen sin poder disfrutar
de esta agua. Anterior al presente acueducto, se les dijo que iban a construirles
uno para hacerles llegar el agua; permitieron las construcciones dentro de su
territorio, pero el agua no les llegó sino que fue a parar a las zonas
turísticas de la costa de Guaymas.
“Según el Convenio 169 de la OIT (Organización
Internacional del Trabajo), y de acuerdo
con la ONU (Organización de las Naciones Unidas), cualquier intervención en territorio indígena debe ser informada y
consultada al pueblo, pero sólo les dan folletos informativos para decir que
cumplieron”.
Aunque la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) dio la razón a los yaquis, y la lucha se ganó
legalmente, no es así en la práctica. Ante la incapacidad para hacer cumplir la
ley, los yaquis se lanzaron a hacer manifestaciones y protestas. Durante casi
un año, cortaron la carretera internacional México-Nogales, que atraviesa todo
México, permitiendo sólo pases intermitentes. “Al principio se les ignoró, pero luego los medios se les echaron
encima acusándolos de perjudicar la economía. Sufrieron toda clase de presiones
y ataques, les quitaron las ayudas sociales y las becas a sus jóvenes. El
estado de Sonora comenzó una campaña de criminalización contra dos de los
voceros del movimiento yaqui, un verdadero montaje político”, explica el
entrevistado. Pero la sociedad civil mostró su rechazo no sólo al proyecto del
acueducto, sino también a la corrupción de sus gobernantes. Cuando el alcalde
de Hermosillo decidió hacer un monumento al tubo como símbolo del progreso en
una de las principales calles de la ciudad, no tardó en manifestarse el
descontento ciudadano. “El tubo se
llenaba de pintadas contra los corruptos hasta que fue retirado
definitivamente”, sostiene el investigador.
El Acueducto Independencia
se encuadra dentro de los megaproyectos que se planean en todo México. La
cuestión del agua lleva emparentadas situaciones de violencia, y son muchos los
pueblos desplazados o amenazados por estos planes. “Además está el desamparo ante leyes que no se respetan. El descaro con
que se practica la corrupción alienta a los empresarios del saqueo y desanima a
otros pueblos que ven cómo la vía legal no funciona. Se avecina un mal panorama
con este tipo de modernidad que se vende progresista, y está resultando
devastadora”, lanza Giovanni Velázquez. Los yaquis viven un exterminio y hay
quienes ya se plantean la posibilidad de volver a las armas. Como su historia
indica, nunca van a rendirse. Tienen un lema: “aunque quedara un solo yaqui con vida, en él estaría representada toda
la cultura de su pueblo”.
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