Escrito
por Adrián Alvarado
Las autoridades del Instituto Politécnico
Nacional pretenden modificar el Reglamento Interno de la institución, han
promovido una consulta donde la participación y la opinión de la comunidad
académica, estudiantil y personal de apoyo se vio limitada por la metodología
utilizada, no hay una explicación clara sobre los motivos de la modificación,
hay una actitud hermética sobre este tema; incluso en los Consejos Técnicos
Escolares, se ha limitado la información y el debate.
Un
análisis crítico de la nueva propuesta del Reglamento Interno refleja la
intención de adecuar las relaciones laborales y académicas del Instituto a las
contrarreformas aprobadas a nivel nacional: la Reforma Educativa. Además de
penalizar la organización estudiantil y sindical y callar cualquier tipo de
crítica y fieles a su estilo, las autoridades aprovechan esta modificación para
concentrar mayor poder en los funcionarios del área central, en particular el
Secretario General.
Reforma Educativa
y Nuevo Reglamento Interno
La llamada Reforma Educativa impulsada
desde el gobierno federal, con dedicatoria especial a todos los trabajadores de
la educación del país, es en términos generales una contrarreforma laboral,
cuya finalidad es la de limitar derechos sindicales y laborales, facilitar el
despido, y abre la puerta para la privatización de la educación básica.
El
magisterio impulsó movilizaciones masivas contra dicha reforma, no sólo en los
bastiones tradicionales del magisterio disidente: Chiapas, Guerrero, Oaxaca y
Michoacán; cuando se dio a conocer los objetivos reales de la reforma, el
movimiento se generalizó en todo el país.
La
reforma facilita el despido de directores y maestros de base, si no cuentan con
“las calificaciones adecuadas” en los
exámenes de “evaluación” que se les
realizarán y se impone precarización del empleo en el ámbito educativo.
Claudio
X. González, connotado empresario de la época del salinismo, ahora convertido
en uno de los principales promotores de la llamada reforma educativa lo explicó
de la siguiente forma:
“Ya era hora de que se aprobaran leyes
secundarias para evaluar la función de los profesores frente a grupo”. Y
detalló: “Si entraste como profesor antes
de la modificación al artículo 3° de la Constitución, tienes derecho a tres
pruebas, si repruebas las tres se te retira del grupo y se te reubica, ya sea
en el servicio público o bien dentro de la Secretaría de Educación Pública, y
si eres profesor ‘nuevo’ y repruebas las tres pruebas dejas el servicio público
y no se te reubica en ninguna parte”.
Quienes
impondrán las reglas para la evaluación del magisterio, por supuesto que no
serán pedagogos, o personas especialistas en la educación, serán los mismos
funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, ligados al aparato y la
burocracia de gobierno, carreristas de los partidos políticos principales. Por
lo tanto la evaluación, promoción y en su caso despido de los profesores quedan
en manos de la corrupta burocracia estatal, ligados en su caso a los sectores
empresariales como Claudio X. González.
Ante
las movilizaciones masivas del magisterio, las autoridades del IPN temerosas
que ese ambiente contagiara al Instituto, se encararon de promover entre los
trabajadores del IPN, que la reforma educativa no nos afectaría a nosotros, que
eso era para los trabajadores de la educación de nivel básico. Recordemos que
el Instituto es un organismo desconcentrado dependiente de la SEP, y los
trabajadores del IPN estamos afiliados a la Sección XI del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación (SNTE), en el caso de los trabajadores de apoyo
a la educación y en el caso de los profesores la mayoría está afiliados a las
Sección 60, que por cierto tuvo el patrocinio de la misma Directora General y
el apoyo de la burocracia y el charrismo sindical del SNTE
Las
mismas autoridades que se encargaron de promover esos rumores sobre la no
afectación de la educativa en el IPN, ahora presentan una modificación al
Reglamento Interno del IPN, que de alguna forma contiene elementos de la misma.
El proceso de
consulta
El IPN se ha caracterizado por ser una
institución con poca vocación democrática, concentrando el poder y las
decisiones en manos de las autoridades centrales o en su caso en los directores
de unidad o escuela. Los Consejos Escolares no son órganos de decisión sino de
consulta, las elecciones a los mismos en su mayoría son controladas por las
autoridades para asegurar que no haya ninguna voz crítica en esa instancia.
El
Director General decide quien será director de escuela o unidad, y al Director
General lo impone el Presidente del país. Si esta estructura vertical,
burocrática y autoritaria no es suficiente, siempre habrá a disposición de
ciertos grupos de autoridades, grupos de choque o porros para mantener el
control sobre sus feudos, o escuelas, en contra las voces críticas de los
estudiantes, profesores o trabajadores.
Fieles
a su estilo la “consulta” promovida
entre la comunidad del IPN, para la modificación del Reglamento Interno, fue
menos que una burla.
La
votación se llevó acabo en internet mediante el uso del correo institucional,
la “opinión” sobre la modificación
solamente incluía respuestas categóricas “Sí” o “No”, anteponiendo cada
artículo de la propuesta del Nuevo Reglamento, no hubo opción para promover
aportaciones o críticas sobre el mismo; por si fuera poco de manera
intencional, al abrir la página de consulta, la respuesta automática para cada
artículo era el “Sí”; tampoco hubo una metodología para comparar el antiguo
Reglamento con la nueva Propuesta. Nosotros cuestionamos a la flamante comisión
encargada de este proceso, donde encontramos directivos que presumen sus
maestrías y doctorados, son tan limitados intelectualmente que no fueron
capaces de hacer un proceso digno de consulta para la comunidad del IPN.
Incluso
en los limitados Consejos Técnicos Consultivos Escolares no se ha vertido
información suficiente. La desinformación es un arma de la que se han
aprovechado los entusiastas promotores del Nuevo Reglamento, hasta la fecha
sectores importantes de la comunidad del IPN desconocen la nueva propuesta, las
intenciones y objetivos de dicha modificación.
El contenido
Se establece un principio de evaluación
docente, que será regida, según la propuesta del Reglamento Interno mediante la
“reglamentación aplicable”, a cual
reglamentación se refiere ¿a la Ley de Servicio Profesional Docente?, la cual
se desprende de la llamada Reforma Educativa de la que ya hablamos, la cual
determina una forma de evaluar a los profesores y que contempla su despido en
caso de no cumplir los requisitos que pide dicha evaluación, o se refiere a las
Condiciones Interiores de Trabajo del personal académico del IPN, si esto es
así ¿Por qué no se menciona en el reglamento?, ¿o acaso también se pretende
modificar las Condiciones de Trabajo, para adecuarlas al contenido de la
llamada Reforma Educativa a nivel nacional?
Se
determina de manera ambigua que el Secretario General determinará sanciones a
loa comunidad politécnica que incurra en “actos
u omisiones que violen la Ley Orgánica, el presente Reglamento y demás
ordenamientos aplicables, independientemente de que se consuman o no”. Se
enfatiza en que la relación profesor, trabajador, alumno debe ser estrictamente
académica. ¿A qué se refieren?, si alumnos profesores y trabajadores, decidimos
realizar un foro conjunto para analizar las problemáticas del Instituto y de
dicho foro se desprenden acciones para hacer peticiones, organizar acciones por
alguna problemática que nos afecta; el Secretario General determinará que dicha
acción va en contra de la “relación
estrictamente académica” y que dichas acciones son “actos u omisiones” a la normativizad interna del Instituto y por
lo tanto amerita una sanción a los promotores de dichos actos.
En el
terreno de los estudiantes, se limita el número de dictámenes que se pueden
tramitar durante su vida académica, facilitando las bajas del Instituto; además
es innegable que esta reforma está en sintonía con las modificaciones a los
planes y programas de estudio que se están implementado en las escuelas, los
cuales van orientados a la eliminar el carácter tecnológico de varias carreras
del Instituto Politécnico Nacional, adecuando el conocimiento a “los intereses del mercado”, es decir de
las grandes empresas trasnacionales y nacionales, las cuales, solo desean mano
de obra barata y calificada, obviando el desarrollo tecnológico y científico.
La
Reforma al Reglamento Interno es sin duda un paquete de reformas donde va implícita
la modificación del objetivo histórico para el cual fue fundado el Politécnico
y que afecta profundamente el nivel y la calidad de la enseñanza en el
Instituto.
Quisiéramos
creer que se tratan de artículos orientados a normar la vida interna del
Instituto, pero conociendo la trayectoria autoritaria, priista y panista de los
funcionarios del IPN, sabemos que son poco tolerantes con las voces disidentes
dentro de las escuelas y dichos artículos ambiguos pueden utilizarlos contra
las voces que ellos consideran incomodas.
Para
fortalecer la burocracia directiva del Instituto, se añade que podrán ser directores
de las escuelas aquellas personas que tengan experiencia directiva en la
gestión educativa y experiencia profesional; es decir alguien que ostente una
plaza de docente pero que nunca haya dado clases, o haya realizado trabajo de
investigación en el IPN, sino que se haya dedicado al trabajo burocrático o
haya tenido puestos en el Estado en el terreno educativo puede ser Directivo.
La
elección de las autoridades de los planteles o escuelas la decisión quedará en
manos del Secretario General del Instituto.
Para
las sanciones hacia los alumnos se elimina la palabra apercibimiento, pasando
directamente a las sanciones directas.
El
Reglamento Interno es el segundo más importante del instituto, de él se
desprenden las demás reglamentaciones que regulan la vida laboral, académica e
institucional. Dichas modificaciones implicaría legalización del trabajo
precario en el IPN, el cual se manifiesta ahora mediante la contratación de
trabajadores de honorarios, los profesores interinos, el outsorcing en el personal de limpieza; la facilidad de despido
hacia los docentes y personal de apoyo, el fortalecimiento de la estructura
institucional vertical y autoritaria del IPN, fortaleciendo el poder del
Secretario General. La adecuación a los Planes y Programas de Estudio a una
educación no orientada a la formación tecnológica, sino tecnificada (tal y como
ahora sucede). En pocas palabras; eliminar derechos laborales en el IPN y abrir
las puertas para la eliminación del carácter público y científico de la
educación que se imparte.
Urge
una respuesta unificada de toda la comunidad del IPN ante esta nueva afrenta.
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