Mario González ante la criminalidad policial. Prisión: ‘castigo’ por ejercer el derecho a la protesta social
Mario
González García. Un estudiante como miles que rechazan la privatización de la
educación en México. Un joven rebelde como muchos que sobran en una ciudad
regida por la «cero tolerancia».
Un anarquista odiado, como todos y todas, por los gobiernos derechistas
llamados «de izquierda» del Distrito
Federal. ¿Mario se promueve como líder de un movimiento? No. ¿Es el más radical
de todos? Tampoco. ¿Un ser pensante? Sí, se nota. ¿Terco? Mucho. ¿Ve por el
bien de los demás? Pues, sí. ¿Inspira la confianza de gente honesta? También.
En tiempos de una verdadera guerra, desatada contra el pueblo de México por
sus gobernantes, no es necesario cometer un crimen para ser vigilado, gaseado,
golpeado, detenido, torturado, desaparecido y a veces asesinado por la policía,
el ejército o un grupo paramilitar. En particular, la represión aumenta contra
el pueblo organizado, únicamente por ejercer el derecho a protestar, hablar,
escribir, transitar, organizarse o rebelarse contra la tiranía.
Al organizarse en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan para
resistir al porrismo y a las reformas educativas neoliberales impuestas por el
rector José Narro Robles, Mario González García y un grupo de estudiantes
fueron criminalizados como «vándalos» en periódicos
como La Razón, Milenio y Reforma; y expulsados por un
Tribunal Universitario que hace tiempo debió
desaparecer. También fueron amenazados por personal de seguridad de
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cuando protestaron su
expulsión en un plantón afuera de Rectoría, justo antes de su detención. Nueve
de ellos fueron detenidos el 2 de octubre de 2013. Actualmente, ocho llevan
proceso bajo caución, mientras Mario González sigue en prisión con una
sentencia de 5 años 1 mes y 15 días, impuesta por la magistrada de consigna
Celia Marín Sasaki el 11 de julio —una «nueva»
sentencia que sigue siendo un castigo ejemplar bajo el pretexto de la supuesta «peligrosidad social»
del compañero–. Mucho más preocupante y peligrosa es la criminalidad policial
de un gobierno que comete un secuestro de más de nueve meses, entre muchos
otros delitos.
Un no-delito que nunca ocurrió
Tal
vez la primera cosa que llama la atención sobre el caso de Mario González es
que él ni siquiera llegó a la histórica marcha del 2 de octubre para conmemorar
la matanza de estudiantes en Tlatelolco y oponerse a la represión actual en
México. Junto con otros ocho activistas estudiantiles –Aztlalli Cabrera
Prado, Irene Pérez Villegas, Erick Leonel Aguilar Ruiz, José Luis Ramírez
Alcántara, Cristian Antonio Carmona Emmer, César Uriel Cruz Elías, Carlos Jhasi
Jarquín Peña y Hugo Guillermo Mejía Ventura– Mario iba a protestar
ese día, sin embargo, todos fueron detenidos en el cruce de las calles Isabel
la Católica y 5 de Mayo alrededor de las 3 de la tarde, torturados y
encarcelados antes de llegar a la
marcha. Ante la absurda e insostenible situación de acusar a nueve jóvenes de
un no-delito (protestar) que nunca ocurrió, el Ministerio Público no tardó en
acusarlos, sin una pisca de evidencia, de aventar petardos y piedras del camión
en el que viajaban desde Ciudad Universitaria (CU) hacia Tlatelolco. No existe
una foto o un testimonio sobre tal acción o sobre los daños ocasionados por los
supuestos explosivos; hasta la fecha, la única prueba con la que el Ministerio
Público intenta acreditar el delito de ataques
a la paz pública es el testimonio –de oídas– de dos policías, aunque un
peritaje de la Procuraduría General de Justicia contradice estos testimonios.
La tortura
Se
destaca la tortura a la que Mario y los demás compañeros fueron sometidos por
granaderos en la vía pública y de camino al Ministerio Público durante cuatro
horas, incluyendo toques eléctricos, patadas y golpizas con toletes y puños.
Mario tuvo un brazo luxado y un tobillo torcido como resultado de esto y no
faltaron las amenazas de muerte y amenazas a los familiares. Desde el MP 44 en
Iztapalapa, los siete varones fueron enviados al Reclusorio Oriente y las dos
jóvenes al penal femenil de Santa Martha Acatitla, mientras, su caso fue consignado
al Juzgado 19 de delitos no graves. En el Reclusorio Oriente, los hombres
fueron golpeados salvajemente por los custodios y las mujeres sometidas a
tortura psicológica.
La peligrosidad social
El 6
de octubre la jueza del Juzgado 19 de delitos no graves, Marcela Ángeles
Arrieta, les dictó a los nueve activistas auto de formal prisión y fijó la caución
en 16 mil pesos por cada uno. El lunes 7 de octubre se pagó una póliza de
fianza y en la madrugada del martes 8, todos salieron libres.
Extrañamente, sin embargo, Mario salió con la cara cubierta con
una camiseta beige. Ante gritos de alarma de la gente que esperaba
afuera del reclusorio, fue agarrado con violencia por agentes desconocidos y
regresado al penal bajo una orden de la propia jueza. Al día siguiente, quedó
claro que ella había aceptado automáticamente la decisión del Ministerio
Público de recluir a Mario con el argumento de que es una persona de alta «peligrosidad social», debido a que ya
tenía antecedentes penales y había dado un nombre falso en la averiguación
previa. Por ello, argumentó un agente del MP, él «podría sustraerse de la justicia».
Sin embargo, la abogada Lizbeth Lugo planteó en
una conferencia de prensa que una persona tiene el derecho a no autoinculparse,
hasta puede mentir o negar los hechos para no hacerlo. Además, el delito por el
que Mario había sido juzgado es no grave y un ministerio público no puede
simplemente opinar que alguien representa un peligro sin conducir estudios psicológicos que sostengan tal
apreciación. De hecho, estudios subsecuentes han mostrado que Mario es una
persona que exhibe estabilidad emocional, que no ha vivido una situación de
violencia familiar y que nunca ha participado en delitos graves. La abogada
comenta que la jueza Marcela Ángeles Arrieta no tiene ningún argumento válido
para mantener a Mario en prisión porque la póliza de fianza garantiza que él no
se va a «sustraer de la justicia»;
insiste en que la negación de su salida bajo caución es una violación de sus
derechos procesales y constitucionales.
La criminalidad del sistema de in-justicia en el
Distrito Federal se hizo aún más evidente el 15 de noviembre, cuando en la
segunda instancia, la presidenta de la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior
de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Celia Marín Sasaki, avaló la
revocación de libertad de Mario González García. Bajo el mismo argumento la
misma magistrada había detenido durante más de un año a Victor Herrera Govea
cuando participó en la marcha del 2 de octubre del 2010. Así que, con toda
impunidad, una jueza y una magistrada siguen los dictados de un agente del
Ministerio Público que opera bajo el mando del propio jefe de gobierno para
autorizar un secuestro.
La resistencia
Mario
González García empezó una huelga de hambre el mismo
día que su libertad fue revocada. Desde el 8 de octubre hasta el 22 de
noviembre, se negó a comer en un ambiente de hostigamiento extremo en el
Reclusorio Oriente, donde estaba encerrado en una celda con otros 17 presos,
antes de ser trasladado al hospital en Tepepan, donde se mantuvo su huelga
hasta el 3 de diciembre. Como una medida de apoyo, se estableció un plantón
afuera, donde se realizaron una serie eventos con lectura de poesía y música.
Las manifestaciones en apoyo a Mario que habían empezado inmediatamente
después de su detención, se multiplicaron durante su huelga de hambre. Se han
hecho varios videos sobre el caso y se han llevado a cabo foros, eventos
culturales, marchas cortas y largas, mítines y comparsas. El hostigamiento
policiaco a las constantes manifestaciones en el Distrito Federal también ha
sido fuerte. Una y otra vez los granaderos han encapsulado a los manifestantes,
a veces con empujones y golpes de sus escudos, para evitar que salieran de un
lugar o para evitar que llegaran al zócalo o simplemente para espantar a la
gente y castigar a la protesta social.
En respuesta a la represión y en apoyo a Mario, especialmente durante su
huelga de hambre, también se han realizado pronunciamientos de solidaridad y actos de protesta en el Estado Español, Italia, Francia,
Grecia, Estados Unidos, Chile y Argentina, entre otros lugares.
El proceso
Las
decisiones iniciales del agente del Ministerio Público, la jueza y la
magistrada establecieron el patrón de todo el proceso en este caso de justicia
denegada. En la segunda audiencia realizada ante la jueza Marcela Ángeles
Arrieta el 26 de noviembre, los policías que acusan a Mario no se presentaron,
a pesar de haber sido notificados. Aunque los abogados de la defensa
presentaron argumentos para seguir con la audiencia, el ministerio público y la
jueza se negaron a hacerlo y por lo contrario, dieron un trato humillante a Mario,
quien fue trasladado al juzgado desde el hospital del penal de Tepepan, vestido
solo en su bata del hospital. Había bajado 15
kilos de peso y sufrido daños
al hígado y los riñones por no haber comido; por eso sufrió desmayos mientras
esperó durante 4 horas para escuchar las acusaciones de los testigos que nunca
llegaron.
A pesar de una recomendación de la Primera Visitaduría de la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) de permitir a Mario seguir su
proceso en libertad, el 10 de enero el joven fue sentenciado a 5 años 9 meses
por el delito de ataques a la paz pública
y daño a objetos o personas, por lo
que no alcanza fianza. Dicha sentencia fue confirmada el 20 de marzo por la
magistrada Celia Marín Sasaki de la Quinta Sala Penal, acción que fue rechazada
por numerosos grupos de derechos humanos que citaron las violaciones a la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y
Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros
ordenamientos internacionales.
Después de haber sido injustamente encarcelado durante nueve meses, Mario
González García debería haber sido liberado de prisión el 11 de julio de 2014.
Un amparo directo concedido por el Segundo Tribunal Colegiado del Primer
Circuito el 23 de junio, declaró su sentencia de
5 años 9 meses «insubsistente»
(sin efecto) y ordenó a la presidenta de la Quinta Sala Penal del
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) reponer el
procedimiento y dictar una nueva sentencia. Pero como era de esperar, la
respuesta de la presidenta Celia Marín Sasaki fue una burla. Quitarle 7 meses y
15 días de su sentencia cuando él nunca debería haber pisado la cárcel solo
destaca que su encierro es un castigo
ejemplar.
El 11 de julio, el Colectivo de Abogados Zapatistas (CAZ) informó:
La magistrada de consigna del Tribunal Superior de Justicia del D.F. Celia
Marín Sasaki, integrante de la Quinta Sala Penal (misma que sentenció a Víctor
Herrera Govea por el 2 de octubre de 2009) una vez más dejó ver que sigue al
pie de la letra las órdenes del gobierno represor liderado por Miguel Ángel
Mancera y el día de hoy 11 de Julio dictó una nueva sentencia de 5 años 1 mes
15 días al compañero Mario González García… No es de extrañarse que la sala
haya dictado una sentencia supuestamente distinta pero que a la vez siguiera
respondiendo a los intereses del gobierno de Distrito Federal volviendo a
condenar a nuestro compañero de manera injusta. Con esta resolución se confirma
que en este país se criminaliza a quien se organiza para construir un mundo con
paz dignidad y justicia.
No nos conformaremos con dicha resolución por lo que en breve presentaremos
un Amparo Directo del cual volverá a conocer un Tribunal Colegiado de
Circuito, señalando una vez más la serie de violaciones procesales, y a sus
derechos humanos de que ha sido objeto Mario González. No descansaremos hasta
arrancar la libertad de nuestro compañero de manos de los gobiernos represores.
El GDF y los
medios
Desde
el 15 de enero de 2003, cuando Andrés Manuel López Obrador y su súper-policía Marcelo Ebrard llevaron a
Rudolph Giuliani al Distrito Federal para imponer su política de «cero tolerancia», la utilización de los
medios ha sido esencial en implementar la limpieza étnica y social de la ciudad
para el beneficio de la burguesía nacional e internacional. Entre los grupos
que no caben en las calles de su ciudad neoliberal son indígenas, comerciantes
ambulantes, trabajadoras sexuales, juventud rebelde, graffiteros y anarquistas,
cuyos contingentes en las marchas del 2 de octubre y otras fechas claves, han
sido objetivos de represión durante varios años.
Una década después, otro súper-policía
–Miguel Mancera– rige la ciudad con la ayuda de su secretario Héctor Serrano,
cuyo papel ha sido clave en sucesos desde el desalojo de los maestros del
zócalo hasta la criminalización de los anarquistas. Desde las protestas contra
la inauguración de Enrique Peña Nieto, el 1 de diciembre de 2012, cuando el
compañero Kuykendall fue alcanzado con un proyectil supuestamente no letal, resultando en su muerte y la
subsecuente desaparición de Teodulfo Torres «El
Tío», cientos de personas han sido detenidas y procesadas en el DF
simplemente por ejercer su derecho a protestar.
Una de las estrategias de Serrano ha sido sembrar mentiras en los medios
masivos comerciales para criminalizar la protesta y justificar la represión. En
un artículo titulado «Informe:
Anarquistas atacarían civiles», publicado el 15 de enero de 2014 en El
Universal, Carlos Loret de Mola repite la mentira difundida por Serrano:
Que los anarquistas están evaluando empezar a atacar objetivos humanos, es
decir, que ejercer violencia contra civiles podría convertirse en el nuevo
modus operandi de estos radicales, y que eso ubicaría a la Ciudad de México
como un lugar donde se cometen actos terroristas. El informe especifica
que hasta ahora los grupos anarquistas no han atacado a ciudadanos sin cargo
oficial, es decir, han centrado su violencia contra inmuebles (tiendas, bancos,
hoteles, sedes de partidos, oficinas públicas), policías y funcionarios que
llegan para contenerlos o negociar… El informe confidencial del más alto nivel
en el gobierno del DF también señala que uno de los principales líderes de
los anarquistas es Jorge Mario González García, 23 años de edad, detenido
el año pasado durante los desmanes en la marcha conmemorativa de la masacre del
2 de octubre. Registra que su fuerza dentro del colectivo es tal que se han
registrado marchas para exigir su liberación.
En fechas más recientes, un informe difundido por Serrano y ampliamente
reproducido en los medios comerciales describe como «violenta» la protesta no-violenta contra Miguel Ángel Mancera en
el informe anual de la CDHDF el 12 de junio pasado y siembra el rumor que la
chica que subió al escenario a increpar a Mancera era Nuria Roxana Ramírez
Lozano, la pareja de Mario González. Dado que la policía del Distrito Federal
ha vigilado las protestas en apoyo a Mario desde el principio, Serrano y
Mancera han de saber perfectamente bien que la chica que subió al escenario no era
Nuria. Es simplemente una maniobra para intentar intimidarla y restarle apoyo a
Mario. Lo más preocupante es que Serrano afirma que ya hay averiguaciones
previas ante la PGJDF contra las personas que realizaron la manifestación. Esto
es una amenaza directa contra ellas y en particular Nuria, quien sigue
trabajando para lograr la libertad de Mario González.
En un comunicado, dice Nuria Ramírez:
Es aberrante que Héctor Serrano insista en el discurso de que quienes
participamos en manifestaciones somos delincuentes y que abiertamente exprese
que hay un seguimiento, una vigilancia, lo cual me hace temer por mi
seguridad…Por todo lo anterior hago responsables directos a Miguel Ángel
Mancera Espinosa y Héctor Serrano Cortés de toda agresión y/o cualquier acto de
fuerza pretendidamente legal que sufra mi persona. Exijo que se detenga esta
campaña de descalificación y violencia disfrazada de legalidad contra mi
compañero Mario González, torturado y apresado arbitrariamente desde el 2 de
octubre pasado, y contra mí.
En este contexto de criminalización, la lucha sigue por la libertad de
Mario, los demás presos políticos, y la absolución de las y los compañeros bajo
proceso.
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