viernes, 18 de julio de 2014

Ante las medidas estatales, la lucha es por territorio y autonomía (por Héctor Llitul, preso político mapuche)

 
 
Héctor Llaitul Carrillanca
Preso Político Mapuche CAM
Coordinadora Arauco Malleco
Cárcel El Manzano, 15 de julio de 2014
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=187412

Debemos comenzar reafirmando, categóricamente, que la disputa no es por extensiones de tierra, entendida esta como tierra-mercancía, sino que la reivindicación y la lucha es por recuperar una forma de vida, de cómo concebir el mundo y de cómo vivir en consecuencia, es por un tipo de organización social y cultural. Es aquí donde cobra vigencia el concepto de territorio, concibiéndolo, más allá de su especificidad geográfica, es el lugar de las tradiciones, las historias, los símbolos, la cosmovisión, las normas, los sueños, las utopías. Sin duda, como lo entendieron nuestros antepasados, en los tiempos del Reche y de la reafirmación mapuche, es el lugar donde se construye la cultura, la identidad, el lugar donde se producen y reproducen relaciones que establecen un tejido social, una visión de mundo, ADMAPU KA ADMONGEN, es la proyección de nuestro pueblo hacia un futuro mejor.
Por lo tanto la defensa y la recuperación del territorio, es la defensa de nuestra identidad con sus estructuras político-culturales y espirituales-religiosas. Es la forma que asumió nuestro pueblo de reproducirse materialmente, teniendo como base la tierra, entendiéndola en su relación ser humano-entorno.
Es por lo anterior que hoy, la conflictividad debe ir dirigida principalmente en contra de los verdaderos expoliadores, los que directamente atentan contra el mundo material y espiritual mapuche, hoy representados por los despojadores, las empresas forestales y los latifundistas reaccionarios y conservadores. También la lucha es contra el Estado y todo su entramado institucional jurídico-político, en tanto aparece como protector de los intereses de los grupos dominantes.
En segundo lugar, debemos seguir estableciendo la real situación que vivimos hoy como Pueblo-Nación Mapuche. Al respecto hemos señalado que caracterizamos las relaciones de nuestro pueblo como de dominación, de opresión y de dependencia respecto del Estado, situación que comenzó hace 130 años con la ocupación del Wallmapu a través de la violencia armada. A su vez, es una relación de sujeción a un ordenamiento territorial en donde el areduccionamiento continua como base estructural. De imposición de una normativa de tipo liberal en cuanto a las leyes y a la forma de propiedad. De integración forzada a la chilenidad, principalmente a través de la educación. Por lo tanto, es una relación donde se hace negación de todos nuestros derechos fundamentales como pueblo originario, entendiéndola como la negación –en su estructura– de orden social, político y cultural mapuche.
Como tercer punto, debemos indicar que la dominación y la opresión hoy la sufrimos de parte de lo que llamamos “La gobernanza neoliberal”, en donde se reposiciona nuevamente la reacción conservadora en este país. Es decir, son las elites locales quienes ejercen el poder de dominación. A nivel del conflicto, nos referimos a las empresas forestales y otros privados, a los latifundistas, quienes a través de los medios de comunicación han generado verdaderas campañas en contra de nuestro pueblo, a tal punto de asignarles la producción del “enemigo interno”. En efecto, las forestales, los latifundistas y los medios de comunicación se alinean en contra de la causa mapuche y presionan al Estado chileno a que desarrolle estrategias de contención-represión, criminalización, persecución y desarticulación de las expresiones más consecuentes con la lucha por la recuperación territorial y política de nuestro pueblo.
Articulados a estos dos grandes grupos económicos (forestales- latifundistas) están la prensa de derecha, los intelectuales conservadores y la mayoría de los partidos políticos de la “Alianza por Chile” y de “La Nueva Mayoría”.
Al respecto, debemos comprender que no es menor la fuerza que tienen los medios de comunicación (ejemplo; El Mercurio, La Tercera, La Segunda), los cuales han cumplido sus objetivos de estigmatizar y exacerbar la imagen de los mapuche violentistas y terroristas, a su vez, como financiados y con vínculos internacionales. Estos medios hacen manipulación informativa, fabrican información para, inclusive, crear montajes. Son responsables de fomentar y atizar la polarización y en definitiva de dar voz y cobertura a todas las opiniones reaccionarias y conservadoras de este país. Creando un verdadero eje del poder que muestran las posiciones y discursos de la clase política, los intelectuales y el gobierno de turno.
Es así como el Estado enfrenta al movimiento mapuche, que se reorganiza y lucha por sus derechos. Se impone entonces “La gobernanza neoliberal”, que con este nuevo gobierno solo presenta ribetes de multiculturalismo, dando continuidad a las políticas estatales de asistencialismo-integracionismo y represión- criminalización de la causa mapuche.
Ahora bien, también se debe comprender que los Estados neoliberales son inestables y por tanto vulnerables a los estallidos sociales, según por lo cual se ven obligados a desarrollar estrategias de control y dominación creando para el efecto una serie de mecanismos y dispositivos de contrainsurgencia social, instalar políticas de criminalización y la producción y/o fabricación de la figura del enemigo interno.
Efectivamente, en la actualidad hay un fuerte cuestionamiento a las relaciones del estado chileno con el Pueblo Nación Mapuche. El conflicto ha puesto en crisis esta relación. Así lo ha entendido el poder de dominación, según por la cual, el Estado ha readecuado sus estrategias en el marco de una verdadera Contrainsurgencia Social, en que se establecen los planes y programas de tipo multiculturales y la política de entrega de tierras.
Es en este contexto que se deben entender a las políticas sociales y programa, como funcionales a la reproducción del status quo del sistema. Están elaboradas para disfrazar los ejes del régimen de acumulación depredador, en base a la apropiación y el despojo territorial del pueblo mapuche. La pretensión es bloquear el conflicto para facilitar la acumulación del capital, para lo cual se persiste en el manejo clientelar y asistencialista en base a los subsidios estatales.
Se pueden caracterizar como multiculturales a las políticas sociales y programas que tienen como objetivo promover la participación de los pueblos originarios como una forma de remediar la exclusión de que han sido objeto, pero la tendencia es clara y apuntan hacia la asimilación y la integración, en donde se produce el efecto absorbente y asimilador de las identidades étnicas en los marcos de la “democracia representativa” y por supuesto, del crecimiento económico neoliberal. El carácter multicultural y de “fortalecimiento identitario”, sin embargo presenta evidentes limites estructurales y es que son parte de una estrategia que defiende el sistema y por lo tanto son utilizados solo como tácticas de la contrainsurgencia social, que en el caso mapuche están orientadas hacia una potencial base social de apoyo mapuche y que tiene una direccionalidad focalizada hacia sus referentes más consecuentes con las posturas antisistémicas, como lo es la expresión CAM.
SOBRE LAS INICIATIVAS ESTATALES MÁS ESTRATÉGICAS

Con el objeto de revisar con más precisión la intervención del Estado en este nuevo escenario socio–político, se hace necesario ir situando las diversas iniciativas que para el efecto buscado tienen una característica más estratégica para hacer frente al movimiento mapuche.
En primer lugar, están los referidos a la reforma legislativa y de los derechos indígenas, considerando que aún Chile es uno de los países más atrasados, por su carácter conservador, en cuanto a reconocimiento constitucional y de firmas de convenios internacionales, como es el Convenio 169 de la OIT. De hecho, la prevalencia de la ley indígena, es un indicativo del atraso en materia de derechos, porque no reconoce siquiera la calidad del pueblo a nuestra nación.
Respecto al reconocimiento constitucional hay diversas posiciones, según el ámbito que se asuma respecto de la realidad mapuche. Para la derecha más recalcitrante, la derecha fascista y racista, lo ideal sería el exterminio físico de los mapuche como solución a un problema nacional. La otra derecha, aún persiste en no reconocer los derechos indígenas promovidos internacionalmente, argumentando una concepción de país y de chilenidad. Para la “Concertación”, hoy llamada “Nueva Mayoría”, se avienen al reconocimiento multicultural pero a través de pequeñas e insuficientes reformas en el marco de la actual constitución, obviamente para no afectar al modelo ni a la gobernabilidad de tipo neoliberal que les resulta muy cómodo. Para las organizaciones mapuche, en el último tiempo y producto del avance de los procesos de lucha de las comunidades, este es un objetivo compartido por la mayoría, sobre todo de los que reivindican el derecho a la libre determinación, dando continuidad así al seguidismo legalista e institucional que conviene al Estado y a los grupos de poder. Sin embargo, existe una postura propia, que es la que hemos planteado como CAM, y que resulta más coherente y congruente con los planteamientos por la autonomía y la liberación, y es la antisistémica que se basa en la construcción de una autonomía de facto, una autonomía en los hechos, que se lucha por ella en los distintos planos ya señalados.
En segundo lugar lo que respecta a la CONSULTA o el derecho a la consulta, la participación y representación política. Al respecto es bien sabido que esta no ha tenido expresión concreta y sobre todo en lo que tiene que ver en materia de desarrollo, inversiones territoriales y/o proyectos de infraestructura que en las actuales circunstancias son de orden capitalista. Solo la ley indígena presenta -a través de los conceptos- la posibilidad de participación, pero que por sus alcances es prácticamente nada.
En este sentido, debemos indicar que los últimos anuncios de parte del ejecutivo, en relación a establecer la consulta según el convenio 169, seguramente serán a través de estos mismos límites legalistas ya establecidos, por tanto volverán a ser letra muerta en cuanto a derechos y efectividad.
En tercer lugar, están los diversos programas de desarrollo, con los anunciados de fortalecimiento cultural, que no son más que la continuidad de la política indigenista que se ha venido aplicando por casi dos décadas por los gobiernos “democráticos” y que han tenido como objetivo el logro de la “integración social dentro de la convivencia de un Estado de Derecho”, es decir la integración forzada, aquí se inscriben por ejemplo el “Programa Orígenes”, como modelo para comprender el indigenismos con un claro objeto de contener y atenuar las necesidades materiales de las comunidades.
En cuarto lugar, se encuentran las iniciativas de diálogo y negociación, para establecer una relación con el Estado. Al respecto debemos indicar que desde la irrupción del Movimiento Mapuche se han establecido un sin número de estas iniciativas que no han llegado a ningún término, salvo para garantizar la supuesta “paz social” que persiguen los grupo de poder en las zonas de conflicto. Es de recordar los “Diálogos Comunales”, el plan de desarrollo indígena, la mesa de dialogo indígena y la mentada Comisión de Verdad y Nuevo Trato, entre otras. Todas propuestas que no han derivado más que en políticas asistenciales muy básicas e insuficientes. Demás esta señalar, que de estas instancias la CAM nunca ha participado. Tanto por definición propia, como por la voluntad política de parte de las autoridades, de no reconocer nunca a nuestra expresión como interlocutores válidos para destrabar el conflicto y la razón es simple, la CAM no dialoga sobre migajas ni en base a engaños. Hoy, nuevamente se sostiene un discurso de establecer conversaciones con todos los sectores pero se desconoce a la CAM y al movimiento autónomo mapuche, porque el Estado persiste en solo reconocer reivindicaciones de orden social, económico o cultural, pero no en materia de derechos políticos, porque se negarán una vez más, es que planteamos la libre determinación o la autonomía.
Por último, está la política de entrega de tierras, el cual es el punto de quiebre en la relación entre el Estado y nuestro Pueblo Nación. De hecho es la razón del conflicto actual, es lo que ha establecido la crisis de la gobernabilidad en el Wallmapu histórico.
Para reafirmar nuestra propuesta, es necesario indicar que cuando existen conflictos por la tierra existen varias vías que permiten su solución y esto de acuerdo a las posiciones que se tenga y a los intereses que se confrontan. Existe la vía estatal para la redistribución de la tierra en base a la expropiaciones, de hecho, en Chile existe una legislación al respecto, y que tuvo mucha expresión en los años 60-70 y que contribuyo a una reconfiguración del mapa territorial beneficiando al campesinado en su conjunto y parcialmente a las demandas mapuche. Sin embargo, esta es una vía estatal y legal, por tanto representa la continuidad del colonialismo ideológico, tanto en lo estructural como en lo simbólico–identitario, que no nos representa.
Por lo tanto, nosotros en la CAM, hemos planteado un tipo de distribución basada en la acción directa a través, principalmente, de la recuperación de tierras de tipo productivas, desconociendo el legalismo y la institucionalidad estatal, lo cual implica saltos cualitativos mayores, porque significa también la reapropiación de la tierra y sus recursos generando verdaderas transformaciones, es lo que hemos cubierto ampliamente y que se conocen como experiencias de control territorial, como la forma de reconfigurar territorialmente y sentar las bases para la autonomía. Esto implica además, comprender que las comunidades son capaces de contrarrestar las presiones de las empresas capitalistas y las políticas integracionales del Estado chileno, pues de no hacerlo se generarían contradicciones vitales en el proceso de acumulación de fuerza, debido que la fórmula empleada, sea la expropiación o bajo la lógica de mercado, debilitan los procesos autonomistas y provocarían un retroceso en el camino hacia la liberación nacional. No tan solo porque seguiríamos sometidos al entramado del sistema, sino también porque se agudizaría la dependencias con las instituciones y el mercado.
Frente a las expropiaciones y a las experiencias del control territorial, el Estado más bien “La gobernanza neoliberal”, los gobiernos de turno, han planteado una tercera vía, un tipo de redistribución de la tierra asistida por el mercado, es decir, en los marcos del sistema capitalista. Es la forma que va en consonancia con el modelo económico neoliberal que a su vez permite reducir o eliminarla presión sobre los gobiernos para expropiar, como es la forma de hacer frente a la movilización por la tierra en base a una propuesta de la acción directa que busca transformar y lograr un cambio real en las estructuras de dominación como lo plantea la CAM.
Aun, en la actualidad, el gobierno de “La Nueva Mayoría” persiste en esta forma, en que el mecanismo es de mercado y donde la solución es comprar y no expropiar. Es un tipo de política que implica la redistribución en base a la voluntad de un particular para vender, entendiendo que el sistema protege la propiedad privada y un tipo de comercio en que se somete al libre albedrío de un propietario que a través de la acción comercial puede llegar a especular en relación a la tierra. Efectivamente, los propietarios, sean las forestales, latifundistas o agricultores, puedan elevar los precios de la tierra, obteniendo exorbitantes ganancias en un proceso comercial que por estas características se vuelve largo y tedioso, a veces inviable y que ha dado lugar para actos de corrupción inclusive.
Sin duda, que esta ha sido la política más nefasta de parte del Estado para lograr la contención del conflicto y dice relación con la estrategia establecida para la entrega de tierra. Más allá de ser una vía que promueve y defiende un modelo económico de tipo neoliberal capitalista, ha tenido un efecto boomerang para el poder, ya que, con la pretensión de contener el conflicto ha pretendido la desarticulación territorial etno-cultural de las comunidades, desde el momento mismos en que interviene la CONADI, o cuando se trasladan comunidades o parte de estas a otros sectores, lo cual en el último tiempo ha sido ampliamente resistida por la mayoría del Movimiento Mapuche. Han sido los costos para un Estado opresor de utilizar las tierras como parte de la estrategia de contrainsurgencia social. Entendiendo a estas estrategia basada en tres pilares, que requieren funcionando en este nuevo periodo de gobierno. Uno, la entrega de un poco más de recursos a través de diversos programas sociales de corte asistencial-productivo y con la mantención de la política de entrega de tierras, la cual será más condicionadas. Dos, provocar el aislamiento político de las expresiones autonomistas a través, precisamente, de las políticas estatales, para lo cual cuentan con la reacción de la opinión publica conservadora. Tres, la implementación de la contrainsurgencia social de facto y simbólica, lo que significa la militarización de las zonas de conflicto, la represión amplia y selectiva, y la criminalización que conlleva la punición judicial exacerbada, más prisión política.  
Frente al actual proceso en marcha, se encuentra la permanente disyuntiva de qué camino seguir, el camino autonomista y de insubordinación o la negociación pactada y la asimilación a la lógica de mercado. En tal escenario concluimos, seguir con la resistencia y la reconstrucción de nuestro pueblo nación mapuche.
¡MARICHIWEU!