México: Con la detención del vocero del CECOP, viola el Gobierno de Guerrero el derecho al debido proceso
por Sergio Ferrer
Jueves, 19 de junio de
2014
Tlapa, 19 de junio. Organizaciones
campesinas, comunitarias y de derechos humanos demandaron al gobierno de
Guerrero así como a las autoridades federales la libertad inmediata del
dirigente histórico del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa
la Parota (CECOP), Marco Antonio Suástegui Muñoz, además de demandar la
revocación de su traslado ilegal, arbitrario y violatorio a los derechos
humanos de los que ha sido víctima y garantizar su integridad física, señala un
comunicado conjunto.
Para las
organizaciones firmantes entre las que se encuentran el propio Consejo de
Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), la Coordinadora
Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), el Centro de Derechos Humanos
de la Montaña Tlachinollan, la detención del líder -que forma parte del
esfuerzo que han mantenido durante diez años pueblos de Acapulco rural en
contra de la instalación de una presa hidroeléctrica en el Papagayo que trabaje
para la Comisión Federal de Electricidad (CFE)- se trata de una
estrategia del gobierno para criminalizar y reprimir al movimiento social que
violó además el debido proceso legal.
Con la detención
de Suástegui Muñoz son 13 los integrantes de la Policía Comunitaria de la CRAC
presos en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero. Para las organizaciones esta
situación polariza a la sociedad y estigmatiza a los líderes sociales que están
siendo reprimidos en tanto que en Guerrero prevalece una crisis de
ingobernabilidad así como el incremento de los índices de delincuencia y
ataques del crimen organizado. La detención del líder esta
visualizada con el fin de debilitar el movimiento del CECOP para imponer
el Proyecto Hidroeléctrico de la Parota anunciado por el Presidente de la
República Enrique Peña Nieto con su programa "Nuevo Guerrero", advirtieron las organizaciones.
El documento
firmado también por la Red Guerrerense de Organismos Civiles y Derechos
Humanos, el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), la Coordinadora
Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), la Organización Campesina de
la Sierra Sur y Frente de Defensa Popular detalló que a las dos de la madrugada
del 17 de junio la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero
implementó un aparatoso operativo para detener a Suástegui Muñoz dirigente del
CECOP, que fue detenido alrededor de las 9 de la mañana después de salir de su domicilio.
El activista e
impulsor de la Policía Comunitaria adherida a la CRAC-PC fue interceptado por
más 15 policías Ministeriales cuando transitaba en su vehículo por la calle
Bora Bora en la colonia fraccionamiento Lomas de Magallanes. Con
violencia, los ministeriales lo bajaron de su vehículo, sin presentarle alguna
orden de aprehensión, una vez que lo sometieron le espetaron que si oponía resistencia
lo iban a matar. En el trayecto recibió varios golpes y amenazas, diciéndole
que eso le pasaba por "andar de
revoltoso".
Después de las
diez de la mañana, personal de Tlachinollan, que lleva la defensa jurídica del
CECOP indica en el texto que acudieron a solicitar información a las
autoridades penitenciarias y judiciales del penal Las Cruces, donde permaneció
incomunicado. En ese lapso el juez décimo de materia penal Adolfo Vanmeeter
Roque les dijo que a las dos le tomarían la declaración preparatoria pero una
vez llegada la hora les dijeron que fue trasladado al penal de la Unión,
violentando los derechos del procesado, remarcaron abogados de Tlachinollan.
Aunque lograron
una suspensión para efectos de ampararlo contra el traslado al penal federal
las autoridades desacataron el mandato judicial actuando con "perversidad y hermetismo al trasladar
a Marco Antonio al Centro Federal de Readaptación Social número 4 Noroeste de
Tepic, Nayarit", advierten.
Para las
organizaciones este trato dado al defensor de derechos humanos, de delincuente de alta peligrosidad, es un
mecanismo para castigar, reprimir y ocasionarle malos tratos dado las
condiciones en que se ha realizado dicho traslado, violentando con esto las
recomendaciones de organismos internacionales en derechos humanos.
La detención,
remarca el texto se suma a la lista de 12 autoridades de la Policía
Comunitaria encarceladas, cuyo fin avieso es criminalizar la lucha social y
denigrar la imagen del movimiento social. Ante la crisis de seguridad que impera
en nuestro estado y los cruentos índices de violencia, las autoridades
estatales en lugar de combatir a las bandas del crimen organizado, han
focalizado su poder punitivo para atacar a las y los defensores comunitarios
que luchan a favor de sus pueblos.
Con estos actos,
el gobierno del estado, en lugar de reconocer su trabajo y respetar su lucha,
alienta la polarización y la estigmatización contra las y los defensores
comunitarios, colocándolos en una situación de mayor riesgo y vulnerabilidad.
Comuneros y
ejidatarios, a pesar de agresiones, boicoteos o desatención de los gobiernos
federal, estatal y municipal han emprendido además de la lucha contra la
hidroeléctrica, la expulsión de gravilleros que dañaban el ecosistema del río
Papagayo y por otra parte comenzaron a organizarse para crear grupos de Policía
Comunitaria adherida a la CRAC-PC debido al incremento de delincuencia y grupos
de choque.
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