Gloria Muñoz Ramírez
Los de abajo
La ecuación es
aparentemente simple: Llegan los megaproyectos (hidroeléctricas, minas,
gasoductos, proyectos eólicos y un lamentable etcétera) a las comunidades
indígenas en las que se encuentran los recursos naturales, intentan imponerse a
base de intimidación y de prebendas y se topan con la resistencia. Viene
entonces la represión, la criminalización de la protesta, la prisión, la
tortura, la desaparición, el uso del Ejército. Todo para imponerse con la
justificación de la palabra
progreso.
Ante la
resistencia, el Estado salvaguarda los intereses de las empresas y éstas entran
a los territorios escoltadas por el Ejército. Esta es la fórmula que se empleó
el pasado 27 de mayo en Puebla, cuando personal y 12 máquinas de la
constructora Bonetti irrumpieron en San Juan Amecac, San Marcos, San Bartolo,
Cohuecan y Acteopan, acompañados de tanquetas del Ejército y policías
estatales. El uso de la fuerza pública para amedrentar a los pobladores que se
oponen a la construcción de un gasoducto –en Amecac ya expulsaron una vez a los
empleados– es ilegal, pues las autoridades comunitarias y ejidales no han dado
permiso para que la obra comience, dice Miriam Vargas, del Frente de Pueblos en
Defensa del Agua y de la Tierra, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
El Proyecto
Integral Morelos (PIM), del que forma parte el gasoducto, es de carácter
energético y atraviesa 80 pueblos de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Prevé la
construcción de dos centrales termoeléctricas de ciclo combinado de 620
megavatios (MW), ubicadas en Huexca, Morelos; un gasoducto de 160 kilómetros
que transportará 9 mil 61 millones de litros de gas al día y cuyo trazo
atraviesa 60 pueblos de estos estados, en la zona de riesgo del Popocatépetl, y
un acueducto que transportará 50 millones de litros de agua al día a través de
19 pueblos de Ayala, Morelos.
La
criminalización de la protesta no es nueva y los gobiernos afinan cada vez más
los instrumentos para llevarla a cabo. Justo en Puebla tuvo lugar recientemente
el debate por la llamada ley bala,
que fue denunciada por 29 organizaciones sociales locales que advirtieron que,
sin un debate claro, profundo y público, se votó una ley que faculta a los
agentes de las instituciones policiales de la entidad para ejercer fuerza
letal, en distintas modalidades, en contra de la población, favoreciendo un
sistema de violación a los derechos humanos. La iniciativa se modificó, pero
las intenciones no, y justo dos semanas después entró el Ejército a las
comunidades.
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