21de mayo de 2014
Pronunciamiento conjunto
Protestar
es un derecho, reprimir es un delito
Las organizaciones de la Sociedad Civil firmantes,
manifestamos nuestra preocupación al pueblo del estado de Chiapas; al Gobierno
estatal, así como a las y los diputados integrantes de la LXV Legislatura del
Congreso de Chiapas por la aprobación el pasado 15 de mayo, a iniciativa del
Gobernador Manuel Velasco Coello, del Código que establece el uso legítimo de
la fuerza por las instituciones de seguridad pública, la cual criminaliza la
protesta social y se perfila hacia un Estado represor.
El contexto de Chiapas, está marcado por noticias
que dan cuenta de los efectos de la crisis económica, social y política que se
vive. Reportes que aparecen de manera indistinta en medios de comunicación,
redes sociales, revelan acontecimientos que expresan descontento de la sociedad
con las políticas públicas, las decisiones y actuar de funcionarios públicos en
complicidad con empresas privadas, instituciones de gobierno, cuerpos
policíacos y militares; quienes regularmente están implicados en la ejecución
unilateral de planes, políticas y reformas legales que afectan intereses
comunes, deteriorando aún más la vigencia de un Estado democrático.
Le recordamos al Estado mexicano, y al gobierno y
pueblo de Chiapas, que la protesta social surge cuando prevalece la impunidad,
y no hay canales para resolver las inconformidades, o que estos canales se han
agotado, son inoperantes o son ignorados por las instituciones federales,
estatales o municipales que tienen que resolverlos, o cuando la violación a los
derechos humanos es de gran magnitud que afectan a un gran número de la
población, como por ejemplo las llamadas reformas estructurales.
Con el Código aprobado, el gobierno de Chiapas, ve
las protestas como un delito consumado o en vías de consumación, a las y los
manifestantes como presuntos delincuentes y a su organización como enemiga y
desestabilizadora de la paz social. El Código aprobado, saca de contexto los
conflictos sociales y políticos, para llevar las protestas al campo judicial.
Es leer el descontento social desde la óptica del código penal, y considerarla
como una conducta delincuencial.
La criminalización de la protesta social se
distingue por ser un mecanismo empleado por el Estado, no sólo para controlar
sino para castigar expresiones de la ciudadanía en ejercicio y/o reivindicación
de sus derechos.
Una de las características del gobierno de la
República y del estado de Chiapas, es que la mayoría de las inconformidades
sociales o políticas se llevan a la arena judicial. Se encarcela y somete a
proceso penal a los líderes o participantes de movimientos y protestas
sociales, quienes entonces deben concentrar sus energías en defenderse de
dichas acusaciones.
Así como las y los legisladores, crean leyes y
delitos para controlar a la sociedad, hay omisiones importantes en materia
legislativa en cuanto a la participación ciudadana. El actual modelo de Estado
no permite a la ciudadanía, la participación directa en la toma de decisiones
que afectan intereses colectivos.
Las organizaciones firmantes, le manifestamos al
pueblo de Chiapas, al gobernador del estado, así como a las y los integrantes
del Congreso Local que la protesta social es un derecho y también un
instrumento legítimo para la exigibilidad de derechos. La protesta es la forma
que tienen los movimientos sociales para ser tomados en cuenta, esperar
respuestas y ejercer derechos.
Lamentamos que a pesar de las reformas de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos
humanos, los congresos locales, como el de Chiapas, legislen en contra de
derechos consagrados en ésta, así como en otros instrumentos internacionales de
derechos humanos, y que estas acciones legislativas vulneren y pongan en
entredicho inalienables derechos fundamentales, como la libertad de expresión y
de manifestación, así como el derecho de asociación, entre otros.
Recordamos también que la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, ha indicado que la criminalización de la legítima
movilización y protesta social, sea a través de la represión directa de los
manifestantes o a través de la investigación y proceso criminal, es
incompatible con una sociedad democrática donde las personas tienen el derecho
de manifestar su opinión.
Protestar es llevar la palabra y la acción a los
lugares públicos: la calle, el parque, la carretera, un edificio público, una
pared. La protesta es también un instrumento contra la impunidad y el olvido;
fortalece la memoria colectiva de los pueblos y hacen contrapeso político al
ejercicio del poder desmedido del Estado. Protestar es un Derecho, reprimir es
un delito.
Atentamente:
Acción
de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT Francia)
The Global Partnership for the
Prevention of Armed Conflict (GPPAC)
Centro de
Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC (Frayba)
Campaña Popular
contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas
Casa de la Mujer
Ixim Antsetic, A.C
Centro de
Derechos de la Mujer Chiapas A.C
Centro de
Derechos Humanos Fray Matías de Córdova y Ordoñez, AC (Fraymaco)
Colectivo
Educación para la Paz y los Derechos Humanos, AC (CEPAZDH)
Desarrollo
Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, AC (DESMI)
Edupaz
Grupo de Mujeres
de San Cristóbal de Las Casas, AC (Colem)
Maderas del
Pueblo del Sureste, AC (MPS)
Melel
Xojobal, AC
Red
de Mujeres Chiapanecas en contra de la Violencia
Mujeres
Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna (MER)
Salud
y Desarrollo Comunitario (SADEC A.C)
Servicios
Para la Asesoría y la Paz (SERAPAZ)
SYJAC
Radio
Votán
Radio
Zapatista
Radio
Pozol
Tejemedios
Hijxs
de la Madre Tierra
Red Nacional de
Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos
(Red TDT)
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