Libertad a luchadores sociales Juan Carlos Flores, Enedina Rosas y Abraham Cordero. ¡Defender la tierra no es delito!
Libertad a luchadores sociales Juan Carlos Flores, Enedina Rosas y Abraham Cordero. ¡Defender la tierra no es delito!
El gobierno de Puebla quiere
acallar a gente valiente, honesta, luchadora y comprometida con la justicia
como Juan Carlos, Enedina y Abraham; quienes fueron encarcelados por oponerse a
un proyecto que daña a millones de personas, como lo es el Gasoducto
Morelos.
Los tres ahora se encuentran detenidos, sus detenciones no fueron
conforme a derecho. En los tres casos, las personas que los detuvieron
vestían de civil, no se identificaron y descendieron de autos sin logotipos
oficiales y sin placas. Los mantuvieron incomunicados y les crearon delitos
para que no pudieran salir bajo fianza.
Enedina y Juan Carlos ya se encuentran en Centro de Readaptación Social,
y lo único que hicieron fue defender sus tierras y evitar que los gobiernos del
Estado de Puebla, Morelos y Tlaxcala pongan en peligro a los habitantes por
donde pasaría el gasoducto Morelos. El Cenapred (Centro Nacional de Prevención
de Desastres) ya ha reconocido que un tramo de
este gasoducto es peligroso, por lo que ha recomendado que se revise el trazo
de dicho proyecto, sin que los gobiernos hagan caso.
Esta semana les dictaron auto formal prisión. A Juan Carlos le han dado
32 años de prisión, mientras que a Enedina le han dado 9 años en la cárcel.
PUEBLA, MORELOS Y TLAXCALA: ENTRE LA REPRESIÓN Y EL DESPOJO NEOLIBERAL
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Gilberto López y Rivas
26/4/2014
Organizaciones
políticas, defensoras de los DDHH y de los pueblos indígenas, han venido
denunciando la entrega del estado a corporaciones capitalistas
Un ambiente de ilegalidad, zozobra y persecución
se deja sentir en el estado de Puebla, donde el gobernador Rafael Moreno Valle
(conocido destructor del patrimonio histórico y arqueológico), acorde con el
gobierno de traición nacional de Enrique Peña Nieto, impone diversos
megaproyectos de transnacionalización neoliberal contra la voluntad de pueblos
y ciudadanos. Se trata del despojo de tierra y agua, así como su envenenamiento
como producto de las 87 concesiones mineras, más de 10 proyectos hidroeléctricos
(solamente en la Sierra Norte), la extracción de gas y petróleo con fractura
hidráulica, la construcción de diversos proyectos carreteros y los parques
eólicos en la región de Tecamachalco.
Numerosas organizaciones políticas defensoras de los derechos humanos y
de los pueblos indígenas han venido denunciando la entrega del estado a
corporaciones capitalistas, así como la creciente privatización del agua y el
uso de este recurso vital para favorecer a esas empresas y a sus cómplices
locales, cercanos al entorno del gobernador, quien no ceja en sus afanes
futuristas de ser candidato a la presidencia de la República y, por ello, la
opacidad de la constante derrama de dinero público para promover su imagen
personal como un ejemplo de supuesto dinamismo y progreso que los darwinistas
sociales señalan como "éxito".
Esta expoliación de recursos y ocupación de territorios se acompaña, al
igual que en el ámbito nacional, de vergonzosas "reformas constitucionales" de la obsecuente Cámara de
Diputados local, que ha reformado la Ley del Agua en tres ocasiones y que
aprobó al vapor una inaudita ley, propuesta por el Partido Acción Nacional, que
da facultades al Ejecutivo para realizar expropiaciones inmediatas y urgentes,
sin notificar previamente a los afectados, a quienes se deja en plena
indefensión jurídica. La inconstitucionalidad evidente de esta ley, además de
violentar los derechos humanos fundamentales, abre la puerta a un masivo
despojo de terrenos urbanos y rurales por parte del gobierno estatal, ahora
convertido en una eficiente gerencia empresarial y en un capataz autoritario de
las nuevas haciendas del neoporfiriato actual.
En particular, el Consejo Tiyat Tlali ha informado sobre la escala de
violencia contra pueblos y organizaciones que "se oponen a los proyectos de muerte en toda la geografía del
estado, como en el resto del país (que hoy) se ensaña contra el Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra
de Morelos, Puebla y Tlaxcala", y denuncia la detención ilegal de su
vocero, Juan Carlos Flores, el 7 de abril, justo cuando salía de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos, "luego
de interponer una queja por la detención de Enedina Rosas Vélez, comisaria
ejidal de San Felipe Xonacayucan, Atlixco, detenida ilegalmente un día
antes". Este frente, que unifica los esfuerzos de comunidades y
organizaciones en los tres estados, se enfrenta firmemente a un controvertido
proyecto denominado Integral Morelos, que pretende, contra todo raciocinio y
lógica sustentable, e incluso contra las recomendaciones del Centro Nacional de
Desastres (Cenapred) y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat), instalar dos centrales de generación eléctrica de ciclo combinado
de 620 megavatios cada una en las faldas del volcán Popocatépetl, que
consumirían gas natural, transportado por Pemex a través de un gasoducto de 30
pulgadas por 150 kilómetros, así como un acueducto de 20 pulgadas desde
Cuautla, con longitud de 10 kilómetros y una línea eléctrica de 20 kilómetros
desde la subestación Yautepec.
El consejo destaca: "En
ninguno de los tres estados se consultó a los habitantes de las comunidades, ni
se notificó a los propietarios de los terrenos que serán afectados por la
construcción de la obra, que se inició en mayo de 2011; ni las empresas
extranjeras que operan el proyecto, ni la Comisión Federal de Electricidad (CFE), comunicaron a la población en general los
detalles de éste, e igualmente omitieron informar a los organismos estatales o
municipales de Protección Civil, los riesgos de la construcción que esta obra
implica, así como los peligros asociados a la operación de una instalación
estratégica que trasportará 9 mil millones de litros de gas metano diariamente,
a menos de dos metros de profundidad".
Ante la resistencia de comunidades y organizaciones de la sociedad
civil, el gobierno de Moreno Valle respondió con una guerra sucia que es
considerada "terrorismo de
Estado". Detenciones ilegales con lujo de violencia por hombres
fuertemente armados que no ostentan uniformes ni identificaciones ni mucho menos
órdenes de aprehensión y que utilizan automóviles sin placas y sin logos,
quienes constituyen en los hechos grupos paramilitares al servicio del
gobernador. Estos grupos ilegales demuestran el desmantelamiento del llamado
estado de derecho que impera en toda la República y que en Puebla se devela con
marcada violencia abierta y clandestina. A la fecha ya existen varios presos
políticos procedentes de diversos municipios de la entidad, en su mayoría
comisarios ejidales y comunales, como Avelino Velázquez Tapia, Enedina Rosas
Vélez, Juan Carlos Solís y Abraham Cordero Calderón, integrante de la
organización denominada Los de Abajo y del Frente Campesino del Valle de
Texmelucan y Sierra Nevada, los cuales están luchando contra los actos
expropiatorios relacionados con la construcción del llamado Arco Poniente. Juan
Carlos Rojas escribe desde la cárcel: "Hoy
el gobierno usa la fuerza de sus cárceles, y nosotros la fuerza de la razón, y
la razón siempre podrá volver a sacar fuerza para lograr la justicia".
Incluso el sediciente gobernador ha amenazado, a través de sus grupos de
choque, al académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla doctor
Ricardo Pérez Avilés y a su asistente, Alberto Melchor Montero, por el apoyo
brindado a la lucha contra el despojo. ¡Toda la solidaridad con los presos
políticos y con mis colegas de la BUAP!
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