Pese a tener identificados a los responsables
del asesinato de los activistas Bety Cariño y Jyri Jaakkola, el gobierno
federal se ha negado a cumplimentar las órdenes de aprehensión que existen
contra ellos, por lo que los familiares de las víctimas efectuarán una jornada
de protesta para obligar al gobierno a cumplir su responsabilidad.
Karla Michel Salas, presidente
de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, indicó en conferencia de
prensa que al menos 13 personas han sido identificadas como presuntos autores
de los homicidios, luego de una investigación realizada por la fiscalía general
de Oaxaca, pero ni las autoridades locales ni las federales las han detenido.
Sabemos sus nombres y que
algunos de ellos son servidores públicos, pero se niegan a cumplimentar las
órdenes de aprehensión con el argumento de que no pueden entrar a la zona controlada por la Unión de Bienestar
Social de la Región Triqui (Ubisort), cuyos miembros habrían asesinado a los
activistas.
Por su parte, Omar Esparza,
esposo de Bety Cariño, lamentó que desde la muerte de su compañera y del
activista finlandés –ocurridas el 27 de abril de 2010, cuando fueron atacados a
tiros mientras se dirigían en caravana hacia la comunidad San Juan Copala–, los
familiares de ambos han realizado las investigaciones, en lugar de las
autoridades.
Los presuntos responsables de
los homicidios, dijo –además de Rufino Juárez, preso en Oaxaca pero sin
sentencia–, son Anastasio Juárez Hernández, Antonio Solano Vázquez, Juan
Macario Bautista Martínez, Antonio Cruz García y Julio César Martínez Morales,
este último funcionario del municipio de Juxtlahuaca.
También están involucrados
Mauro Vázquez Ramírez, Silvino Ramírez López, Daniel Martínez López, Elías Cruz
Merino, Antonio Cruz Merino, Bernabé Santiago Cruz (quien trabaja de promotor
en la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas) y Ramiro Domínguez
García, sobre todos existen órdenes de aprehensión.
Para llamar la atención sobre
el tema y obligar a las autoridades a actuar, Omar Esparza iniciará una huelga
de hambre el 29 de abril ante la Oficina en México del Alto Comisionado de
Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, adonde llegará en marcha desde la representación
del estado de Oaxaca en el Distrito Federal.
El 27 de abril dará inicio en
redes sociales una campaña sobre el tema y el 28 se realizará un foro en la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
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