por Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
Jueves, 27 de febrero de 2014
Las acusaciones infundadas de la delegada de la Procuraduría Agraria de Colima, Lic.
María Elena Díaz Rivera, en contra de la organización Bios Iguana AC, miembros de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y del
Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), ya están
poniendo en riesgo la integridad física y moral de sus miembros.
La delegada Díaz Rivera acusó en las últimas
semanas ante los medios de comunicación, y directamente a los integrantes de
Bios Iguana AC, de presionar a los comuneros, de extorsión, de robo de
recursos, de tener “sembradíos”, de
traer gente de “Michoacán, Chihuahua y
Puebla”, de tener intereses de tierras comunales, entre otras mentiras y
declaraciones irresponsables y ambiguas que no sólo transgrede sus funciones
públicas y excede sus facultades sino que además, junto con la solicitud de la
fuerza pública en territorio comunal indígena para amedrentar a los comuneros,
ya está poniendo en riesgo la seguridad física y moral de los defensores de los
derechos humanos.
El viernes 21 de febrero del año en curso,
durante la manifestación pacífica que realizaba el Consejo Indígena por la
Defensa del Territorio de Zacualpan y Bios Iguana, frente a las oficinas de la
Delegación de la Procuraduría Agraria en la ciudad de Colima, donde personal de
esta Delegación, entre los que se encontraba el Lic. Carlos Soulé, violentaron
física y verbalmente a tres integrantes de Bios Iguana, hecho que ya fue
denunciado ante la Comisión Estatal de Derechos
Humanos en Colima. Estas mismas personas han reiterado su acoso
inclusive a otros miembros que integran la organización de Bios Iguana. El
mismo Lic. Soulé, el sábado 2 de febrero, amenazó de muerte en la calle al
abogado de Bios Iguana. Otros han sido perseguidos y acosados por las calles de
la capital del estado. Por su lado, la delegada Díaz Rivera manifestó: “si los de Bios Iguana son entrones, yo
también”. También manifestó: “No
quieren que vaya a Zacualpan porque no quieren que vea los sembradíos que
tienen”.
Las acusaciones sin fundamento de la Sra. Díaz
Rivera ha provocado que un grupo de comuneros que defienden al destituido
Presidente de Bienes Comunales de Zacualpan, Carlos Guzmán, amenacen de muerte
el día de hoy a miembros de Bios Iguana en la capital del Estado, en las mismas
instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos. Específicamente, Rubén Guzmán Aranda, hijo del ex presidente de
Bienes Comunales amenazó a los miembros de Bios Iguana: “ahora me vas a conocer, y a patadas te voy a sacar de Zacualpan. La
próxima vez que te vea a ti y a tus amigos, tú y los Bios Iguana ya se los
cargó con sus sembradíos de mariguana, te metiste a mi casa, se metieron a mi
casa sin permiso y ahora si a chingadazos los vamos a sacar, ya te cargó la
verga porque si no aprendiste por la buena ahora vas a aprender por la mala, te
vamos a enterrar a ti y a tus compañeros”.
Esta denuncia ya ha sido interpuesta por Bios
Iguana el día de hoy en la Mesa 2 de Averiguaciones Previas de la Procuraduría
General de la República, Delegación Colima. Los comuneros, el Consejo Indígena
por la Defensa del Territorio de Zacualpan, como los Hijos Ausentes de
Zacualpan que radican en los Estados Unidos, ya han desmentido públicamente
todas estas falsas acusaciones y calumnias de la delegada Díaz Rivera. Sin
embargo, la Señora Díaz Rivera no cesa en sus falsas acusaciones provocando mayores
divisiones, generando conflictos entre los comuneros y poniendo en riesgo la
vida de activistas ambientales y defensores de los derechos humanos. Videos, fotografías, testimonios, documentos así
como una infinidad de notas periodísticas de diversos medios locales y
nacionales, han dado registro de la indebida actuación del ex comisariado como
de la delegada de la Procuraduría Agraria. El día de ayer, 23 de febrero, con
la presencia de Notario Público, sin altercados violentos ni presencia de
fuerzas públicas y nadie ajeno a la Asamblea, ceñidos al reglamento y la ley
agraria, la asamblea de comuneros de Zacualpan logró la destitución del
Comisariado Ejidal, Carlos Guzmán, luego de que, bajo evidente asesoría de la
delegada, convocaba y suspendía asambleas o boicoteaba su realización violando
la ley agraria, con el fin evitar su remoción, lograr la implementación del
proyecto minero, y evitar la pérdida de supuestos beneficios económicos antes
del final de su cargo como Comisariado, de los cuales el Consejo de Vigilancia
no tenía información. Ante todo ello, la Red Mexicana de Afectados por la
Minería, solicita urgentemente medidas cautelares para la comunidad de
Zacualpan y para la organización de Bios Iguana AC. a fin de garantizar la
seguridad de los comuneros y de los integrantes de la Asociación Civil.
Consideramos que una investigación y auditoría
solicitada por la comunidad y el nuevo Comisariado Ejidal en el cual ahora
participan mujeres, sobre los recursos que las distintas dependencias canalizaron
al ex comisariado ejidal durante su gestión, ayudaría a despejar sospechas de
conflictos de intereses y deslindar responsabilidades. Las organizaciones que
integramos la REMA conocemos y avalamos el excelente trabajo que Bios Iguana
A.C. ha venido realizando desde hace veinte años en el estado de Colima por los
derechos humanos y el medio
ambiente, razones por las cuales hacemos público nuestro reconocimiento y
solidaridad a la organización ante las difamaciones en su contra por parte de
la Procuraduría Agraria, que son una muestra más de agresión a defensores de derechos humanos y a activistas
preocupados por detener la devastación ambiental y social que el modelo
extractivo minero está generando en nuestro país.
La REMA hace responsable al Gobierno del Estado
de Colima, a la delegada de la Procuraduría Agraria de Colima y al ex
Comisariado de Bienes Comunales de Zacualpan por la seguridad física y moral de
los comuneros, de los miembros del Consejo Indígena por la Defensa del
Territorio de Zacualpan y de la organización Bios Iguana AC., todos miembros de
la REMA, de los actos de violencia que están ya generando sus difamaciones y
declaraciones como funcionaria pública, así como de posibles actos de autoridad
que violen sus derechos humanos.
La Red Mexicana de Afectados por la Minería
exige también al Procurador Agrario de la Federación deslinde responsabilidades
en torno a las actuaciones de su delegación en el estado de Colima.
Información proporcionada por la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).
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