viernes, 31 de mayo de 2013

Ante amenazas y coordinación represiva, mayor compromiso con las luchas de nuestros pueblos


El espionaje policíaco a luchadores sociales es ya parte de nuestro “folclore”
 
Rebelión, 31-05-2013

No pasó desapercibido el artículo de nuestro colega, amigo y camarada argentino Néstor Kohan: “Las amenazas, la cultura y la coordinación represiva”, publicado en las páginas de Rebelión, en el que con la enjundia y la honestidad que le caracterizan, denunció la campaña de hostigamiento y amenazas que ha sufrido por parte de los organismos de inteligencia, grupos de ultraderecha, autoridades migratorias y policiales, por sus actividades de acompañamiento de las luchas de nuestros pueblos; todas dentro de los marcos jurídicos vigentes y en el ejercicio de sus derechos políticos y de la libre manifestación de las ideas.

Estudiar, escribir, investigar, impartir clases y conferencias, publicar libros, artículos y denunciar los crímenes del terrorismo de Estado que practican Estados Unidos y sus socios subalternos latinoamericanos producen escozor en los encargados de vigilar, monitorear, controlar y castigar a esta intelectualidad comprometida que no se deja embelesar por el canto de las sirenas de las torres de marfil de la academia adocenada y bien portadita, siempre obsecuente ante el poder y convenientemente lejos de la realidad lacerante que viven sus “objetos de estudio”. Kohan refiere a hechos puntuales que producen justa preocupación, más allá de las escuchas telefónicas, lectura de correos, fotografías de las asambleas y reuniones, video grabación de las movilizaciones, infiltración de organizaciones por agentes encubiertos, y ahora, con la tecnología de punta proveniente de Israel, guerra cibernética de páginas y blogs armados y trabajados desde las catacumbas de los servicios secretos.

Se trata de páginas electrónicas en la que incluyen nombre y apellidos, fotografías, tapas de libros y uso de términos que van perfilando al “enemigo interno”, a quien hay que ubicar, señalar y estigmatizar –acorde, claro, a su mentalidad parafascista--, para hacer “natural” la agresión y el atentado, más allá de las palabras y los retorcidos conceptos: “Conociendo al enemigo”, “Brazo político de las FARC”, “Escritor guerrillero”, y otras linduras de mentes generalmente obtusas, cegadas por el odio de clase y, muchas veces, situadas en las más bajas escalas del inframundo policial.

Néstor fue detenido en el aeropuerto de México, cuando asistía a una reunión del Partido del Trabajo por agentes de la INTERPOL, quienes le retuvieron el pasaporte y lo llevaron a su oficina, para después dejarlo libre, sin explicación alguna. En el aeropuerto de Santiago de Chile, asimismo fue extensamente interrogado sobre el contenido de sus clases, acerca de los amigos que lo irían a recibir, las universidades que visitaría y otros pormenores que inquietan a los sabuesos de inteligencia. Además, de estos hechos violatorios e ilegales, incidentes de viaje que se repiten con variantes graves con académicos latinoamericanos con perfil semejante, quienes incluso han sido bajados de los aviones y prohibidos de pasar por el espacio aéreo de Estados Unidos, Néstor ha sido objeto de amenazas directas a través de páginas que manejan los servicios de la inteligencia militar colombianos, en las que se le muestra en una fotografía cuyo fondo fue retocado y cambiado, para que apareciera con un escudo de las FARC-EP, mientras impartía una conferencia sobre Marx en Europa. Aquí se le señala como uno de “los principales ideólogos de las FARC en este momento” y, obviamente (no podía faltar), lo acusan de “terrorista”, por ser miembro del Movimiento Continental Bolivariano y por haber colaborado durante muchos años con el Movimiento de los Sin Tierra de Brasil y las Madres de la Plaza de Mayo.

Con toda razón, Néstor se pregunta: “¿Ya no hay coordinación represiva en Nuestra América? ¿Se acabó el Plan Cóndor? ¿Se disolvieron los aparatos de inteligencia vinculados al terrorismo de Estado? ¿Los grupos de la ultraderecha son un recuerdo del pasado? ¿Vivimos en una democracia plena?” Y él mismo añade a estos interrogantes: “Cada quien responderá esas preguntas como quiera o como pueda”.  *

Desde nuestra experiencia mexicana, que es quizás una de las guerras sucias mejor guardadas en el imaginario de las izquierdas del continente, con su caudal, no obstante, de miles de desaparecidos, ejecuciones extrajudiciales, incluso muchos jóvenes revolucionarios lanzados por avión desde los años setenta, con sus centros de reclusión y tortura clandestinos, sus grupos paramilitares y parapoliciales, como el Batallón Olimpia, la Brigada Blanca, Los Halcones y los que se formaron en Chiapas a raíz del levantamiento zapatista, uno de los cuales perpetró la masacre de Acteal, con sus tenebrosos cuerpos represivos como el Servicio Secreto, la Policía Federal de Seguridad y ahora los formados durante los gobiernos colaboracionistas con todos los organismos de inteligencia de Estados Unidos, que operan en nuestro país, como en su verdadero “patio trasero”, podemos afirmar que el Cóndor de la coordinación represiva sigue gozando de cabal salud y está más activo que nunca, sobre todo a partir de esta reconfiguración mundial del imperialismo que ha establecido el terrorismo global de Estado y que se articula con las fuerzas armadas y los cuerpos represivos y de inteligencia de gobiernos subalternos de traición nacional, como México, Colombia o Chile.

Por ello, coincidimos plenamente con Néstor y lo apoyamos solidariamente cuando en su escrito afirma dominar sus naturales miedos que no disminuyen en nada su capacidad de pensar y actuar; estamos con él plenamente cuando a partir de su congruencia ética y sus convicciones firmes, fiel al ejemplo de su padre, “que nunca dejó de ser quien era” y “no pudieron con él” los milicos, afirma: “no dejaremos de hacer lo que hacemos. Seguiremos estudiando y escribiendo, continuaremos con las clases itinerantes de formación política, no dejaremos de investigar ni de denunciar los crímenes de terrorismo de Estado”.

Desde la tierra de Zapata, va el abrazo fraterno. Si tocan a uno, nos tocan a todos.
 
 

 

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

 

EE.UU.: Maten a todos aunque sean de los nuestros -ataques con drones en Yemen- (por Juan Gelman)

Juan Gelman
Página 12, 31-05-2013 
 
Se trata del primer reconocimiento oficial: Eric Holder, procurador general de EE.UU., envió al Congreso una carta en la que informa de la muerte de cuatro ciudadanos estadounidenses en Yemen desde 2009 como consecuencia de ataques misilísticos con drones o aviones no tripulados (//s3.documentcloud.org, 22/5/13). En la carta, dirigida al presidente de la Comisión del Comité de la Magistratura del Senado, el procurador señala que, aunque los ataques no se realizaron en las zonas de combate de Irak y Afganistán, estaban plenamente justificados por la seguridad de EE.UU.
“Con base en principios legales de generaciones y fallos de la Corte Suprema dictados durante la Guerra Mundial II, así como durante el conflicto presente –dice la carta–, es claro y lógico que la ciudadanía estadounidense por sí sola no otorgue inmunidad” a connacionales que “han decidido cometer ataques violentos contra su propio país desde el extranjero”. No está claro si Samir Khan, Anwar al Awaki y su hijo de 16 años, Abulrahman, muertos por el misil de un drone en el 2011, los tres nacidos en EE.UU., eran miembros de Al Qaida, pero el FBI los consideraba peligrosos por ciertas actividades presuntamente vinculadas con los terroristas. Obama aplaudió la carta de Holder: “Digamos, simplemente, que estos ataques salvaron vidas” (www.dailymail.co.uk, 23/5/13). Ya había firmado la orden ejecutiva que autoriza a asesinar a sus conciudadanos sospechosos de terrorismo.
El senador republicano Lindsey Graham ha criticado el empleo de esos aparatos aéreos en países extranjeros. Según él, han matado ya a unas cinco mil personas (//rt.com, 20/2/13). Se ataca “a grupos de desconocidos sólo porque se presume que son miembros de Al Qaida o de algún otro grupo enemigo” (www.nytimes, 22/5/13). La CIA se encarga de que poco y nada se conozca acerca de los ejecutados y de los detalles de cada operación. Estos ataques se llevan a cabo en Pakistán, Yemen, Somalia y a saber en qué otro país.
Hay disconformidades internas por el empleo de ejecuciones extrajudiciales en vez del debido proceso al acusado y por la cantidad de extranjeros civiles muertos sin causa ni razón. La universidad de Stanford y de Nueva York publicaron los resultados de una investigación conjunta (Living under Drones) que establece la siguiente conclusión: sólo un dos por ciento de los muertos por drones eran dirigentes terroristas (//blogs.law.stanford.edu, septiembre del 2012). Rehman Malik, ministro del Interior de Pakistán, manifestó que alrededor del 80 por ciento de las víctimas de esos ataques en su país eran civiles (//rt.com, 18/10/12). La tan mentada precisión de los misilazos no parece muy notable.
Las víctimas paquistaníes o yemenitas no han provocado en EE.UU. la misma inquietud que la ejecución extrajudicial de ciudadanos estadounidenses. El senador republicano Rand Paul se opuso a la designación de John Brennan al frente de la CIA –ex asesor de seguridad de Obama, que lo propuso para el cargo y fue confirmado– pronunciando un discurso de cuatro horas en el Senado (//rt.com, 7/3/13). “Hablaré todo lo que haga falta hasta que suene la alarma de costa a costa acerca de que nuestra Constitución es importante, que vuestros derechos a un proceso son preciosos, que ningún estadounidense sea asesinado por un drone en suelo de EE.UU. sin ser acusado de un delito, declarado culpable por un tribunal”. La preocupación de Rand Paul no incluye a los estadounidenses asesinados en países extranjeros.
El procurador Holder indica en su carta que ésta era un paso hacia la transparencia en materia de guerra antiterrorista. La orden de darlo provino del mismo Obama, quien pidió a Holder que diera a conocer “cierta información hasta ahora debidamente clasificada” a fin de que el Congreso conociera “nuestros esfuerzos antiterroristas para garantizar que sean acordes con nuestras leyes y valores y más transparentes para el pueblo estadounidense y para el mundo”. Pero esta actitud más bien parece motivada por escándalos como el que mancha al Departamento de Justicia.
Este Departamento, en contra de sus propios reglamentos y sin avisar a la parte afectada, intervino durante dos meses los teléfonos de la Associated Press, tanto de sus oficinas como el individual de los periodistas (www.newyorker.com, 14/5/13). Según la legislación vigente, esta medida contra la libertad de prensa sólo puede ser ventilada en los tribunales ante los cuales el Poder Ejecutivo debe demostrar su necesidad por haberse producido, por ejemplo, una filtración que considera inconveniente o dañosa. La verdad es que no muchas instituciones de Justicia tienen que ver con la Justicia. Decía el novelista y dramaturgo francés Jules Renard que la Justicia “no es, felizmente, obligatoria”.

La huelga de la Central Obrera Boliviana visibiliza la polarización política en Bolivia




 

Viernes 17 de mayo de 2013.- Ya son 12 días de huelga general convocada en Bolivia por la COB para forzar un cambio en la ley de Pensiones. La huelga no ha sido general, pero sí los conflictos y el llamado del gobierno a sus militantes a confrontar a los huelguistas. La vida política y las calles se tensan.

La Central Obrera Boliviana (COB) partió en esta huelga con la petición al Gobierno una modificación de la Ley de Pensiones para que con los aportes del Estado el monto de las jubilaciones sea de un mínimo de 8,000 bolivianos (unos 1,100 dólares) con 30 años de cotización al sistema y de 5,000 (unos 723 dólares) para los otros asalariados. El mínimo que plantea para trabajadores no asalariados es de 1,200 bolivianos. Esa postura se ha flexibilizado y la COB está dispuesta a negociar una renta mínima de 4,900 bolivianos, aunque el gobierno dice estar dispuesto a llegar a un máximo de 4,000 (578 dólares).

El reto en las calles de la COB ha sido respaldado por maestros, mineros y algunos sectores estudiantiles. Ayer jueves se registraron cortes de carreteras en 35 puntos del país. Se registraron choques violentos en Potosí que dejaron 18 heridos. La violencia se desató por el bloqueo carretero ejecutado por los profesores en el lugar denominado Navidad, en el marco del paro general indefinido de la COB.

Otros sectores se han sumado a las medidas, pero con demandas distintas. La asociación de policías de base, por ejemplo, exige que sus miembros obtengan una jubilación equivalente al 100% de su salario, como ocurre con los militares. Los gremialistas, por su parte, exigen que el sistema impositivo no los afecte y que se mantenga bajo el denominado “régimen simplificado”.

El presidente Evo Morales convocó ayer a sus bases a movilizarse para “defender la democracia” y “el proceso de cambio” ante los bloqueos de caminos y marchas de protesta, y el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, insinuó  que hay intereses ocultos en esta huelga: “Creemos que hay algunas personas que están infiltradas, que están con otro tipo de intereses, quieren generar algunos escenarios de violencia, de agresión, al parecer están pretendiendo buscar que haya personas lastimadas”.

Por eso, dirigentes indígenas de tierras altas y bajas coincidieron ayer ante la agencia de noticias indígenas ERBOL en que el presidente Evo Morales sólo llama a confrontar a la población boliviana a nombre de la defensa del proceso de cambio, que para ellos no existe. El Jiliri Apu Mallku del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), Félix Becerra, dijo que el proceso de cambio deben construirlo todos y no sólo los sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) como: campesinos, colonizadores, cocaleros y la organización de mujeres “Bartolina Sisa”. “El gobierno llama a una confrontación entre el pueblo boliviano y lo que se debe hacer es un análisis del verdadero proceso de cambio (…) el proceso de cambio sólo es un nombre, su construcción no se está dando”.  

El portavoz del Movimiento Sin Miedo (MSM), Edwin Herrera, también denunció que el Gobierno de Evo Morales, a través de los ministros de Gobierno y Comunicación, está divulgando un discurso político de un supuesto golpe de Estado para justificar las acciones de represión en contra de los sectores movilizados. Recordaba Herrera como ese discurso fue utilizado también ante la resistencia de los pueblos indígenas del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y durante la huelga de policías.

VIOLENCIA Y ADHESIONES

La dirigencia de la COB -en un ampliado de emergencia- debatía anoche las propuestas presentadas respecto a la modificación de la Ley de Pensiones. Los mineros estaban dispuestos a flexibilizar la renta máxima de jubilación, mientras el magisterio rechazó un trato diferenciado e inició una vigilia

Por su parte, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia -que agrupa a los mineros no asalariados- expresó ayer su respaldo al Gobierno ante las protestas de la COB. Su ejecutivo, Alejandro Santos, se reunió con Morales en palacio de gobierno para expresarle el apoyo de su sector y anunció que se sumará a la concentración que organizaciones sociales afines al MAS realizarán el próximo jueves (23) en la plaza Villarroel.

En La Paz hubo enfrentamientos con el saldo de tres policías heridos en un choque con maestros que trataban de ingresar a la plaza Murillo. De esa gresca resultaron otras diez personas afectadas por la gasificación. También hubo batalla campal entre partidarios del gobierno y maestros a la altura de la pasarela de la Pérez Velasco, donde ambos grupos intercambiaron insultos y golpes. 

En El Alto, los estudiantes de la UPEA realizaron marchas violentas y fueron abucheados por la gente. En La Apacheta, los maestros bloquearon la vía El Alto-Oruro pero algunas horas después despejaron la vía. En Santa Cruz y Cochabamba también hubo marchas del magisterio. 

En Oruro los padres de familia protestaron contra el paro de los maestros. El Ministerio de Educación anunció descuentos a docente faltones. 

“Insight Crime” y la mexicanización del discurso sobre la guerra entre cárteles

Fotografía: Heriberto Paredes


Por Dawn Paley

Traducido por Nicolás Olucha Sánchez.

Ver la versión original aquí.


15 mayo, 2013


Conozco unos cuantos periodistas que confían en el trabajo de Insight Crime, cuyo objetivo es, en sus propias palabras, “elevar el nivel de investigación y análisis sobre el crimen organizado en América Latina y el Caribe”.

El hecho de que Stratfor no tenga credibilidad (y no es que los medios de comunicación dominantes hayan publicado contenidos sobre lo espantosa que resulta su “inteligencia” ni nada por el estilo), ha permitido a Insight erigirse como una fuente de consulta para quienes escriben sobre la guerra contra el narcotráfico en México, Centroamérica y Sudamérica.

Creo que parte del trabajo que realiza Insight puede ser preciso  y/o útil, que nadie me tome a mal.  Pero no puedo tolerar que una  organización rellene páginas y páginas de noticias sin contrastar para presentar en primicia una historia de dudosa credibilidad como es que, en México, la violencia proviene de los enfrentamientos entre cárteles.  Desgraciadamente, es justo lo que Steven Dudley hace en su reciente reportaje para Insight titulado “Juarez después de la guerra”.

Estas líneas distan de ser un análisis exhaustivo de dicho reportaje; son únicamente un cúmulo de pensamientos que me asaltaron cuando reflexionaba sobre lo que Dudley escribió, durante una serie de visitas a Juárez a finales de febrero y comienzos de marzo.

El artículo comienza así:  “Según cuenta la historia, a principios de 2008, el Cartel de Sinaloa acorraló al Cartel de Juárez en la ciudad y luego utilizó una estrategia relámpago para atacar dentro de los límites de la ciudad”.  Las palabras clave en este texto son las siguientes: Según cuenta la historia. Al principio del artículo se habla de toda esta idea de la rivalidad entre cárteles vendida por el gobierno como si se tratara de un hecho, sin apenas citar fuentes de ningún tipo.

Veamos un claro ejemplo del discurso de la guerra entre cárteles mencionado más arriba.

En mi opinión, el discurso de la guerra entre cárteles (pues ya es un tipo de discurso oficial) se puede identificar fácilmente al poseer una serie de rasgos distintivos: una confianza prácticamente exclusiva en las fuentes informativas estatales o gubernamentales, una historia sobre un individuo declarado culpable que se vio envuelto en una reyerta por drogas (hasta que se demuestre que es inocente o una víctima) y una creencia ciega en que los policías inmersos en actividades delictivas son la excepción y no la regla, y que cuanto más presencia policial más seguridad.

Continuemos con el reportaje, con MS Word en todo su esplendor. (Dios bendiga la Cambria 12).

“Cuando el Cártel de Sinaloa declaró la guerra al Cártel de Juárez en 2008, lo hizo mediante la colocación de una ‘narco-manta’ en un monumento a los policías caídos”, relata Dudley. ¡Extra, extra!: Cualquiera puede preparar una “narco-manta” y colgarla en medio de la calle. Se sabe que, en ocasiones, estas mantas se cuelgan bajo supervisión policial. En resumen: nada muy fiable. “Las narco-mantas son como los cadáveres: No se sabe quién es el responsable”, me comentaba hace unas semanas el fotoperiodista Julián Cardona en una entrevista.

         Dudley continúa proporcionando algunas cifras. Cito textualmente:

·       El año pasado fue el periodo de 12 meses menos violento desde 2007, con el gobierno estatal registrando 740 asesinatos.  Los niveles de homicidios son una quinta parte de lo que eran a principios de 2011.

·       Naturalmente, algunos analistas y autoridades se han centrado en los grupos criminales para explicar por qué los homicidios han disminuido tan rápidamente.

En este punto falta una información fundamental. Y es que, a finales de 2011, los cerca de 10.000 agentes de la Policía Federal y del Ejército que fueron enviados a Juárez bajo el pretexto de luchar contra los cárteles abandonaron la ciudad. La Policía y el Ejército llegan en 2008, la violencia y más concretamente los asesinatos se disparan; se van, disminuye. No hay que ser muy listo para captarlo.

De cualquier modo, independientemente de una situación que describe como “caótica”, Dudley se las arregla para dar con un análisis basado en el “sentir común” (no hay pistas sobre la metodología empleada para dar con ese término) que indica que el cártel de Sinaloa es quien domina en la actualidad.

¿Saben qué?

He hablado con docenas de personas en Juárez en las últimas semanas. Aún tengo mis dudas sobre si utilizar ese término casi carente de significado que es “sentir común”, pero diré que muchas de las personas con las que he hablado, incluso supervivientes o familiares de víctimas, acusan directamente de lo sucedido a Felipe Calderón y a los 10.000 soldados y policías que llegaron a la ciudad. Exacto: El Estado. No el Cártel de Sinaloa.

La segunda parte del reportaje es, en mi opinión,  un intento de “mexicanizar” el discurso de la guerra entre cárteles. (Entiéndase mexicanización del mismo modo que los legisladores estadounidenses utilizan el término colombianización para describir el proceso mediante el cual el gobierno colombiano, por ejemplo, se encarga del entrenamiento de pilotos y del mantenimiento de helicópteros donados en el marco del Plan Colombia).

Una vez acabada esta vorágine caótica, Dudley apunta, con gran certeza, que la “pandilla Barrio Azteca está a punto de dar el salto al comercio internacional de drogas”. Pero Dudley no necesita recurrir a la DEA o a una agencia estadounidense para confirmarlo. En lugar de eso, cuenta con agentes encubiertos del servicio de inteligencia mexicano para publicar “información” sobre Barrio Azteca. El discurso de la guerra entre los cárteles de Sinaloa contra Juárez lo encabezó la DEA a través de un proyecto de dos años de duración que finalizó en diciembre. Ergo, la mexicanización del discurso de la guerra contra los cárteles, mientras agentes del servicio mexicano de inteligencia retoman la tarea de crear una historia coherente que permita justificar los continuos ataques a los habitantes (sobre a todo a los jóvenes) de Juárez. (Y, de todos modos, en la DEA están especialmente ocupados ahora que también hacen el trabajo del Centro Nacional de Inteligencia sobre Drogas).

Ninguno de los habitantes de Juárez con los que hablé mencionó nada sobre la resurrección de Barrio Azteca. Obviamente, no hablo con agentes mexicanos encubiertos, al menos no a propósito.

Dicho esto, creo que la mejor forma de explicar el trabajo de Dudley en este punto es simplemente cortar y pegar todas sus referencias/ fuentes consultadas para las acusaciones sobre Barrio Azteca.

Fuentes consultadas para la actividad de Barrio Azteca en Estados Unidos (las cifras entre paréntesis representan el número de veces que la fuente ha sido citada):
-Acusaciones federales de Estados Unidos (x3)
-Evaluación de la Amenaza de las Pandillas 2011 del FBI
-Las autoridades de Tejas (x2)
-Evaluación de la Amenaza de las Pandillas en Tejas
Fuentes consultadas para la obtención de información sobre Barrio Azteca en Juárez:
-Gustavo de la Rosa, antiguo director de una prisión de Chihuahua
-Agentes del servicio de inteligencia (no está claro si estadounidenses o mexicanos)
-Agentes del servicio de inteligencia mexicano
-Agentes del servicio de inteligencia mexicano
-Un mapa de las agencias de inteligencia de México
-Agentes del servicio de inteligencia
-Funcionario del gobierno (x2)
De nuevo, de todos los supervivientes, familiares afligidos, periodistas, investigadores, activistas, artistas, estudiantes y demás que entrevisté en las últimas semanas, ni uno solo mencionó a Barrio Azteca (o al cártel de Sinaloa) como responsables de ataques.
En la primera parte del reportaje de Dudley no se observan fuentes. La segunda parte se basa casi al completo en el testimonio anónimo de agentes mexicanos. No queda claro en el reportaje si cuando estuvo en Juárez Dudley habló con alguien que no perteneciera a la policía, a los servicios de inteligencia o las autoridades penitenciarias. Sí que menciona vagamente las críticas a la militarización en la tercera y última parte del reportaje, pero en general presenta al ex militar que dirige los efectivos policiales de Juárez como el responsable de un “milagro en la seguridad”.
Dicho esto, “Juárez después de la guerra” ofrece a los lectores una versión particular de la situación que se vive en Juárez, la versión que la policía y los servicios de inteligencia quieren que tengamos. (Inserte aquí la cita “en la guerra, la verdad es la primera víctima”).
Y, de todas maneras, sólo a modo de información, la guerra en Juárez no se ha acabado precisamente. Hace sólo un par meses, hubo un tiroteo en las oficinas de un periódico y una televisión locales.
Al final del reportaje, podemos observar una nota sobre la fuente económica que colaboró para la elaboración de tan brillante material.
La investigación para este artículo fue financiada, en parte, por el National Institute for Justice y el Woodrow Wilson Center for International Scholar”. En caso de que no estén al corriente, el Woodrow Wilson Center (WWC) fue creado por el congreso y es, básicamente, un centro de estudios financiado por el gobierno de Estados Unidos (PDF con el presupuesto de 2013). Los miembros del WWC han colaborado recientemente con la Oficina Internacional de Narcóticos y Asuntos de Aplicación de la ley para promover la guerra contra las drogas en África occidental.

Fotografía: Heriberto Paredes

Max Weber, las policías comunitarias, la patología del estado y el “monopolio legítimo de la fuerza”

Fotografía: Karla H. Mares
 
Por Camilo Pérez Bustillo
30 mayo, 2013
“El método consiste en saber situarse en el lugar de los pobres y desde allí efectuar un diagnóstico de la patología del estado” (Hermann Cohen, 1919), citado ayer por Enrique Dussel en sus palabras inaugurales para las pre-audiencias organizadas por el Eje “Guerra Sucia” del capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en el Plantel del Valle de la UACM.
Ha surgido un álgido debate en México en los últimos meses ante el surgimiento, en múltiples contextos, de diversos fenómenos etiquetados frecuentemente en los medios hegemónicos de comunicación, dentro y fuera del país, -por ejemplo en la BBC y el New York Times- como “auto-defensas” o incluso como expresiones incipientes del paramilitarismo. Una de las aberraciones recurrentes en este contexto es meter en el mismo saco a los brotes recientes de grupos de este tipo en la Tierra Caliente de Michoacán, y otros con perfiles y proyectos muy diferentes como la CRAC-PC, la Ronda Comunitaria de Cherán, o incluso los Caracoles Zapatistas en Chiapas.
Un recurso argumentativo característico de este tipo de cobertura ha sido la invocación del postulado de Max Weber sobre el “monopolio legítimo de la fuerza” como rasgo distintivo del estado moderno, y su transformación acrítica en una idea-fuerza y receta simultáneamente científica y mágica, y por ende incontrovertible.  Se asume así una vez más a Weber como profeta ineludible de la “modernidad” capitalista occidental, y de los estados neoliberales contemporáneos entendidos como sus escuderos imprescindibles.
Todo esto está atravesado por debates esenciales, pero implícitos, sobre la relación entre la legalidad y la legitimidad que suelen ser invisibilizados por las evasiones inherentes del liberalismo que sigue permeando nuestras reflexiones desde la izquierda.  Guillermo O´ Donnell, por ejemplo, nos recuerda que la experiencia concreta de los regímenes que aplicaron el terrorismo estatal en nuestro continente entre 1954 y 1985 -y que continúan haciéndolo hoy en contextos como Colombia y México- refleja uno de los errores conceptuales fundamentales en la formulación clásica de Weber: no hay ninguna razón, de entrada, para asumir la legitimidad de los estados que incurren en tales crímenes. A lo contrario, como ha sugerido Noam Chomsky: nuestro punto de partida ante todos los estados y todas las jerarquías, de cualquier color ideológico, tendría que ser precisamente al revés: un cuestionamiento permanente de la legitimidad de todos los ejercicios de su poder, independientemente de su supuesta “legalidad”. Esto incluye también nuestra afirmación y defensa de la centralidad de nuestros derechos colectivos, comunitarios, populares, e individuales a la protesta, a la resistencia, y a la rebelión, como fundamentos de una conceptualización alternativa, contra-hegemónica, y emancipatoria de los derechos humanos, “desde abajo”.
Habría que recordar, por ejemplo, que todos los crímenes de lesa humanidad más aberrantes de la historia -la conquista europea del continente americano, la trata de esclavos y esclavitud africana, el colonialismo occidental, el holocausto nazi, el terrorismo de estado promovido por el imperialismo estadounidense en nombre de las doctrinas de “seguridad nacional” en América Latina, y las versiones respectivas del apartheid en el contexto sudafricano e israelí- se consideraban (y se siguen considerando hoy en el caso de Israel) perfectamente “legítimos” dentro del marco de la legalidad vigente de los estados que los cometieron y promovieron, no obstante su contravención de elementos claves de la normatividad internacional en cada etapa histórica correspondiente.
Aquí yace uno de los peligros más contundentes al asumir acríticamente el postulado de Weber: todos los estados y actores represores (desde el colonialismo español hasta el intervencionismo estadounidense y el priísmo reciclado que nos agobia hoy en México), siempre, justifican su accionar desde la perspectiva de su supuesta legitimidad y legalidad.  El supuesto monopolio del poder coercitivo por parte del estado también implica el monopolio estatal del derecho, y de la justicia, con consecuencias devastadoras para los que defendemos los derechos de los pueblos indígenas y originarios dentro del marco del pluralismo jurídico y de la refundación intercultural necesaria del estado.
Concederles el llamado “monopolio de la fuerza” a los regímenes que enfrentamos implica vacunarlos, y desarmarnos, figurada y literalmente, sin dar la batalla necesaria por los marcos epistemológicos, conceptuales, y teóricos que necesitamos para iluminar el camino que fundamente praxis alternativas, contra-hegemónicas, y potencialmente emancipatorias. Las policías comunitarias en México y sus equivalentes en otros contextos afines como la Guardia Indígena en la región del norte del Cauca en Colombia, nos sugieren la riqueza posible de tales proyectos, como semillas de la construcción imprescindible de otra justicia, otro derecho, y otro estado, y como ejercicios legítimos, independientemente de su supuesta “legalidad”, de nuestros derechos a la libre determinación y a la autonomía.
Poner todas las experiencias referidas al inicio de esta reflexión en el mismo marco conceptual (como desafíos al monopolio estatal de la violencia) implica una rendición anticipada e innecesaria. Los derechos nacen en la conciencia, pero se hacen en la historia.
 

Por ti Tío: Mitin frente a la PGJDF, exigimos presentación inmediata con vida (video).


Las personas que no están porque fueron desparecidas se han vuelto uno de los principales fantasmas de México, este país se ha convertido en un largo penar para decenas de miles de familias que continúan recorriendo instituciones de todo tipo en busca de una pista que los lleve al reencuentro con su familiar. Fantasmas como este no desaparecen, se vuelven cicatriz. Viven.

¡Exigimos la presentación de Teodulfo Torres el "Tío"!

México debe aumentar voluntad política y acciones concretas para frenar la tortura

Viernes 31 de mayo de 2013
Hoy concluye la misión internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), con sede en Ginebra, Suiza, y la Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT), con sede en París, Francia, para dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por el Comité Contra la Tortura (CAT) de Naciones Unidas dirigidas a México en diciembre de 2012.
La misión comenzó en el Estado de Guerrero, donde destaca la reunión con Diputados locales y la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, en la que se discutió el dictamen de reforma para tipificar la tortura. “La aprobación de esta reforma significaría un gran avance y un ejemplo para otros Estados de armonización legislativa de conformidad con los estándares internacionales, ya que se pretende incorporar elementos encaminados a dotar de eficacia a la investigación de la tortura y luchar contra la impunidad”, mencionó Andrea Meraz, Encargada de Derechos Humanos de la OMCT.
Por otro lado, la delegación internacional se mostró preocupada por la falta de sanciones a los responsables de casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidos en Guerrero, como es el caso de Ayotzinapa, en el que el 12 de diciembre de 2011 se reprimió con violencia una protesta que resultó en la ejecución extrajudicial de dos estudiantes así como casos de tortura, malos tratos y detenciones arbitrarias, entre otras graves violaciones a los derechos humanos.
En el Estado de Chihuahua, la delegación señala su preocupación ante la negación, por parte de las autoridades, de la existencia misma de la tortura en el Estado, mientras que las organizaciones de la sociedad civil han documentado numerosos casos de violaciones a los derechos humanos, incluyendo tortura. Asimismo, las organizaciones consideran inadmisible que representantes de los poderes ejecutivo y judicial descalifiquen el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos al grado de afirmar que “inventan” los casos para buscar “puestos políticos”. Una autoridad judicial de alto rango planteó el ejemplo del joven Israel Arzate, reconociendo que éste fue torturado pero afirmando que es culpable y considerado como un “delincuente peligrosísimo” cuando su caso se encuentra pendiente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto resulta incompatible no solamente con la presunción de inocencia sino con la independencia judicial.
“Estamos alarmadas por la situación en Chihuahua”, señaló Anne Boucher, Encargada de América Latina de ACAT. “Las organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y familias siguen documentando abusos, pero la tortura prácticamente no se investiga. Las víctimas de tortura no pueden tener expectativas realistas de acceder a la justicia”.
En el Distrito Federal, la delegación se reunió con representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Algunas de las preocupaciones expresadas por las organizaciones a nivel federal fueron la falta de independencia y prontitud en la aplicación del Protocolo de Estambul y la vigencia de la figura del arraigo penal, así como las iniciativas legislativas encaminadas a reducir en vez de eliminar esta figura. Asimismo, se resaltó la necesidad de reformar el Código de Justicia Militar para garantizar que todos los casos de violaciones de derechos humanos cometidas por militares sean investigadas y juzgadas por autoridades civiles. Otro de los temas abordados por la misión en el marco de las discusiones del nuevo sistema de justicia penal fue la necesidad de garantizar la exclusión de toda prueba obtenida bajo tortura y evitar resabios del antiguo sistema inquisitorio.
En una reunión con representantes de la oficina del Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la delegación fue informada de diversos protocolos y programas de capacitación dirigidos a autoridades judiciales federales en materia de combate a la tortura, mismos que cobran especial relevancia a la luz de las recientes reformas constitucionales en materia de derechos humanos y amparo, así como en el marco de la transición al nuevo sistema penal oral y acusatorio. Observamos que la SCJN en su 10ª Época ha emitido tesis sobre la obligación de excluir pruebas obtenidas bajo tortura. Esperamos que la actividad jurisdiccional y de capacitación del Máximo Tribunal tenga un impacto amplio y medible en la manera de resolver casos de tortura en los tribunales y juzgados del país.
ACAT y OMCT recuerdan que el Estado mexicano debe enviar al Comité contra la Tortura un informe de seguimiento de las recomendaciones en noviembre del año en curso. En este sentido las organizaciones llaman al Estado mexicano a llevar a cabo todas las diligencias de manera pronta para caminar hacia la erradicación de la tortura y la impunidad en México.
Para información adicional:
Andrea Meraz, OMCT: am@omct.org
Anne Boucher, ACAT: anne.boucher@acatfrance.fr
La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) constituye actualmente la principal coalición internacional de organizaciones no gubernamentales (ONG) que luchan contra la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, con 311 organizaciones distribuidas en todo el mundo, asociadas a la Red SOS-Tortura, y con miles de corresponsales en numerosos países.
La Acción de los Cristianos para la Abolición de la tortura (ACAT-France) es una ONG cristiana de defensa de los derechos humanos, con sede en París, creada en 1974. Radicando su acción en el derecho internacional, ACAT-France lucha contra la tortura, la pena de muerte y para la protección de las víctimas, gracias a una red de 33,000 miembros y simpatizantes. En Francia, actúa sobre las condiciones de detención y el derecho de asilo. Existen 30 ACAT en el mundo, miembros de la Federación internacional de la Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (FIACAT)