Publicado: 20 de diciembre 2013
Texto: Elis Monroy / Fotografias: Aldo Santiago
(video de
Agencia SubVersiones en Vimeo).
‘¡Ni la hagas del pedo: Ya chingaste
a tu madre!’ Así fue como Miguel Ángel Ramírez abordó a Yakiri Rubió el 9
de diciembre mientras caminaba por la calle. Junto con su hermano Omar Ramírez,
la subieron a una motocicleta y la llevaron al hotel Alcázar en la colonia
Doctores donde abusaron de ella física y sexualmente.
En un forcejeo con Miguel Ángel, el
mayor de los hermanos, la joven logró defenderse y desviar el cuchillo con el
que la atacaba, hiriéndolo gravemente. Horas más tarde, mientras Yakiri
declaraba en el Ministerio Público 50, Omar Ramírez apareció y denunció la
muerte de su hermano en manos de la joven. Yakiri fue consignada al
Reclusorio de Santa Martha Acatitla, acusada de homicidio calificado
convirtiéndose de víctima a victimaria.
Como ya es costumbre en México
–en este caso en el Distrito Federal– el proceso ha estado plagado de
irregularidades. En entrevista, José Luis Rubio, padre de Yakiri, dio a conocer
que no fue un juez quien emitió la sentencia, pues se encontraba de vacaciones;
que el cuerpo de Miguel Ángel Ramírez fue cremado demasiado pronto; que las
cartas que demostraban que Yakiri no tenía una relación con el violador no
llegaron a la audiencia; que los encargados del hotel quisieron sobornar a la
abogada; que a pesar de que la colonia está llena de cámaras, no se han presentado
los videos correspondientes; y sobre todo esto, que la actitud del Procurador,
Rodolfo Ríos Garza, ha sido la de apoyar la negligencia y el dolo del
Ministerio Público.
En nuestro país este caso es sólo
una muestra más de una práctica sistemática en los casos de violencia sexual
hacia las mujeres donde la impunidad está normalizada. En particular, en la
Ciudad de México, la violencia cotidiana hacia las mujeres ha colocado a la Ciudad de la Esperanza en el primer
lugar a nivel nacional de acoso sexual en las calles (según datos del INEGI).
Vale la pena recordar el gran número
de violaciones impunes que se han vuelto emblemáticas donde el aparato de
justicia estatal se ha vuelto cómplice: Acteal, San Salvador Atenco y Ciudad
Juárez. Esta situación de violencia ha sido condenada incluso por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, quien ha emitido tres sentencias
relacionadas con violencia hacia las mujeres: el caso de “Campo algodonero”, en Ciudad Juárez, en donde se encontraron los
cuerpos de ocho mujeres con señas de tortura sexual y física; el caso de las
hermanas Ana, Celia y Beatriz González Pérez, quienes fueron violadas por
militares en Chiapas; y el de Valentina Rosendo quien fue violada por militares
en la montaña de Guerrero.
A pesar de que en 2007 se promulgó
la Ley General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia, la impunidad e injusticia no hace más
que acrecentar la desconfianza hacia el aparato judicial, en esencia machista.
El Estado mexicano se empeña en proyectar una imagen internacional que
respete los derechos humanos, aunque a la luz de los hechos no hay interés
ni disposición en garantizar una vida libre de violencia para las
mujeres.
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