sábado, 16 de noviembre de 2013

Mayor ilegalización de los clientes, mayor explotación sexual. Por la dignificación del trabajo sexual

 
Jaime Montejo/ Agencia de Noticias Independiente Noti-Calle
Publicado el lunes 11 de noviembre de 2013

La responsabilidad de la trata de personas no recae sobre todos los clientes sexuales, sino sobre un Estado nacional que provee de cuerpos–mercancía a la industria sexual con su política económica.

“El anonimato del cliente sexual, es un aliciente para los esclavistas.
De eso no cabe la menor duda para nuestra organización.
¿Pero y los demás clientes, intermediarios y proveedores
de insumos de las otras modalidades de Trata de personas?
Seguramente seguirán pasando inadvertidos, como hasta ahora
y no como el cliente sexual, cuyo linchamiento mediático
incita al odio hacia las trabajadoras sexuales.”
Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, A.C.

México, Distrito Federal. El castigo a los consumidores de servicios sexuales no abolirá la trata de personas; refuerza el control sobre las trabajadoras sexuales libres y aumenta las ganancias para los explotadores.

Se debe castigar al cliente que consume prostitución infantil y trabajo sexual forzado, haciendo una clara distinción entre trata de personas con fines de explotación sexual y el trabajo sexual adulto producto de la necesidad económica.

¿Se ha puesto a pensar que en la construcción de la casa o departamento en el que usted vive, se pudo utilizar mano de obra esclava de migrantes centroamericanos, víctimas de trata laboral? Incluso, la madera utilizada en los andamios de la industria de la construcción  o  en  la  industria   de  los  muebles  puede  proceder  de  Cherán,  Michoacán, digno pueblo azotado por el crimen organizado, que ha asesinado a 15 comuneros y desaparecido a otros 13, y usted no lo sabe todavía.

¿Qué piensa de los alimentos que usted y su familia consumen todos los días? ¿Sabe que el precio del aguacate puede haber aumentado por la inseguridad y la extorsión que el crimen organizado impone a los aguacateros?

¿Está usted segura de que las frutas empacadas con el letrero “Made in USA” fueron producidas por agricultores libres de trata de personas? ¿Y qué piensa de los productos que compra a la cadena Wal-Mart? ¿Sabe que dicha trasnacional vende armas en los Estados Unidos, las mismas que probablemente llegan a manos del crimen organizado en México –el mismo que incluyó entre sus negocios más rentables la trata de personas? Dichas armas  han provocado muchas de las más de 60 mil muertes ocurridas desde que el expresidente Felipe Calderón le decretó la guerra  a los cárteles del narcotráfico.

¿Qué decir de las condiciones laborales de quienes se ganan la vida en dichas tiendas, que no permiten que sus trabajadoras cuenten con un sindicato? El personal de Wal-Mart cubre horas extras sin retribución adicional y firma su carta de renuncia al mismo tiempo que su contrato. Ninguna autoridad hace nada al respecto, afirmó una trabajadora sexual tapatía -cuya hija es sometida a condiciones de abuso extremo en dichas tiendas-, indignada por el trato recibido y el falso rescate que protagonizaron autoridades ministeriales del estado de Jalisco.

¿Sabe usted que las tiendas de ropa Zara, donde mucha gente “pudiente” o con aspiraciones de clase pequeño burguesa compra su ropa, fue denunciada en Argentina por tener talleres de maquila donde se explota mano de obra esclava? ¿La cambiaría por otro proveedor con “responsabilidad social”? Dicha empresa abastece a Inditex, propiedad de Amancio Ortega, el tercer millonario más rico del mundo según la revista de negocios Forbes. Ortega seguramente aporta recursos a algunas causas filantrópicas a nivel global olvidando los excesos de Zara.

¿Se ha puesto a pensar que la marca Nestlé, del cereal que usted y su familia comen todas las mañanas, fue denunciada por utilizar trabajo infantil y otros abusos laborales? ¿Qué piensa de los tenis Adidas que le compra a sus hijas? Más de la mitad de la mano de obra de dicha empresa es de menores de dieciocho años.

Cuando va al cine con sus hijos e hijas menores de 12 años, ¿procura no ver películas de Disney? ¿Sabe que dicha empresa es abastecida por plantas de maquila que utilizan mano de obra femenina menor de edad y que no hizo nada por mejorar la situación de dichas niñas trabajadoras?

¿Qué hace cuando tiene antojo de hamburguesas? Mucha gente compra estos productos en MacDonald’s sin saber que en las maquiladoras vietnamitas se elaboran las figuras de las bolsas Happy Meal, en condiciones insalubres y contratando a niños y niñas de 12 y 13 años.

¿Está usted seguro de que cuando alguien de su familia utiliza un iPhone de la marca Apple no está siendo cómplice de trata laboral? Se ha denunciado que menores de 13 años trabajan 16 horas al día en su fabricación.

¿Cuando usted tiene sed, toma algún refresco de la marca Pepsico? ¿Sabe que las condiciones laborales en esta empresa pueden considerarse como explotación laboral? Al menos eso denuncian trabajadores mexicanos, sometidos a condiciones de abuso laboral y privación de la libertad.

Cuando usted paga con tarjeta de crédito, débito, cheque o transferencia electrónica de fondos de una cuenta a otra, ¿está segura de que su banco de confianza no está vinculado con lavado de dinero de procedencia ilícita –por ejemplo, de la trata de personas-, como ocurrió con HSBC, acusado en México y en Argentina de lavar dinero para la delincuencia organizada? ¿Recibe dinero de algún familiar que trabaja en los Estados Unidos y le envía recursos económicos a través de Western Union? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó casos de transferencias internacionales realizadas a través de esa empresa para pagar a los delincuentes que extorsionan, secuestran, violan, explotan sexualmente y asesinan migrantes. ¿Sabe que muchas y muchos de esos migrantes son víctimas de trata y dicha empresa ha sido cómplice del delito?

¿Qué sabe usted de los hoteles donde se hospeda cuando sale de negocios o de vacaciones con su familia? ¿Conoce la situación laboral del personal que allí trabaja? ¿Está usted segura de que dichas empresas respetan los códigos éticos, donde mencionan que se oponen a la trata de personas y la explotación laboral? ¿Sabía que  la trasnacional hotelera Sol Meliá, de origen español, fue acusada por la violación de derechos laborales en Yakarta, Indonesia?

¿Está usted seguro de que la cerveza con la que festeja a su equipo de fútbol favorito está libre de responsabilidad en cuánto a beneficiarse económicamente de la prostitución?

¿Qué piensa de la gente que cuenta con el apoyo de empleadas del hogar para ayudarle en sus quehaceres domésticos? ¿Está segura de que dichas mujeres no son esclavas? Y cuando llegan a los domicilios donde trabajan acompañadas de menores de 18 años, ¿se puede garantizar que no hay trata de personas en su modalidad laboral, o incluso acompañada de abusos sexuales infantiles?

Y los choferes que transportan a sus vecinas al trabajo, a la escuela o al cine, ¿son víctimas de trata de personas y explotación laboral? ¿Cómo saberlo cuando no hay contratos laborales escritos?

Y el repartidor de pizzas de tu marca favorita, ¿no trabaja bajo condiciones de esclavitud o explotación laboral, sin que usted siquiera lo imagine? A lo mejor esto no importa a muchos compradores de este producto. Y los chicles y caramelos que peatones y automovilistas compran en los cruceros a niñas,  muchas veces menores de 12 años, ¿benefician a algunos explotadores? Seguramente en este caso se criminalizará a sus progenitores, castigando la extrema pobreza de innumerables familias de origen indígena.
Las empresas mencionadas y muchas otras pueden publicar anuncios en los diarios para solicitar personal. Incluso lo puede hacer Telmex, una de las empresas propiedad de Carlos Slim –el segundo hombre más rico del mundo-, que cuenta con un  ejército de desempleados que venden a destajo sus tarjetas telefónicas en los cruceros de todas las grandes ciudades mexicanas, sin ninguna seguridad social. Sin embargo, la prohibición de los anuncios sexuales se vende como una de las grandes panaceas de la lucha contra la trata de personas. Afecta a miles de trabajadoras y trabajadores sexuales que ya no podrán hacerlo por su cuenta, si no con la “protección” de funcionarios públicos coludidos con el crimen organizado.

El Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, A.C. (CEIDAS) señala que para disminuir la demanda de comercio sexual, se debe disminuir la oferta; una forma de hacerlo es prohibir los anuncios sexuales por ser proclives a la trata de personas. ¿A poco los anuncios de las demás sectores económicos están lejanos de promover la trata de personas, en su modalidad de trabajo o servicios forzados, esclavitud, prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre, mendicidad, extracción de órganos o trata militar al servicio de carteles del narcotráfico, paramilitares o grupos rebeldes?

Para casi todas las industrias prevalece la libertad de expresión; para quienes desean anunciar la venta de servicios sexuales, no la hay. La carga moralista es innegable. Al respecto, la Red Mexicana de Trabajo Sexual es clara: algunos medios impresos, virtuales y hasta televisivos, así como anunciantes que concentran las inserciones, se benefician de la explotación de la prostitución ajena. Pero, ¿qué pasará con quienes desean mantener su autonomía con respecto a tratantes y explotadores? ¿Tendrán que dejar de pagar sus anuncios  y trabajar en el sexo en condiciones de mayor abuso y extorsión por parte del crimen organizado y las autoridades? Así es, y uno de los costos de esta medida “humanitaria” es que la prostitución se hará más clandestina y en condiciones de mayor riesgo para quienes ejercen el trabajo sexual.

Organizaciones como la Coalición Regional Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe consideran que los programas de salud sexual y promoción del uso del condón coadyuvan directamente con este delito, sin importar que la pandemia del Sida afecte a más mujeres trabajadoras sexuales. Al respecto, las dos últimas administraciones del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/Sida e ITS (CENSIDA) guardaron silencio.

En pleno siglo XXI, cualquier persona puede ser cómplice directa o indirectamente de la trata de personas, a menos que se trate de hippies o integrantes de una okupa aislada del mundo, que produce todo lo que requiera para vivir y no utiliza materia prima de ninguna procedencia que no sea su isla urbana de libertad. Estamos hablando de complicidad con la trata de personas en cualquiera de sus modalidades, o al menos de beneficiar a quienes en alguna parte de la cadena productiva de cualquier artículo de consumo, bien, servicio o propiedad,  sacan provecho económico de la  nueva esclavitud humana.

Pese a ello, grandes esfuerzos legislativos y acuerdos civiles de incidencia política se concentran en implementar leyes y preceptos penales que sólo  buscan castigar al cliente sexual y prohibir los anuncios sexuales, como respuesta global ante la trata de personas (fundamentada en la moral y las buenas costumbres de algún sector social “mocho” por vocación, con independencia de partido político). Cualquier respuesta que pretenda resolver los retos planteados por la trata puede resultar insostenible al no responder a contextos y situaciones sociales específicas como las que plantea la realidad mexicana.

La pregunta en este momento en el que se globaliza la trata de personas y en muchos casos se pierde el rastro de la esclavitud infantil y adulta, cuando no se trata de explotación sexual, es qué hacer ante esta situación que sobrepasa a la sociedad civil, pueblos originarios, iniciativa privada y gobiernos. Algunas activistas inspiradas en el evangelio y otras en un feminismo decimonónico se centran en la abolición de la prostitución, la penalización de los clientes sexuales y la prohibición de los anuncios sexuales. ¿Y qué hacer contra los clientes de trata de personas en las demás modalidades? Al respecto hay un silencio hipócrita que se uniforma en la industria del rescate de las víctimas de trata, impulsado por lo que en ese momento sea lo políticamente correcto en el mundo de las organizaciones no gubernamentales y sus financiadoras, impulsadas por el gran capital financiero y gobiernos como el de Estados Unidos y Suecia. ¿Sólo boicots comerciales a las empresas  esclavistas, a sus socios y funcionarios públicos que les protegen? ¿Cuántas personas están dispuestas a responder a dichos “embargos ciudadanos”? ¿A cuántos consumidores les interesa afectar a las empresas esclavistas que resuelven asuntos claves de sus estilos de vida? ¿Bastará con educar al consumidor para que se dejen de producir dichos artículos o servicios? ¿Será suficiente con denuncias públicas y juicios que no afectan la integridad de las riquezas obtenidas con la explotación infantil y adulta? A nosotras nos parece que estas son medidas necesarias, pero no suficientes, e incluso inútiles en algunos contextos sociales.

Algunas activistas sociales critican con toda razón que en algunos foros se hable de desalentar el consumo de sexo comercial infantil y prostitución adulta forzada. Se debe castigar al cliente que consume prostitución infantil, adolescente y trabajo sexual forzado, haciendo una clara distinción entre trata de personas con fines de explotación sexual y trabajo sexual adulto producto de la necesidad de muchas personas que recurren a él para sobrevivir en una sociedad donde cada día es más difícil mantener a una familia en la economía formal. Coincidimos en esto con la maestra Marta Lamas. ¿Qué protocolos se utilizarán para distinguir entre trabajadoras sexuales libres y mujeres que son objeto de trata sexual? ¿Y los demás clientes mencionados? ¿Se les aplicará la extinción de dominio, como a los trabajadores de hoteles acusados de explotación sexual, lenocinio, incitación a la prostitución o trata de personas?

En el movimiento nacional contra la trata de personas ni siquiera se busca el repudio de toda esa gama de clientes mencionada en esta reflexión. No son su prioridad. Lo bonito, lo de hoy, es combatir la prostitución sin importar los efectos colaterales que ello traiga, dado que a juicio de algunas analistas, eso se puede corregir con el tiempo sin importar cuánto se tenga que esperar. Total, las mujeres que ejercen el comercio sexual y declaran que es por su libre decisión se ganan a pulso la violencia policíaca. Quién las manda a no aceptar la ayuda de sus redentoras. Será que tienen vocación de madrotas y están esperando el momento para iniciarse en la libre empresa de la industria sexual.

Quizás por ello, los promotores de las leyes federales contra la trata de personas de 2007 y 2012 no escucharon las voces de las trabajadoras sexuales, las educadoras de calle y los periodistas comunitarios que denunciaron el uso faccioso de las disposiciones de los códigos civiles de los estados y la federación, que quitan la patria potestad a las mujeres que se dedican a la prostitución. Dicha situación es utilizada por tratantes y explotadores como un mecanismo de control para obligar a quienes son madres a entregar su cuota diaria que puede oscilar entre el 30 y el 100 por ciento de sus ingresos por concepto de sexo comercial.

Se cree que es suficiente con que las empresas establezcan códigos de conducta donde expresen su repudio a condiciones laborales abusivas o al ejercicio de la prostitución, que muchos consorcios empresariales no están dispuestos a cumplir y mucho menos a supervisar que sus proveedores lo hagan. En este momento histórico, las prácticas de explotación del hombre por el hombre constituyen la piedra angular de la economía de mercado; son el sustrato esencial del capitalismo y su acumulación originaria, basada en la guerra, el neocolonialismo y las nuevas formas de esclavitud y super-explotación patronal, que lejos de ser exterminadas, consumen a nuestros pueblos en todos los hemisferios. El Derecho constituye a su vez la defensa de un régimen que protege con sus fuerzas armadas a quienes cosechan grandes fortunas con la trata de personas. El mejor ejemplo es la ley general en materia de trata de personas, que criminaliza a las trabajadoras sexuales y clientes y promueve la impunidad de tratantes y explotadores.

¿Cuál es la situación del consumidor final de toda la gama de productos, servicios y bienes que rodean cotidianamente a la trata de personas en sus diferentes modalidades? ¿Será castigado por comprar su despensa en su cadena de supermercado favorita? ¿Será detenido todo aquél que compre ropa, cereales, celulares o refacciones de computadora, porque se empleó la mano de obra esclava de menores de edad? ¿Serán procesadas quienes ven cine infantil, cuando algunos promocionales utilizaron mano de niñas y niños esclavos? ¿Condenará la justicia a quienes ahorran en bancos acusados de lavar dinero del narcotráfico y la trata de personas? ¿Se iniciarán averiguaciones previas contra las mexicanas que reciben remesas de sus paisanos a través de empresas ligadas al crimen organizado? ¿Recibirán algún castigo penal los publicistas y sus anunciantes por utilizar equipo de cómputo de empresas que emplearon a menores de edad en su cadena productiva? La gran cantidad de consumidores de refresco ¿estará en la mira de las abolicionistas de la esclavitud? Quienes utilizan las instalaciones  de grandes cadenas hoteleras que se aprovechan de la necesidad de sus empleados, ¿serán consideradas enemigos de la humanidad por promover la trata de seres humanos? ¿Cambiarán las condiciones de contrato abusivas con choferes, empleadas del hogar, personal de intendencia, capturistas y otras empleadas de innumerables empresas mexicanas y trasnacionales? Si hacen esto las ladies de la trata de personas, ¿se reducirá el abuso laboral, la esclavitud por deudas o la mendicidad?

Otro asunto es el relativo a los abusos que se presentan en la prostitución y en otro tipo de trabajos, ya que no todo abuso laboral es esclavitud, como lo planteó El Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL), en las jornadas de discusión en el marco del “Diagnóstico nacional sobre la situación de la trata de personas en México”, convocadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Instituto de Investigaciones Doctor José Ma. Luis Mora. En muchas ocasiones, dichos abusos son el pretexto para establecer políticas migratorias que pretenden controlar el ingreso de trabajadoras migrantes de países periféricos hacia los países más ricos del mundo. También son la coartada perfecta para convertir a las trabajadoras sexuales en cómplices del delito, al transformar en delincuentes a todos sus clientes e incitar al odio hacia ellos y sus prestadores de servicios sexuales.

Por nuestra cuenta, seguiremos generando corrientes de opinión pública favorables a una respuesta nacional y global hacia la trata de personas que respete los derechos humanos, que no intimide a las víctimas de trata sexual y que respete el derecho a decidir de las trabajadoras sexuales mayores de edad. Denunciaremos a tratantes y explotadores, previniendo la trata de personas en lugares de origen, tránsito y destino de este fenómeno social y movilizando a trabajadoras sexuales y otros sectores contra la trata de personas y los abusos policíacos que trae consigo. Ese es el itinerario de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, organización dedicada desde hace más de 20 años a la prevención del VIH/Sida y a la lucha contra la prostitución infantil y la prostitución forzada, hoy llamada por algunas voces de la academia y la industria del rescate “trata de personas y explotación sexual infantil, adolescente y adulta”.

Estamos convencidas de que la responsabilidad de la trata de personas no recae sobre todos los clientes sexuales y demás clientela de las otras modalidades de trata. La responsabilidad del auge de la trata de personas la tiene el Estado nacional, que provee de cuerpos–mercancía a la industria sexual con su política económica, que impide a muchas personas (particularmente mujeres de todas las edades) satisfacer sus necesidades básicas a través de empleos bien pagados. El Estado también permite que la imagen de las mujeres sea cosificada a través de la publicidad sexista de casi todo tipo de productos y servicios, lo que genera una demanda desbordada de servicios sexuales al reducirse a las mujeres a meros objetos de placer al servicio de los varones, apuntalando valores y actitudes patriarcales.

En este momento, la respuesta nacional hacia la trata de personas debe mejorar la situación de las mujeres, promover masculinidades libres de violencia y discriminación de género y no centrarse en la censura, sino en la promoción de la educación sexual científica, desde el pre-escolar hasta el posgrado, libre de ataduras religiosas. Debe abolirse la violencia simbólica hacia las trabajadoras sexuales, que las hace invisibles como sector de la ciudadanía con derechos y obligaciones plenas como el resto de la sociedad y la clase trabajadora. Esta violencia sólo permite que se les nombre como víctimas o victimarias del delito de trata de personas, lo cual facilita que otras personas ajenas a las sujetas sociales señaladas usurpen su representación.

La violencia simbólica hacia las trabajadoras sexuales no es ajena a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), instituciones encargadas de promover el respeto a los derechos humanos y la no discriminación. La CNDH dejó de incluir a las trabajadoras sexuales en la Agenda de Derechos Humanos que Raúl Plascencia Villanueva, presidente de dicha institución, entregó al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el 8 de abril de 2013. La CDHDF silenció la voz de las trabajadoras sexuales por temor a que un puñado de feministas le acuse de facilitar la trata de personas, al no emitir una cartilla sobre los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, propuesta por Brigada Callejera y aceptada por dicha institución en noviembre de 2011. Para la CONAPRED, las trabajadoras sexuales no son ni siquiera un grupo humano que sufra discriminación en este país y que deba nombrarse en sus documentos oficiales.

Un Estado nacional como el mexicano, con vocación proxeneta construida desde la invasión a los pueblos originarios en 1492, facilita el camino de la explotación sexual y la privación de la libertad de muchas personas, particularmente niños, niñas y mujeres, a través de la publicidad sexista que prevalece en todos los rincones del país. Utiliza el control sanitario recaudatorio de las trabajadoras sexuales y la instalación de zonas de tolerancia, verdaderos campos de concentración donde el crimen organizado esclaviza a muchas mujeres, promovido a nivel municipal o estatal con el silencio de las autoridades federales. Utiliza al crimen organizado para el cobro de cuotas por el derecho de piso a quienes trabajan en el sexo, sin importar el volumen tan alto de feminicidios en este sector de mujeres. Por otro lado, la prohibición federal de los anuncios sexuales y el llamado legal a castigar penalmente al cliente hace más clandestinas algunas modalidades de prostitución, lo que genera mayores ganancias -como las que genera la guerra contra el narcotráfico.

Estas situaciones, contradictorias entre sí, abonan el terreno para que el capital alcahuete crezca protegido por la clase política con el menor esfuerzo posible, a costa de la vida, la seguridad, la salud y la dignidad de muchas mujeres, niñas y adolescentes que han sido víctimas de trata, aplicando la máxima del general Plutarco Elías Calles: Todo el apoyo y la comprensión a mis amigos y todo el peso de la ley a mis enemigos”. Estas contradicciones reproducen un sistema económico prostituyente, que constituye el alimento espiritual de la trata de personas y de todo tipo de explotación de los seres humanos, varones y mujeres, adultos y menores de edad. Ante esta situación, las salvadoras de las víctimas de trata sexual sólo perpetúan dicha práctica al no atender las causas económicas fundamentales, que le dan vida al carácter patriarcal de esta forma de vivir la prostitución, reproduciéndola a través de los años y las normas sociales que le dan sustento a nuestra mexicanidad.

En los últimos 13 años, desde la expedición del “Protocolo de Palermo” contra la trata de personas, convertimos a la respuesta a este fenómeno en un ídolo por encima de nosotras, seres de carne y hueso, y a este delito lo elevamos a rango de demonio, dejando a un lado el hecho de que ambas situaciones son el producto de relaciones sociales concretas y no cosas por encima de la ciudadanía. Una sola solución a los retos que plantea este fenómeno social no puede tener cabida en todos los rincones del planeta tierra, como si se tratara de un acto de prestidigitación que puede repetirse en cualquier lugar, una y otra vez. Como lo señala la Alianza Global Contra la Trata de Mujeres (GAATW, por sus siglas en inglés), de la cual forma parte Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, una solución global puede resultar insostenible. Existe la necesidad de ofrecer múltiples respuestas ante los diferentes contexto sociales donde se presenta esta práctica social deshumanizante.

Un paso importante que es necesario dar en la respuesta hacia la trata de personas es trabajar en la abolición de la propiedad privada y del régimen económico que le sustenta. Ello no es suficiente y mientras ocurre, necesitamos que las relaciones sociales basadas en la apropiación del otro y la otra sean cuestionadas por las nuevas generaciones, con el fin de erradicarlas algún día. Una de las prioridades en este momento es promover una revolución cultural bajo las premisas de feminismos no hegemónicos, que desmantelen los valores y actitudes patriarcales para que las mujeres, niñas y adolescentes y el mundo de la diversidad sexual puedan vivir en contextos sociales libres de violencia de género y discriminación. Un mundo donde la condición para que las trabajadoras sexuales participen no sea que dejen de ofrecer sexo comercial, en el mercado público de los emparejamientos. Ya Provida, organización católica fundamentalista de extrema derecha, propuso aceptar a los homosexuales con la condición de que dejen de tener relaciones sexuales con personas de su mismo sexo. El sociólogo Rodolfo Stavenhagen expresó que para que los indígenas pudieran sobrevivir en una civilización ajena a la suya, tenían que “dejar de ser indios”. Este académico al menos ya pidió perdón a los pueblos originarios por dichas aseveraciones. La propuesta de un sector del feminismo hegemónico es que las prostitutas cesen de su pretensión de ser reconocidas como trabajadoras sexuales y dejen el mundo de la prostitución para liberarse de las garras de una de las expresiones más misóginas del patriarcado.

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