lunes, 25 de noviembre de 2013

En el Distrito Federal, “represión selectiva” (Reportaje Especial publicado por la revista Proceso)

 

Participar en marchas conmemorativas o en manifestaciones puede ser peligroso para la salud… y para la vida. Las autoridades capitalinas han desatado una cacería de brujas contra estudiantes y activistas cuyo único delito es dar puntual seguimiento y registro de las protestas y las violentas respuestas de la policía. A continuación se presentan tres casos –uno de los cuales puede aproximarse a un desenlace fatal– que así lo demuestran.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Una secuencia de golpes impactó sus costillas. Se dobló por los rodillazos en las piernas, el estómago, la espalda. Contundentes palmas abiertas se estamparon en su rostro. Una vez y otra y otra…

“¡Ya valiste madre, pinche anarquista revoltoso!”, escuchó segundos antes de que se reiniciara la andanada, encapsulado por varias decenas de granaderos, inmovilizado con el brazo torcido en la espalda.

Con otros tres jóvenes, Jorge Mario González García fue conducido a una patrulla. Sabía que increpar a sus captores era inútil. Le quitaron el celular, fue llevado a un lugar desconocido donde lo sometieron a una revisión, sesión fotográfica y una nueva tanda de golpes.

Esposado y maltrecho le preguntaban sin esperar respuesta: “¿Te gusta quemar policías?”.

Otra vez abordó la patrulla y tras un largo rodeo reconoció las instalaciones de una Agencia del Ministerio Público en Iztapalapa. Nada.

La patrulla se puso otra vez en marcha hasta llegar a la Agencia del Ministerio Público 44. Nueva sesión fotográfica, revisión del legista, quien instruyó que le brindaran atención médica.

En una clínica cercana al Metro General Anaya le vendaron el brazo, luxado a fuerza de ser retorcido. Poco le duró el vendaje. De vuelta en el Ministerio Público se lo quitaron.

La fecha es referente histórico: 2 de octubre.

Las detenciones de estudiantes y un operativo que implicó a miles de policías del Distrito Federal, federales y soldados vestidos de policías se activaron antes de iniciar la marcha. Eran las 3:30 de la tarde y no era 1968, sino 2013.

El pasado 4 de octubre Jorge Mario fue ingresado al Reclusorio Oriente sin saber la causa de su detención.

El 7 de octubre se le dictó auto de formal prisión y se le fijó una fianza que, una vez pagada, le permitió llegar a las puertas del reclusorio. Ahí fue reaprehendido pues la caución se le revocó debido a su “peligrosidad social”.

De nuevo en la celda Jorge Mario inició una huelga de hambre que el viernes 15 cumplió 39 días. El relato de los hechos es producto de una entrevista epistolar con Proceso.

Al cierre de esta edición un dictamen médico mostraba que el ayuno ha estragado su salud. Pero él está decidido a mantenerlo por considerar que vive una injusticia.

Exalumno del CCH Naucalpan, Jorge Mario fue expulsado tras protestar contra la llamada “reforma de los 12 puntos”. El activismo del joven de 21 años se inició en 2008 con el movimiento de rechazo a la Reforma Integral de la Educación Media Superior y contra el porrismo.

De acuerdo con la acusación –la cual se desahoga en el Juzgado 19 de Delitos no graves, a cargo de la juez Marcela Ángeles Arrieta– el motivo de la detención fue que desde un autobús de la Ruta 1, donde viajaba un grupo de jóvenes –la mayoría, desconocidos entre sí– a la marcha conmemorativa del 2 de octubre, fueron arrojando petardos que presuntamente lesionaron a transeúntes y dañaron mobiliario urbano y particular.

Cuando el Ruta 1 transitaba por Isabel La Católica, a la altura de Izazaga, el operativo paró el autobús e hizo bajar a todos los jóvenes. De ellos seleccionaron a algunos presuntamente señalados por los pasajeros y el chofer.

Hasta ahora no hay denuncias de los supuestos lesionados; una inspección ocular de peritos de la procuraduría capitalina determinó que no hay daños identificables ni declaraciones de pasajeros o del chofer.

“Está ahí por el dicho de los policías”, explica el abogado Miguel Méndez, defensor de Jorge Mario.

Lo que hay, dice, es una lista de violaciones a sus garantías:

Aprehensión ilegal, tortura durante la detención, no fue presentado de forma inmediata ante una autoridad competente y próxima al lugar de su detención, se le negó el derecho a realizar una llamada, el Ministerio Público no informó del derecho a fianza del procesado a los familiares ni a la defensa y su declaración preparatoria fue realizada en un lugar distinto al juzgado donde debía efectuarse.

Además fue obligado a declarar sin la presencia de sus abogados y aun habiendo expresado su deseo de no hacerlo; la defensa no fue notificada de la solicitud de la fiscal de revocar la libertad bajo caución ni de la decisión de la juez de aceptarla.

La defensa de Jorge Mario solicitó que se presentaran al juicio los videos de las cámaras de seguridad del gobierno capitalino, pero el desahogo de pruebas no se ha realizado y, programada para el 28 de octubre, la audiencia se difirió al próximo martes 26, pues la juez Arrieta no citó a declarar a los policías implicados.

“Pagadores del desmadre”

Horas después de la detención de 11 pasajeros del camión de la Ruta 1, un operativo multitudinario se desplegó por el camino de la marcha de conmemoración de los 45 años de la matanza de Tlatelolco.

Illia Adad Infante Trejo había participado el 13 de septiembre en las concentraciones de apoyo a los maestros de la CNTE desalojados con violencia del Zócalo; en el cruce de Eje Central y 16 de Septiembre atestiguó la violencia que policías federales desplegaron contra manifestantes pacíficos y su indiferencia ante agresivos encapuchados.

El 2 de octubre tenía el objetivo de documentar la conducta policial y llevó su cámara. Se integró al contingente de la UAM Azcapotzalco en la Plaza de las Tres Culturas y marchó con ellos hasta el Eje Central. Ahí les avisaron que había confrontaciones cerca del Palacio de Bellas Artes. Se dirigió al Monumento a la Revolución, tratando de evitar enfrentamientos.

Cerca del Centro Cultural José Martí observó a unos encapuchados que lanzaban objetos a los granaderos, quienes respondían con balas de goma.

Intentó escapar de la confrontación y corrió hacia El Caballito, pero una nube de gases lo envolvió, provocándole una tremenda irritación. Aun así intentó correr para alcanzar la vanguardia de la marcha, pero fue inútil. La gente pasaba a cuentagotas y era claro que la columna había sido cortada.

Observó a la distancia los enfrentamientos, gente corriendo por Paseo de la Reforma y, ante el escenario, decidió sentarse en la escalinata de Reforma 93 para dar a entender que no tenía actitud violenta. Hasta ahí llegó un grupo de granaderos y lo rodeó. Mientras lo golpeaban vio a civiles con aspecto de militares tomándole fotografías.

Las cámaras de vigilancia del gobierno capitalino registraron los hechos alrededor de las 6:08 de la tarde. Estuvo inmovilizado unos 15 minutos y fue conducido a un autobús en el que se agolpaba un grupo de reporteros agredidos por los policías.

El camión salió sin rumbo. Una hora después llegó a la delegación Gustavo A. Madero, pero no los recibieron. Con patrullas de custodia, el autobús llegó frente a la estación del Metro Martín Carrera.

Ahí se hizo la selección de Víctor Efrén Espino Calixto, Iribar Ibinarriaga Ramírez, Adrián Gutiérrez Miguel, José Daniel Palacios Cruz, Salvador Reyes Martínez, Abraham Cortés y el propio Illia Adad, técnico en computación y exalumno de filosofía de la UNAM, quien concede una entrevista a Proceso vía telefónica desde el Reclusorio Norte, donde se encuentra desde el 7 de octubre.

Según él las acusaciones en su contra son absurdas: dicen que vandalizaron y saquearon comercios, insultaron a policías y rompieron su cerco de protección, aun cuando las condiciones de modo, tiempo y lugar no corresponden. Según los partes policiacos incurrieron en los delitos alrededor de las 7:00 de la tarde, es decir, casi una hora después de haber sido detenidos.

Illia se asume víctima del Protocolo de Control de Multitudes (Proceso 1927) y advierte que con ese instrumento, así como con los operativos, se pretende inhibir la protesta social.

“Yo he participado en movimientos sociales, pero nunca he tenido un papel de liderazgo. No creo estar identificado, pero sí creo que fui seleccionado por perfil de aspecto y edad. Cuando hicieron la selección, un mando policiaco nos dijo: ‘Ustedes van a ser los pagadores del desmadre’.”

“Luna”, cuatro veces

Los siete detenidos del 10 de junio, que enfrentan su juicio en libertad bajo caución (Proceso 1927), acudieron a una audiencia el 29 de octubre que terminó poco después de las 2:30 de la tarde. Salían en grupo de los juzgados cuando notaron una presencia inusual de granaderos.

Junto a ellos iban el abogado Alejandro Esquivel y Gabriela Hernández Arriola, quien sin militancia orgánica es activista de diferentes causas y documentaba sus casos para denunciar lo que considera una persecución política; intentaba interesar a Amnistía Internacional y otras organizaciones.

Un grupo de agentes de la Policía Investigadora capitalina se desplegó en la explanada del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. De pronto un hombre corpulento derribó a Gabriela con un movimiento como el de una ofensiva de futbol americano. En el piso la mujer de 47 años fue pateada por otros policías, mientras los granaderos tendían un cerco para evitar que sus compañeros la auxiliaran.

Esquivel les exigió presentar una orden de aprehensión, pero no lo hicieron.

“¡Quietos cabrones!”, gritó un agente y sus colegas desenfundaron las armas, encañonando a Esquivel y los amigos de Gabriela.

Ella quedó detenida.

Conocida por sus cuentas en redes sociales y entre los grupos contestatarios con el alias de Luna Flores, el diario Reforma la identificó el 11 de octubre (con base en un documento atribuido al gobierno capitalino y que éste rechaza) como el tercer “anarquista más peligroso” de México de una lista de 11 personas, aunque no tiene antecedentes penales ni hay evidencia de que haya incurrido en delitos.

En menos de un año Luna ha sido víctima de golpizas y detenciones arbitrarias en varias marchas. En mayo, en entrevista con Proceso, narró dos de ellas para advertir el riesgo que corría:

El 18 de noviembre de 2012 fue golpeada al protestar contra la tauromaquia frente a la Plaza de Toros México por personal de seguridad del coso y granaderos. El 21 de marzo de este año, en una protesta contra el Wal-Mart en Teotihuacán, fue agredida por policías capitalinos que actuaban extraterritorialmente en ese sitio arqueológico del Estado de México.

La advertencia se cumplió. El 10 de junio, en el Zócalo, fue pateada y arrastrada unos 30 metros por granaderos tras protestar por la detención de Carlos Esteban Jiménez, detenido momentos antes y, finalmente, sufrió la golpiza del 29 de octubre.

La noche del 2 de octubre Luna acudió a la Agencia del Ministerio Público 50 para exigir la liberación de los detenidos en la jornada conmemorativa de la matanza de Tlatelolco.

Según la fiscalía, dos policías que custodiaban la agencia 50 aseguraron que unas 60 personas intentaron ingresar al llamado “búnker” de la colonia Doctores y describieron a una mujer de unos 47 años, de 1.60 metros de estatura, morena y de cabello corto quien les gritó “pinches policías corruptos” y “puercos asalariados”. Eso bastó para configurar el delito de ultrajes a la autoridad.

Según el abogado Miguel Méndez, el Ministerio Público determinó con esa descripción y tras analizar imágenes de diferentes marchas, que la señalada era Luna Flores; sin embargo no la llamó para declarar, como tampoco lo hizo con los policías para que la identificaran.

Para conseguir la orden de aprehensión la fiscalía presentó una declaración de Luna, pero relacionada con los hechos del 10 de junio. Desde esa fecha había sido objeto de hostigamiento en su domicilio por agentes de la Policía Investigadora, según su hermana, Laura Hernández.

Como ocurre con el caso de Jorge Mario, y aun cuando el delito no es grave, la juez Arrieta no aceptó liberarla bajo fianza debido a su “asiduidad” a las marchas y con base en un video de Televisa, donde se le ve en protestas, decidió que es de alta “peligrosidad social”.

Integrantes del Frente Oriente (FO), Carlos Esteban Jiménez y Luis Barreda, quienes también figuran en la citada lista publicada por Reforma de los anarquistas más peligrosos de México, sostienen que las detenciones selectivas, la criminalización en medios y otras acciones tienden a desmovilizar la protesta social, destruir agendas políticas y, a fin de cuentas, hay coherencia entre el gobierno de Mancera y la propuesta de Peña Nieto para reglamentar la suspensión de garantías.

“Hace unos días Jesús Rodríguez Almeida (secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal) dijo en una entrevista que somos un grupo con intereses oscuros y políticos, que estamos influenciados por el alcohol y las drogas. Eso es tremendamente peligroso”, dice Carlos Esteban durante una entrevista solicitada para denunciar la agresión y los excesos judiciales contra Luna.

Barreda agrega: “El gobierno de Mancera tiene el discurso de Luis Echeverría en los setenta para describir a los jóvenes que protestan: gente alcohólica, drogadicta, que viene de problemas familiares, con una gran proclividad a la homosexualidad. Así lo planteó Echeverría y soltó un baño de sangre con la guerra sucia. Eso tememos ahora”.

México: La CNTE Nuevo León se solidariza con Mario González
Noviembre 25, 2013
#MarioLibre 23 de noviembre de 2013, reunidos los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación del Estado de Nuevo León, siendo las 10:00 horas, manifestamos nuestro apoyo para lograr la libertad del ciudadano Mario González García, detenido arbitrariamente el día 2 de octubre de 2013 y que actualmente se encuentra en huelga de hambre.
Mario fue detenido antes de que llegara a la movilización del pasado 2 de octubre, celebrada cada año para recordar la matanza de estudiantes en 1968. Se le acusa de ataques a la paz pública, pero él no se encontraba en el lugar de los hechos, sino en una unidad de transporte público que fue interceptada por una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Distrito Federal, de la que todos los pasajeros jóvenes fueron obligados a bajar.

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