Rebelión,
25-10-2013
La actual lucha magisterial es el
levantamiento docente más importante suscitado desde 1989 y una expresión
concreta de la crisis de hegemonía que experimenta el Estado mexicano: las
clases dominantes y su régimen ya no pueden seguir ejerciendo un control
efectivo sobre los trabajadores con las mismas estructuras políticas del
pasado. La movilización inesperada de las bases del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE) no sólo resulta interesante por lo que
representa para la organización gremial más numerosa del país, sino sobre todo
por la clase de conclusiones que pueden extraerse al observar el agrietamiento
de lo que ha sido una de las principales piezas del control corporativo en
México.
En efecto, la inconformidad generada por la Reforma Educativa de Peña
Nieto se extiende mucho más allá de las bases de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE), pues abarca actualmente a estados de la
República y secciones del SNTE que tradicionalmente habían permanecido apáticas
y bajo el control incuestionable de la burocracia. “El letargo se convirtió en llamarada”, resaltaba apenas hace unos
días un reportaje de la revista Contralínea, donde se enfatiza que se han
producido movilizaciones masivas de docentes no sólo en el Sur del país, sino
también en el Norte, Noreste, Occidente y la costa del Golfo, llegando a
contabilizar así 26 estados con un “movimiento
contundente” [1]. Destaca a este respecto la situación gestada en estados
como Veracruz, Quintana Roo y Chiapas donde la lucha ha trastocado por completo
el ambiente político de los estados, derivando en la toma de carreteras,
presidencias municipales, centros turísticos y comerciales, así como en la
ocupación de televisoras y radiodifusoras locales.
Por el ambiente de relativa calma que se respiraba en ésta y otras
latitudes hasta antes de la aprobación de la Ley General del Servicio
Profesional Docente, los observadores superficiales podrían haber afirmado que ningún
acontecimiento de trascendencia iba a producirse. Sin embargo, de manera súbita
la rabia acumulada por años de embustes brotó a la superficie y las bases de
las secciones 25, 32 y 56 del SNTE desconocieron inmediatamente a sus
secretarios generales, quienes habían ocultado la información sobre la la
reforma y habían llamado a las bases a la calma. Existen por otra parte casos
en extremo llamativos como los de Jalisco, Campeche, Tamaulipas, Yucatán,
Tabasco, Sinaloa, Sonora, Nayarit, Chihuahua y el Estado de México, regiones
tradicionalmente conservadoras donde la inmovilidad de las bases siempre había
dado margen de maniobra para que las cúpulas sindicales utilizaran la fuerza
del gremio en interés del PRI, el PAN, el PANAL y los sectores empresariales.
Basta recordar el cinismo con el que Elba Esther Gordillo pudo traficar con
millones de votos durante la elección presidencial de 2006, movilizando para
ello los recursos económicos y humanos del SNTE.
La situación general vivida en el magisterio resulta entonces
extraordinaria. Más allá de las siempre combativas secciones de Michoacán,
Guerrero y Oaxaca, se ha producido un despertar generalizado que empieza a
cuestionar la democracia interna del sindicato y los tradicionales cacicazgos.
Es por tanto previsible que la lucha del magisterio contra una reforma de rango
constitucional tenga un impacto significativo en en la estructura de dominación
corporativa y en el futuro político de estados tradicionalmente conservadores.
A este respecto, bien vale la pena hacer embonar hechos que a primera
vista parecieron inconexos, pero que vistos en su continuidad histórica nos
muestran la forma en la que los reacomodos entre las clases sociales del país
se han ido produciendo. El verdadero motivo por el que Peña Nieto decidió
enviar a Elba Esther Gordillo a prisión en febrero pasado no fue el desvío de
cuantiosos fondos del sindicato en interés personal y de sus allegados
(situación que era perfectamente conocida y consentida desde muchos sexenios
atrás), sino el haber declarado su oposición abierta al punto nodal de la
Reforma Educativa, que facilita el despido injustificado y acaba con la
estabilidad laboral de cientos de miles de profesores. Aunque con anterioridad
Gordillo había apoyado el avance de la reforma neoliberal en otros ámbitos,
como en la enmienda a las escuelas del nivel medio superior (RIEMS) y en la
creación de un Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) de corte
empresarial, no podía aceptar la introducción de una reforma que iba a agitar y
movilizar a secciones sindicales controladas y tradicionalmente estáticas.
El enfrentamiento vivido a inicios de este año entre el gobierno federal
y Elba Esther Gordillo no puede explicarse por lo tanto dentro de los estrechos
márgenes de la disputa entre personalidades políticas (por muy poderosas que
éstas lleguen a ser), ni entre la pugna existente entre los intereses de
distintos sectores del establishment. De la misma forma que en su
momento Carlos Salinas de Gortari encarceló al líder petrolero José Hernández
Galicia “La Quina”, el conflicto
entre Peña Nieto y el SNTE, refleja la crisis de una forma de dominación
sindical. Por este motivo, pese a que Juan Díaz de la Torre tomó el control del
sindicato una vez que Gordillo fue encarcelada, restableció la concordia con el
gobierno federal, y aceptó sin chistar todas las condiciones impuestas por Peña
Nieto, fue inevitable que la estructura del SNTE se cimbrara desde las bases,
pues la disputa esencial de intereses no eran entre el presidente y la burocracia
sindical, sino entre el régimen y las bases magisteriales.
El sindicalismo corporativo y gansteril fue durante muchas décadas uno
de los principales soportes del Estado mexicano y una de las estructuras
políticas que hizo posible la existencia de un sindicalismo fusionado al
aparato estatal a través del PRI. Por estas razones, resulta hipócrita la
cantaleta repetida una y otra vez en radio y televisión de que los maestros son
los responsables de las fallas del sistema educativo, así como del despilfarro
y corrupción de sus dirigentes, pues es bien sabido que éstos últimos vivieron
durante muchos sexenios amparados por el poder mientras que la disidencia era
ferozmente reprimida, tal y como denota el caso del profesor Misael Núñez
Acosta, asesinado en 1981 por motivos políticos.
Por encima de todo, el régimen siempre tuvo especial cuidado en
preservar el control de sectores que por su importancia estratégica podían
paralizar el país si mantenían una posición independiente y democrática: este
fue el caso de los trabajadores petroleros, de los mineros, de los
electricistas, de los trabajadores de la salud y del magisterio, entre otros.
No por casualidad fueron estos mismos sindicatos los que gozaron de las mejores
prestaciones y contratos colectivos dentro de toda la clase trabajadora, en
muchos casos, con un sistema propio de servicios médicos y seguridad social.
Ahora bien, debemos distinguir aquí dos fenómenos distintos que la burguesía y
sus intelectuales suelen revolver hipócritamente para sembrar divisiones y
enfrentar a los trabajadores entre sí.
Los contratos colectivos y las prestaciones laborales no fueron
concesiones bondadosas del régimen ni de las clases dominantes. Si por ellos
hubiera sido, las condiciones de trabajo prevalecientes durante el porfiriato
habrían quedado intactas. Los sindicatos, los contratos colectivos y las
prestaciones son derechos que en México se consiguieron a través de muchas
luchas obreras y de una revolución que dejó un saldo de un millón de muertos.
Cosa distinta son los dirigentes charros, que como hemos explicado, sirvieron
durante mucho tiempo al régimen para controlar a los sindicatos. Enrique Peña
Nieto y las cúpulas empresariales iniciaron, como otras tantas veces en el
pasado, una ofensiva contra las conquistas históricas de los trabajadores
metiendo en el mismo saco a los corruptos líderes sindicales y las bases
trabajadoras. Este discurso, utilizado con la misma efectividad durante la
reforma a la Ley del ISSSTE en 2007, y durante la ofensiva al Sindicato
Mexicano de Electricistas en 2009, sólo pudo tener eco en un país que durante
las últimas décadas ha avanzado como ningún otro en una cultura antisindical y
patronal, y que ha promovido la idea de que el desarrollo del país será posible
acabando con los derechos laborales de los pocos trabajadores que aún los
preservan.
Recientemente el secretario de educación Emilio Chuayffet, amenazó con
despedir a todos los docentes que vayan a paro y sustituirlos por nuevos
mentores. En una entrevista radiofónica exigió de forma histérica la
cancelación de salarios a los maestros que decidan suspender clases,
advirtiendo que aquellos funcionarios que no acaten las disposiciones serán
acreedores a sanciones. Y en efecto, el gobierno federal está decidido a
utilizar la represión para detener las movilizaciones y atemorizar a los
profesores. La pregunta aquí es si lo logrará y a qué costo. Peña Nieto y sus
asesores saben que recurrir a la represión no es tan sencillo en un movimiento
de alcance nacional que aún se encuentra en ascenso y que se presenta por
primera vez en secciones que antes habían estado inmóviles. Tratándose de un
asunto de esta naturaleza, el gobierno es consciente de que un uso desmedido de
la fuerza en un momento inadecuado, lejos de aplacar los ánimos podría
desencadenar el efecto contrario y arrastrar a la lucha a sectores que aún
permanecen indecisos. Es por eso que la táctica gubernamental se está enfocando
en estos momentos al acoso de la CNTE en Michoacán, Guerrero y Oaxaca, centros
de vanguardia de la lucha magisterial, donde la Procuraduría General de la
República acaba de girar órdenes de aprehensión contra sus dirigentes.
La represión y la táctica de guerra sucia contra el movimiento
magisterial, como la reciente agresión que sufrieron los profesores de la CNTE
en el barrio de Tepito, por supuesto podría paralizar momentáneamente los
ánimos de lucha, pero en ningún modo restituirá el consenso y la confianza de
los maestros en el régimen. Todo lo contrario, profundizará las grietas de la
oxidada estructura sindical corporativa y generará mayor descontento social. El
intento del gobierno federal de reprimir a los sectores más combativos del
magisterio puede evitarse sin embargo, si lejos de aislarse, los profesores de
la CNTE hacen un llamado unitario a todas las secciones del SNTE a movilizarse
contra la Reforma Educativa en una jornada de lucha unitaria. Esta táctica
rendiría enormes frutos pues probaría a los secretarios generales de las
distintas secciones del SNTE frente a las bases magisteriales, acelerando el
proceso de diferenciación interna, y ayudándolas a tomar conciencia de que es
necesario un cambio de fondo en el sindicato. Se abren entonces importantes
oportunidades para que las bases del magisterio puedan democratizar a su
sindicato y desconocer, como en Quintana Roo, a quienes han sido cómplices de
la aprobación de una Reforma Educativa patronal y anti laboral.
NOTA:
[1] Flor
Goche, “La insurrección magisterial ya
está en todo el país”, Contralínea, [En línea], 9 de octubre de 2013).
Rebelión ha publicado este
artículo con el permiso del autor mediante una licencia de
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