En México se violan sistemáticamente los
derechos a la presunción de inocencia, al debido proceso, de igualdad ante la
ley y a la no discriminación en contra de personas indígenas detenidas.
¡Júbilo! Es la palabra, el
sentimiento, de quienes hemos esperado este día donde la LIBERTAD se escribe con mayúsculas. El Centro de Derechos Humanos
Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) se une a la celebración de libertad del
profesor Alberto Patishtán Gómez (en adelante profesor Patishtán), a quien el
gobierno sometió por más de 13 años a un encierro injusto tal y como es el
patrón en el sistema jurídico mexicano hacia las personas presas políticas.
Consideramos
que la acción del Estado mexicano debería incluir como mínimo tres exigencias:
1.- Pedir perdón público como
parte de su responsabilidad, en el encarcelamiento arbitrario del profesor
Patishtán, cuya inocencia ha quedado demostrada de manera pública al igual que
las deficiencias en el sistema de justicia penal.
2.- El esclarecimiento de los
hechos ocurridos en la emboscada del 12 de junio del 2000, ya que se dan en el
contexto de la militarización y de los operativos contra los municipios
autónomos. En particular de los actos violentos en Chavajeval y San Pedro Nixtalucum,
del municipio El Bosque y cercanos al municipio autónomo de San Andrés
Sakamch´en de los Pobres.
Resulta
imprescindible una investigación imparcial y exhaustiva, dado que las familias
de los policías asesinados tienen derecho a la verdad, saber qué pasó el día de
la emboscada, sus móviles y quiénes cometieron el crimen; para deslindar así
responsabilidades identificando y sancionando plenamente a los autores
materiales e intelectuales de los hechos.
3.- La reparación integral de los
daños en el caso del profesor Patishtán, ya que 13 años de prisión truncaron su
proyecto de vida y la de su familia, además de que el encierro prolongado,
sumado a la negligencia médica, casi lo dejó ciego y puso en riesgo su vida.
Por
tanto este Centro de Derechos Humanos seguirá impulsando las medidas cautelares
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Estado
cumpla con su responsabilidad de garantizar la atención eficaz y de calidad a
la salud del profesor. Y mantendrá también la petición por violaciones a
derechos humanos, que interpuso desde agosto de 2010, ante la CIDH en contra
del Estado mexicano, la cual, en estos momentos, integrantes del Frayba están
impulsando ante dicha instancia interamericana.
En el
Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la Organización
de las Naciones Unidas se evidenció que el gobierno mexicano está reprobado en
el tema de los derechos humanos. El aparato burocrático de instituciones
creadas para tal fin, sólo es utilizado en el ámbito internacional para simular
las obligaciones de respeto, garantía y protección a los derechos humanos.
El
poder judicial niega sistemáticamente el acceso a la justicia contra la
población excluida, en su mayoría
indígena. Así lo evidencia el caso del profesor Patishtán y otros procesos
pendientes en Chiapas como los presos: Antonio Estrada Estrada y Miguel Demeza
Jiménez, indígenas tzeltales adherentes a la Sexta Declaración de la Selva
Lacandona en San Sebastián Bachajón; Alejandro Díaz Sántiz, solidario de La Voz
del Amate; y el profesor Noé Hernández Caballero, de la Organización Nacional
del Poder Popular; los siete presos Loxichas en Oaxaca; el de Néstora Salgado
en Guerrero; las guardias comunitarias de Aquila Michoacán recluidos en
Veracruz; por mencionar algunos.
Por lo
anterior desde este Centro de Derechos Humanos, exhortamos al gobierno mexicano
la aplicación de medidas efectivas para garantizar el acceso a la justicia a
todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad por motivos
políticos y de exclusión social.
Comentarios