Escrito por
Heriberto Paredes Coronel
Fotografías:
Santiago Navarro F.
Videos: Susana Norman (Centro de Medios Independientes/Guatemala) y Renán Pierre
Videos: Susana Norman (Centro de Medios Independientes/Guatemala) y Renán Pierre
Domingo, 08 Septiembre
2013
A Nepomuceno Moreno, porque la lucha que tuvo para encontrar a su hijo lo
llevó a la muerte y nadie pudo hacer nada para que esto se evitara, porque el
gobierno federal ni siquiera se preocupó por él y cuando lo hizo, él fue
asesinado de inmediato.
A finales de febrero de 2013, el gobierno de Enrique Peña Nieto da a
conocer, a través de la vocería de la Secretaría de Gobernación, la cifra
oficial de desaparecidos en México: 26, 121 personas. Este número, según las
declaraciones del vocero oficial Eduardo Sánchez, corresponde a la contabilidad
ejercida del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012, es decir, todo
el gobierno de Felipe Calderón; aclara además, que se ha llegado a este
resultado a partir de los datos aportados por las distintas procuradurías de
los estados del país. Hasta aquí parece que el gesto del nuevo gobierno es una
respuesta concreta a tantos años de exigencias, sin embargo, de inmediato se
cae de nuevo en la falta de seriedad, en la ocurrente idea de dar un número
para acallar las voces que se levantan para protestar y exigir justicia. Ni el
vocero, ni el propio secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dan
respuestas sobre cuestionamientos fundamentales para entender mínimamente la
problemática. ¿Cómo fueron desaparecidos los desaparecidos?, ¿en qué consiste
la desaparición y cuáles son los criterios para tipificarla?, ¿dónde están las
y los desaparecidos?, ¿quiénes son los responsables de la desaparición?, ¿por
qué el gobierno mexicano da a cuenta gotas la información y maneja datos
imprecisos o incorrectos?
Estamos comenzando este año y el país es ya un polvorín,
también comienza el nuevo gobierno a dar sus primeros pasos en lo que parece
ser un periodo que pretende “poner orden
al país”. Uno de los temas que subyace entre la maraña de asuntos por
atender, es el de la desaparición de personas, y si ahora sale a la superficie
es para tratar de desactivarlo y de desactivar el potencial de conciencia
social que implica darse cuenta que en un “Estado
democrático” hay decenas de miles de personas que un día se esfuman y que
lo hacen por complicidad de las autoridades o del crimen organizado. La manera
en la que se presenta esta aparente cifra total de desaparecidos, con poca
disposición para el diálogo con la prensa, sin más explicaciones de los
criterios para hacer el conteo final, el total de recursos que fue necesario,
lo que implicó en términos de presupuesto, en fin, tan sólo un escueto número,
algo más para acompañar y el silencio de nuevo. Afuera en las calles, los familiares
de las personas que no están continúan organizándose para buscar respuestas
claras, para encontrar a su gente, se mantienen en las calles exigiendo lo que
deberían tener por derecho: justicia.
No es posible hablar de respuestas finales a una problemática
tan compleja y monumental, pero lo que sí es posible hacer es detenerse un
momento y escuchar con atención la palabra de varias de estas personas
organizadas, tratar de comprender sus peticiones y de reorganizar, en función
de los retos actuales, la manera de informar y comunicar el hecho de que
continua habiendo hombres y mujeres que desaparecen por comisión u omisión de
las acciones de las autoridades y del crimen organizado. Mientras el gobierno
federal mantiene la falacia de la disminución de violencia o de víctimas, el
país comienza a mostrar nuevas complejidades, nuevos retos en materia de
justicia, cada día la prensa es más aterradora y la capacidad de asimilación de
los atroces actos en que se ve envuelta la población es sin duda uno de los mecanismos
que detienen los pasos que frenarán la ola de guerra que cubre al país.
El fantasma
de la desaparición
Para Francisco Romero López, colaborador en la documentación de casos y
asesor de familiares de desaparecidos del Movimiento por la Paz con Justicia y
Dignidad (MPJD), la incapacidad del gobierno mexicano es evidente, no sólo por
la escasez de recursos destinados a este asunto, también por su falta de
disposición para dar una salida estructural a la situación que genera la
existencia de desparecidos, la presencia de dolorosos vacíos en la sociedad.
Francisco es muy claro cuando asegura que “no
podemos estar pensando en un sistema de justicia que realmente apunte a atender
a las víctimas si no pensamos en un diagnóstico serio de los elementos estructurales
que propician la violencia”. Para él, la injerencia de esta problemática
abarca a todos los partidos políticos, a todos los representantes de gobierno
por lo que la situación de la desaparición se convierte en un cuestionamiento
de facto de la viabilidad del Estado tal y como permanece ahora. En medio de la
charla, Francisco pone un ejemplo claro de la situación en la que se encuentran
los familiares de personas desaparecidas: “Hoy,
un grupo del MPJD, dieron la bienvenida a un hombre (un funcionario) que se
ve que es honesto, que es consciente, que le duele el dolor de la gente y que
tiene mucha disposición para hacerlo, alguien que se quiere comprometer y que
le habla muy bien a la gente. Una señora levanta la mano y le dice, ‘oiga, yo tengo siete años buscando a mi
hija de seis años’. Una posición muy
política y muy crítica, en resumen la señora le dice: dígame que es lo que
usted va a hacer diferente que no han hecho los otros”.
El pasado 9 de enero, a través de palabras de Javier
Sicilia, el MPJD recibió la promulgación de la Ley General de Víctimas a manos
de Enrique Peña Nieto. En un acto protocolario, el movimiento accedió a dar una
oportunidad para que esta nueva ley se aplicara y se le otorgaran los
instrumentos necesarios y suficientes, sin embargo, las necesidades sobrepasan
esta promulgación y este acto. Muchas de las personas que llevan buscando a sus
familiares desaparecidos y que no dejan de hacerlo en múltiples latitudes de
este país, no están de acuerdo con esta visión oficialista, casi de alianza,
creen que se le da demasiada credibilidad a un gobernante cuestionado en su
legitimidad y en su actuación como gobernador del Estado de México, entidad que
mostró un incremento en las cifras de feminicidios en 2010,[1]durante su mandato.
No es para menos el cuestionamiento. Para el propio
Francisco Ramos es “imposible pensar en
la transformación de un monumento como la Estela de Luz en un memorial si ni
siquiera se tiene la lista de los desaparecidos, si el gobierno no reconoce su
responsabilidad en este asunto”. El abogado, vinculado al MPJD, opina que
también deben de asumirse los errores y declarar públicamente que no debe haber
más desaparecidos al igual que un diálogo abierto y serio entre las distintas
organizaciones sociales afectadas, la población en general y todas las
autoridades involucradas, sin importar el partido político, y poner a
disposición todas las herramientas necesarias para atacar estructuralmente, no
las consecuencias de la desaparición, con asistencialismos, sino las
condiciones que permiten que en país que se llama democrático existan
desparecidos forzados.
Las personas que no están porque fueron desparecidas se
han vuelto uno de los principales fantasmas de México, este país se ha
convertido en un largo penar para decenas de miles de familias que continúan
recorriendo instituciones de todo tipo en busca de una pista que los lleve al
reencuentro con su familiar. Fantasmas como este no desaparecen, se vuelven
cicatriz.
Conceptos
para nombrar el vacío
Fuerzas Unidas de Nuestros Desaparecidos en Coahuila/en México
(FUUNDEC/FUUNDEM) es una organización que nace en 2009 con la finalidad de
romper el silencio, organizarse y denunciar la desaparición forzada de sus
familiares. En 2012 los integrantes de esta organización le dan una dimensión
nacional y logran importantes avances a nivel de denuncia y de problematización
del asunto de la desaparición forzada. Justo es esta particularidad, la de
poner el acento y dar apellido al tema lo que es sustancial. No se trata de
desapariciones neutrales, de extravíos como son llamados a veces los casos en
los que las personas ya no regresan; en este caso, quienes integran esta
organización, tienen muy claro que se trata de la intervención de una o más
personas o agentes del Estado las que hacen que esta situación no se modifique
sino que se vuelva cada día más intensa. Es decir, se habla de desapariciones
forzadas y sea por omisión o por comisión, el Estado mexicano es responsable y
tiene que asumir las consecuencias de esta realidad.
¡VIVOS
LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
Video
de SubVersiones
Existen otras organizaciones
que coinciden en caracterizar a la desaparición en México como algo forzado y
esto implica siempre la participación de algún agente del Estado.
Organizaciones como Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el
Silencio (HIJOS) en su capítulo mexicano, coinciden en la necesidad de nombrar
las cosas como son, como lo fueron desde que una persona se convirtió en el
primer desparecido en 1969. Para esta organización la situación del país está
clara y no se solucionará aceptando las salidas asistencialistas que desde hace
décadas reciben los familiares de desaparecidos, no sólo porque el
resarcimiento de los daños implica que el gobierno acepte su implicación y se
someta a los sistemas de justicia. Eso no pasará porque quienes gobiernan hoy
el país pertenecen al mismo aparato de Estado que ha gobernado este país
durante mucho tiempo, son aprendices (en muchos casos ya pasantes) de los
grandes responsables de las desapariciones forzosas de los años 60 y 70.
Volvemos ahora a lidiar con la misma cerrazón, sólo que renovada, la misma
estructura que gobierna como si fueran gánsteres y no políticos. ¿Cuál es la
conexión entre las desapariciones forzadas políticas de la Guerra Sucia y los
desaparecidos de los últimos años? Que los responda Enrique Peña Nieto, su
gobierno y su partido.
Antonio Verástegui González y
su hijo Antonio de Jesús Verástegui Escobedo, hermano y sobrino respectivamente
de Jorge, fueron desaparecidos el 24 de enero de 2009 en Parras de la Fuente,
Coahuila aproximadamente a las 23:00 hrs. Ellos regresaban de un acto religioso
en un ejido cercano a su lugar de vivienda, en el camino se encuentran con un
retén de civiles armados; según testigos las camionetas tenían torretas y los
sujetos estaban encapuchados y fuertemente armados, vestidos de negro o azul
oscuro, al parecer tenían las insignias de la extinta Agencia Federal de
Investigación (AFI). Jorge, en cuanto recibe la noticia, procede a dar aviso a
las dependencias correspondientes y acudió a la policía ministerial y a la
estatal, ahí se encuentra con que las oficinas están cerradas y no hay
respuesta. En otra dependencia le dieron un número de emergencia y le dijeron
que no podían hacer más. Jorge continúa buscando a su hermano y a su sobrino.
No le exige justicia, tan sólo
busca a sus familiares, para él “la
justicia no existe, la autoridad no hace su trabajo, que esta autoridad se
encuentra coludida con la delincuencia”. Son las familias las que hacen las
investigaciones y luego se las presentan a funcionarios que lamentablemente no
van a hacer nada, por ser cómplices e incompetentes para el abordaje de la
situación. Así se vive en México una desaparición. De manera forzada, continúa
creciendo un vacío en la sociedad que no tendrá respuesta, un vacío irresoluble,
inconmensurable.
A los dos Antonios no los “levantaron”, no desparecieron porque se
extraviaron. Desaparecieron porque alguien se los llevó y los trató de borrar
del mapa. Para 2012 se comprueba la colusión a través de un operativo realizado
por la Procuraduría General de la República (PGR), en donde es detenida la
licenciada Claudia González, subdelegada de la misma procuraduría en Saltillo,
Coahuila, se detienen escoltas, policías estatales, se comienza a buscar al
subprocurador o fiscal ministerial, Domingo González Favela. Para Jorge “se abre la cloaca de los funcionaros
públicos que están coludidos con la delincuencia organizada, te comprueban
porque no estaban haciendo nada es frustrante para la población ver que los
funcionarios no trabajan para la ciudadanía sin para los grupos del crimen
organizado. Hay que ser claros, a los familiares de Jorge no los despareció el
azahar, no los levantaron por andar en malos pasos, o algún conflicto interno
que lo obligó a irse sin decir nada, a ellos como a tantos miles de personas
los desaparecieron o por lo menos no hicieron nada para impedir esta acción.
¿Cómo es posible que sea el nuevo gobierno, siendo juez y parte, quien ahora
haga promesas?”
Y los migrantes que cruzan
México para intentar entrar en Estados Unidos. Ello sin siquiera estar
contabilizados en la lista oficial que recién entrego el gobierno federal. Las
y los migrantes son personas que desparecen por miles, las autoridades lo saben
y en muchos casos, lo motivan. Es un buen negocio.
No se trata de “levantones”, se trata de desapariciones
forzadas. Y eso hay que decirlo claramente.
Ante las sospechosas
respuestas del gobierno
Para organizaciones como
FUUNDEC/FUUNDEM e HIJOS la labor es titánica pero debe continuarse con la
búsqueda de los familiares desaparecidos. Esta es la coincidencia que permite
una relación estrecha y un intercambio de experiencias, aunque para los
segundos sea indispensable también luchar por la construcción de la memoria
histórica y la exigencia de justicia para que esto no vuelva a repetirse. Y de
esta manera podemos hablar de muchas personas que se han organizado a lo largo
y lo ancho de este país y que intentan dar una respuesta real y concreta a lo
que el Estado continúa negando y provocando.
Una de las tareas que realizan
los familiares, los abogados, los defensores de derechos humanos, algunas
diócesis que se comprometen, es la construcción de hipótesis o de líneas de
investigación. ¿Dónde están las personas que fueron desaparecidas?
Para Francisco Romero los
desaparecidos son aquellos que fueron a buscar sus propias verdades “porque vieron cómo en sus comunidades la
violencia se fue generalizando, se fue instalando, fue condicionando, fue
estableciendo condiciones de funcionamiento. Son gente que no podía sujetarse a
eso. Hay otras personas que les decían, no salgas y ellos salían porque esta
era su realidad y no podían negarla. Son gente que vivía en una realidad y no
le encontraba respuesta”.
¿Dónde están los
desaparecidos? Vuelve a escucharse la pregunta…
Blanca Martínez del Centro
Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, sostiene la hipótesis
de que muchas personas se encuentran en campos de trabajo forzado o son
forzados realizar actividades delincuenciales para varios grupos del crimen
organizado. Esta hipótesis surge de algunos testimonios de personas que han
logrado salir de estos lugares de concentración o bien, han podido
desvincularse de las personas que los mantenían en actividades que ayudaban a
los cárteles. Sin embargo aún falta mucho por investigarse en este sentido, por
eso Blanca también apela a que se indague y se profundice la búsqueda de los
desaparecidos.
El vacío social que significa
la desaparición de, por lo menos, 26, 121 (aún con las irregularidades y las
deficiencias metodológicas) es enorme y tal vez no haya posibilidad de sanar
esta herida. Desde el gobierno no existe voluntad para transitar a una situación
que permita esta reconciliación, ni siquiera es posible imaginar alguna
solución concreta. En lo que sí se coincide, por parte de las organizaciones
sociales, es en la necesidad fundamental de llevar cabo un cambio estructural
que ponga punto final a las condiciones que hacen posible la desaparición
forzada.
Un cambio estructural, algo
urgente en un país tan herido y tan desconfiado. No tratar la enfermedad solo
en sus síntomas sino en sus causas.
Lo que sí se puede ver con certeza es la transformación de las personas
en su actuar; a través de las organizaciones sociales, comprometidas
seriamente, muchas personas que se enfrentan al calvario sin fin que significa
tener un familiar desaparecido, han pasado de una reacción individual,
desesperada, a una forma de actuar colectiva, con la confianza generada al ver
que no están solas. Lo que no se ve en las engañosas cifras dadas por el
gobierno de Enrique Peña Nieto -y a lo que le tiene pavor-, es la manera en la
que los familiares han reaccionado a esta tragedia: venciendo el miedo y
rompiendo poco a poco las barreras que impiden la visibilización de las causas
y a los responsables del vacío social.
La justicia asegura la no repetición
(Video de SubVersiones)
Entrevista realizada a Nora Coriña, parte de las
Madres de Plaza de Mayo y en la que con palabras muy claras habla acerca de la
desaparición forzada desde una perspectiva analítica sin dejar de exigir
justicia. Agradecemos al Congreso Nacional Indígena por facilitarnos el espacio
y el contacto con tan extraordinaria persona.
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