Periodistas de medios libres, presos por documentar las detenciones arbitrarias de la policía del GDF
05/09/2013
de SubVersiones
en Vimeo.
Las cámaras, las
cámaras, ya reunieron las cámaras, tomó fotos. Eso es lo
que se alcanza a escuchar en el video que subió la agencia Subversiones, de la
cual forma parte Gustavo Ruiz, quien documentó su propia detención.
Otro video de la detención
del fotógrafo Gustavo Ruiz y la agresión al reportero Rafael Camacho, de la
Agencia Subversiones.
En el segundo 00:47 del video escuchamos a un policía que
pregunta a Rafael: “¿Tú también te
quieres subir o qué?”, en ese momento empieza la agresión, en el minuto 1:16 un
policía dice preocupado: "Las
cámaras, las cámaras, ya reunieron las cámaras, tomó fotos"
de
SubVersiones en Vimeo.
Testimonio
de Gustavo Ruiz durante su traslado al Ministerio Público.
Detenido por encender su cámara
Por:
Jesús Robles Maloof - septiembre 4 de
2013 - 8:09
COLUMNAS, Robles en Sinembargo
COLUMNAS, Robles en Sinembargo
“¡Gustavo Ruiz Lizárraga! ¡Me detuvieron por estar
grabando!”.
El domingo pasado, Gustavo Ruiz
Lizárraga, fotógrafo independiente, fue detenido mientras filmaba la actuación
de la policía en el Metro San Antonio Abad de la Ciudad de México. Un video
muestra la arbitrariedad de los policías a pesar de los reiterados intentos de
Gustavo por identificarse y aclarar la importancia de su labor. Mientras
escribo estas líneas, duerme en el Reclusorio Sur. El mensaje del Gobierno del
DF es claro.
Grabar la actuación de la policía durante protestas es un tema relevante
dado contexto donde las detenciones arbitrarias contra ciudadanos pacíficos
crecen, incluyendo aquellas dirigidas a quienes, ante un abuso, encienden su
cámara. Recordemos los casos recientes del #1DMx, la
detención de Nickops mientras transmitía el abuso policial el 10 de
junio de Presunto Culpable, por mencionar algunos.
Las autoridades temen la evidencia que significa el derecho a filmar. Pero,
¿tenemos el derecho a filmar la actuación de la policía? Revisemos la
experiencia en algunos países.
En 2009, la joven británica Gemma Atkinson se encontraba con su
novio en la estación del Metro Aldgate East de Londres cuando un grupo de
policías decidieron realizarle una inspección y cateo. En un primer momento
ella alegó lo ilegal del cateo a su novio dado que no había falta alguna. Ante
la persistencia del registro, Gemma encendió la cámara de su celular e inició
una grabación.
Momentos más tarde, Gemma fue interpelada por una policía diciendo que
era ilegal filmar el hecho, momentos después fue esposada y detenida. Tras una
discusión la liberaron, lo que no le quitó del sentimiento de abuso. En efecto
en ese mismo año el Parlamento Británico había aprobado mayores facultades a
los cuerpos de seguridad para el “combate
al terrorismo”, entre las cuales se establecía la prohibición de grabar la
actuación de la policía en tareas de “combate
el terrorismo”. Decenas de personas fueron detenidas bajo esta norma,
procesadas e incluso recluidas por esta disposición, ninguna de las cuales era
terrorista.
A Gemma le pareció inaceptable la discrecionalidad con la que dicha disposición
se aplicaba y decidió llevar su caso a las instancias judiciales británicas,
las cuales establecieron el derecho a filmar las actividades ordinarias de la
policía incluyendo las protestas y manifestaciones. Atkinson logró para sí una
indemnización y con ella produjo un estupendo
video y una campaña para alertar a la ciudadanía sobre el tema.
Al respecto en España la legislación sobre protección del
honor establece que el derecho a la propia imagen no impedirá “su captación, reproducción o publicación
por cualquier medio, cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público…
y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público”.
En 2012, el gobierno español intentó introducir en el proyecto de Ley de
Seguridad Ciudadana la prohibición de tomar imágenes de las actuaciones
policiales, para “dar un paso adelante” y “dotar de más seguridad al trabajo de los
policías”. En octubre pasado, un Juzgado de Instrucción absolvió a la
fotógrafa Tamara Sánchez de las imputaciones de la Guardia Civil que al
filmarles violentaba su derecho a la intimidad personal. El Juez sostuvo que la actuación de la
Guardia Civil era de interés público, y de manera contundente estableció que “no
toda orden emanada de un agente de las fcse debe ser acatada ciegamente en pro
del principio de seguridad, debiendo ser analizada en cada caso cuando un
ciudadano no se enfrenta violentamente ni se niega injustificadamente a
obedecer una orden sino que la discute de modo pacífico y al menos
racionalmente fundado”.
En Estados Unidos, la cuna del derecho penal del enemigo, el
reconocimiento del derecho a filmar a la policía es motivo de batallas legales
estado por estado. En mayo de 2012 una corte de apelaciones dictó que en el
caso ACLU vs. Álvarez es posible grabar a la actuación
policial en espacios públicos. Otros circuitos de EU en los casos Glik v.
Cunniffe, Iacobucci v. Boulter, Fordyce v. City of Seattle, Smith v. City
of Cumming entre otros, han asegurado que la primera enmienda de la
Constitución protege el derecho de filmar las acciones de la policía bajo el
interés público, aunque en New Jersey puedes ser objeto de demandas legales por
hacerlo.
En el ámbito jurisdiccional mexicano aún no abordamos esta importante
discusión. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en su
recomendación sobre los hechos ocurridos el #1DMx reconoció que el derecho de
grabar la actuación de la policía capitalina forma parte de los
derechos reconocidos por la legislación mexicana: “Fotografiar o filmar dentro de los límites legales, es parte del
derecho a la libertad de expresión (buscar, recibir y difundir información). Su
protección cobra importancia en tiempos donde los medios de comunicación
audiovisual predominan. En estos términos las interferencias con el derecho de
filmar o fotografiar, posee un estándar más alto cuando se trata de servidores
públicos y de asuntos de interés general”.
La Comisión determinó que en los casos de Javier Lara Flores, Carlos
Arturo Jasso Díaz y de Fernando Misael Hernández López sus detenciones
arbitrarias estaban relacionadas con el hecho que filmaban a la policía. Es
claro que tenemos un derecho a filmar la actuación de la policía, que forma
parte del derecho a la información y a la libertad de expresión. Un policía no
puede argumentar que tal acción viola su derecho a la imagen propia, ya que no
estamos ante la presencia de una persona común sino ante la actuación de un
agente del Estado que tiene para la colectividad un interés especial.
Este derecho no está necesariamente relacionado con la calidad de
periodista o fotógrafo profesional, tanto pertenece a ellos como pertenece a
todos los ciudadanos. En una ciudad con el sistema de cámaras más grande en el
mundo, sería un sinsentido aceptar que la policía nos puede grabar y nosotros
no podemos grabar de vuelta.
El Gobierno del Distrito Federal aceptó formalmente la recomendación de
la CDHDF lo que evidentemente no significa que tenga la voluntad de
implementarla. El caso de Gustavo Ruiz acredita la intención de la policía
capitalina de esconder los abusos. Mientras Gustavo filmaba con su cámara la
detención de jóvenes por parte de granaderos les pedía que gritaran su nombre
con el objetivo de documentarlos en video, momentos después se enfocó en otro
camarógrafo rodeado y sujetado por policías, aclarándole que era “prensa”. Su actitud solidaria le costó
su propia detención. El video de su detención es demoledor.
Gustavo con temple de acero grabó el recorrido hacia la agencia del
Ministerio Público.
Con Gustavo la policía no argumentó, que al filmar, obstaculizaba su
función. Lo detuvo y lo presentó al Ministerio Público con cargos falsos. Le
achacó los delitos de ataque a la paz pública, resistencia de particulares,
delitos contra el ejercicio legítimo de la autoridad y portación de objeto apto
para agredir, último delito en el que ostensiblemente la policía proyecta su
inconsciente. La autoridad fijó la caución en 23,443 mil pesos. Su familia y
amigos juntaron el monto pero horas antes que el plazo terminara, la Ministerio
Público de Milpa Alta, Teresita Alonso Sánchez, decidió trasladarlo con otros
detenidos el mismo día al Reclusorio Sur.
Miguel Mancera repite la dosis de los hechos ocurridos el 1 de diciembre
y 10 de junio pasados, persiste en criminalizar a inocentes, cauciona a unos
pocos liberando presión y mantiene a algunos presos a como castigo. La
diferencia es que el capital político se le agota y que un político que no aprende es un pobre político.
Los videos son una herramienta inmejorable para prevenir y documentar los
abusos, han sido y serán presentados en los casos de abuso policial. Sirvieron
para liberar a Ana Berenice de la Cruz. Paradójicamente
por filmar un video Gustavo fue detenido, pero por el mismo video será
liberado.
La próxima vez que veas a los
policías abusando de un ciudadano, enciende tu cámara, graba los hechos ya que
muy probablemente salvarás a un inocente de ir a la cárcel.
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