En libertad provisional, el fotógrafo Gustavo Ruiz Lizárraga, el reportero Pavel Primo Noriega y cuatro compañeros más
Publicado el 06-09-2013
Durante
la madrugada del 6 de septiembre de 2013, fueron puestos en libertad bajo
caución Gustavo Ruiz
Lizárraga, Pavel Alejandro Primo Noriega, Omar Beristáin Montiel, Juan Daniel
Velázquez Peguero, Gonzalo Amozurrutia Nava y Gabriel Carrión Soto.
Los cargos que aún enfrentan son los de “ultrajes”
y “contra el ejercicio legítimo de la
autoridad”.
1 de
septiembre: detenciones arbitrarias y fabricación de cargos
Durante las manifestaciones en
contra de la reforma educativa y por el primer informe de gobierno de Enrique
Peña Nieto, fue detenido Gustavo Ruíz, fotógrafo que filmaba las
detenciones que realizaba la policía capitalina, en las inmediaciones del
metro San Antonio Abad.
Además de
Gustavo, fueron detenidos: Pavel Alejandro Primo Noriega, reportero de Multimedios Cronopios y Estela
Morales, de Regeneración Radio, así
como 13 personas más. Gustavo y Pavel fueron llevados al Ministerio Público de
Milpa Alta. Allí, se impuso una fianza de $23,476 pesos. El plazo constitucional
para pagarla sin ser consignado a un reclusorio es de 48 horas y se había
fijado a las diez de la noche para presentar los comprobantes del pago de
caución.
Se les
acusó de “Ataques a la paz pública
(utilización de sustancias tóxicas, incendio, inundación o violencia extrema)”,
“Contra el ejercicio legítimo de la
autoridad”, “Portación, fabricación e
importación de objetos aptos para agredir” y “Resistencia de particulares (se oponga o resista)”.
2 de septiembre: traslado
injusto e ilegal al reclusorio sur
Arbitrariamente,
la fiscal Teresita Alonso
Sánchez decidió acortar siete horas el plazo, obligando a los
familiares a presentar los documentos antes de las tres de la tarde. A pesar de
que las fianzas se pagaron y se había mostrado copia de los comprobantes, los
funcionarios del Ministerio Público #1 de Milpa Alta comenzaron el traslado de
los detenidos hacia el Reclusorio Sur. Familiares y amigos intentaron detener esta injusticia e
ilegalidad, y fueron amenazados e intimidados.
Posteriormente,
el juez Fausto Agustín Favela Ayala, del Juzgado 3 de delitos no
graves, decidió no aceptar los billetes de depósito e incrementar la
fianza a $126,660 pesos para todos los consignados a reclusorio. Además,
violando otro derecho constitucional, no permitió
pagar la fianza a través de una aseguradora por lo que, para
conseguir la libertad de los 7 detenidos, exigía que se pagara el monto
íntegramente, tal como denunció Artículo 19:
“Favela
Ayala no accedió a la solicitud que los abogados de ARTICLE 19 le hicieron para
reducir el monto o en su defecto mediante el pago de una fianza, con la cual se
hubiera depositado alrededor del 10 % del monto total fijado por el juez a
través de avales financieros”.
La
decisión del juez provocó enojo en los familiares, amigos y colegas que
esperaban en el sitio, por lo que hubo manifestaciones y protestas que
culminaron en la suspensión de la audiencia.
Al
finalizar esta primera audiencia, sólo se habían fijado los montos
de Gustavo Ruiz y Juan Daniel Velázquez, que fue el mismo para ambos
(126,660: 120 mil por obligaciones procesales y 6,660 por el delito de
ultrajes).
Violando
el derecho al debido proceso, la toma de declaraciones del resto de los detenidos
se llevó a cabo en un ambiente de total ilegalidad, sin la presencia de sus
abogados asignados y con la imposición de una defensoría de oficio. Los
detenidos se reservaron el derecho a declarar y recibieron fianzas igualmente
elevadas.
Ese mismo
día, luego de una aparente flexibilidad del juez para aceptar, ahora sí, las pólizas
de aseguradora, se pagaron los montos correspondientes según esta forma de
pago: 15,800 pesos cada uno debido a que se deposita sólo un porcentaje del
total. La única excepción se produjo cuando el juez Favela Ayala se mantuvo
firme al no aceptar esta modalidad para Jessie Alejandro Montaño. Durante la
madrugada del 6 de septiembre, sin respetar nuevamente los plazos para su
liberación, 6 de los 7 detenidos salieron del penal, escoltados por custodios
armados y esposados casi hasta la última reja. Este trato resulta denigrante
para los periodistas y los manifestantes debido a la distinción que se hace
respecto de otros detenidos de alta peligrosidad.
Al
exterior los esperábamos familiares, amigos y compañeros de trabajo. El
recibimiento fue muy emotivo y calmó la intranquilidad que sufrían las
familias.
Lejos de
acabar aquí, el proceso jurídico contra nuestros compañeros sigue abierto. A
decir de Leopoldo Maldonado, abogado de Gustavo Ruiz asignado por la
organización Artículo 19, el panorama se encuentra de la siguiente forma “El plazo constitucional para dictar el auto
de formal prisión se vence a las 00:20 hrs de este sábado 7 de septiembre y en
el caso de Gustavo será a las 00:20 hrs del día martes 11 de septiembre debido
a que se solicitó la duplicación del plazo. En general es muy probable que se
dicten los autos de formal prisión ya que el juez actuará en base a un criterio
subjetivo y le dará mayor credibilidad a los señalamientos hechos por los
policías pese a que no hay modo de comprobarlos”. En este sentido,
Maldonado explicó que “para el caso de
Gustavo Ruiz, tomando en cuenta la duplicación del plazo, presentaré
fotografías, videos, testigos y acreditaciones con las que cuenta él, es
complicado afirmar que no se dictará el auto de formal prisión pero hay que
agotar todos los recursos para demostrar que no hay ni siquiera posibilidad de
corroborar los dichos de los policías, quienes señalan al fotógrafo y reportero
como responsable de los delitos imputados”. Sobre los demás compañeros
liberados explicó que “seguirán su
proceso penal con la defensa asignada por ellos o con un juicio sumario que
duraría aproximadamente 4 meses o bien con un proceso normal en donde no hay
una temporalidad definida. También tendrán la posibilidad de presentar pruebas
y testigos y agotar los recursos a los que tienen derecho”.
En el
caso de Jessie Alejandro Montaño el dinero de su fianza ya se recolectó
en su totalidad y están en trámites los papeles que le permitan continuar con
su proceso en libertad.
Reiteramos
que nuestro compañero Gustavo Ruíz fue detenido de forma injusta, arbitraria e
ilegal ya que no cometió ningún delito. Los cargos de ataques a la paz pública,
contra el ejercicio legítimo de la autoridad y resistencia de particulares que
se le imputan son completamente falsos y así lo demuestran las múltiples
pruebas a su favor. Afortunadamente Gustavo pudo grabar su propia detención y
existen numerosas fotografías que le muestran durante las marchas en todo
momento con su cámara, realizando su labor periodística.
Denunciamos
que nuestro compañero sufrió un trato de violencia brutal por parte del Cuerpo
de Granaderos (Unidad A4501) durante su detención y traslado, presentando
varias contusiones y que su material de trabajo –cámara fotográfica- quedó
dañado por la autoridad. Asimismo ponemos el acento en las distintas violaciones
que hizo la Secretaría de Seguridad Pública a las recomendaciones emitidas por
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal resultantes de otros
procesos penales ocurridos luego de las manifestaciones el 1 de diciembre de
2012 y el 10 de junio de 2013, con lo que se demuestra que no hay voluntad para
cumplir los dichos que se declaran públicamente.
También
denunciamos que los abogados de nuestro compañero Gustavo, pertenecientes a la
organización Artículo 19, no pudieron
entrar a verlos hasta antes de rendir su declaración preparatoria tal y como lo
marca el código penal vigente.
Como
medio de comunicación reivindicamos nuestro derecho a informar en la calle y
condenamos la persecución a periodistas independientes durante las marchas y
protestas, así como el exceso de poder que practica la policía capitalina
contra los ciudadanos que se encuentran informando sobre lo que sucede. Este
ejercicio de violencia excesiva, no sólo atenta contra nuestro derecho de
informar a la ciudadanía, sino contra el derecho de toda la sociedad a recibir
una información veraz, no manipulada y que muestre los excesos del Estado.
Exigimos
que se ponga fin a todo tipo de acoso, amenazas, hostigamiento e intimidación
en contra de los periodistas y de los ciudadanos que expresan su opinión y se
manifiestan de forma pacífica. Así mismo, pedimos que se garantice la seguridad
física, psicológica, emocional y jurídica de todas aquellas personas detenidas
el 1 de septiembre así como su libertad absoluta de inmediato.
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