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En libertad provisional, el fotógrafo Gustavo Ruiz Lizárraga, el reportero Pavel Primo Noriega y cuatro compañeros más


 
 
 
 
 
 
















Publicado el 06-09-2013

Durante la madrugada del 6 de septiembre de 2013, fueron puestos en libertad bajo caución Gustavo Ruiz Lizárraga, Pavel Alejandro Primo Noriega, Omar Beristáin Montiel, Juan Daniel Velázquez Peguero, Gonzalo Amozurrutia Nava y Gabriel Carrión Soto. Los cargos que aún enfrentan son los de “ultrajes” y “contra el ejercicio legítimo de la autoridad”.

1 de septiembre: detenciones arbitrarias y fabricación de cargos
Durante las manifestaciones en contra de la reforma educativa y por el primer informe de gobierno de Enrique Peña Nieto, fue detenido Gustavo Ruíz, fotógrafo que filmaba las detenciones que realizaba la policía capitalina, en las inmediaciones del metro San Antonio Abad.
Además de Gustavo, fueron detenidos: Pavel Alejandro Primo Noriega, reportero de Multimedios Cronopios y Estela Morales, de Regeneración Radio, así como 13 personas más. Gustavo y Pavel fueron llevados al Ministerio Público de Milpa Alta. Allí, se impuso una fianza de $23,476 pesos. El plazo constitucional para pagarla sin ser consignado a un reclusorio es de 48 horas y se había fijado a las diez de la noche para presentar los comprobantes del pago de caución.

Se les acusó de “Ataques a la paz pública (utilización de sustancias tóxicas, incendio, inundación o violencia extrema)”, “Contra el ejercicio legítimo de la autoridad”, “Portación, fabricación e importación de objetos aptos para agredir” y “Resistencia de particulares (se oponga o resista)”.

2 de septiembre: traslado injusto e ilegal al reclusorio sur
Arbitrariamente, la fiscal Teresita Alonso Sánchez decidió acortar siete horas el plazo, obligando a los familiares a presentar los documentos antes de las tres de la tarde. A pesar de que las fianzas se pagaron y se había mostrado copia de los comprobantes, los funcionarios del Ministerio Público #1 de Milpa Alta comenzaron el traslado de los detenidos hacia el Reclusorio Sur. Familiares y amigos intentaron detener esta injusticia e ilegalidad, y fueron amenazados e intimidados.
Posteriormente, el juez Fausto Agustín Favela Ayala, del Juzgado 3 de delitos no graves, decidió no aceptar los billetes de depósito e incrementar la fianza a $126,660 pesos para todos los consignados a reclusorio. Además, violando otro derecho constitucional, no permitió pagar la fianza a través de una aseguradora por lo que, para conseguir la libertad de los 7 detenidos, exigía que se pagara el monto íntegramente, tal como denunció Artículo 19:
“Favela Ayala no accedió a la solicitud que los abogados de ARTICLE 19 le hicieron para reducir el monto o en su defecto mediante el pago de una fianza, con la cual se hubiera depositado alrededor del 10 % del monto total fijado por el juez a través de avales financieros”.
La decisión del juez provocó enojo en los familiares, amigos y colegas que esperaban en el sitio, por lo que hubo manifestaciones y protestas que culminaron en la suspensión de la audiencia.
Al finalizar esta primera audiencia, sólo se habían fijado los montos de Gustavo Ruiz y Juan Daniel Velázquez, que fue el mismo para ambos (126,660: 120 mil por obligaciones procesales y 6,660 por el delito de ultrajes).
Violando el derecho al debido proceso, la toma de declaraciones del resto de los detenidos se llevó a cabo en un ambiente de total ilegalidad, sin la presencia de sus abogados asignados y con la imposición de una defensoría de oficio. Los detenidos se reservaron el derecho a declarar y recibieron fianzas igualmente elevadas.
Ese mismo día, luego de una aparente flexibilidad del juez para aceptar, ahora sí, las pólizas de aseguradora, se pagaron los montos correspondientes según esta forma de pago: 15,800 pesos cada uno debido a que se deposita sólo un porcentaje del total. La única excepción se produjo cuando el juez Favela Ayala se mantuvo firme al no aceptar esta modalidad para Jessie Alejandro Montaño. Durante la madrugada del 6 de septiembre, sin respetar nuevamente los plazos para su liberación, 6 de los 7 detenidos salieron del penal, escoltados por custodios armados y esposados casi hasta la última reja. Este trato resulta denigrante para los periodistas y los manifestantes debido a la distinción que se hace respecto de otros detenidos de alta peligrosidad.
Al exterior los esperábamos familiares, amigos y compañeros de trabajo. El recibimiento fue muy emotivo y calmó la intranquilidad que sufrían las familias.
Lejos de acabar aquí, el proceso jurídico contra nuestros compañeros sigue abierto. A decir de Leopoldo Maldonado, abogado de Gustavo Ruiz asignado por la organización Artículo 19, el panorama se encuentra de la siguiente forma “El plazo constitucional para dictar el auto de formal prisión se vence a las 00:20 hrs de este sábado 7 de septiembre y en el caso de Gustavo será a las 00:20 hrs del día martes 11 de septiembre debido a que se solicitó la duplicación del plazo. En general es muy probable que se dicten los autos de formal prisión ya que el juez actuará en base a un criterio subjetivo y le dará mayor credibilidad a los señalamientos hechos por los policías pese a que no hay modo de comprobarlos”. En este sentido, Maldonado explicó que “para el caso de Gustavo Ruiz, tomando en cuenta la duplicación del plazo, presentaré fotografías, videos, testigos  y acreditaciones con las que cuenta él, es complicado afirmar que no se dictará el auto de formal prisión pero hay que agotar todos los recursos para demostrar que no hay ni siquiera posibilidad de corroborar los dichos de los policías, quienes señalan al fotógrafo y reportero como responsable de los delitos imputados”. Sobre los demás compañeros liberados explicó que “seguirán su proceso penal con la defensa asignada por ellos o con un juicio sumario que duraría aproximadamente 4 meses o bien con un proceso normal en donde no hay una temporalidad definida. También tendrán la posibilidad de presentar pruebas y testigos y agotar los recursos a los que tienen derecho”.
En el caso de Jessie Alejandro Montaño el dinero de su fianza ya se recolectó en su totalidad y están en trámites los papeles que le permitan continuar con su proceso en libertad.
Reiteramos que nuestro compañero Gustavo Ruíz fue detenido de forma injusta, arbitraria e ilegal ya que no cometió ningún delito. Los cargos de ataques a la paz pública, contra el ejercicio legítimo de la autoridad y resistencia de particulares que se le imputan son completamente falsos y así lo demuestran las múltiples pruebas a su favor. Afortunadamente Gustavo pudo grabar su propia detención y existen numerosas fotografías que le muestran durante las marchas en todo momento con su cámara, realizando su labor periodística.
Denunciamos que nuestro compañero sufrió un trato de violencia brutal por parte del Cuerpo de Granaderos (Unidad A4501) durante su detención y traslado, presentando varias contusiones y que su material de trabajo –cámara fotográfica- quedó dañado por la autoridad. Asimismo ponemos el acento en las distintas violaciones que hizo la Secretaría de Seguridad Pública a las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal resultantes de otros procesos penales ocurridos luego de las manifestaciones el 1 de diciembre de 2012 y el 10 de junio de 2013, con lo que se demuestra que no hay voluntad para cumplir los dichos que se declaran públicamente.
También denunciamos que los abogados de nuestro compañero Gustavo, pertenecientes a la organización Artículo 19, no pudieron entrar a verlos hasta antes de rendir su declaración preparatoria tal y como lo marca el código penal vigente.
Como medio de comunicación reivindicamos nuestro derecho a informar en la calle y condenamos la persecución a periodistas independientes durante las marchas y protestas, así como el exceso de poder que practica la policía capitalina contra los ciudadanos que se encuentran informando sobre lo que sucede. Este ejercicio de violencia excesiva, no sólo atenta contra nuestro derecho de informar a la ciudadanía, sino contra el derecho de toda la sociedad a recibir una información veraz, no manipulada y que muestre los excesos del Estado.
Exigimos que se ponga fin a todo tipo de acoso, amenazas, hostigamiento e intimidación en contra de los periodistas y de los ciudadanos que expresan su opinión y se manifiestan de forma pacífica. Así mismo, pedimos que se garantice la seguridad física, psicológica, emocional y jurídica de todas aquellas personas detenidas el 1 de septiembre así como su libertad absoluta de inmediato.

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