San Sebastián Bachajón, Chiapas, México: Niegan amparo a ejidatarios que reclaman tierras de Bachajón
Es la segunda sentencia en contra de la comunidad, acusan
El juez apoyó su decisión en una supuesta asamblea de pobladores
Hermann Bellinghausen
Periódico La Jornada
Viernes 2 de agosto de 2013, p. 16
Viernes 2 de agosto de 2013, p. 16
Un juez federal en Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, negó el amparo a ejidatarios tzeltales de San Sebastián Bachajón que
reclaman la restitución de tierras ocupadas por el gobierno hace dos años,
contra la voluntad de los propietarios y pobladores del ejido.
Este jueves, Mariano Moreno
Guzmán, adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y
representante de la comunidad, interpuso un recurso de revisión en contra de la
sentencia del 22 julio, dictada por José del Carmen Constantino Avendaño, juez
séptimo de distrito, quien determinó el sobreseimiento del juicio de amparo
274/2011, por considerar que los actos de despojo ejecutados por diversas
autoridades estatales y federales el 2 de febrero de 2011 fueron consentidos
por la asamblea general de ejidatarios, y por tanto no causan afectación
jurídica al ejido quejoso.
De acuerdo con el abogado de los
ejidatarios, Ricardo Lagunes Gasca, el recurso de revisión deberá ser enviado
en las próximas semanas al Tercer Tribunal Colegiado en Tuxtla Gutiérrez, para
su estudio y resolución.
Se trata de la segunda sentencia
emitida por el juez mencionado en perjuicio del pueblo tzeltal de San
Sebastián, dictada prácticamente en los mismos términos que la anterior, el
pasado 30 de enero, revocada posteriormente por el Tercer Tribunal Colegiado
del vigésimo circuito.
El juez José del Carmen
Constantino Avendaño soporta principalmente el sobreseimiento del juicio de
amparo con documentos aportados por la Secretaría General de Gobierno, cuando
su titular era todavía Noé Castañón León, quien ostentó el cargo desde el
gobierno anterior hasta los primeros meses de la actual administración de
Manuel Velasco Coello.
Aquella documentación consistía
en una supuesta acta de asamblea de ejidatarios, fechada el 12 de febrero de
2011, objetada en tiempo y forma por Moreno Guzmán, pues no satisface el
estándar internacional en materia de derechos de los pueblos indígenas respecto
de la consulta y el otorgamiento del consentimiento libre, previo e informado,
desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tampoco satisface
el debido proceso legal establecido por la ley agraria.
Ante la ineficacia del juicio de
amparo para proteger el territorio de Bachajón, el 26 de mayo se presentó el
caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y se
solicitaron medidas cautelares para garantizar la integridad territorial del
pueblo indígena. El 19 de junio, la CIDH notificó a los ejidatarios haber
solicitado información al gobierno mexicano, otorgándole un plazo de 20 días
para responder.
No obstante la ineficacia del
juicio de amparo, ante la notoria falta de imparcialidad e independencia del
juez, los ejidatarios advierten que agotarán todos los recursos legales
internos para proteger su territorio.
El abogado de los indígenas
destaca la contradicción entre lo expresado constantemente por el presidente de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan N. Silva Meza, sobre la
importancia de los derechos humanos a partir de la reforma constitucional y los
compromisos asumidos con organismos internacionales, “y la práctica de los jueces federales en los rincones más alejados y
pobres, que se acomodan a los intereses de los grupos de poder político y
económico, soslayando el derecho de los pueblos a la protección de su
territorio”.
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