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Rebelión, 18-08-2013
Luego
de purgar 28 años de prisión de una condena de 40 por el asesinato del agente
de la estadounidense DEA (Drug Enforcement Administration) Enrique Camarena
Salazar y del piloto mexicano Alfredo Alvear Acevedo, hace unos días fue
liberado Rafael Caro Quintero. Quedó en libertad porque así lo dispuso un
tribunal que revisó el caso.
Ese tribunal basó su proceder en un argumento jurídico
impecable: Caro Quintero fue juzgado y sentenciado por un tribunal
incompetente. Al hoy liberado se le acusó de homicidio, delito que debe ser
juzgado por un tribunal del fuero común, pero al capo lo juzgó y sentenció un
tribunal del fuero federal. Tremenda e inexplicable falla de procedimiento.
La liberación del capo ha sido un verdadero escándalo
social, pues nadie dudaba de la culpabilidad del encausado. Y más aún: la
libertad de Caro Quintero no fue producto de una declaración de inocencia, sino
fruto del reconocimiento de un error procesal gigantesco.
De modo que tanto el Ministerio Público Federal como los
tribunales que hace tres décadas conocieron del caso incurrieron en un yerro de
párvulos. ¡Cuánta ignorancia y cuánta impericia! ¿De veras? ¿No hubo un solo
jurisperito al servicio de aquellas dos instituciones que hubiera advertido el
monumental error que se estaba cometiendo?
¿O más bien se trató de la necesidad y urgencia de dar plena
satisfacción al gobierno de Estados Unidos por el feroz asesinato de uno de sus
gendarmes? Desde el más alto nivel del poder mexicano había que condenarlo sin
atender pequeñeces jurídicas como esa del debido proceso.
Pues una cosa parecida ha ocurrido ahora con la liberación
del preso. Desde el más alto nivel se decide o se permite que el capo sea
puesto en libertad. ¿O alguien piensa honradamente que los jueces que ordenaron
su excarcelación actuaron motu proprio, atenidos exclusivamente a su
recta consideración del caso?
¿No hubo, como se dice popularmente, mano negra? ¿No hubo órdenes superiores o, al menos acuerdo o
autorización superior? Esto sería tan increíble como increíble es aquel error
procesal de hace 28 años.
Nadie que conozca mínimamente el historial del sistema de
justicia mexicano puede creer en la actuación de agentes del Ministerio Público
y jueces sin la participación de dinero, influencias y, cuando el caso lo
amerita, del poder político, desde los escalones más bajos hasta su mismísima
cúspide.
Pero si en un caso tan de escándalo como el de Caro Quintero
es de presumir la intervención del dinero y de las influencias, parece evidente
la decisiva participación del poder político.
Ahora hay que preguntarse qué llevó al poder político a
dejar en libertad a Caro Quintero. ¿Será que esa excarcelación es un factor de
entendimiento entre el poder del narco y el poder político, una especie de
condición del narco para emprender y avanzar en un nuevo acuerdo que ponga fin
a la inaudita y sangrienta violencia criminal que se ha enseñoreado en México
en los últimos siete años?
¿Será algo así como una reedición del acuerdo superior que
permitió la excarcelación, a título de fuga,
del celebérrimo capo Joaquín Guzmán Loera, igualmente llamado el Chapo?
¿O será que no hubo tal acuerdo entre el poder del narco y
el poder político, y que más bien se trató de un gesto unilateral, de un guiño
del poder político al otro poder en búsqueda de un entendimiento futuro? ¿Algo
así como ir pavimentando la ruta de un acuerdo próximo que haga retornar las
cosas de ese negocio a épocas anteriores inmensamente menos violentas? El caso
es tan oscuro, enigmático, tortuoso y sibilino que caben mil y una conjeturas.
Menos una, claro está: la recta aplicación de la ley sin la mediación del
dinero, las influencias y el poder político.
Rebelión ha publicado
este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de
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