La lucha por una sanidad pública bajo el control de los trabajadores. Huelga de hambre de los empleados municipales de Cachoeirinha
Barómetro Internacional,
11-08-2013
Tomado de www.estrategiaeanalise.com.br
La lucha por el control de la sanidad y el
mantenimiento de su carácter público tiene una escala poco percibida por los
medios corporativos, pero atraviesa la base de la sociedad. En general, la
administración municipal es una gran empleadora en su localidad y, estos
operarios cuentan con un fondo de jubilación. La gestión del mismo puede ser un
capital político para negociar con inversores o da la oportunidad hasta de
entrar en alianzas poco republicanas como la sospecha sobre la suspensión de
pagos del Banco Santos y la inversión de algunos de esos fondos en sus papeles.
Me
refiero específicamente a los R$ 3 millones de reales (R$ 3.041,298,85)
invertidos por el Fondo de Sanidad de los Servidores Municipales de Alvorada
(FUNSEMA), depositados en el referido banco en 30 de junio de 2004, estando la
institución financiera bajo intervención financiera del Banco Central en
noviembre del mismo año. Tanto la alcaldesa de entonces, Stela Harías (PT) como
el administrador del FUNSEMA (Andrew Carvalho Pinto) y su presidente (Dilval de
Santos de la Rosa) están siendo enjuiciados por el Ministerio Público de la
localidad por improbidad administrativa en el proceso (Proceso Nº:
003/1.06.0005652-6 - CNJ:.0056521- 87.2006.8.21.0003) con la naturaleza de una
Acción Civil Pública. Stela siguió su carrera política después de lo ocurrido,
siendo electa diputada estadual y asumiendo una secretaría estadual en Río
Grande del Sur (Administración y Recursos Humanos del Estado), donde permaneció
del inicio del mandato hasta abril de 2013, cuando retomó su mandato. Sería una
irresponsabilidad atribuir cualquier tipo de sospecha más allá de una inversión
infeliz en el banco de Edemar Cid Ferreira. Pero, cualquier despliegue de la
base sindical controlando sus propios recursos es en sí una temeridad.
El
problema reside ahí. Es del sentido común de los operadores de mercado que los
fondos de pensión obedecen a vientos políticos, y el conjunto de sus
inversiones y depósitos equivalen a cerca de 18% del PIB brasileño (R$ 300 mil
millones de reales). Ese montante no contabiliza el régimen de sanidad
suplementaria para los funcionarios federales. Cuando este super-fondo entra en
operación, ahí aparecen los fondos gigantescos, como los Preví (Banco del
Brasil), Petros (Petrobrás), Real Grandeza (Furnas), Funcef (Caja Económica
Federal), Sistel (antigua Telebrás) y Valía (Valle del Río Dulce), tendrán un
rival a contento. En todos los casos, el Poder Ejecutivo de turno se implica en
la composición de los consejos de administración, en las direcciones de los
fondos y la colocación de recursos. También compromete la unidad de clase, pues
cuanto mayor sea el peso de los fondos en la economía nacional, más presión
será hecha para -en alianza con los bancos y el sistema financiero- mantener el
alza de la apuesta y la elevada tasa de intereses básicos (Selic). En menor
escala, la relevancia de los fondos de sanidad también está en la política
municipal, en particular en las ciudades-polo (medias y regionalizadas) y en
las regiones metropolitanas. He ahí el caso que sigue.
Una lucha puntual y
el ejemplo que puede repetirse en escala nacional
El
día 22 de julio el periódico Correo del Pueblo (Porto Alegre, antiguo Grupo
Caldas Jr., que hoy pertenece la Red Record) informaba el inicio de la huelga
de hambre de empleados municipales de Cachoeirinha, en la Región Metropolitana
de la capital gaucha. Siendo más precisos, la huelga de hambre se dio a lo
largo de esa semana, iniciando el lunes 22 y completándose el 26 de julio.
Acampados frente al ayuntamiento, localizado en la principal avenida del
municipio (General Flores de la Cunha), afiliados al Sindicato de los
Municipales local (SIMCA) enfrentaban la semana más fría de los últimos quince
años con un sistema de turnos de delegados.
Este sindicato es de los más combativos del Río Grande del
Sur y opera como pivote de luchas populares en la Gran Porto Alegre hace más de
una década. Pero, esta vez, además del extremo de la medida de lucha, inusitada
fue su causa. Los sindicalistas daban ejemplo para la categoría de poco más de
3000 operarios públicos llamándolos para la disputa por el control de los
recursos colectivos. En particular, lo que está en juego es la capacidad de
gestión soberana del Fondo Municipal de Sanidad Social (FUMPREV), que de
acuerdo con el proyecto ley encaminado por el alcalde Vicente Pires (PSB),
pasaría a ser gestionado por la Secretaría Municipal de Administración,
incluyendo algunas alteraciones en su consejo.
Actualmente, los consejeros oriundos de la categoría de los
municipales son electos y actúan como voluntarios. Con el cambio propuesto,
aunque estos fueran de la base, necesitarían alguna formación específica,
exigencia de nivel superior y entrenamiento. También pasarían a recibir
gratificación por las reuniones en que participaran. No paran ahí las
alteraciones. Actualmente, el alcalde es el séptimo voto, preside el consejo y
es responsable legal por los recursos en caso de daño o pérdida. Con la posible
alteración, este séptimo voto pasaría a ser de un gestor profesional, indicado
por el alcalde, por lo tanto, alguien de su confianza. Al proponer una gestión
técnica del FUMPREV, el Ejecutivo del municipio altera el nombre del mismo para
IPREC y manda el proyecto ley para la Cámara donde tiene mayoría. Julio en el
Brasil son las vacaciones de medio de año del magisterio, la categoría más
agrandada. Para una Cámara de Concejales donde el alcalde cuenta con 14 votos a
2, los cambios serían un rollo compresor si el SIMCA no reaccionara con tanta
fuerza.
Vicente fue elegido en 2008 y reelegido cuatro años después.
Alza vuelo por dentro de la leyenda y puede salir para diputado federal en
2014. Tiene mayoría en el parlamento local y opera con bastante astucia aquello
que este analista y algunos pares más a la izquierda llamamos de “clientelismo de baja intensidad”. Tomar
medidas de lucha sindical para un tema tan distante de la pauta común de
reivindicaciones fue un acto heroico de este sindicato. Los recursos actuales
del FUMPREV son de la orden de R$ 160 millones de reales (más de 74 millones de
dólares por el cambio de 26/07/2013) y una gestión sin el control directo de la
categoría, contando estos representantes con mentalidad clasista y no de tipo
colaborativo, implica en casi una carta blanca para el gobernante de turno.
Lo que está en juego no es poca cosa y el ejemplo puede
multiplicarse. El precedente de la “gestión
técnica” hace temblar a los sindicalistas y no es sin ton ni son. El actual
Fondo tiene una pérdida de más de R$ 4 millones porque aplicaron este valor en
papeles administrados por la Diferencial Correctora, siendo que esta bolsa
contenía algo en torno a 36% del Banco BVA. Acontece que el BVA fue liquidado
por el Banco Central y la Diferencial también sufrió esta misma medida de la
autoridad monetaria. Según los sindicalistas declararon en la colectiva del 25
de julio, el gestor del fondo no había informado de la condición delicada tanto
de la Diferencial como del BVA. Resumo: la gestión técnica acaba llevando a
tener más oportunidades de errores por aproximarse en demasía a la mentalidad
de los inversores.
Apuntando
conclusiones
La
huelga de hambre y el campamento de los trabajadores municipales fueron
levantados el 26 de julio. En algunas noches el termómetro batió 02 grados
Celsius, siendo la sensación térmica negativa. El gesto de los militantes
sindicales fue grandioso y aumenta tanto la masa crítica de esta base de
trabajadores, como la predisposición para la lucha directa por el control de los
recursos colectivos. Posiblemente tamaña combatividad va a generar alguna
victoria, pudiendo la misma ser parcial o total. Pero, insisto, lo que hoy es
una lucha puntual puede ganar escala en todo el país.
El sindicalismo de trabajadores del servicio público tiene
en los empleados municipales su última frontera en Brasil. Esta categoría que
se divide entre 5570 municipios del país, cuenta o contará con fondos de
sanidad. Considerando la base de empleo directo en cada local, estamos tratando
de un volumen considerable de recursos descontados en la hoja de los
trabajadores, como en el caso de Cachoeirinha, donde se descuenta 11% de los
salarios a cerca de 3000 operarios activos de un municipio cuya población es de
poco más de 120 mil habitantes. La gestión de un fondo como éste es capilar e
implica la propia supervivencia de la localidad.
Imaginemos la capacidad de inversión de fondos del género en
escala nacional. Vamos a suponer que luchas como la de Cachoeirinha se repitan
nacionalmente. Se trata de la defensa de la democracia de base incidiendo
directamente dentro de la llamada bestia financiera. El conflicto entre la “técnica” y política es la lucha entre
la soberanía popular y la tecnocracia que reproduce la mentalidad del casino
financiero. Cuando esté nacionalizada, la lucha en Cachoeirinha puede incidir
en Brasil con la misma contundencia del ejemplo del Bloque de Lucha por el
Transporte Público de Porto Alegre. Es una barricada más erguida por los
trabajadores.
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