por Tlachinollan
Viernes, 02 de agosto de 2013
Desde la creación del estado de Guerrero el 27 de octubre
de 1849, los caudillos que emergieron al calor de las guerras de Independencia
y de Reforma, impusieron su dominio en los ámbitos económico, militar y
político. Estos jefes insurgentes, de señores hacendados pasaron a ser líderes
políticos y militares. Se asumieron como hombres de Estado, pero en realidad
encarnaron la figura emblemática del cacique, quien en el ejercicio del poder
se ha caracterizado por utilizar las instituciones del estado para beneficio
personal y familiar.
Guerrero, a más de una
centuria y media, es manejado como un feudo por parte de los grupos caciquiles.
Sin ningún temor suplantan la ley por la fuerza y utilizan tanto al ejército
como a las corporaciones policiacas como guardias personales. A la usanza
porfirista dictan órdenes para reprimir y matar a la población que protesta y
que se organiza para defender sus derechos. Persiste la ancestral convicción de
que el poder nace del fusil y con el fusil se detenta y se sostiene. La
confianza en la fuerza y el uso de las armas es más grande que la aplicación de
la ley y el respeto a los derechos humanos.
El poder como patrimonio
familiar, en este tramo de la historia reciente, ha engendrado un gobierno
autoritario, bronco, inestable políticamente, condescendiente con los grupos de
la delincuencia organizada, caótico, desmesurado, sumamente injusto y con
poderes fácticos en las siete regiones. Todo pareciera indicar que el sello de
la fatalidad y la actitud dócil e impasible de las y los guerrerenses son la
sombra funesta de un destino manifiesto.
En contrapartida a las
atrocidades cometidas por los gobiernos caciquiles, Guerrero es venero
inagotable de movimientos sociales, gremiales, políticos y armados. Esta beta
histórica amalgama diversidad de experiencias excepcionales que nos hablan de
la grandeza de un pueblo combativo, que en momentos decisivos para nuestro
país, ha sido el epicentro de la sismicidad social y política y la cordillera
por donde cabalgan los hombres y mujeres que portan una dignidad de acero.
A pesar de la violencia
endémica y la estela de muerte que se extiende por todo el macizo sureño, los
pueblos y comunidades siguen de pie, resistiendo y buscando cómo defenderse de
las organizaciones delincuenciales y cómo obligar a que las autoridades cumplan
con sus responsabilidades. Los pueblos indígenas y campesinos han apelado a su
organización comunitaria para hacer efectiva la defensa de sus territorios. Saben
que la mejor manera de garantizar sus derechos colectivos es ejercer el control
sobre su patrimonio. Es implantar un régimen de vigilancia, de reordenamiento y
reorganización territorial. Su máxima es solo el pueblo defiende al pueblo.
La fortaleza histórica que
poseen los pueblos indígenas radica en sus sistemas normativos, en su sistema
de justicia y seguridad, que más allá de que sea reconocido o respetado por el
Estado, es una realidad insoslayable, que se impone por sí misma y que forma
parte de la riqueza cultural de los pueblos prehispánicos y de nuestra nación.
Se trata de un sistema jurídico periférico que no está dentro del modelo
jurídico eurocéntrico, pero que posee las mismas características de todo
sistema legal. El sistema de seguridad y justicia comunitaria ha sido fuente
del mismo derecho positivo y de las políticas de seguridad del estado. Así lo
fue en el período colonial. El mismo gobierno español reconoció a las
autoridades indígenas, sus funciones y sus formas de gobierno. Tenían su propia
jurisdicción. Esta situación cambió con el positivismo jurídico del siglo XIX
que concibió que la consolidación del estado de derecho moderno, era a partir
de la constitución de una sola nación, una sola cultura, un único sistema
educativo, un solo ejército y un único derecho. Esta visión monista deificó al
Estado como el monopolizador de todo, bajo el prisma de la cultura occidental y
de la raza blanca.
A pesar de la contribución
histórica de los pueblos indígenas al pluralismo jurídico, las autoridades del
Estado, que desconocen los orígenes y los fundamentos de los sistemas
normativos de los pueblos indígenas, asumen posturas etnocéntricas y racistas
contra los sistemas de justicia y seguridad de los pueblos indígenas que han
recuperado tanto en la Costa Chica, Montaña Alta y Montaña baja de Guerrero. En
estas subregiones están funcionando dos sistemas complementarios: la
coordinadora regional de autoridades comunitarias de la policía comunitaria
(CRAC-PC) en las sedes de San Luis Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec y el
Paraíso municipio de San Luis Acatlán. Además en la comunidad Nahua de
Temalacacingo, municipio de Olinalá se ha constituido el sistema de seguridad y
justicia comunitaria (SSJC) que cuenta con la policía ciudadana y popular
(PCP), que se conformó el dos de diciembre de 2012.
No obstante su raigambre
mesoamericana, estos sistemas de justicia son calificados como prehistóricos y
por consecuencia como salvajes. Por lo mismo los gobiernos caciquiles se
empeñan en desacreditar la enorme contribución que han dado los pueblos
indígenas al mundo, con sus culturas (que a nivel internacional son el orgullo
de México),
sus saberes milenarios, sus conocimientos astronómicos, sus sistemas agrícolas,
su vida ritual y festiva y sus sistemas de seguridad y justicia.
Las autoridades del estado,
los militares, los policías, los jueces y ministerios públicos, todos al
unísono, hablan de la justicia indígena por lo que no es, e ignoran todo el
aporte que han dado los pueblos indígenas desde hace siglos para resolver
conflictos, para regular la vida de los pueblos, para garantizar la seguridad y
la armonía entre los habitantes, allí donde las instituciones del Estado siguen
ausentes o actuando con ineficacia.
Los sistemas de justicia y
seguridad indígenas que han instaurado los pueblos de la Costa Chica, Montaña
alta y Montaña baja están anclados en todo un sistema de territorios
comunitarios, de autogobiernos indígenas, de cosmovisiones propias, que
demandan a las autoridades del estado respeto y reconocimiento a sus
instituciones, a sus derechos y a su propia jurisdicción. Son sistemas que
tienen una historia larga, una memoria bastante prolongada, constituida con
mucho sufrimiento y también con muchísima resistencia. Son sistemas que
cuestionan frontalmente la concepción del sistema de justicia estatal e
interpela su modo de actuar, su intolerancia, su inaccesibilidad, su trato
discriminatorio, su ineficacia y sus prácticas corruptas. Gracias a estos
sistemas se ha logrado la estabilidad social en las regiones indígenas, sin
embargo, en las regiones como la Costa Grande, Tierra Caliente, Zona Norte y el
Puerto de Acapulco, hay un ambiente de confrontación que se dirime con las
armas y que está costando muchas vidas.
La colusión de autoridades
municipales, directores de seguridad, comandantes, policías y miembros del
ejército con algún bando de la delincuencia organizada, está llevando al
paredón a niños, jóvenes y mujeres que son privados de la vida, sin que las
autoridades hagan algo para contener esta jauría que solo tiene desarrollado el
instinto de matar. Los corredores de la muerte están ampliando sus dominios, y
los grupos delincuenciales que los controlan están actuando con mayor sadismo.
Tienen las vías terrestres y el campo libre para matar e improvisar fosas
clandestinas. Cada grupo cuenta no solo con su armamento y su flota de
vehículos para trasladar a las víctimas, sino también cuenta con sus centros de
tortura, casas de seguridad, sus trincheras, madrigueras, campamentos, sistema
de acopio de alimentos, suministro de droga, alcohol, armamento y parque, así
como peonaje para las fosas clandestinas. Las empresas del crimen crecen y se
fortalecen bajo la sombra del poder municipal, ya que la mayoría de ediles
están en deuda con los jefes de las plazas donde supuestamente gobiernan.
Algunos mandos del ejército,
en lugar de contener esta carnicería, se han encargado de criminalizar a los
grupos de autodefensa comunitaria. Afirman que atrás de ellos se esconde "una mano que mece la cuna".
Dan por hecho y sin pruebas fehacientes que hay intereses oscuros que están
alentando estas formas de auto protección. Hacen señalamientos públicos sobre
algunos grupos de autodefensa que están manipulados por alguna banda
delincuencial. Se trata de descalificarlos ante la opinión pública y de
colocarlos en la mirilla de sus enemigos.
Este protagonismo castrense
suplanta a las autoridades civiles y toma decisiones que están fuera de su
competencia. No actúan para garantizar la seguridad ciudadana sino para
mantener intocado el sistema de seguridad del estado y los intereses económicos
de las elites. Su sistema de inteligencia está focalizado hacia los movimientos
sociales y organismos de la sociedad civil. Tienen identificadas a las
organizaciones que para ellos son catalogadas como un peligro para el régimen
imperante. Siguen tratando a los organismos defensores de derechos humanos como
defensores de delincuentes y como comparsas del crimen organizado y de la
guerrilla. El monitoreo de los grupos de la delincuencia lo hacen en la medida
que proporcionan información relacionada con los temas de seguridad nacional.
Para las autoridades civiles y
militares del estado, la seguridad de los y las ciudadanas no es el tema
central dentro de sus agendas. Lo que les preocupa es mantener una imagen
incólume de sus instituciones y de sus trayectorias como servidores públicos,
sin que les sea relevante la alta cifra de homicidios que colocan al municipio
de Acapulco en el primer lugar a nivel mundial. A los gobernantes les importa
que llegue el mayor número de turistas, aunque la bahía se encharque de sangre.
Es más valioso el dinero de los turistas que la vida y la seguridad de las y
los acapulqueños. La frivolidad de los gobernantes que optan por atender los
graves problemas del estado en el en el confort que les ofrece el puerto de
Acapulco, habla de su insensibilidad y su nulo compromiso para contener la
violencia. Mientras los gobernantes no estén en los lugares donde la gente es
asesinada, levantada, secuestrada o desplazada, podrán emitir multiplicidad de
boletines de prensa, pero no hablarán con la verdad, porque en los hechos
mantienen sus alianzas con los poderes fácticos, y por lo mismo, el actual
gobierno será incapaz de arribar a soluciones de fondo a los problemas más
sentidos que aquejan al pueblo de Guerrero.
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